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MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
El 11 de abril de 2025, la abogada Celeste Josefina Rodríguez
Pinto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número
45.606, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil TRANSPORTES NACIONALES C.A., (TRANACA),
inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil que llevó el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito de la
Circunscripción Judicial del estado Bolívar, el 17 de julio de 1980, bajo el
número 10, del libro 170, con modificaciones posteriores, siendo la última la
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Bolívar, tomo 32-A
REGMESEGBO 304, número 8, del año 2018
solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 000373, dictada
el 7 de agosto de 2024, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia que declaró: “PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y
formalizado por la parte actora ciudadano JOSÉ
SENOBIO MALAVÉ, contra el fallo
dictado por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, el 13 de octubre de
2022; SEGUNDO: SE ANULA el fallo recurrido; TERCERO:
PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA”.
Todo ello, en el marco del juicio que por cobro de prestaciones sociales,
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo, daño moral y otros conceptos
laborales, interpuso el ciudadano José
Senobio Malavé, titular
de la cédula de identidad número V-
4.777.701, contra la sociedad mercantil Transportes Nacionales, C.A.
El 11 de abril de 2025, se dio cuenta en Sala y se designó ponente
a la Magistrada Dra. MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET, quien con tal
carácter suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente
expediente, pasa esta Sala a decidir la presente solicitud de revisión, previas
las siguientes consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD
DE REVISIÓN
La representación judicial de la parte solicitante
fundamentó la solicitud de revisión constitucional, bajo los alegatos que esta
Sala tomando en consideración lo extenso del escrito, resume a continuación:
Que, “en su sentencia la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07 de Agosto del año
2024, numero 373, la cual declaró Con lugar el Recurso de Casación interpuesto
por la parte actora contra la Sentencia dictada en fecha 13 de Octubre del año
2022, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo del Primer Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar condena a mi representada a pagar
al actor”.
Que, “En el contenido de la referida Sentencia se
determina de manera expresa lo siguiente “ No se evidencia del material
probatorio aportado por las partes en el presente procedimiento que se le haya
atribuido responsabilidad alguna a la entidad de trabajo por el organismo competente
encargado de Investigación del accidente aéreo acaecido el 17 de febrero de
2018. Por el contrario se refleja que el siniestro se encuentra en fase
investigativa por la Junta investigadora de accidentes de Aviación Civil. No
puede atribuirse entonces en el caso sub judice culpa o intencionalidad por
parte de la sociedad mercantil codemandada en el accidente de trabajo ocurrido”. Mayúscula, negrillas y subrayado del escrito).
Que, (…) No obstante, en el caso de autos no se ha podido determinar por
parte del organismo competente encargado de la investigación del accidente aéreo
acaecido el 17 de Febrero de 2018 responsabilidad alguna de la entidad de
trabajo codemandada. El
siniestro se encuentra en fase investigativa por la Junta Investigadora de
Accidentes de aviación civil. No
puede atribuirse algún grado de culpabilidad o participación de la sociedad
mercantil co demandada en el accidente de trabajo
ocurrido”. Mayúscula,
negrillas y subrayado del escrito).
Que, “Tal y como lo establece y
deja claro la Sentencia dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo de
Justicia, si no se logró determinar la responsabilidad de la entidad de
trabajo, así como tampoco puede atribuírsele algún grado de responsabilidad
como es que se procede a condenar a la
empresa co-demandada a un pago excesivo por concepto
de daño moral, cuando no se pudo determinar su responsabilidad o culpabilidad
en la ocurrencia del accidente”.
Que, (…) “es contradictoria la
sentencia objeto de Revisión, si la Sala Social hubiera tomado como sustento el
criterio basado en la Jurisprudencia retirada,(sic) pacífica y doctrina patria, debió declarar Sin Lugar el recurso de
Casación interpuesto por la parte actora y en consecuencia Parcialmente con
Lugar la demanda interpuesta por el Ciudadano JOSÉ SENOVIO MALAVE,(Sic) toda vez que en el contenido de la misma
sentencia de la cual se solicita la revisión resulta a todas luces
contradictoria, desproporcionada y contraria a la Ley que en el caso concreto
se debe aplicar, (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT), ya que si no se pudo atribuir responsabilidad en la
ocurrencia del accidente, mal se podría condenar a pagar indemnización por daño
moral, que en su monto excede a lo demandado por el actor”. (Mayúscula y negrillas del escrito).
Que (…) “la Sala Social al dictar
su sentencia no tomó en consideración su criterio pacífico y reiterado en
cuanto a la estimación del daño moral luego del análisis en la valoración de
las pruebas, en tal sentido se observa que NO EXISTE UN SOLO MEDIO DE (Sic) PROBATORIO QUE EVIDENCIA ESTOS ASPECTOS
CONSIDERADOS NECESARIO PARA LA CONDENA DE DAÑO MORAL COMO ES: La entidad del
daño, La conducta de la víctima, La Posición Social y económica del reclamante,
las posibles atenuantes a favor del responsable, referencias pecuniarias para
tasar la indemnización. Elementos que resultan sobre manera de importancia
crucial para la condena por daño moral, y que evidentemente sin los cuales no
se podría condenar a pagar indemnización por daño moral”. (Mayúscula del escrito).
Que, “El presente Recurso de
Revisión se fundamenta en primer lugar que el fallo violó la confianza
legítima, el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica,
principio de Alteridad, principio de exhaustividad, seguridad jurídica y confianza
legítima ante la expectativa plausible, Derecho a la tutela judicial efectiva,
Derecho a la justicia, Error de Juzgamiento, Infracción de Ley, por cuanto, tal
y como ha expresado en este escrito la Sentencia número 373, dictada por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 07 de agosto
de 2.024 fue dictada en franca contradicción de los Criterios Jurisprudenciales
acogidos por diga sala que respecta a la Condena por daño Moral derivado de
accidente de trabajo. (Mayúscula del escrito).
Que, “el fallo violó el principio
DE DECIDIR CONFORME A LO ALEGADO Y PROBADO EN AUTOS, toda vez que al realizar
el análisis de las pruebas toma por probado algunas circunstancias acaecidas el
día del accidente aéreo que originó la discapacidad. (Mayúscula y negrillas del escrito).
Que, “en lo que respecta a la
actividad probatoria en el fallo que hoy se solicita su revisión, la Sala de
Casación Social consideró Probado los daños alegados por el actor sin ningún
elemento probatorio, es decir le dio cabida a sus dichos, sin un solo elemento
probatorio que evidenciara la procedencia y legitimidad de lo peticionado por
daño moral”. (Mayúscula del escrito).
Que, “(…) se puede observar
claramente que el fallo objeto de esta revisión igualmente infringió el
principio de que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos”
Que, “(…) que no existe un solo
elemento probatorio del daño presuntamente ocasionado al actor, no fueron
presentados los médicos particulares promovidos por el actor. No existe
elemento de prueba alguno capaz de evidenciar la responsabilidad en la
ocurrencia del accidente que generara la indemnización por daño moral”.
Que, “La Sentencia número 373,
dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha
07 de Agosto del año 2.024, la cual Declaró con lugar el Recurso de Casación
interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia dictada por el Juzgado
Superior Cuarto del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar de fecha 13 de Octubre de año 2022,
violó el principio de exhaustividad de la sentencia, el cual establece que el
Juzgador debe estudiar y resolver lodos los puntos litigiosos planteados por
las partes y las pruebas presentadas en el expediente de manera legal. En el
presente caso no se tomo en consideración la ilegalidad de la prueba valorada
como Bitácora de vuelo para evidenciar un hecho que fue punto controvertido
como lo fue la Continuidad del tiempo de servicio alegado y que la misma prueba
fue manipulada luego de la Instalación de la Audiencia Preliminar por parte del
actor, quien la incorporó luego de los planteamientos de la parte demandada en
la instalación de la Audiencia Preliminar, lo que vicia de Ilegal la Prueba y
viola flagrantemente el derecho a la defensa y el debido proceso de mi
Representada”.
Que, “Así mismo ocurre al no dejar
en la sentencia de manera clara la valoración de la prueba Documental: Copias
certificadas del Expediente de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público,
distinguido con el número MP- 57142-2018. Dicho expediente contiene
todos los documentos referidos a la investigación que realiza la Fiscalía
Cuarta del Ministerio Público acerca de las causas del Accidente así como
también sobre el cumplimiento de las normas aeronáuticas, quedó debidamente
establecido que mi representada cumplió con todas las normas a las que está
obligada por la Ley, por lo que no tiene responsabilidad en la ocurrencia del
Accidente aéreo, tal y como fue señalado en la sentencia”.
Que, “La declaración rendida por el
Ciudadano JOSÉ
SENOVIO MALAVE (Sic) en
la cual entre otras SEÑALA; Que
materializo por su propia decisión sacar combustible de la aeronave el día de
la realización del vuelo 17 de febrero del 2018, lo cual es la razón de la
causa del accidente”. (Mayúscula del escrito)
Que, “Resulta de suma importancia la revisión de
la Sentencia numero 373; dietada por la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia en fecha 07 de Agosto del año 2.024, en el Juicio intentado
por el Ciudadano JOSÉ SENOVIO MLAVE, (Sic) venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
Identidad N° 4.777.701, contra
mi Poderdante TRANSPOR TES NACIONALES C.A., (TRANACA), por motivo de Cobro de
Obligaciones Laborales e indemnizaciones derivadas de accidente de Trabajo (…)”. (Mayúscula del escrito).
