|
MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala el 18
de enero de 2024, los abogados Blanca Rosa Mármol de León, Mariana León Mármol
y Alberto Roz Romano, inscritos en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo los números 5.381, 159.275 y 211.480,
respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil CONSULTEL, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 20
de agosto de 1999, bajo el N° 33, Tomo 341 Qto.,
representada legalmente por el ciudadano Antonio Carlo Menafra
Paladino, titular de la cédula de identidad N° V-6.929.113, solicitó la “REVISIÓN
CONSTITUCIONAL de la sentencia N° 000670, dictada en
fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia”, que declaró con
lugar el recurso de casación anunciado por los intimantes,
revocó la sentencia del Juzgado Superior que declaró prescrita la acción por
estimación e intimación de honorarios profesionales y, al decidir sin reenvío
declaró sin lugar la apelación de la intimada, en consecuencia, se confirmó la
declaratoria del Tribunal a quo de procedencia del derecho a cobrar
honorarios profesionales de los ciudadanos Tatiana Melissa
Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel, condenándose a la indicada sociedad mercantil a
pagar a los referidos ciudadanos “la suma equivalente en bolívares de UN
MILLÓN CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$
1.120.000,00), constituida por las diecinueve (19) actuaciones arbitrales
ejercidas por los intimantes para la hoy
intimada, siendo esta la base de cálculo, según sea su valor para el
momento del pago efectivo que realice la intimada, o la cantidad
que determine el tribunal de retasa, en caso de ser constituido”.
Por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Luis
Fernando Damiani Bustillos.
El 29 de enero de 2024, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, inscrita en el Instituto de
Previsión del Abogado bajo el N° 114.048, actuando en su propio nombre y
representación y en su carácter de “PARTE ACTORA INTIMANTE
VENCEDORA”, en el juicio primigenio,
solicitó copia simple del escrito contentivo de la solicitud de revisión y de
otras actuaciones del expediente.
El 6 de febrero de 2024, la mencionada abogada diligenció dejando
constancia de haber retirado las copias simples por ella solicitadas.
El 19 de febrero de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, antes identificado, consignó escrito “DE INFORMACIÓN RELEVANTE,
ÚTIL Y OPORTUNA SOBRE LA FORMA DE PROCEDER DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE
CONSIDERA ‘IRRELEVANTE’ LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN PENDIENTE
ANTE ESTA HONORABLE SALA EN FECHA 18 DE ENERO DE 2024 SOBRE LA SENTENCIA DE LA
SALA DE CASACIÓN CIVIL N° 000670 INCLUYENDO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE
EFECTOS RELACIONADOS CON LA RETASA QUE DERIVA DE LA MISMA EN EL EXPEDIENTE:
AP11-V-FALLAS-2020-000315”.
El 23 de febrero de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, antes identificado, diligenció solicitando se dicte una medida cautelar
innominada de suspensión de efectos de la sentencia objeto de revisión.
El 29 de febrero de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, consignó escrito “DE CONFIRMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REVISIÓN DE
SENTENCIA N° 000670 DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL (…) Y SOLICITUD
DE MEDIDA INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA (…)”.
El 4 de abril de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, diligenció consignando instrumento poder especial que le fuera otorgado
por la solicitante de revisión en fecha 2 de abril de 2024, ante la Notaría
Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda, anotado bajo el N° 37,
Tomo 45, folios del 157 hasta el 159.
El 10 de julio de 2024, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, ya identificada, diligenció dejando
constancia de haber retirado las copias simples por ella solicitadas.
El 11 de julio de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, ya identificado, solicitó se acuerde la medida cautelar solicitada y
consignó sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.
El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación
otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y la
incorporación de la Magistrada Janette Trinidad
Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada
Tania D’Amelio Cardiet,
Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez
Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad
Córdova Castro, ratificándose la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el
presente fallo.
El 25 de octubre de 2024, esta Sala dictó auto para mejor proveer
N° 0454, en el que ordenó al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, que en el lapso de cinco (5) días
siguientes a que conste en autos su notificación, recabe y remita a esta Sala
el original del expediente AP11-V-FALLAS-2020-000315, correspondiente al juicio
por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, instaurado
por los abogados Tatiana Melissa Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel, contra la aquí solicitante de revisión sociedad
mercantil Consultel, C.A.
El 28 de octubre de 2024, el abogado Alberto Roz
Romano, ya identificado, solicitó copia certificada del auto para mejor proveer
N° 0454 del 25 de ese mismo mes y año.
El 11 de noviembre de 2024, se recibió el expediente original
solicitado al Tribunal de la causa.
El 16 de diciembre de 2024, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, ya identificada, presentó escrito
de “INFORMES, en el que solicitó se declare “SIN LUGAR el
recurso (sic) de revisión constitucional solicitado…”.
El 7 de enero de 2025, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, ya identificada, otorgó poder apud acta a la abogada Ciolis
Mojica Monsalvo, inscrita
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 72.762.
El 2 de julio de 2025, el ciudadano Antonio Carlo Menafra Paladino, actuando en su condición de Director y
representante legal de la sociedad mercantil Consultel,
C.A., ya identificado, asistido por los abogados Eduardo José Robertson Franquiz y César Andrés Villa Crespo, consignó poder apud acta.
El 13 de agosto de 2025, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, ya identificada, solicita que se
declare sin lugar la solicitud de revisión.
El 14 de agosto de 2025, la referida abogada solicitó copias
simples.
El 7 de octubre de 2025, el abogado Eduardo José Robertson, ya
identificado, ratificó las diligencias presentadas y solicitó copias simples.
El 28 de enero de 2026, la abogada Tatiana Melissa
Laguado González, ya identificada, retiró copia
simple.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el
expediente, esta Sala observa:
I
FUNDAMENTOS
DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
La solicitante de revisión, expuso en su escrito los siguientes
argumentos:
Que “[e]n este caso, nos encontramos ante la solicitud de
revisión de una sentencia proferida por la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia que ha violado las siguientes disposiciones
constitucionales: i) la uniformidad de la aplicación del principio
constitucional del derecho a la defensa y el derecho a ser oído contenidos en
las garantías del debido proceso conforme lo expresa el artículo 49 de la
Constitución Nacional en los numerales 1ro (primero) y 3ro (tercero)
respectivamente, en ese orden; ii) la
tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución
Nacional en donde se establece la garantía de una justicia imparcial e idónea;
y iii) la sana crítica, incurriendo en
la falta de aplicación de este parámetro en la valoración de la prueba como
parte fundamental del debido proceso y sus garantías consagradas en el artículo
49 de la Constitución Nacional” (Corchetes añadidos).
Que “consideramos procedente en buen Derecho (sic) la
solicitud de revisión ya que de acuerdo con la doctrina establecida en la
jurisprudencia de esta Sala señalada ‘ut supra’ se
producen las violaciones que son del interés de revisión constitucional
específicamente 3 (tres) de los 6 (seis) supuestos en ella establecida, a
saber: i) la violación de la Uniformidad (sic) de la aplicación de
principios constitucionales establecidos jurisprudencialmente por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; ii)
la deliberada violación de preceptos constitucionales; y iii)
la falta de aplicación de normas que pertenecen al derecho constitucional, en
particular en cuanto a las garantías de Debido Proceso (sic)”.