Que, “En virtud de lo expuesto en el presente
escrito y ante la gravedad de lo planteado, a los Fines de evitar daños
irreparables con ocasión a la ejecución de la Sentencia dictada por la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, solicito (sic) muy respetuosamente se Decrete medida cautelar de Suspensión de la
Ejecución de la Sentencia Número 373, dictada por la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 07 de Agosto del año 2.024, (…)”.
Que “solicito respetuosamente a
esta Sala Constitucional, declare que HA LUGAR la presente revisión contra el
fallo dictado por la Sala de Casación Social en fecha 07 de agosto de 2024.Se declare
Nula la sentencia número 373, dictada por la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia en
fecha 07 de Agosto del año
2.024(…)”. (Mayúscula del escrito).
II
DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La
Sala de Casación Social, el 7 de agosto de 2024,
en sentencia N° 000373, decidió lo siguiente:
“En lo que corresponde al daño moral reclamado ha sido
criterio reiterado de esta Sala, a partir de la sentencia N° 116 del 17 de mayo
de 2000 (caso: José Francisco
Tesorero Yánez contra Hilados
Flexilón, S.A.), que en materia de infortunios
de trabajo, demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la
teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada del riesgo
profesional, según la cual el pago del resarcimiento por daño moral procede con
independencia de la culpa o negligencia del patrono. En tal sentido, la
doctrina y jurisprudencia patria han expresado que se deben conceder al juez
amplias facultades para su apreciación y estimación; quedando a la discreción y
prudencia de éste la calificación, extensión y cuantía del mismo. Sin embargo,
esta Sala ha precisado una serie de elementos objetivos que el juez debe
analizar en cada caso concreto, para establecer la procedencia del pago de
dicha indemnización y determinar su cuantificación, a saber: a) La entidad
del daño, tanto físico como psíquico (la denominada “escala de los sufrimientos morales”; b) El grado de
culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito
que causó el daño; c) La conducta de la víctima; d) Posición social y económica
del reclamante; e) Las posibles atenuantes a favor del responsable; f)
Referencias pecuniarias para tasar la indemnización que se considera equitativa
y justa para el caso concreto.
La teoría de la
responsabilidad objetiva deriva del supuesto de que el daño causado por un
objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido
en culpa, sino porque su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe
responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por daño
moral.
Es por ello que la
teoría del riesgo profesional, aplicable al patrono por los accidentes o
enfermedades profesionales que sufran sus empleados, lo obliga a responder
objetivamente, es decir, independientemente de la culpa, tanto por el daño
material como por el daño moral, siempre que “el hecho generador (accidente o enfermedad profesional) de daños
materiales pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole
afectiva al ente moral de la víctima” sentencia N° 593 del 22 de marzo
de 2007, caso: Alex Roy Omar
Iriarte y otro contra Constructora
Camsa, C.A. y otra.
Al respecto, la Sala
fija el daño moral en atención a la ponderación de los elementos aludidos ut supra, evidenciando que en lo
atinente a la entidad del daño, el accionante padece discapacidad total y permanente para
el trabajo habitual del 67% con limitaciones para realizar sus actividades
laborales, de acuerdo a la certificación médica ocupacional emitida el 24 de mayo de 2019 y signada con el N° CMO-MON-0676-2019,
todo ello con ocasión al accidente de trabajo acaecido el 17 de febrero de
2018. Explanó el actor a su vez ante el juez de juicio al momento de efectuar
la declaración de parte, cuales son las limitaciones y padecimientos sufridos a
raíz del accidente aéreo que devino en su incapacidad.
En cuanto al grado
de culpabilidad de la accionada o su participación en el accidente o acto
ilícito que causó el daño, se evidenció el incumplimiento de varias
normas en materia de higiene y seguridad, además que no fue notificado el
accidente en el lapso indicado por ley. No obstante, en el caso de autos no se
ha podido determinar por parte del organismo competente encargado de la
investigación del accidente aéreo acaecido el 17 de febrero de 2018, responsabilidad alguna de la
entidad de trabajo co demandada. El siniestro
se encuentra en fase investigativa por la Junta Investigadora de Accidentes de
Aviación Civil. No puede atribuirse algún grado de culpabilidad o participación
de la sociedad mercantil co demandada en el accidente
de trabajo ocurrido.
En lo que respecta
a la conducta de la víctima, de las pruebas de autos, no se puede
evidenciar que la víctima haya desplegado una conducta negligente o imprudente
que haya contribuido a causar el daño.
Al estimar la
posición social y económica del reclamante, se observa que el ciudadano
actor al momento del accidente laboraba como piloto para la entidad de trabajo co demandada y contaba con 61 años de edad y su grado de
instrucción es Piloto de Aeronaves Comerciales, Licenciado en Educación y
Abogado, no obstante, se desconoce si posee bienes de fortuna y si desde el
accidente se encuentra generando ingresos. Actualmente cuenta con 67 años
de edad.
En cuanto a la capacidad
económica de la accionada, se observa que la entidad de trabajo co demandada TRANSPORTES NACIONALES, C.A. (TRANACA), es una empresa dedicada a la
actividad aeronáutica, especializada en la operación de aviones y helicópteros
comerciales; la prestación del servicio de aerotaxis; transporte aéreo de carga
y pasajeros; compra y venta de aeronaves, así como mantenimiento y reparación
de éstas; compra y venta de motores, partes estructuras, repuestos y otros
elementos utilizados en la aviación, todo ello de acuerdo con su objeto social,
lo cual permite inferir que la co demandada posee una
suficiente solvencia económica.
En referencia a
los atenuantes a favor del responsable, se observa que la
empresa co demandada realizó algunos aportes
económicos al accionante una vez acaecido el accidente de trabajo.
Por último, al
considerar las referencias pecuniarias estimadas para tasar una
indemnización equitativa y justa para el caso concreto, resulta
importante destacar en este punto, que la indemnización por daño moral no
persigue la compensación del perjuicio patrimonial sufrido, sino otorgar una
retribución satisfactoria a los quebrantos morales y/o emocionales
padecidos.
A este respecto, es
necesario destacar que para lograr el Estado Social de Derecho y de Justicia,
se debe tener por norte aplicar el régimen legal bajo el marco del respeto y la
protección de los derechos humanos, conforme lo establece nuestra Carta Magna
en su artículo 2, conforme al cual el Estado Venezolano se encuentra
obligado a tutelar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, con el
fin que obtengan de los órganos judiciales una justicia real, que no quede
impresa únicamente en la sentencia, sino que sea efectiva y eficiente,
garantizando el reconocimiento de los derechos inherentes a la dignidad humana
necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.
Bajo este contexto
argumentativo, esta Sala de Casación Social considera que habiendo ocurrido el
accidente en el año 2018, siendo certificado el mismo por el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) el 24 de mayo de 2019, y habiéndose
interpuesto la demanda en el año 2021, considerando de vital interés el tiempo
transcurrido hasta ahora, lo cual implica una pérdida del valor adquisitivo de
la moneda, observando que tal solicitud de estimación fue realizada tomando en
cuenta como base de cálculo el valor de la criptomoneda
venezolana Petro, en tal sentido, debiendo esta Sala
velar que la justicia se materialice efectivamente, y con el fin de proteger el
monto otorgado como indemnización por daño moral, observando a su vez que la
Plataforma Patria anunció que a partir del 15 de enero de 2024, cerrarían los
monederos digitales a través de los cuales se operaba con criptomonedas
y observando que ésta se estaba empleando ciertamente como una moneda en
cuenta, al tenerse de ese modo, el signo monetario tiene efectivamente el
respaldo de un equivalente y el mismo para el mes de diciembre de 2023, era de
60 dólares de los Estados Unidos de América por unidad (60$ por Petro),
motivo por el cual, la condenatoria atinente al concepto de daño moral se
realizará en doláres de los Estados Unidos de
América. Así las cosas, ordena esta Sala de Casación Social el pago de la cantidad en bolívares equivalente a
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América
(350.000,00$), calculada según el valor del dólar para el momento del pago
efectivo. Así se decide.
Determinado lo anterior, esta Sala
en atención a la prestación de servicios del ciudadano accionante y el
accidente de trabajo ocurrido, colige que resultan procedentes los conceptos
de: Prestaciones sociales; Vacaciones Legales correspondientes a
los períodos 1990-2018 (incluida la fracción correspondiente); Bono Vacacional
Legal correspondiente a los períodos 1990-2018 (incluida la fracción
correspondiente); Participación en los Beneficios o Bonificación de Fin de Año
correspondiente a los períodos 1991-2017; Participación en los Beneficios o
Bonificación de Fin de Año Fraccionada 1990 y 2018; indemnización por
despido; salarios dejados de percibir durante el reposo médico (al no
encontrarse incluido en el Sistema de Seguridad Social); indemnización por la
no afiliación en el Régimen Prestacional de Empleo
(60% de salario básico devengado por cinco meses); pensión Vitalicia prevista
en el artículo 81 conjuntamente con el numeral 2 del artículo 80 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; Indemnización
por Daño Moral; intereses sobre prestaciones sociales; intereses
moratorios e indexación.
Debe realizarse la
acotación que el cálculo de los conceptos declarados procedentes a excepción
del daño moral, serán determinados a través de la realización de una experticia
complementaria del fallo a cargo de único experto, designado por el
Tribunal que corresponda ejecutar, de
conformidad con la norma del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, cuyos gastos serán sufragados por la parte demandada. Así
se decide.
Deberá el experto
aplicar las reconversiones monetarias impuestas por el Gobierno Nacional
resultando de obligatoria aplicación la reconversión que tuvo lugar en el año
2018 (establecida mediante Decreto No. 3.548 publicado en la Gaceta Oficial
Nro. 41.446 del 25 de julio de 2018), y la declarada en el año
2021, según Decreto No. 4.553, publicado en la Gaceta Oficial No. 42.185 del 6
de agosto de 2021, todo ello con la finalidad de obtener el monto a pagar en
bolívares digitales.
Resulta de
importancia señalar que los salarios que serán indicados por esta Sala de
Casación Social dentro de los parámetros de la experticia complementaria del
fallo ordenada deberán ser suministrados al experto designado por la entidad de
trabajo co demandada (caso contrario, los cálculos de
los conceptos deberán ser realizados conforme al último salario promedio
postulado por el accionante en su escrito libelar y reconocido por la parte
demandada).
Pasa de seguidas esta Sala de Casación Social a indicar que la
experticia complementaria del fallo ordenada ut supra deberá ceñirse a los siguientes parámetros:
Prestaciones sociales:
En razón que la relación de trabajo se inició bajo el régimen
consagrado en la Ley del Trabajo del 12 de julio de 1983, con reforma sucesiva
del 27 de noviembre de 1990, lo procedente en el caso de autos es, en primer
lugar, hacer un corte de cuentas hasta la fecha de entrada en vigencia de la
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, para calcular la indemnización
de antigüedad de conformidad con el literal a) de su artículo 666 y la
compensación por transferencia establecida en el literal b) de la citada norma,
desde el 15 de junio de 1990 hasta el 19 de junio de 1997, es decir, por un
período de 7 años y 4 días.
* Corte de cuenta: Desde el 15/06/1990 al 19/06/97: 7
años y 4 días.
* Indemnización de antigüedad,
literal a) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo: corresponden
30 días por 7 años = 210 días, que deberán ser calculados por
el experto con base al salario normal devengado por el accionante para el mes
inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica
del Trabajo de 1997, aplicable al caso de autos ratione temporis.
*Compensación por Transferencia,
literal b) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo: corresponden
30 días por 7 años = 210 días, que deberán ser calculados por
el experto con base al salario normal devengado por el actor al 31 de diciembre
de 1996, el cual no podrá ser inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,00)
ni exceder de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) mensuales
-advirtiéndose que está referido a los bolívares imperantes para la época-
(1997). Dicho cálculo deberá realizarse en base al salario normal (por ser
el régimen anterior).
Asimismo, de
conformidad con el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme al
cual tenía el patrono el deber de sufragar lo adeudado en el plazo de 5 años
contados a partir del 19 de junio de 1997, visto que no se cancelaron dichos
conceptos, la cantidad adeudada generará de conformidad con el parágrafo
primero del artículo en referencia intereses de mora, los cuales serán
calculados por el experto a la tasa activa determinada por el Banco Central de
Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales del
país, desde el 20 de junio de 2002, fecha a partir de la cual conforme al
referido parágrafo, las mismas devengaron intereses hasta el efectivo
cumplimiento de dicho concepto condenado. Así se decide.
En lo que se refiere a las prestaciones sociales,
deberá calcular el experto lo correspondiente al artículo 108 de la Ley
Orgánica del Trabajo de 1997, conforme al cual después del tercer mes de
servicio se computa lo equivalente a cinco (5) días de salario integral por
cada mes. Dicho cálculo deberá ser realizado en tales términos hasta el 30 de
abril de 2012, luego a partir de mayo de ese mismo año, se debe calcular con fundamento
en lo establecido en el artículo 142 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras que prevé que el cómputo de la garantía de
las prestaciones sociales se hará por un pago trimestral de quince (15) días de
salario integral a calcular con base al salario del último mes del respectivo
trimestre. El monto que resulte de ambos cálculos a su vez deberán ser sumados
entendiéndose que la totalidad constituye la garantía de prestaciones sociales
generadas por la parte accionante durante la relación laboral de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 de la disposición transitoria segunda de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Asimismo, deberán calcularse los dos (2) días adicionales hasta el
30 de abril de 2012, consagrados en el artículo 108 de la Ley Orgánica del
Trabajo de 1997 y a partir de mayo de 2012 en el literal b) del artículo 142 de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, considerando
el salario integral promedio generado en el año a computar –de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo–
el cálculo de los dos (2) días adicionales procede después del primer año de
servicio según lo estatuido en el citado artículo 108.
Adicionalmente, se debe efectuar el cálculo a que alude el literal
c) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, por todo el tiempo de servicio, en atención a lo previsto en la
disposición transitoria segunda, numeral 2 eiusdem, es decir, por
un tiempo de servicio de 16 años, 1 mes y 25 días, a razón de
treinta (30) días por año multiplicado por el último salario integral.
Finalmente, el experto luego de haber computado lo generado por
aplicación de los literales a) y b) del artículo 142 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras unificará ambos montos
–entendiéndose que en el literal a) deberá considerarse todo lo que es garantía
de prestaciones sociales, la cual a su vez debe contener el monto generado por
los cinco (5) días por mes ordenados ut supra con base al artículo 108 de la Ley Orgánica del
Trabajo de 1997 y el resultado de dicha suma deberá compararlos con el
resultado del cálculo ordenado a efectuar en atención al literal c) del
artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras. El monto que resulte superior entre ambos cálculos será el que
corresponda al accionante por concepto de prestaciones sociales.
Para la realización de los referidos cálculos el experto contable
considerará el salario integral devengado mes a mes, debiendo tomar en cuenta,
en primer lugar, el salario normal mensual que será aportado por la sociedad
mercantil co demandada (tal y como fue
especificado ut supra), al
cual se le adicionará la alícuota de utilidades (con base a 30 días por año) y
de bono vacacional (con base a lo establecido en la ley para este concepto).
Al monto que resulte pagar se le descontarán las sumas
entregadas al actor accionante tal y como fue especificado ut supra por esta Sala de
Casación Social. Asimismo, sobre la suma total que le corresponde al accionante
(sin las deducciones) deberán calcularse los intereses estatuidos en el
artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras -con base en la tasa promedio determinada por el Banco Central de
Venezuela-, a su vez a la cantidad que resulte del correspondiente cálculo
deberán deducirse los intereses cancelados por la demandada.
En lo atinente a la indemnización por terminación de la
relación de trabajo, le corresponde a la parte accionante por este
concepto, un monto igual al total generado por concepto de prestaciones
sociales, es decir, la cantidad total sin los descuentos ordenados.
En cuanto al concepto de Vacaciones Legales de los
períodos 1990-2018 (incluida la fracción), corresponden 725 días, que
deberán ser calculados por el experto atendiendo al último salario normal
devengado por el accionante conforme al artículo 195 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
En relación al Bono Vacacional Legal de los períodos
1990-2018 (incluida la fracción), corresponden 542 días, que deberán
ser calculados por el experto atendiendo al último salario normal devengado por
el actor.
En lo que corresponde al concepto de Participación en los
Beneficios o Bonificación de Fin de Año de los períodos 1991-2017, corresponde
un total de 810 días, no obstante deberá el experto calcularlo a razón de
30 días anuales, con el salario promedio devengado cada año (sin incluir
alícuota de bono vacacional).
En relación a la Participación en los Beneficios o
Bonificación de Fin de Año Fraccionada 1990, corresponden 15 días, que
serán calculados por el experto con el salario promedio devengado en el
referido año (sin incluir alícuota de bono vacacional).
En cuanto a la Participación en los Beneficios o
Bonificación de Fin de Año Fraccionada 2018, corresponden 17,5 días,
que serán calculados por el experto con el salario promedio devengado en
el referido año (sin incluir alícuota de bono vacacional).
En lo atinente a los salarios dejados de percibir durante
el reposo médico (al no encontrarse incluido en el Sistema de Seguridad
Social), corresponden al demandante 5 meses y 27 días, que serán
calculados por el experto tomando en consideración el último salario normal
devengado.
En relación a la indemnización por la no afiliación en el
Régimen Prestacional de Empleo (60% de salario básico
devengado por cinco meses), corresponderá al experto realizar el
cálculo en atención a lo previsto en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley del
Régimen Prestacional de Empleo (Gaceta Oficial N°
38.281 del 27 de septiembre de 2005).