Que “…la Sala de Casación Civil produce numerosas
páginas sobre una controversia que no está planteada: La existencia del
procedimiento arbitral identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004,
llevado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Es inaudito que
no exista la valoración de las pruebas presentadas por la defensa por medio de
un giro argumentativo ‘ex oficio’ que intenta suplir el análisis
de las pruebas que arbitrariamente ignora en grave perjuicio del intimado”.
Que “…la lista de
supuestas actuaciones presentadas por los intimantes,
estimadas en cifras astronómicas como por ejemplo, USD 10.000 (diez mil
dólares norteamericanos) por cada correo electrónico, no hayan sido
analizadas desde el punto de vista del consentimiento válido del intimado a
pagar semejante suma, ni tampoco en atención a la determinación legal del valor
de lo litigado de acuerdo al criterio de la propia Sala de Casación Civil,
esta estimación de honorarios no resiste el menor análisis lógico, pues una
mente racional jamás podría tolerar tal cifra siendo que la pretensión inicial
del intimado en el procedimiento arbitral referido ‘ut supra’ era
la suma de seiscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y tres dólares con
setenta y cuatro centavos (USD 681.943,74), es decir, esto sería equivalente a
pagar el 1,46 % del monto reclamado por cada correo electrónico emitido por los
intimantes sin contar el 14,6 % del valor reclamado
sólo por el estudio del caso representado por el monto de USD 100.000,00 (cien
mil dólares norteamericanos) alegados por los intimantes
y posteriormente el 29,32 % del monto reclamado en el procedimiento arbitral
sólo por la redacción de la solicitud de inicio del procedimiento arbitral
representado por el monto de USD 200.000,00 (doscientos mil dólares
norteamericanos) reclamados por los intimantes, todo
esto sin contar las diligencias y revisiones de escritos que pudieran surgir
durante el procedimiento arbitral por precios del mismo orden”.
Que “…es evidente que la intimación de honorarios fue
justificada artificialmente con posterioridad al resultado del laudo
arbitral en violación del procedimiento legal apropiado para determinar el
valor de lo litigado, con la única finalidad de obtener por segunda vez el
pago que ya había recibido el ciudadano RAMÓN ROJAS CARRASQUEL, uno de los intimantes de la causa en análisis. No solo sería
absurdo acordar el 45.38 % del valor reclamado como pago de honorarios para el
procedimiento arbitral como hemos referido ‘ut supra’, sino
que además sería ilegal y por esta razón se evidenciaría que nunca hubo
consentimiento válido del intimado para tales montos sino que por medio de
tácticas evasivas al no firmar la propuesta de honorarios que se acordó
verbalmente al inicio del procedimiento arbitral, los intimantes
actuaron con premeditación para atacar la validez del acuerdo verbal y proceder
a la intimación judicial en la cual nos encontramos”.
Que “…es preciso denunciar ante esta Sala el silencio de prueba
referido en violación flagrante de los derechos constitucionales del intimado
ya que sus alegatos no fueron oídos, mucho menos analizados y con ello se
generó la indefensión total en las consideraciones que fueron realizadas por la
Sala de Casación Civil para condenarlo. Finalmente, llama la atención que el
único criterio de valoración de las pruebas promovidas por los intimantes y reiterado en prácticamente en cada una de las
pruebas documentales es lo siguiente:
‘(...) Respecto al
presente instrumento, al no haber sido objeto de impugnación, se considera
fidedigna (sic), de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del
Código de Procedimiento Civil; y por cuanto no fue tachada (sic) de
falsa (sic) en la oportunidad correspondiente, se da por reconocida (sic)
y en principio se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo
establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo
expresado en ella (sic), en este sentido, y del mismo queda probado la
existencia de la referida actuación procesal realizada por parte intimante en representación de Consultel
C.A., en el marco del juicio arbitral. Así se decide’ (...)”.
Que “[e]ste es el único
‘razonamiento’ existente para considerar el valor probatorio de las
documentales promovidas por los intimantes, pero el
problema central es que NUNCA SE HA CUESTIONADO LA EXISTENCIA DEL
PROCEDIMIENTO ARBITRAL SINO EL VALOR DE LO LITIGADO PARA LA ESTIMACIÓN DEL PAGO
DE HONORARIOS Y LOS PAGOS YA REALIZADOS A TAL EFECTO” (Corchetes de
la Sala).
Que “[e]s necesario constatar el grave hecho de que la Sala de
Casación Civil valoró como prueba para favorecer los alegatos de los intimantes la mera existencia del procedimiento arbitral
que nadie ha negado, mientras que al mismo tiempo ignoró las pruebas de los
pagos de honorarios realizados por el intimado sin preguntarse cuál otra razón
podría existir para que el mismo enviase sumas de dinero al abogado intimante RAMÓN ROJAS CARRASQUEL, dejando en total y
profunda oscuridad cuál pudiera haber sido el criterio para tal valoración ya
que tuvo que proferir una conclusión negativa, es decir, la Sala de Casación
Civil afirma que no se demuestra que los pagos realizados tuvieran como
causa el pago de honorarios, siendo que al mismo tiempo no puede aseverar
para que (sic) fueron realizados los pagos referidos” (Corchetes de
la Sala).
Que “…la Sala de Casación Civil se fundamenta únicamente en su
propia autoridad en lugar del razonamiento lógico, con ello, las valoraciones
aludidas carecen de fundamentación legal e infringen la aplicación uniforme del
Debido Proceso (sic) consagrado en el artículo 49 de la Constitución
Nacional”.
Que “[e]n las consideraciones para decidir sobre las pruebas
promovidas por el intimado la Sala de Casación Civil expone lo siguiente:
‘(...) 2.- Marcada
‘B’ copia fotostática simple de comunicación de fecha 9 de noviembre de 2016,
dirigida a la entidad financiera extranjera Sky Bank NVCurazao (sic), suscrita por el ciudadano Antonio Menafra, en su condición de presidente de la intimada Consultel, C.A., a los fines de autorizar la realización de
una transferencia por la cantidad de doscientos veintiocho mil quinientos
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 228.500,00), por concepto de
‘...cancelación facturas varias, juicio Arbitraje en la Cámara de Comercio de
Caracas...’. (Ver folio 59 de la pieza N° 1 del expediente). Respecto a dicho
instrumento se observa, que el mismo corresponde a un instrumento privado que
emana de la intimada por el cual pretende demostrar la realización de un pago
debido a los intimantes violentándose de esta manera
el principio de alteridad de la prueba, a través del cual nadie puede
fabricarse un medio probatorio para sí mismo, razón por la cual debe ser
desechada la referida probanza. Así se decide. (Cfr. sentencia N° 641, del 9 de
octubre de 2012, caso: Maritza Josefina Rincón
Rivera, contra Propietaria de Inmuebles Don Silvio, C.A., ratificada en
sentencia N° 464, de fecha 17 de octubre de 2018, caso: Telas Lisboa C.A.,
contra Ivana Ruscitti del Giudice
de Culmone y otro)’. (...)” (Corchetes
añadidos).