En cuanto a la pensión vitalicia prevista en el artículo
81 conjuntamente con el numeral 2 del artículo 80 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el experto deberá
tomar en consideración lo siguiente: realizará el cálculo desde el 16 de agosto
de 2018, hasta el momento del pago efectivo; que el porcentaje de discapacidad
se constituye en un 67%; que la renta vitalicia ordenada será de 14
mensualidades anuales; y que tal pensión será pagadera al último salario de
cotización del trabajador.
No obstante lo anterior, debe acotarse
que la referida pensión se seguirá causando de manera vitalicia y así deberá
ser cancelada por la entidad de trabajo co demandada,
respetando los parámetros acordados por esta Sala para el cálculo del concepto.
Ahora bien, por cuanto tal y como se
señaló ut supra, se observa
del material probatorio aportado la cancelación por parte de la entidad de trabajo co demandada de cierta suma dineraria a favor del
accionante a través de la transacción celebrada en el año 2009 y de la oferta
real de pago de prestaciones sociales realizada una vez culminada la prestación
del servicio, debe ordenarse al experto el descuento de tales montos, una
vez obtenida la suma por los conceptos derivados de la prestación de servicio
del ciudadano accionante, todo ello con la finalidad de obtener la cantidad
real adeudada por la parte demandada.
Finalmente, de conformidad con el artículo 92 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del
criterio expresado por esta Sala en sentencia Nº 1841 del 11 de noviembre de
2008 (caso: José Surita, contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.),
se ordena a la sociedad mercantil co demandada el
pago de intereses de mora sobre las cantidades condenadas a pagar por
prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la prestación del servicio
(incluida la indemnización por la no afiliación en el Régimen Prestacional de Empleo) desde
la finalización de la relación de trabajo y hasta la oportunidad del pago
efectivo. Para el cálculo de estos intereses, el perito deberá aplicar la tasa
de interés activa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo
previsto en los artículos 128 y 142 literal f) de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dichos intereses no serán objeto
de capitalización, ni indexación.
En aplicación del criterio jurisprudencial referido ut supra, se ordena a su vez el pago
de la indexación judicial sobre la cantidad condenada pagar por concepto
prestación de antigüedad (prestaciones sociales), a partir de la fecha de terminación
del vínculo laboral -15 de agosto de 2018-, hasta la oportunidad del pago
efectivo. Asimismo, se ordena el pago de la indexación sobre los demás
conceptos condenados derivados de la prestación del servicio (incluida
la indemnización por la no afiliación en el Régimen Prestacional
de Empleo), contada a partir de la fecha de notificación de la demandada, hasta
la oportunidad del pago efectivo, excluyendo el lapso de inactividad procesal
por acuerdo entre las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere
paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza
mayor, tales como vacaciones judiciales y recesos judiciales. Así se declara.
Deberá a su vez la entidad de trabajo co
demandada cancelar los intereses de mora e indexación sobre la pensión
vitalicia prevista en el artículo 81 conjuntamente con el numeral 2 del
artículo 80 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, conforme a la sentencia N° 1230 del 5 de diciembre de 2016, dictada
por esta Sala.
En ese sentido, el pago de intereses de mora de este
concepto, se realizará con base a la tasa fijada por el Banco Central de
Venezuela, y se calcularán desde la fecha de notificación de la demanda hasta el
pago efectivo; para lo cual no operará el sistema de capitalización de los
mismos ni la indexación.
De igual forma, se ordena la indexación, para lo cual el experto
designado deberá computar desde la fecha de notificación de la demanda hasta el
pago efectivo, debiendo tomar en cuenta el índice de precios al consumidor a
nivel nacional (IPC) emanados del Banco Central de Venezuela, excluyendo de
dicho cálculo, los lapsos de paralización de la causa por acuerdo entre las
partes o motivos no imputables a ellas (caso fortuito, fuerza mayor, vacaciones
judiciales, paros o huelgas tribunalicias).
En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo
dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se
decide.
Debe resaltarse que la cantidad condenada por
daño moral no será objeto de intereses moratorios ni indexación,
dado que el mismo será pagado en la cantidad de Bolívares (Bs.) equivalente a trescientos cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América (350.000,00$); esto siguiendo la uniformidad jurisprudencial
sentada por esta Sala de Casación Social, entre otras en sentencia Nro. 70 del
14 de diciembre de 2020.
Debe señalarse con respecto a este particular que la Sala
Constitucional de este Máximo Tribunal, en sentencia N° 628 del 11 de noviembre
de 2021, (caso Gisela Aranda Hermida) estableció lo siguiente:
Asimismo, ha sido criterio
reiterado de este Alto Tribunal que el valor del dólar y la indexación, ambos
comportan mecanismos de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad
del pago, por tanto, si se ajusta la cantidad al nuevo valor del dólar para el
momento de la condena de pago, se restablece el equilibrio económico para esa
oportunidad (…).
Conforme a lo anterior, siendo que en el caso de autos, la
cantidad en bolívares a percibir, se hará conforme a la moneda de cuenta
empleada (dólares de los Estados Unidos de América), se garantiza que para el
momento del pago no haya disminuido el valor real del monto condenado, lo que
hace evidente que se restablece el equilibro económico.
Así las cosas, la demanda debe ser
declarada Parcialmente Con Lugar en la parte dispositiva de la presente
decisión. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora ciudadano JOSÉ SENOBIO MALAVÉ, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, el
13 de octubre de 2022; SEGUNDO: SE ANULA el fallo recurrido; TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA
DEMANDA.
No hay condenatoria en costas ni del recurso ni del
proceso dado la naturaleza de la presente decisión.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia para conocer de la presente revisión, mediante sentencia N° 0452 del 9 de abril de 2026, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la misma no sin antes reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”), ratificado en el fallo N° 714 del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), conforme al cual la discrecionalidad que se le atribuye a la Sala en el ejercicio de la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como posibilidad para intentar una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia.
Asimismo, esta Sala Constitucional asentó en sentencia Nº 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”) que existe la posibilidad de revisar la sentencias dictadas por las demás Salas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia cuando se denuncien: i) violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República (artículo 25, cardinal 11 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y, ii) cuando estas sentencias se hayan dictado con ocasión de: a) error inexcusable, b) dolo, c) cohecho o d) prevaricación y, el último supuesto legal (artículo 25, numeral 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), que se limitó a reproducir lo establecido en el artículo 336, numeral 10, el cual ha sido objeto de un desarrollo exhaustivo por esta Sala en la referida sentencia Nº 93/2001, entre otras (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1535 del 11 de noviembre de 2013, caso: “Antonio Claret Bretón Flores”).
Precisado lo anterior,
esta Sala observa de las actas contenidas en el caso sub examine que, la abogada Celeste
Josefina Rodríguez Pinto, en su condición de apoderada judicial de la sociedad
mercantil TRANSPORTES NACIONALES C.A.,
(TRANACA), solicitó la revisión constitucional de la sentencia N°
000373, dictada, el 8 de agosto de 2024, por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del juicio
que por cobro de prestaciones sociales, indemnizaciones derivadas de accidente
de trabajo, daño moral y otros conceptos laborales, interpuso el
ciudadano José Senobio
Malavé, titular de la cédula de
identidad número V- 4.777.701,
contra la sociedad mercantil –hoy solicitante.
Ahora
bien, visto que el apoderado judicial de la solicitante en revisión alegó
que la de la sentencia N° 000373, dictada el 7 de agosto de 2024, por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremos de Justicia “violó
la confianza legítima, el principio de igualdad ante la ley y la seguridad
jurídica, principio de Alteridad, principio de exhaustividad, seguridad
jurídica y confianza legítima ante la expectativa plausible, Derecho a la
tutela judicial efectiva, Derecho a la justicia, Error de Juzgamiento,
Infracción de Leyes; También
alegó “no obstante lo concluido por la
Sala de Casación Social en la Sentencia de fecha 07 de Agosto del año 2024,
número 373, señala y fija una condena por daño moral de TRECIENTOS CINCUENTA
MIL DÓLARES AMERICANOS, ($350.000,00), al cambio oficial observándose también
que de la lectura del escrito libelar el actor solicita en su petitorio
identificado con el número 24, el equivalente a QUINIENTOS PETROS (500) por
concepto de Indemnización por daño Moral, cuyos QUINIENTOS PETROS (500) tal y
como fue indicado por el demandante en su libelo a razón de SESENTA DÓLARES
AMERICANOS ($60) por cada petro, suman la cantidad estimada por concepto de daño Moral
de TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS ($30.000,00), lo que resulta excesivo la
cantidad indicada en la sentencia con respecto al pedimento del actor, mas aun cuando la misma sentencia
indica no haber quedado probado responsabilidad alguna por parte de mi
mandante, hecho ilícito, relación de causalidad entre la conducta del patrono y
el daño, el grado de culpabilidad, el cato ilícito que causó el daño”. Asimismo,
sostuvo “la
Sala Social al dictar su sentencia no tomó en consideración su criterio
pacífico y reiterado en cuanto a la estimación del daño moral luego del
análisis en la valoración de las pruebas, en tal sentido se observa que NO
EXISTE UN SOLO MEDIO DE (Sic) PROBATORIO
QUE EVIDENCIA ESTOS ASPECTOS CONSIDERADOS NECESARIO PARA LA CONDENA DE DAÑO MORAL
COMO ES: La entidad del daño, La conducta de la víctima, La Posición Social y
económica del reclamante, las posibles atenuantes a favor del responsable,
referencias pecuniarias para tasar la indemnización. Elementos que resultan
sobre manera de importancia crucial para la condena por daño moral, y que
evidentemente sin los cuales no se podría condenar a pagar indemnización por
daño moral”.
Ahora bien, la Sala de Casación Social en la sentencia objeto de análisis estableció:
En lo que
corresponde al daño moral reclamado ha sido criterio reiterado de esta
Sala, a partir de la sentencia N° 116 del 17 de mayo de 2000 (caso: José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón,
S.A.), que en materia de infortunios de trabajo, demostrado el accidente
o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva,
también denominada del riesgo profesional, según la cual el pago del
resarcimiento por daño moral procede con independencia de la culpa o
negligencia del patrono. En tal sentido, la doctrina y jurisprudencia patria
han expresado que se deben conceder al juez amplias facultades para su
apreciación y estimación; quedando a la discreción y prudencia de éste la calificación,
extensión y cuantía del mismo. Sin embargo, esta Sala ha precisado una serie de
elementos objetivos que el juez debe analizar en cada caso concreto, para
establecer la procedencia del pago de dicha indemnización y determinar su
cuantificación, a saber: a) La entidad del daño, tanto físico como
psíquico (la denominada ‘escala de los
sufrimientos morales’; b) El grado de culpabilidad del accionado o
su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño; c) La
conducta de la víctima; d) Posición social y económica del reclamante; e) Las
posibles atenuantes a favor del responsable; f) Referencias pecuniarias para
tasar la indemnización que se considera equitativa y justa para el caso
concreto.
La teoría de la
responsabilidad objetiva deriva del supuesto de que el daño causado por un
objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido
en culpa, sino porque su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe
responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por daño
moral.
Es por ello que
la teoría del riesgo profesional, aplicable al patrono por los accidentes o
enfermedades profesionales que sufran sus empleados, lo obliga a responder
objetivamente, es decir, independientemente de la culpa, tanto por el daño
material como por el daño moral, siempre que “el hecho generador (accidente o enfermedad profesional) de daños
materiales pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole
afectiva al ente moral de la víctima” sentencia N° 593 del 22 de marzo
de 2007, caso: Alex Roy Omar
Iriarte y otro contra Constructora
Camsa, C.A. y otra.
Al respecto, la
Sala fija el daño moral en atención a la ponderación de los elementos
aludidos ut supra, evidenciando
que en lo atinente a la entidad del daño, el accionante
padece discapacidad
total y permanente para el trabajo habitual del 67% con limitaciones para
realizar sus actividades laborales, de acuerdo a la certificación médica
ocupacional emitida el 24 de mayo de 2019 y signada con el N° CMO-MON-0676-2019,
todo ello con ocasión al accidente de trabajo acaecido el 17 de febrero de
2018. Explanó el actor a su vez ante el juez de juicio al momento de efectuar
la declaración de parte, cuales son las limitaciones y padecimientos sufridos a
raíz del accidente aéreo que devino en su incapacidad.
En cuanto al grado
de culpabilidad de la accionada o su participación en el accidente o acto
ilícito que causó el daño, se evidenció el incumplimiento de varias
normas en materia de higiene y seguridad, además que no fue notificado el
accidente en el lapso indicado por ley. No obstante, en el caso de autos no se
ha podido determinar por parte del organismo
competente encargado de la investigación del accidente aéreo acaecido el 17 de
febrero de 2018, responsabilidad
alguna de la entidad de trabajo co demandada.
El siniestro se encuentra en
fase investigativa por la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil.
No puede atribuirse algún grado de culpabilidad o participación de la sociedad
mercantil co demandada en el accidente de trabajo
ocurrido.
En lo que
respecta a la conducta de la víctima, de las pruebas de autos, no
se puede evidenciar que la víctima haya desplegado una conducta negligente o
imprudente que haya contribuido a causar el daño.
Al estimar la
posición social y económica del reclamante, se observa que el ciudadano
actor al momento del accidente laboraba como piloto para la entidad de trabajo co demandada y contaba con 61 años de edad y su grado de
instrucción es Piloto de Aeronaves Comerciales, Licenciado en Educación y
Abogado, no obstante, se desconoce si posee bienes de fortuna y si desde el
accidente se encuentra generando ingresos. Actualmente cuenta con 67 años
de edad.
En cuanto a
la capacidad económica de la accionada, se observa que la entidad
de trabajo co demandada TRANSPORTES NACIONALES, C.A. (TRANACA), es una empresa dedicada a la actividad
aeronáutica, especializada en la operación de aviones y helicópteros
comerciales; la prestación del servicio de aerotaxis; transporte aéreo de carga
y pasajeros; compra y venta de aeronaves, así como mantenimiento y reparación
de éstas; compra y venta de motores, partes estructuras, repuestos y otros
elementos utilizados en la aviación, todo ello de acuerdo con su objeto social,
lo cual permite inferir que la co demandada posee una
suficiente solvencia económica.
En referencia a
los atenuantes a favor del responsable, se observa que la
empresa co demandada realizó algunos aportes
económicos al accionante una vez acaecido el accidente de trabajo.
Por último, al
considerar las referencias pecuniarias estimadas para tasar una
indemnización equitativa y justa para el caso concreto, resulta
importante destacar en este punto, que la indemnización por daño moral no
persigue la compensación del perjuicio patrimonial sufrido, sino otorgar una
retribución satisfactoria a los quebrantos morales y/o emocionales
padecidos.
A este
respecto, es necesario destacar que para lograr el Estado Social de Derecho y
de Justicia, se debe tener por norte aplicar el régimen legal bajo el marco del
respeto y la protección de los derechos humanos, conforme lo establece nuestra
Carta Magna en su artículo 2, conforme al cual el Estado Venezolano se
encuentra obligado a tutelar los intereses de los trabajadores y las
trabajadoras, con el fin que obtengan de los órganos judiciales una justicia
real, que no quede impresa únicamente en la sentencia, sino que sea efectiva y
eficiente, garantizando el reconocimiento de los derechos inherentes a la
dignidad humana necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.
Bajo este
contexto argumentativo, esta Sala de Casación Social considera que habiendo
ocurrido el accidente en el año 2018, siendo certificado el mismo por el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) el 24
de mayo de 2019, y habiéndose interpuesto la demanda en el año 2021,
considerando de vital interés el tiempo transcurrido hasta ahora, lo cual
implica una pérdida del valor adquisitivo de la moneda, observando que tal
solicitud de estimación fue realizada tomando en cuenta como base de cálculo el
valor de la criptomoneda venezolana Petro, en tal sentido, debiendo esta Sala velar que la
justicia se materialice efectivamente, y con el fin de proteger el monto
otorgado como indemnización por daño moral, observando a su vez que la
Plataforma Patria anunció que a partir del 15 de enero de 2024, cerrarían los
monederos digitales a través de los cuales se operaba con criptomonedas
y observando que ésta se estaba empleando ciertamente como una moneda en
cuenta, al tenerse de ese modo, el signo monetario tiene efectivamente el
respaldo de un equivalente y el mismo para el mes de diciembre de 2023, era de
60 dólares de los Estados Unidos de América por unidad (60$ por Petro),
motivo por el cual, la condenatoria atinente al concepto de daño moral se
realizará en dólares de los Estados Unidos de América. Así las cosas, ordena
esta Sala de Casación Social el pago de la
cantidad en bolívares equivalente a trescientos cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América (350.000,00$), calculada según el valor del dólar
para el momento del pago efectivo. Así se decide.
Ahora
bien, en el presente caso el punto controvertido gira en torno a la motivación
realizada por la Sala de Casación Social para estimar el quantum de la indemnización por daño moral. Al respecto esta Sala
del análisis de las actas cursantes en el expediente observó lo siguiente:
1.- Entidad del daño: esta Sala observa del folio 43 del anexo uno (01)
Certificación Médica Ocupacional del 24 de mayo de 2019, emitida por el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), del cual se
desprende lo siguiente “certifico
que se trata de un accidente de trabajo de acuerdo a lo señalado en el artículo
69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -LOPCYMAT-, que
devino en el Trabajador, en DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE PARA EL TRABAJO
HABITUAL conforme al artículo 76 en concordancia con el artículo 81 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -LOPCYMAT-,
determinándose un PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD de Sesenta y Siete (67) % con
limitaciones para realizar
actividades laborales que impliquen
posturas prolongadas de bipedestación o sedestación,
realizar movimientos repetitivos y/o sostenidos de miembros superiores por encima del nivel hombro y manipulación
manual de cargas; subir y bajar escaleras, desniveles, planos e inclinados y
superficies resbaladizas. Exposición a ambientes calurosos, luz solar, intemperie,
sustancias químicas”.