Que “…vale la pena detenerse para analizar el silogismo que
sustenta esta forma de valoración. Se trata de una autorización bancaria para
una transferencia realizada desde un banco extranjero, es costumbre
internacional pacíficamente establecida que el titular de una cuenta bancaria
incluya una descripción al realizar un pago ya que es de gran utilidad para
fines contables y legales. Ahora bien, la Sala de Casación Civil al decidir
considera que el incluir una descripción en el pago ‘…corresponde a un
instrumento privado que emana de la intimada por el cual pretende demostrar la
realización de un pago debido a los intimantes
violentándose de esta manera el principio de alteridad de la prueba, a través
del cual nadie puede fabricarse un medio probatorio para sí mismo, razón por la
cual debe ser desechada la referida probanza. Así se decide. (...)’, sin
explicar de que (sic) manera el titular de una cuenta bancaria podría
incurrir en la fabricación de una prueba al incluir una descripción en el pago
realizado, en este sentido, la Sala tampoco explica cómo debe proceder el
titular de una cuenta bancaria para incluir una descripción del pago realizado
sin incurrir en la fabricación de un medio de prueba y la violación del
principio de alteridad de la prueba. Si esta premisa se toma como cierta,
entonces todas las descripciones incluidas en las transferencias bancadas (sic)
constituirían medios privados que violan el principio de alteridad de la
prueba al verse bajo estudio en un proceso judicial. Lo mínimo que exige el
principio de la sana crítica es el pensamiento lógico, con lo cual durante la
valoración de la prueba antes de descartarla debía primero constatarse que EN
EFECTO LA TRANSFERENCIA FUE REALIZADA EXITOSAMENTE Y RECIBIDA POR EL ABOGADO
INTIMANTE RAMÓN ROJAS CARRASQUEL, pero por qué la Sala decide desechar la
prueba referida no tiene explicación alguna y lesiona el derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional en
donde se establece la garantía de una justicia imparcial e idónea ya que no hay
justificación para proceder de una manera con la parte intimante
y de otra manera con la parte intimada, en efecto, la valoración de los medios
de prueba está evidentemente parcializada en favor de la parte intimante, puesto que por una parte, la Sala fundamenta la
valoración de las pruebas documentales en un punto que no está en discusión (la
existencia del procedimiento arbitral) con la finalidad de evadir
pronunciarse sobre la existencia del consentimiento válido por parte del
intimado y la definición del valor de lo litigado, con lo cual crea un
vacío de razonamiento que luego ratifica de manera injustificada los
exorbitantes honorarios pretendidos por los intimantes
que jamás pudieran haber sido pactados antes del desarrollo del procedimiento
arbitral porque exceden la pretensión reclamada en el procedimiento arbitral”.
Que “…la Sala estima que cualquier comprobante de pago
promovido por la parte intimada constituye una fabricación de pruebas para su
propio beneficio sin pasar a considerar la evidente realidad que es central
para esta causa: los honorarios fueron cancelados apropiadamente por la
parte intimada, de allí la importancia de suministrar los comprobantes de pago.
En este orden de ideas, es notoria otra de las consideraciones de la Sala de
Casación Civil para valorar las pruebas promovidas por la parte intimada,
especialmente cuando expresa la siguiente:
‘(...) 3.- Marcado ‘C’ copia fotostática simple de comprobante
denominado ‘...Wire Transfer Services.
Outgoing Wire Transfer Request...’, contentivo de una transferencia a la cuenta N°
082500000022442, del Banco de Sabadell S.A., por la cantidad de treinta y cuatro
mil noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América con veintisiete
centavos (US$ 34.097,19) (sic), emitido por ‘...Wells Fargo...’. (Ver
folios del 60 al 63 de la pieza N° 1 del expediente).
Respecto al anterior
medio probatorio esta Sala observa que el mismo está redactado en idioma
inglés, sin que conste traducción al idioma castellano realizada por intérprete
público, lo cual resulta en una inobservancia de los artículos 183 y 185 del
Código de Procedimiento Civil, por cuanto en ‘...la realización de los actos
procesales sólo podrá usarse el idioma legal que es el castellano....’, siendo
que si se deben examinar ‘...documentos que no estén extendidos en el idioma
castellano, el Juez (sic) ordenará su traducción por un intérprete público y en
defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir
con fidelidad su contenido...’, por lo que al no estar extendida en idioma
castellano, o en su defecto traducida por intérprete público, resulta imposible
para esta Sala entrar a valorar la presente documental’ (...)”.
Que “[e]s oportuno preguntarse si realmente era imposible para
la Sala de Casación Civil dilucidar el contenido del comprobante de
transferencia en el idioma inglés y también por qué al resolver conocer el
fondo de la causa no decidió ordenar la traducción una (sic) simple
página de tanta importancia para la causa en análisis ya que es justamente una
prueba del pago de los honorarios realizado por la parte intimada. Podemos
apreciar de esta manera un patrón arbitrario para la valoración de la prueba
según el cual todas las pruebas promovidas por la parte intimante
son ‘consideradas fidedignas’ sin producir ningún silogismo jurídico, con lo
cual se evidencia la violación de la tutela judicial efectiva consagrada en el
artículo 26 de la Constitución Nacional en donde se establece la garantía de
una justicia imparcial e idónea” (Corchetes añadidos).
Que la sentencia de la Sala de Casación Civil “viola
flagrantemente la tutela judicial efectiva por no ser conforme a Derecho (sic),
puesto que dicha decisión no cumple con la aplicación de los artículos como el
2, 26 y 257 de la Constitución Nacional, que obliga al juez a interpretar las
instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución
del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente,
independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. Tal
aseveración tiene su fundamento firme, en la falta de análisis por parte de la
Sala de Casación Civil del propio libelo de demanda presentado por la parte intimante por ante el juzgado (sic) de Primera
Instancia Agraria de la Circunscripción judicial (sic) del Área
Metropolitana de Caracas, pues de haber hecho la consideración rigurosa habría
desestimado el recurso de casación interpuesto por los intimantes
al haber verificado la prescripción. En el texto del referido libelo podemos
apreciar lo siguiente: ‘...con el propósito de INTERRUMPIR LA
PRESCRIPCIÓN establecida en la Ley, sobre nuestro derecho a ejercer demanda
legítima de ‘Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales de
Abogados’...”.
Que “[e]n la referida declaración la parte intimante
confiesa, conviene y acepta la existencia de un lapso de prescripción que desea
interrumpir con la propia presentación del libelo de demanda y posterior
obtención de la copia certificada respectiva, a los fines de la correspondiente
inscripción en el Registro Público, lo cual RELEVÓ DE TODA OPOSICIÓN O
PRUEBA de la existencia de la prescripción confesada por la parte intimante, siendo que el artículo 1.400 del Código Civil
venezolano vigente, claramente contempla: ‘...Artículo 1.400.- La
confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato,
ante un Juez aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba...’ (...)”
(Corchetes añadidos).
Que “LA PROPIA PARTE INTIMANTE ASUMIÓ LA CARGA DE LA PRUEBA
EN LO REFERENTE A LA INTERRUPCIÓN DEL LAPSO DE PRESCIRPCIÓN (sic) ALUDIDO,
visto que el artículo 1.969 del mismo código (sic) le
impone la obligación de protocolizar el libelo de demanda con su
correspondiente orden de comparecencia para que pueda producir efectos interruptivos”.
Que “luego de efectuada la correspondiente protocolización, la
parte que intenta interrumpir la prescripción debe consignar y hacer constar en
autos la referida inscripción en el registro público, a los fines de
evidenciar, demostrar y probar que se interrumpió el lapso de prescripción de
acuerdo a los requisitos de la ley aplicable, COSA QUE NO SUCEDIÓ VISTO QUE
EN LOS AUTOS NO CORRE INSERTO EL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO REGISTRADO NI LA
SALA DE CASACIÓN CIVIL HACE MENCIÓN DE ELLO EN EL TEXTO DE SU SENTENCIA. De
esta manera, el alegato de prescripción por la parte intimada no era necesario,
comprobado cómo ha sido que la parte intimante RELEVÓ
a la parte intimada de oponerlo y ASUMIÓ LA CARGA de probar que
había interrumpido el lapso correspondiente, vista su expresa y propia
confesión en el libelo de demanda”.
Que “la sentencia objeto de revisión ni menciona ni se
pronuncia respecto a la confesión expresada en el libelo de la demanda y su
importancia como factor determinante en la resolución de la controversia, por
el contrario, sólo se pronuncia respecto a la falta de oposición de la
prescripción por parte de la representación de la parte intimada, sin tomar en
cuenta que la parte intimante había dejado sentado
que estaba transcurriendo el lapso de prescripción y debía ser interrumpido por
la propia parte accionante. En esta línea de pensamiento, mal podía pedírsele a
la accionada el cobro de honorarios y que asumiera la carga de probar esa
interrupción del lapso de prescripción, porque como se ha repetido
insistentemente en este escrito, la parte intimante
al momento de presentar su demanda ya estaba en cuenta del lapso de
prescripción y de la obligación que tenía de interrumpir el mismo para poder
hacer efectiva su acción de cobro, cosa que no sucedió pues tal lapso no se
interrumpió civilmente por demanda judicial, pese a la solicitud de la copia
certificada que debía traer a los autos ni por la citación del intimado”.
Que “la parte intimante en efecto
invirtió la carga de la prueba con su forma de proceder y que asumió la
obligación de interrumpir la prescripción que reconoce expresamente, cuando
afirma en su escrito de demanda que tal prescripción se encuentra en curso
(confesión y aceptación) y que necesita le sea expedida copia certificada del
libelo de demanda para proceder a su inscripción en el Registro Público
correspondiente para su interrupción judicial, siendo que, luego de tal
inscripción debió agregarla a los autos para que el sentenciador verificara tal
interrupción (carga probatoria), situación ésta que no sucedió, pues como ya
se describe en el presente escrito, no consta en el texto de la sentencia a
revisar ni en las actas procesales del expediente, la consignación en original
de la copia certificada de la demanda con su orden de comparecencia y la
correspondiente nota registral que acredite su inscripción en el Registro
Público correspondiente, teniendo como consecuencia que la sentencia de la Sala
de Casación Civil, deja de aplicar el contenido de los artículos 1.400 y 1.969
del Código Civil vigente”.
Que en “la decisión de la Sala de Casación Civil se dejan (sic)
de aplicar el contenido de los artículos 150 y 158 del Código de
Procedimiento Civil, en este sentido la sentencia parte del falso supuesto al
establecer que no hubo aceptación de la propuesta sin tomar en cuenta el
otorgamiento del instrumento poder y su ejercicio por la parte intimante, y por vía de consecuencia se viola el contenido
del artículo 12 y el numeral 5o del artículo 243, ambos del Código
de Procedimiento Civil, dejando de dictar una decisión expresa, positiva y
precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas
opuestas”.
Que “la Sala de Casación Civil, al NO explicar cómo se
produjo la aceptación tácita de una segunda propuesta de honorarios basada
en una estimación que de manera errada e ilegal pretende calcularse en (sic)
base al resultado final del procedimiento arbitral en lugar en (sic)
base al valor de lo litigado contradiciendo su propio
criterio para la estimación de honorarios), llegó a una conclusión INCORRECTA
fundamentada en una premisa jurídica equivocada, según la cual ignora el
contrato de honorarios aceptado tácitamente por la parte intimante
al inicio de la representación legal, mientras que de facto, establece
de manera errada el valor de lo litigado, permitiendo de esta manera que el
porcentaje reclamado por concepto de estimación de honorarios profesionales se
eleve injustificadamente al 30 % del monto final resultante del procedimiento
arbitral en lugar del 20 % del valor de lo litigado que se establece de acuerdo
a la ley al inicio del procedimiento arbitral cuando se produjo
efectivamente la contratación de representación legal por el hoy intimado, esto
demuestra que la suposición falsa existente en la sentencia cuya revisión se solicita,
es determinante en el ‘ratio decidendi’
expresado en el dispositivo de la sentencia por lo tanto invalida la
condenatoria de la misma”.
Que “la sentencia de la Sala de Casación Civil, contiene una
evidente inmotivación puesto que la referida sección
de la dispositiva no razona apropiadamente de dónde surge la astronómica y
desmesurada suma de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (US$ 1.120.000,00) como un monto aceptable o procedente
calculado en (sic) base al ‘valor de lo litigado’ como compensación
proporcional de acuerdo a las pruebas promovidas por la parte intimante ya que LOS VALORES PRETENDIDOS EXCEDEN EL
‘VALOR DE LO LITIGADO’ Y POR ENDE ESTÁN FUERA DE LA RAZÓN Y DE LA LEY”.
Que “la Sala de Casación Civil incurre en violación de la
tutela judicial efectiva por no haber indicado los motivos de hecho y Derecho (sic)
que sirvieron de base para el cálculo de la condena expresada en la
dispositiva, así como tampoco explicó apropiadamente cuál fue el monto que tomó
como referencia para definir ‘el valor de lo litigado’ conforme a su propio
criterio como hemos señalado ‘ut supra’, con lo cual no se
circunscribió como corresponde a lo alegado y probado en autos, violando así el
contenido del artículo 12 y los numerales 4o y 5o del
artículo 243, ambos artículos del Código de Procedimiento Civil, incumpliendo
también su obligación de dictar una decisión expresa, positiva y precisa con
arreglo a la pretensión de las partes y a las excepciones o defensas opuestas,
lo cual es determinante en el fallo cuya solicitud de revisión se propone en
este escrito, ya que la Sentencia (sic) de la Sala de Casación Civil
aumentó a un valor incongruente el monto estimado como procedente para el cobro
de honorarios a ejecutar sin motivación alguna y concediendo más de lo que
corresponde en estos casos AL ERRAR EN LA CORRECTA DELIMITACIÓN DEL VALOR DE
LO LITIGADO”.
Que “SOLICITAMOS a esta Honorable (sic)
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia proceda a
REVISAR CONSTITUCIONALMENTE la sentencia dictada en fecha tres (3) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023), por la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia”.
Que “SOLICITAMOS a esta Honorable (sic) Sala
Constitucional a tenor de lo dispuesto en el Parágrafo Primero (sic) del
artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, MEDIDA INNOMINADA DE SUSPENSIÓN
DE LA EJECUCIÓN de la sentencia dictada
en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto sea conocida y
resuelta la presente SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL”.