En
ese sentido, señala el artículo 81, 82 y 83 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) lo siguiente:
“Artículo 81 Discapacidad
Total Permanente para el Trabajo Habitual
La discapacidad total
permanente para el trabajo habitual es la contingencia que, a consecuencia de
un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o
trabajadora una disminución mayor o igual al sesenta y siete por ciento (67%)
de su capacidad física, intelectual o ambas, que le impidan el desarrollo de
las principales actividades laborales inherentes a la ocupación u oficio
habitual que venía desarrollando antes de la contingencia, siempre que se
conserve capacidad para dedicarse a otra actividad laboral distinta.
El trabajador o trabajadora con esta
contingencia debe entrar con prioridad en los programas de recapacitación
laboral de la Seguridad Social y debe ser reinsertado en la misma empresa o
establecimiento laboral donde se le generó la discapacidad. Mientras el trabajador
o la trabajadora es recapacitado y reinsertado laboralmente, tiene derecho a
una prestación dineraria equivalente al cien por cien (100%) de su último
salario de referencia de cotización; este monto será reducido al porcentaje
real de discapacidad cuando el trabajador o trabajadora logre su reinserción
laboral y se constituirá en una pensión o en un pago único de acuerdo a lo
establecido en el artículo 80 de la presente Ley.
Artículo 82 Discapacidad Absoluta
Permanente para cualquier Tipo de Actividad Laboral
La discapacidad absoluta
permanente para cualquier actividad laboral es la contingencia que, a
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el
trabajador o trabajadora una disminución total y definitiva mayor o igual al
sesenta y siete por ciento (67%) de su capacidad física, intelectual, o ambas,
que lo inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral.
El trabajador o trabajadora tendrá derecho a una prestación dineraria
equivalente a una pensión igual al cien por cien (100%) del último salario de
referencia de cotización pagadera en catorce (14) mensualidades anuales, en el
territorio de la República, en moneda nacional.
Artículo 83 Gran Discapacidad
La gran discapacidad es la
contingencia que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional, obliga al trabajador o trabajadora amparado a auxiliarse de otras
personas para realizar los actos elementales de la vida diaria. En este caso,
el trabajador o trabajadora tendrá derecho, además de la prestación dineraria
establecida en los artículos 79 y 82, a percibir una suma adicional de hasta el
cincuenta por ciento (50%) de dicha prestación, pagadera en mensualidades
sucesivas, en el territorio de la República, en moneda nacional, mientras dure
esta necesidad. Este pago adicional no será computable para la determinación de
la pensión de sobrevivientes que eventualmente se genere.”
De lo anterior se desprende que la discapacidad total permanente es aquella mediante la cual el trabajador está impedido para desarrollar su ocupación regular o el trabajo que venía realizando antes del infortunio laboral; no obstante, el trabajador podría tener aptitud para realizar otro tipo de empleo. Este tipo de discapacidad se diferencia de la Discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, ya que ésta genera en el trabajador o trabajadora la disminución total y definitiva mayor o igual al (67%) que lo inhabilitan para realizar cualquier oficio o actividad laboral. También, se distingue de Gran Discapacidad que es aquella contingencia que obliga al trabajador o trabajadora a auxiliarse de otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria.
En consecuencia de lo
anterior, considera esta Sala, que la entidad del daño es el factor
determinante para evaluar y fijar la compensación económica por daño moral-
accidente laboral- por responsabilidad objetiva, observa esta la Sala, que en
el fallo objeto de revisión la Sala de Casación Social no consideró, ni fue
exhaustiva en analizar la magnitud o la gravedad concreta que el accidente
provocó en el trabajador, pues del certificado emitido por Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales, el ciudadano José Senobio Malavé, antes
identificado, con ocasión al infortunio laboral se le diagnosticó una
discapacidad total permanente de menor afectación en comparación con los otros
tipos de discapacidad que señala la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En ese
sentido, esta Sala considera oportuno establecer que respecto a la estimación
pecuniaria del daño moral por responsabilidad objetiva o riesgo profesional con
ocasión a infortunios laborales, se debe considerar qué tipo de discapacidad se
le diagnosticó al trabajador o trabajadora ya que dentro de la ley que rige la
materia existen discapacidades de menor y mayor afectación, y siendo la entidad
del daño la que determina la pérdida de calidad de vida que el accidente causó
en el trabajador, es deber de juez ponderar el tipo de discapacidad a los fines
de fijar el quantum por daño moral.
Así se decide.
2.- Grado
de culpabilidad de la accionada o su participación en el accidente o acto
ilícito que causó el daño: bajo este elemento el juez debe determinar si
la empresa demandada tuvo culpa o qué nivel o grado de participación tuvo en el
accidente o hecho ilícito que ocasionó el daño, lo cual es determinante para
estimar en monto de la indemnización por daño moral. Ahora bien, observa esta
Sala de las actas cursantes en el expediente lo siguiente:
El accidente laboral aéreo ocurrido el 17 de febrero de 2018, el cual ocasionó la muerte del patrono y dejó afectaciones en el piloto (demandante), está en fase investigativa por la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación adscrita al Ministerio de Infraestructura. El objeto de la investigación es determinar las causas o factores que contribuyeron al suceso a los fines de implementar acciones correctivas que impidan su repetición, (Art. 97 de la Ley de Aeronáutica Civil).
En el presente no quedó demostrado el hecho ilícito por parte de la demandada, por lo cual ésta sólo responde por la responsabilidad objetiva. El artículo 129 de la (LOPCYMAT) hace una remisión y señala que las indemnizaciones por daño material o moral se rigen de conformidad con el Código Civil, y al respecto el artículo 1.196 establece:
La obligación de reparación
se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una
indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor,
a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en
el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte
lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes,
afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la
víctima
De lo anterior se desprende, el deber de reparación del daño material o moral por acto ilícito, ya que no hubo acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico que, al ser realizada con intención (dolo) o negligencia (culpa) causa un daño a otra persona, en el presente caso se observó del acervo probatorio que no hay grado de culpabilidad o participación de la demandada en el accidente ocurrido, es decir, el daño causado, no es producto de un hecho ilícito, por lo que el patrono solo responde por responsabilidad objetiva.
3.- la conducta de
la víctima, la Sala de Casación Social
en la sentencia objetada consideró:
“En lo que
respecta a la conducta de la víctima, de las pruebas de autos, no
se puede evidenciar que la víctima haya desplegado una conducta negligente o
imprudente que haya contribuido a causar el daño.”.
Sobre
este aspecto, de la prueba de informe cursantes en autos, se observa que según
lo señalado por la empresa de seguros en relación al siniestro, “la víctima tuvo una conducta negligente o
imprudente que contribuyó a causar el daño”
y al respecto se observó lo siguiente:
El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar solicitó a Seguros Mercantil informara “(…) si efectivamente el suscrito informe de fecha 02 de octubre de 2018 con ocasión al siniestro ocurrido el 17 de febrero de 2018 con respecto a la póliza de seguros No. 0104101382 cuyo contratante es la empresa Transportes Nacionales, C.A (TRANACA) donde se concluyó lo siguiente: La empresa considera que su reclamo no es procedente y en consecuencia declina su responsabilidad por las razones expuestas, considerando que el accidente se produjo por causas imputables al piloto”. (Folio 211 reverso).
Asimismo, observa esta Sala, del informe de fecha 2 de octubre de 2018, emitido por Seguros Mercantil dirigido a la sociedad mercantil Transportes Nacionales C.A., (TRANACA), (Folio 217 anexo 04), que señala lo siguiente:
“Por la presente, nos dirigimos a usted(es)
con el fin de informarle (s) que después de un exhaustivo análisis realizado al
siniestro presentado, nos permitimos detallar e(s) los siguientes aspectos:
El hecho ocurre el día 17 de Febrero de 2018, cuando la aeronave Marca: Cessna Aircraft, Modelo: U206G, Serial: U20604603, Siglas: YV2026, siendo aproximadamente las 11:40 am, inicia el vuelo con ruta Ciudad Bolívar- Antabare, efectuando escalas en las comunidades de La Ceiba, Antabare y Playa Linda, a fin de dejar pasajeros y la carga transportada, luego de dejar al último pasajero regresa de La Comunidad Playa Linda a la Ceiba, siendo aproximadamente las 4:30 pm, embarca un pasajero, despegando de La Comunidad indígena La Ceiba con destino Ciudad Bolívar. Cuando estima estar a 2MN del umbral de la pista 07 de Cbl, al tratar de acelerar el motor no acelera, realiza el procedimiento de reencendido no logrando encender la aeronave, esto motivado a la falla de combustible; contraviniendo la Regulación Aeronáutica Venezolana, lo que ocasiona que la aeronave se precipite impactando contra el porche de una casa en el Sector Vista Hermosa, Municipio Heres del Estado Bolívar, resultando el piloto con lesiones, el fallecimiento del pasajero y la aeronave destruida. Adicionalmente la bitácora del casco suministrada no coincide con el informe del accidente presentado por el piloto, siendo un requisito indispensable para determinar el número de horas en vuelo el día de los hechos”. (Negrillas de la Sala).