II
DE
LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El acto jurisdiccional cuya revisión se pretende es la decisión N°
670 dictada, el 3 de noviembre de 2023, por la Sala de Casación Civil de este
Máximo Tribunal, que declaró:
“PRIMERO: CON
LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por
los intimantes, contra la sentencia dictada
por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21
de diciembre de 2022, en consecuencia, CASA TOTAL y SIN
REENVÍO y se DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA del fallo
recurrido. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida
por la representación judicial de la intimada, contra la sentencia dictada por
el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en
fecha 20 de octubre de 2022, y en consecuencia se CONFIRMA EN LOS
TÉRMINOS EXPUESTOS de conformidad con lo dispuesto en la motiva de la
presente decisión. TERCERO: PROCEDENTE el derecho a
cobrar los honorarios profesionales de abogado de los ciudadanos TATIANA
MELISSA LAGUADO GONZÁLEZ y RAMÓN JOSÉ ROJAS CARRASQUEL, contra la
sociedad mercantil CONSULTEL, C.A., antes identificados. CUARTO:
SE CONDENA a la sociedad mercantil CONSULTEL, C.A., a
pagar a los ciudadanos abogados TATIANA MELISSA LAGUADO GONZÁLEZ y RAMÓN
JOSÉ ROJAS CARRASQUEL, la suma intimada ya señalada en este fallo, o la
cantidad que determine el tribunal de retasa, en caso de ser constituido. NO
SE HACE CONDENATORIA EN COSTAS a la intimada, dada la naturaleza
de este proceso, visto que las acciones de estimación e intimación de
honorarios profesionales de abogado, no se permite dicha condenatoria a ninguna
de las partes intervinientes, dado que no pueden generarse sucesivos
juicios intimatorios por el mismo concepto, pues se harían interminables los
procedimientos de esta índole, convirtiéndose en una condena perpetua. (Cfr. fallos de esta Sala Nros. RC-512,
del 9 de agosto de 2016. Exp. Nº 2015-770; RC-952,
del 15 de diciembre de 2016, Exp. Nº 2016-282; y,
RC-538, del 7 de agosto de 2017, Exp. Nº 2017-190).
Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVÍO la sentencia impugnada”.
Dicho fallo estuvo precedido de la siguiente motivación:
“-II-
CUESTIÓN DE DERECHO CON
INFLUENCIA DECISIVA SOBRE EL MÉRITO O CUESTIÓN JURÍDICA PREVIA
Primeramente es
necesario referir lo que esta Sala ha establecido de manera pacífica y
reiterada, en relación con la carga que tiene el formalizante
de atacar en forma previa o en primer término a cualquier otro particular del
juicio, la cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o
cuestión jurídica previa, en la cual se fundamente una sentencia, tal como
ocurre en este caso con la decisión recurrida, donde la alzada declaró
la prescripción de la acción. (Vid. sentencias N° RC-235, de fecha 10
de mayo de 2018, expediente N° 2017-406, caso: Virgilio Vieira Felipe,
contra Agregados y Premezclado La Ceiba, C.A., que ratifica lo establecido en
sentencia N° RC-504, de fecha 17 de septiembre de
2009, expediente N° 2007-900, caso: Chee Sam
Chang, contra Manuel Lorenzo Benítez González y otra, que refiere a
decisión Nº RC-306, de fecha 23 de mayo de 2008, expediente Nº
2007-904, caso: Representaciones Valeri Fashion F., C.A., contra las sociedades mercantiles
Administradora Alegría, C.A., y Centro Importador Abanico, C.A., que ratifica
el fallo Nº RC-824, de fecha 9 de diciembre de 2008,
expediente Nº 2008-095, caso: La Rinconada C.A., contra los ciudadanos Gladys Gubaira de Matos y otros).
En consecuencia, dado
que el juez basó su decisión, en una cuestión de derecho con influencia
decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, al considerar la
prescripción de la acción, y dado que esta, tiene fuerza suficiente
para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas
vinculadas al fondo o mérito de la controversia; esta Sala por consiguiente
conocerá de las denuncias contenidas en el escrito de formalización, si el
recurrente ataca con prioridad, dicho pronunciamiento previo de
derecho. Así se establece.
-III-
DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
DENUNCIA POR DEFECTO DE
ACTIVIDAD
ÚNICA DENUNCIA:
De conformidad con lo
dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil,
se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 243, ordinal 5°, eiusdem, por incurrir en el vicio
de incongruencia positiva, con base en la siguiente fundamentación:
(…Omissis…)
Para decidir la Sala
observa:
El formalizante
indica que el sentenciador de la recurrida suplió a la demandada en la defensa
perentoria de prescripción de la acción, por cuanto la misma había sido alegada
extemporáneamente en segunda instancia, y no en la contestación a la demanda,
como correspondía.
Agregó que la demandada
en su escrito de contestación ‘…luego de reconocer los servicios prestados por
nosotros como abogados, y el rotundo éxito obtenido en el procedimiento de
arbitraje comercial que motivó el cobro de éstos (sic) honorarios, sólo (sic) alegó (1)
la existencia de un contrato de servicios profesionales, (2) el pago de las
obligaciones pactadas y (3) la falta de cualidad de la parte actora…’, sin
señalar la defensa de prescripción de la acción.
Precisó que habiendo
resultado vencida la demandada en primera fase de jurisdicción, su contraparte
presentó ante la alzada el día 13 de diciembre de 2022, una diligencia donde
solicitó la declaratoria de prescripción de la acción propuesta conforme a lo
establecido en el artículo 1.982, numeral 2, del Código Civil.
Concluyó que hubo por
parte de la sentenciadora ad quem, una
sustitución en la parte demandada por cuanto indicó que la prescripción fue
alegada por la demandante en su escrito libelar como una ‘…defensa…’
procediendo a incluir a la misma en el thema decidendum de la causa, siendo que dicho señalamiento
en su libelo de demanda fue realizado a los solos fines de interrumpir la
prescripción, por lo que en modo alguno se habilitaba al sentenciador de la
alzada a declarar la procedencia de la defensa perentoria de prescripción de la
demandada, si esta no había sido invocada por la parte demandada en su
contestación al fondo de la demanda.
Por su parte la
representación judicial de la intimada, en su escrito de impugnación a la
formalización del recurso de casación, ver folio 253 de la pieza N° 1 del
expediente, señaló que ‘…si bien existe la falta de alusión [por el demandado]
a un régimen legal específico prescriptivo en la litiscontestación no suprime
el hecho de que la defensa perentoria pueda escudriñarse de las manifestaciones
de voluntad y el juez en razón al principio iura novit curia pueda determinar la norma aplicable al caso, en
la que comporta en el sub iudice una prueba de
haberse pagado (o, extinguido), la obligación, ergo, no puede entenderse como
una renuncia de los efectos de dicha defensa, ya que su invocación no exige
ritos o fórmulas sacramentales…’.
(…Omissis…)
Ahora bien a los fines
de determinar la procedencia o no de la denuncia aquí analizada, es necesario
traer a colación la parte correspondiente de la sentencia recurrida, la cual no
ha sido transcrita previamente en el presente fallo, y por razones de economía
procesal no se transcribirá nuevamente; en este sentido, precisó la
jueza ad quem, que antes de proceder a
analizar el fondo del asunto controvertido, procedería a resolver como punto
previo la prescripción de la acción, indicando que existe ‘…una defensa opuesta
por la parte actora, en su libelo de demanda, referida a la prescripción de la
acción, toda vez que alegó, no había pasado más de dos (2) años, para reclamar
honorarios, según el artículo 1.982 numeral 2º del Código Civil…’.
Señaló que en el
presente caso la parte demandada, en su escrito de contestación de la demanda,
alegó ‘…la extinción de su obligación de pago con la parte actora por concepto
de pago por servicios de honorarios profesionales de abogado, a tenor de lo
previsto en el artículo 1282 (sic) y 1287 (sic) del Código Civil…’.
Agregó la sentenciadora
de la alzada que el demandante en su escrito libelar alegó que ‘…interrumpió la
prescripción mediante cobranza extrajudicial efectuada por la Notaría Pública
Octava del Municipio Autónomo Chacao, estado Miranda, en fecha seis (06) de
marzo de 2020…’, fecha anterior a que se cumplieran dos años desde que se dictó
el addendum del laudo arbitral de fecha 8
de marzo de 2018, siendo que posteriormente las partes del juicio arbitral,
entre la que se encuentra la intimada en la presente causa, suscribieron una
transacción en fecha 17 de enero de 2019, fecha esta última posterior al laudo
y que ‘…debe tenerse en cuenta para comenzar a contar el tiempo a partir del
cual se contarían el lapso de prescripción previstos (sic) en el artículo
1982 (sic), lapso éste (sic) último que fuera el que
interrumpieron con cobranza extrajudicial que realizaron)…’.
Precisó la jueza de la
recurrida que cuando la parte actora realizó una cobranza extrajudicial, a
través de notaría pública el día 6 de marzo de 2020, dicha fecha se debe tener
como inicio del cómputo para determinar la procedencia o no de la prescripción
de la presente acción, de conformidad con lo pautado en el artículo 1.969 del
Código Civil.
Finalmente la juzgadora
de alzada constató que la parte demandada se dio por citada en el proceso, el
día 19 de septiembre de 2022, concluyendo que habían transcurrido dos (2) años,
cinco (5) meses y veintiún (21) días desde el 6 de marzo de 2020, período de
tiempo que supera el lapso legal de prescripción dispuesto en el artículo 1.982
del Código Civil, ya que, a su decir, es notorio que ‘…por Resolución Nro.
05-2020, del 5 de octubre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, acordó la reanudación de las actividades de los
tribunales de la jurisdicción civil a nivel nacional, lo que se traduce, que
podía perfectamente realizarse actuaciones en los distintos tribunales del
país, sin impedimento alguno inclusive a través de los medios telemáticos…’.
En este sentido, observa
esta Sala que no se hallan en correspondencia lo efectivamente peticionado por
las partes en la presente acción de estimación e intimación de honorarios
profesionales de abogado, con lo realmente conocido por la juzgadora de la
alzada al momento de dictar su pronunciamiento relativo a la prescripción, en
este sentido se observan de las actas del expediente las siguientes
actuaciones:
Primeramente consta en
el escrito libelar interpuesto en fecha 5 de marzo de 2020, ver folios 2
al 20, y sus vueltos, de la pieza N° 1 del expediente, que dentro de sus
fundamentos, los intimantes hicieron algunas
disquisiciones referentes a su interposición a los fines de interrumpir la
prescripción en la presente acción, de la siguiente forma:
‘…Nosotros, TATIANA
MELISSA LAGUADO GONZÁLEZ y RAMÓN JOSÉ ROJAS CARRASQUEL, (…) actuando
en nuestro propio nombre y representación, comparecemos ante usted con
fundamento en lo pautado en el artículo 1.969 del Código Civil
venezolano, en concordancia con lo previsto en los artículos 1.967 y 1.982 eiusdem, a los fines de interponer demanda de ESTIMACIÓN E
INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, PARA RATIFICAR ASÍ CADA UNA
DE LAS ACTUACIONES DE COBRANZA EXTRAJUDICIALES QUE HEMOS REALIZADO CONTRA LA
DEMANDADA, CON EL PROPÓSITO DE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN establecida en la
Ley (sic),
sobre nuestro derecho a ejercer demanda legítima de ‘Estimación e Intimación (sic)
de Honorarios (sic) Profesionales (sic) de Abogados (sic)’, con fundamento en el
artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 40 del
Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano (…), contra la
Sociedad Mercantil (sic) ‘CONSULTEL, C.A.’, (…).
I
PUNTOS PREVIOS:
1.- De la Prescripción (sic):
(…Omissis…)
En el caso que nos
ocupa, no hay duda que a pesar de que el Laudo (sic) Arbitral (sic) Final (sic)
fue dictado en fecha Quince (sic) (15) de enero de 2018, con posterior Addendum (sic) del Laudo (sic) Arbitral (sic)
Final (sic) del Ocho (sic) (08) de Marzo (sic) de
2018, las partes, es decir, ‘CONSULTEL’ y ‘TEIXEIRA
DUARTE’, de común y voluntario acuerdo, sustituyeron la Experticia (sic)
Complementaria (sic) del Fallo (sic) ordenada en
dicho Laudo (sic) Arbitral (sic) Final (sic),
mediante la Autocomposición (sic) Procesal (sic), es
decir mediante ‘TRANSACCIÓN’, por la cual éstas (sic) se pusieron
de común acuerdo para lograr un cumplimiento voluntario del laudo arbitral de
la Parte (sic) Perdidosa (sic) o Vencida (sic):
‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.’, obteniendo así
‘CONSULTEL’ un pago total de CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (US$ 4.000.000,00); todo a los fines de evitar la EJECUCIÓN
FORZOSA, así como futuras reclamaciones que estaban ya causándose, lo cual
concluyó con la suscripción de varios acuerdos privados, y que fueron agregados
conjuntamente por las partes (‘CONSULTEL’ y ‘TDEC’) al señalado expediente
arbitral Nro. CA01-A-2016-000004, en fecha VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2019, y
notificado a todas las partes y sus abogados en fecha Jueves (sic)
VEINTESEIS (sic) (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019, mediante correo
electrónico enviado por el (C.A.C.C.), los cuales adjuntamos al presente
escrito en copias certificadas con las letras ‘C’, ‘D’ y ‘E’, respectivamente;
para que surtan los efectos legales probatorios pertinentes establecidos en el artículo
429 eiusdem, lo cual explicaremos más detalladamente
en el siguiente capítulo. Fecha esta última que debe tenerse como cierta para
el inicio del cómputo del lapso de prescripción de nuestra demanda por
Honorarios Profesionales (sic) (…).
(…Omissis…)
Del escrito
anteriormente transcrito, se observa que los intimantes
procedieron a interponer la presente demanda por ante el Juzgado de Primera
Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas y estado Bolivariano de Miranda, a los fines de la interrupción de la
prescripción prevista en el ordinal 2° del artículo 1.982 del Código Civil,
fundamentándose en los artículos 1.967 y 1.969 eiusdem,
siendo dicho tribunal incompetente por la materia como efectivamente señalan los
actores intimantes, solicitándole que posteriormente
le remita dicha demanda al juzgado civil competente, siendo en efecto remitido
y admitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, mediante auto de fecha 9 de febrero de 2021, ver folios 32 y 33 de
la pieza N° 1 del expediente.
De esta manera, sus
alegatos se circunscriben a la interrupción de la prescripción para el momento
de la interposición de la demanda de estimación e intimación de honorarios
profesionales, desde el momento en que fue suscrita por la demandada, con su
contraparte en el juicio arbitral, la transacción señalada ‘…a los fines de
evitar la EJECUCIÓN FORZOSA, así como futuras reclamaciones que estaban ya
causándose, lo cual concluyó con la suscripción de varios acuerdos privados, y
que fueron agregados conjuntamente por las partes (‘CONSULTEL’ y ‘TDEC’) al
señalado expediente arbitral Nro. CA01-A-2016-000004, en fecha VEINTE (20) DE
SEPTIEMBRE DE 2019, y notificado a todas las partes y sus abogados en fecha
Jueves (sic) VEINTESEIS (sic)
(26) DE SEPTIEMBRE DE 2019, mediante correo electrónico enviado por el
(C.A.C.C.)…’.