Asimismo, la parte demandada señaló en el libelo de la demanda (Folio 3 y 4 del anexo uno del expediente). “…asimismo, procedí a medir el nivel de aceite (11Qts.), verifiqué con una regleta la cantidad de combustible en los dos (2) tanques. El Tanque derecho contenía treinta y ocho (38) galones y el tanque izquierdo contenía treinta y dos (32), que suman un total de setenta (70) galones de combustible. En vista que la ruta de vuelo a realizar aquel día comprendía una trayectoria corta, solicite al técnico mecánico de guardia de aquel sábado procediera a sacar de cada tanque, cinco galones de combustible, quedando en la aeronave para aquel vuelo la cantidad de sesenta (60) galones de combustible”. También señaló que (…) de pronto intempestivamente el motor del avión no respondió la aceleración, trate de estabilizar el descenso y continuar la aproximación, el mando de aceleración no respondió quedando el hélice girando sin empuje o fuerza. Inmediatamente llamé a la Torre de Control diciendo, entre otros: tengo problemas con el avión no le llega combustible al motor, lo acelero y no responde”. Seguidamente, procedí a efectuar varias veces el procedimiento de emergencia de reencendido de la siguiente manera: (i) busqué velocidad de planeo, (ii) verifiqué la indicación de combustible y realice el cambio del tanque de combustible, (iii) realicé operación de mezcla rica, (iv) activé el encendido de bomba de emergencia; y (v) inicie el encendido”.
Ahora bien, se observa que la Sala de Casación Social en la sentencia objetada respecto a la valoración de la prueba de informe consideró lo siguiente:
“En cuanto a las documentales que se encuentran insertas en
los folios 48 al 51 (ambos folios inclusive) y 52, marcadas ‘I’ y ‘H’,
contentivas de copias fotostáticas emanadas de Seguros Mercantil, se les otorga pleno valor probatorio (una
vez comprobada su certeza a través de la resulta de la prueba de informes
dirigida a tal institución incorporada al presente expediente el 3 de mayo de
2022, que cursa inserta en los folios 210 al 218 ambos folios inclusive, de
la pieza número 4 del expediente), todo ello a los fines de evidenciar la
respuesta otorgada por la empresa aseguradora a la entidad de trabajo TRANSPORTES
NACIONALES, C.A. (TRANACA) de improcedencia de su reclamo con ocasión
a la cobertura del siniestro ocurrido con la aeronave signada con las siglas
YV2026, el 17 de febrero de 2018”.
De lo anterior esta Sala constata que la Sala de Casación
Social se limitó a considerar el valor probatorio a los informes, sólo a los
fines de evidenciar la improcedencia el reclamo con ocasión a la cobertura del
siniestro ocurrido. No obstante, nada dijo sobre los resultados del informe en relación con el
siniestro, lo cual es fundamental a los fines de ponderar o calificar el grado o nivel de
culpabilidad de la empresa en el accidente laboral, así como la presunta negligencia
o imprudencia de la víctima que contribuyó a causar el daño.
Ahora bien, visto lo señalado por la parte
demandante en el libelo de la demanda en relación a “En vista que la ruta de
vuelo a realizar aquel día comprendía una trayectoria corta, solicite al
técnico mecánico de guardia de aquel
sábado procediera a sacar de cada tanque, cinco galones de combustible,
quedando en la aeronave para aquel vuelo la cantidad de sesenta (60) galones de
combustible” y lo arrojado en la prueba de informe emitida por seguros mercantil en la
cual determinó “no logrando encender la aeronave, esto motivado a la falla de combustible; contraviniendo la Regulación
Aeronáutica Venezolana, lo que ocasiona que la aeronave se precipite
impactando contra el porche de una casa en el Sector Vista Hermosa, Municipio Heres del Estado Bolívar, resultando el piloto con
lesiones, el fallecimiento del pasajero y la aeronave destruida. Adicionalmente
la bitácora del casco suministrada no coincide con el informe del accidente
presentado por el piloto, siendo un requisito indispensable para determinar el
número de horas en vuelo el día de los hechos”, esta Sala al adminicular lo anterior, considera que existió
cierta negligencia o
imprudencia por parte de la víctima -hoy demandante- en contribuir a causar un
daño.
Bajo la teoría de la responsabilidad objetiva,
existe una obligación legal del empleador de reparar el daño sin necesidad de
demostrar que hubo culpa o negligencia por parte de este, pero cuando de las
pruebas cursantes del expediente se desprende cierto grado de culpabilidad de
la víctima de contribuir al daño, el juez debe tomar en cuenta que el grado o
nivel de culpabilidad de la accionada debe disminuir.
En consecuencia, en relación a citado elemento, la
Sala de Casación Social incurrió en silencio la prueba, toda vez que, no fue
exhaustiva al analizar el contenido íntegro de la prueba de informe, y visto
que la misma es
determinante para constatar tanto
el grado de culpabilidad de la accionada o su
participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño, así como la
conducta de la víctima en contribuir al mismo, y siendo éstos elementos
determinantes para estimar el quantum
de la indemnización por daño moral se debió realizar el debido pronunciamiento total
de dicha prueba de informe.
4.- La posición económica del reclamante: de
las actas cursante en el expediente y del libelo de la demanda se desprende que
el ciudadano demandante José Eusebio Malave, es profesor Piloto de Aeronaves Comerciales, Licenciado en Educación y
Abogado, para el momento del accidente laboral tenía 61 años, actualmente tiene
70 años.
5- Posición social y económica de la accionada: Se desprende de las actas cursantes en el expediente que la empresa accionada Transportes Nacionales C.A., es una operadora regional de trayectos cortos, con base en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, la empresa no opera a nivel nacional y presta servicios de vuelos chárter y logística, conectando zonas de difícil acceso y mineras en el sur del país con el resto del estado Bolívar.
De lo anterior se desprende que la empresa opera a vuelo de corta distancia dentro de una zona geográfica específica, es decir, con vuelos a menor escala que una empresa aerolínea que opera a nivel nacional, asimismo, con ocasión al siniestro ocurrido la empresa aseguradora declaró no procedente el reclamo, y la pérdida total de la aeronave, perdiendo así un activo muy importante la empresa accionada.
Ahora bien, no evidencia
de los elemento probatorio cursantes en autos que la empresa Transportes Nacionales C.A., (TRANACA) posee una suficiente
solvencia económica, y visto que es un criterio objetivo de cuantificación para
fijar la indemnización por daño moral, el juez debe realizar un análisis
integral de la capacidad o solvencia económica de la accionada, procurando de que el monto se viable, justo,
prudente evitando sanciones desproporcionadas.
6.- Las posibles atenuantes a favor del
responsable; bajo la teoría de la responsabilidad objetiva, estas
atenuantes no eximen a la empresa de su obligación legal de pagar la indemnización
por daño moral, solo son consideradas por el juez para rebajar o disminuir la
cantidad a pagar, y al respecto esta Sala observa lo siguiente:
·
Mediante prueba de
informe del Banco Banesco Universal la empresa (demandada) realizó aportes
económicos al accionante una vez acaecido el accidente de trabajo. (folios 105
y 106 anexo 03)
· En el accidente laboral murió calcinando el empleador.
·
La empresa de Seguros declaró
improcedente el reclamo realizado por la empresa Transportes
Nacionales C.A., toda vez que, del análisis del siniestro el mismo ocurrió por
causas “imputables al piloto y falla de
combustible”.
· La pérdida de un activo de la empresa, toda vez que la aeronave quedó destruida. Sin posibilidad de que el seguro responda por el siniestro.
· No hubo intención ni negligencia por parte de la demandada en ocasionar el daño.
· Para el momento del accidente laboral 17 de febrero de 2018, el trabajador tenía 61 años.
·
Ahora bien, se observa
del fallo objetado la Sala de Casación Social se limitó a señalar que “la empresa demandada sólo realizó algunos
aportes económicos luego que ocurrió el accidente”, sin tomar en
consideración otros aspectos preponderantes que considera esta Sala de gran importancia en
la oportunidad de fijar el quamtun de la indemnización por daño moral, como la conducta
de los herederos del empleador fallecido en el accidente luego del infortunio
laboral, la pérdida del activo de la empresa demandada, el hecho ilícito, la
edad de la víctima la cual es un factor de
ponderación vital para medir la extensión y el impacto real del perjuicio
ocasionado en la vida del trabajador.
7.- Referencias pecuniarias estimadas para tasar
una indemnización equitativa y justa: En relación a este punto, se
debe calcular y asignar un valor monetario a una reparación de modo que
compense de forma realista equilibrada y sin abusos el daño de las actas cursantes en el presente expediente,
esta Sala observó específicamente del libelo de la demanda, (cursante en el
folio 78 del anexo 01 del presente expediente), que el demandante solicitó una
indemnización por daño moral por la cantidad de 500 Petros,
para el momento de la presentación de la demanda (29 de abril de 2021) en esa
oportunidad el valor oficial del Petro estaba anclado
a 60$ dólares
por unidad, por lo tanto un total de 500 PTR equivalía a treinta mil dólares
americanos ($30.000). No obstante, la Sala de Casación Social, conociendo el
mérito del asunto condenó por daño moral a la empresa Transportes
Nacionales C.A., (TRANACA) a pagar la cantidad en bolívares equivalente a
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América ($350.000,00), es decir, incrementó en monto
de indemnización a mil sesenta y seis con seiscientos sesenta y siete por
ciento (1.066,667%), lo cual sería trescientos veinte mil dólares americanos ($320.000,00)
más de lo solicitado por el demandante.