De igual manera, es
conveniente traer a colación lo indicado por la representación judicial de la
empresa intimada en su escrito de contestación a la demanda, ver folios 52 al
55 de la pieza N° 1 del expediente, lo cual es del tenor siguiente:
‘…En primer lugar,
rechazamos de manera absoluta y radical los dichos, aseveraciones y
pretensiones mostradas por los colegas intimantes en
este proceso pues los hechos ciertos ocurridos, los plasmamos así: En fecha 28
de enero de 2016, fue suscrito entre nuestra representada, Sociedad (sic) Mercantil (sic)
CONSULTEL, C.A., plenamente identificada en autos, un Contrato (sic)
de Prestación (sic) de Servicios (sic) Profesionales (sic)
y el Ciudadano (sic) colega Ramón Rojas Carrasquel,
(…) quien aparece como uno de los demandantes en el presente proceso, anexo al
presente Escrito (sic) marcado ‘A’, Contrato (sic) en el cual se
describieron las actuaciones, alcance y monto de honorarios profesionales por
la defensa, tramitación, preparación de escritos y conclusión únicamente de Procedimiento
(sic) Arbitral (sic) entre la empresa
‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES (sic) S.A.’, (…) y ‘CONSULTEL,
C.A.’; procedimiento contenido en el Expediente (sic) signado
con el N° CA01-A-2016-00004. Efectivamente, Ciudadano (sic) Juez (sic),
se llegó a un acuerdo de pago con la Empresa (sic) ‘TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUCOES (sic) S.A.’, el cual fue incorporado al Exp. ya identificado, como Acuerdo
(sic) de Cumplimiento (sic) Voluntario (sic) del Laudo (sic)
Arbitral (sic) dictado y publicado en fecha 15 de enero de 2018, y su respectivo
Addendum (sic) de fecha 08 (sic) de
marzo del mismo año. El monto de dicho Acuerdo (sic) alcanzó la
suma de Seiscientos (sic) Ochenta (sic) y
Un (sic) Mil (sic) Novecientos (sic) Cuarenta
(sic) y Tres (sic) Dólares (sic) con
74 céntimos ($ 681.943,74) mas (sic) una cantidad en
Bolívares (sic) de Tres (sic) Millones (sic)
Ciento (sic) Noventa (sic) y Nueve (sic)
Mil (sic) Trescientos (sic) Dieciséis (sic)
con 37 céntimos (Bs. 3.199.316,37).
Es cierto que dicha
decisión favoreció en su totalidad a la pretensión arbitral habida en ese
proceso y que fuera llevada judicialmente por el colega contratado para tal
fin, Ramón Rojas Carrasquel y su equipo, conformado,
según dice la propia letra del citado Contrato, por un grupo de profesionales
especializados en Arbitraje (sic) Comercial (sic) y/o de Inversión (sic) ante
diferentes Órganos (sic) arbitrales.
Ahora bien, Ciudadano (sic) Juez (sic),
la inconformidad y desacuerdo total de nuestro representado, ya identificado,
se manifiesta cuando la parte actora pretende cobrar la astronómica y
equivocada suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOLARES (sic)
AMERICANOS ($. 1.200.000,00), por concepto de honorarios
profesionales de abogados, calculados en un 30 % del monto condenado a pagar
por el tema arbitral, queriendo llevar el alcance del (sic) de su
contratación única al beneficio de de (sic) la conclusión final
obtenida. En primera línea, se desnaturaliza el principio de autonomía de la
voluntad de las partes expresada en el aludido Contrato (sic) de
Prestación (sic) de Servicios (sic) Profesionales (sic),
suscrito en fecha 28 de enero de 2016, donde se estableció como pago de
honorarios profesionales un monto del 20 % sobre la cantidad reclamada mediante
el ya tantas veces referido pronunciamiento arbitral; es decir, el 20 % de la
suma de $ 681.943,74.
Sin embargo, aclarado el
punto anterior, le precisamos con mediana claridad Ciudadano (sic) Juez (sic),
que todos los Honorarios (sic) por Servicios (sic) Profesionales (sic)
de Abogados (sic), referentes al Laudo (sic) Arbitral (sic)
contenido en el Exp. N° CA01-A-2016-000004, ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (C.A.C.C.), fueron cubiertos en
extremo, lo que le reseñamos de la siguiente manera:
(…Omissis…)
Así las cosas, desde el
punto de vista jurídico, nuestra representada, ya identificada, está en la
total y absoluta capacidad de comprobar el hecho extintivo de su obligación de
pago (pagos efectuados), de conformidad con lo establecido en el contenido de
los artículos 1282 (sic), 1287 (sic) y siguientes del Código Civil y además
aun desde el punto de vista obligacional, si se tratara de una deuda de las
llamadas ‘Solidarias’, la misma fue pagada con quien se contrató y éste estará
sujeto a evicción o a repetición por parte de quien considere que no se la ha
cancelado, siempre y cuando demuestre su condición de acreedor con la
obligación exigida. De tal forma ha quedado claro por una parte, que nuestra
representada no adeuda cantidad alguna por concepto de honorarios profesionales
que se refieran a la Causa (sic) llevada bajo el Exp.
N° CA01-A-2016-00004, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas
(C.A.C.C.), y por otra parte, desde el punto de vista contractual, se encuentra
también en el pleno derecho de exigir el reembolso señalado de manera expresa
en el Contrato (sic) de marras.
Por todas las
consideraciones de hecho y de derecho acá expuestas, es por lo que pedimos a
este honorable Tribunal (sic) se sirva declarar que la parte actora no tiene cualidad
para el cobro de los honorarios profesionales pretendidos de manera inequívoca
en este proceso y así pedimos sea decidido en su oportunidad legal. Por último,
pedimos que el presente Escrito (sic) de Contestación (sic) sea
admitido, sustanciado y declarado con lugar con todos los pronunciamientos de
ley a que haya lugar…’. (Resaltado de la transcripción).
Ahora bien, esta Sala
advierte que del escrito de contestación consignado por la intimada recurrente,
sus defensas se centran respecto al pago de la obligación de honorarios
profesionales demandados así como a la indicación de que ‘…la parte actora no
tiene cualidad para el cobro de los honorarios profesionales pretendidos…’, sin
que conste en dicho escrito alguna defensa dirigida a la prescripción de la
acción ejercida por parte de los intimantes, ni
tampoco se pueda inferir de los alegatos realizados, alguno dirigido a plantear
dicha prescripción extintiva.
Así pues, no es sino una
vez decidida la causa en primera instancia y oída la apelación interpuesta por
la representación judicial de la intimada, cuando en fecha 13 de
diciembre de 2022, ver folio 171 de la pieza N° 1 del expediente, dicha
representación solicitó mediante diligencia ‘…la Declaratoria (sic) de Prescripción
(sic) de la Acción (sic) propuesta conforme a lo establecido en
el artículo 1982 (sic) en su numeral 2 del Código Civil venezolano, que
establece el tiempo de dos (2) años para la Prescripción (sic) de este
tipo de obligaciones…’.