En ese sentido, al momento de fijar el quantum por indemnización de daño moral -responsabilidad objetiva- para
que esta sea justa y equitativa el monto debe ser proporcional a la afectación
real de la víctima, y visto que quedó constado del certificado emitido por Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que la discapacidad
diagnosticada al solicitante de autos fue la de menor
afectación dentro de las que señala la Ley que rige la materia y que no se
deprendió de los elementos probatorios cursantes en autos, que la empresa
accionada posee una suficiente solvencia económica, es por lo cual, esta Sala
considera que el monto condenado a pagar trescientos cincuenta mil dólares de
los Estados Unidos de América ($350.000,00) por daño moral no guarda relación
directa y lógica con la magnitud de la afectación del daño.
El
requisito de la motivación de las sentencias es una constante universal en las
leyes procesales. Con la motivación, lo que se persigue, en síntesis, es el
control de la legalidad de la sentencia, es decir, verificar si en el caso
concreto el Juez hizo la adecuada subsunción de los hechos en las reglas de
derecho pertinentes.
A
este tenor, esta Sala Constitucional en su sentencia n.° 801 del 14 de
noviembre de 2024, ratificó que:
“(…) [L]a motivación como requisito
intrínseco de la sentencia se persigue una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía contra las decisiones
arbitrarias, porque la sentencia, a pesar de ser un acto de autoridad del
Estado, no puede consistir en una orden ejecutiva sino en una
experticia de derecho debidamente fundamentada que lleve en sí misma la prueba
de su legalidad; y por la otra, obligar
a los jueces a efectuar un detenido estudio de las actas procesales con arreglo
a las pretensiones de las partes, a las pruebas evacuadas para demostrar los
hechos pertinentes, y a las disposiciones jurídicas que considere aplicables al
caso en litigio. La motivación no debe consistir en meras afirmaciones
sobre puntos de hechos, pues aunque los jueces no están obligados a exponer
minuciosamente en la sentencia el proceso mental que los condujo a determinada
conclusión, sí deben al menos indicar, así sea en forma sintética, las razones
que revelen el estudio que hicieron de la litis, de
las pruebas suministradas por las partes y de los hechos que fueron
evidenciados en el proceso. En abstracción, se puede aseverar que el fin
perseguido es permitir que el justiciable
conozca los motivos que condujeron al juzgador a fallar de determinada manera.
Lo que atenta contra el principio de
motivación del fallo es el vicio de inmotivación de la sentencia, el cual se
puede adoptar distintas modalidades según la doctrina jurisprudencial
asentada por las distintas Salas este Tribunal Supremo de Justicia; en síntesis
pueden mencionarse: i) la
inmotivación absoluta que se materializa cuando hay una ausencia total de los
razonamientos de hecho y de derecho en los que debe cimentarse la decisión,
en este particular se encuentra inmersa la motivación acogida, en las que
incurre el juez de alzada al reproducir con exactitud la motivación explanada
por el tribunal primigenio, sin explanar las consideraciones que le permiten
arribar a la misma conclusión; ii) la
contradicción que se suscita cuando los motivos expresados en el fallo judicial
se destruyen entre sí ya que contienen diferencias irreconciliables que impiden
que el dictamen pueda ser ejecutado; iii) la
inmotivación por motivos vagos, superficiales o
superfluos, en la cual los motivos son tan vagos, generales, innocuos, ilógicos
o absurdos que impiden conocer a la alzada o Casación el criterio jurídico que
siguió el juez para dictar su decisión; iv) la
inmotivación con impertinencia de los motivos, cuando
las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la
pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, a causa de su
manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis; y v) el
silencio de pruebas que se materializa cuando el juez deja de identificar
alguna probanza válidamente incorporada al proceso y aún (sic) nombrándola no emitiera
pronunciamiento apreciativo sobre ella, siendo necesario que tal elemento
probatorio resulte determinación para la resolución del asunto.(…)”.
(Subrayado y destacado de esta Sala).
En el presente caso, se
constató que la Sala de Casación Social, al momento de analizar los elementos objetivos establecidos en la sentencia N°
116 del 17 de mayo de 2000 (caso: José
Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.), incurrió en el vicio
de inmotivación, toda vez que no realizó un detenido estudio de las actas
procesales, no valoró hechos y pruebas determinantes y fijó una indemnización
en forma arbitrativa y desproporcionada, ya que el monto otorgado es descomedido
en comparación con el daño real probado y con lo pretendido por el actor,
apartándose con ello de la equidad jurídica. La desproporción del monto
establecido por daño moral, no puede implicar un enriquecimiento sin causa para
la otra parte, en lugar de un resarcimiento justo del daño. En casos como el de
autos, cuando el daño no es producto de un hecho ilícito sino que el patrono
por obligación legal está respondiendo objetivamente, la indemnización se debe
regir por la magnitud del perjuicio causado, ante lo cual la sentencia que lo
condena debe explicar de manera lógica y razonada la cantidad de dinero a
resarcir. Así de decide.
Por todas la consideraciones que anteceden, concatenado con lo
demostrado con los medios de pruebas cursantes en el expediente, se logró
desprender sin lugar a dudas que el jurisdicente de
casación no estableció los motivos de hecho y de derecho en los cuales sustentó
su sentencia en relación a la estimación por el daño moral, toda vez que, al
momento de analizar los elementos objetivos no efectuó un detenido estudio de las actas procesales con arreglo a las
pretensiones de las partes y a las pruebas evacuadas, e incurriendo con ello en
el vicio de silencio de
pruebas, el cual se materializó cuando
dejó de identificar una probanza válidamente incorporada al proceso y que
aún cuando la nombró no emitió pronunciamiento apreciativo sobre ella,
ante lo cual se evidencia la violación al derecho a
la tutela judicial efectiva y debido proceso. Así se decide.
En razón de lo anterior, considera esta Máxima Instancia Constitucional, que la Sala de Casación Social en el fallo N° 000373, incurrió en el vicio de inmotivación, toda vez que constan en autos suficientes elementos probatorios, que la Sala no valoró de manera expresa, positiva y precisa, los cuales son determinantes para considerar el quantum de la indemnización por daño moral, lael cual debe guardar relación directa y lógica con la magnitud de la afectación. Así se decide
Las
circunstancias antes descrita, en la cual incurrió la Sala de Casación Social,
infringe lo dispuesto en los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de
Procedimiento Civil y al margen de la uniformidad de criterios
jurisprudenciales en torno a la aplicación de tales normas procesales, vulnera
los derechos al debido proceso, a la defensa, la tutela judicial efectiva
-artículos 26 y 49 de la Constitución- y la jurisprudencia de esta Sala en la
materia (cfr. sentencias de esta Sala Nros.
2001/1963, 2002/1893, 2005/3711 y 2017/200).
Por todo lo expuesto y visto que
efectivamente en la sentencia cuya revisión se solicita, la Sala de Casación Social
no atendió expresamente a lo alegado y probado en autos, esta Sala considera necesario
se realice un análisis exhaustivo sobre los elementos objetivos para cuantificar
el daño moral establecidos en la sentencia N° 116 del 17
de mayo de 2000 (caso: José
Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.), a luz de la
protección de los
derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la
parte afectada, y a la jurisprudencia reiterada de la Sala relativa a la debida
congruencia del fallo respecto a las pretensiones de las partes, por lo que
resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar HA LUGAR la revisión de la sentencia N°
000373, dictada, el 7 de agosto de 2024, por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En consecuencia de
la anterior declaración, esta Sala Constitucional ANULA la la sentencia N°
000373, dictada, el 7 de agosto de 2024, por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia y ordena a dicha Sala dictar sentencia en el
recurso de casación sometido a su estudio, considerando lo expuesto en el
presente fallo solo en relación al daño moral. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por
las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. HA LUGAR
la revisión constitucional solicitada por la abogada
Celeste Josefina Rodríguez Pinto, inscrita en el Instituto de Previsión Social
del Abogado bajo el número 45.606, en su condición de apoderada judicial de la
sociedad mercantil TRANSPORTES
NACIONALES C.A., (TRANACA), de la sentencia N° 000373, dictada, el 7
de agosto de 2024, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia.
2. ANULA todas
las consideraciones expuesta en la sentencia dictada por la Sala de
Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, identificada como RC.000373,
de fecha 7 de agosto de 2024, en relación al daño moral y en consecuencia, se
le ORDENA a la referida Sala dictar
decisión en el presente caso conforme a las consideraciones expuestas en este
fallo.
Publíquese,
regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente. Desglose y remisión del expediente a la
Sala de Casación Social. Así se decide.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de junio de dos
mil veintiséis (2026). Años: 216° de la
Independencia y 167° de la Federación.
La Presidenta,
TANIA D´AMELIO CARDIET
La Vicepresidenta,
LOURDES
BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Las Magistradas,
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
(Ponente)
JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO
ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
25-0361
MAVG.