En este sentido, esta
Sala observa que en el presente caso, tal como se indicó en
párrafos supra, la sentenciadora ad quem procedió
declarar la prescripción de la acción en el presente caso por cuanto consideró
que desde el momento en que la parte intimada fue notificada a través de
notaría pública del cobro extrajudicial de los honorarios profesionales
demandados, es decir, el día 6 de marzo de 2020, hasta el momento
en que la empresa intimada se dio por citada en el caso de autos, es decir, el
día 19 de septiembre de 2022, habían transcurrido dos (2) años,
cinco (5) meses y veintiún (21) días, con lo cual se superaba el período de
tiempo de prescripción breve dispuesto en el artículo 1.982 del Código Civil;
sin embargo, no se observa que dichas consideraciones hayan sido alegadas por
parte de los intimantes al momento de interponer la
presente acción, es decir el día 5 de marzo de 2020, ni tampoco fue
efectivamente señalado en ningún momento por parte de la intimada al contestar
la demanda, ya que no realizó mención alguna, o a sus consecuencias, de la
defensa perentoria de prescripción de la acción.
De esta manera
resulta claro para esta Sala, que la prescripción de la acción no fue una
defensa perentoria opuesta en la oportunidad prevista por la ley para ello,
como lo era en la oportunidad de contestación a la demanda, por lo cual no le
estaba dado a la sentenciadora ad quem el
análisis de situaciones ocurridas posterior al momento de la presentación de la
demanda, que no formaban parte del thema decidendum de las partes, a la vez que tampoco
ostentan carácter de orden público, esto por cuanto la prescripción es una
defensa que debe ser alegada por la parte interesada de conformidad con lo
previsto en el artículo 1.956 del Código Civil ya que la jueza ad quem ‘…no puede suplir de oficio la prescripción no
opuesta…’.
(…Omissis…)
Así la prescripción
extintiva debe ser alegada como una defensa de fondo, siendo únicamente posible
oponerla en la oportunidad de contestación a la demanda, o en la reconvención
de ser el caso, por lo que una vez vencido el lapso para contestar la demanda o
la reconvención, sin que se hubiese alegado la prescripción no puede
solicitarse posteriormente a dicha etapa procesal, por cuanto de lo contrario
se vulneraría el derecho de defensa de la parte contraria al no poder hacer la
contraprueba de la prescripción.
Dichos criterios han
sido reiterados por esta Sala mediante sentencia de reciente data N° 375, de
fecha 12 de agosto de 2022, caso: Nelson Eduardo Suárez
Díaz, contra Carmen Alejandrina Suárez, Exp.
N° 2021-359.
En este orden de ideas
en el caso de marras se observa que efectivamente la ad quem se extralimitó en el conocimiento de la presenta (sic) causa
incurriendo en el vicio de incongruencia positiva, cuando procedió a discutir
un alegato extemporáneo de la accionada sobre la prescripción que no fue hecho
en la oportunidad legal para ello; de tal manera que la prescripción no formaba
parte del tema a decidir en la presente causa, en especial por cuanto el motivo
por el cual fue declarada la procedencia de la prescripción, acaeció
posteriormente al ejercicio de la demanda por parte los intimantes
y no tiene relación con los puntos referidos a la interrupción de la
prescripción alegados en su escrito libelar, ni fue señalado por la parte
intimada en su escrito de contestación a la demanda.
En consecuencia, esta
Sala de Casación Civil, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados
criterios doctrinales y jurisprudenciales que ad exemplum fueron
señalados con anterioridad en este fallo, observa que se verifica en el
presente caso un vicio de incongruencia positiva en la
actividad juzgadora de la sentenciadora de alzada, en específico cuando suple
de oficio los argumentos dirigidos a la prescripción de la acción sin que los
mismos hayan sido alegados por la intimada en la oportunidad preclusiva de contestación a la demanda, por lo que
obligatoriamente se conduce a esta Sala a establecer la violación del ordinal
5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y, en consecuencia,
la procedencia de la presente denuncia, por lo que se abstiene
de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de
formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así
se decide.
En consideración de todo
lo antes expuesto y ante la detección del anterior vicio, que presenta la
sentencia de la alzada, revisada por esta Sala, se CASA TOTAL y SIN
REENVÍO, en consecuencia se DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA y
pasa a decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y
excepciones, analizando y apreciando las pruebas, conforme al nuevo
proceso de casación civil, en los siguientes términos:
-IV-
DE LA SENTENCIA DE
MÉRITO
PUNTO PREVIO. De la
falta de cualidad de los intimantes
En la oportunidad de dar
contestación a la acción por estimación e intimación de honorarios
profesionales de abogado, la intimada indicó que ‘…la parte actora no tiene
cualidad para el cobro de los honorarios profesionales pretendidos de manera inequívoca
en este proceso y así pedimos sea decidido en su oportunidad legal…’.
En este sentido, resulta
conveniente traer a colación el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil,
el cual dispone lo siguiente:
(…Omissis…)
De conformidad con la
norma anteriormente transcrita, se tiene que para interponer una demanda debe
tener el actor de la acción un interés jurídico actual, en este sentido es
criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
plasmado en sentencia de fecha 22 de julio de 1999, y recogida por esta Sala de
Casación Civil en fallo N° 118, de fecha 23 de abril de 2010, caso: Jorge
Enrique Contreras Pabón, contra Aura Stella Contreras
de Romero y otros, en torno a la cualidad o interés jurídico de una
persona para instaurar una demanda judicial, ha sostenido que la legitimatio ad procesum o
capacidad procesal, pertenece a toda persona física o moral que tiene capacidad
jurídica o de goce; en otras palabras, a aquellas que tienen el libre ejercicio
de sus derechos, la legitimatio ad causam o cualidad, apunta a la instauración del
proceso entre quienes se encuentran frente a la relación material o interés
jurídico controvertido como contradictores; cuestión esta que única y
exclusivamente puede dilucidarse en la sentencia de mérito, conforme a
los términos del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil .
(…Omissis…)
En el caso de marras,
esta Sala observa que en efecto, tal como se verifica del escrito libelar, el
cual corre inserto en los folios 2 al 20, y sus vueltos, de la pieza N° 1 del
expediente, los abogados intimantes Tatiana Melissa Laguado González y Ramón
José Rojas Carrasquel, solicitaron la estimación e
intimación de honorarios profesionales causados ‘…en virtud de las actuaciones
jurídicas que llevamos a cabo en nuestro carácter de apoderados de ‘CONSULTEL’,
tal como se demuestra de los Instrumentos (sic) Fundamentales (sic) de
la demanda que anexamos al presente escrito en copias
certificadas, (…) y cuya acreditación se deriva del Instrumento (sic)
Poder (sic) que nos fuera otorgado por ‘LA INTIMADA’, (…) que
corresponden a las actuaciones que reposan en el Procedimiento (sic) de
Arbitraje (sic) que iniciamos el día Dieciocho (sic) (18) de
Abril (sic) de 2016, y que cursó por ante el Tribunal (sic)
Arbitral (sic) constituido en el ‘Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas’, (…) signado bajo el No. de Expediente (sic) Nro.
CA01-A-2016-000004…’.
Asimismo la
representación judicial de la intimada, en su escrito de contestación a la
demanda, ver folios 52 al 55 de la pieza N° 1 del expediente, señaló que ‘…la
inconformidad y desacuerdo total de nuestro representado, ya identificado, se
manifiesta cuando la parte actora pretende cobrar la astronómica y equivocada
suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOLARES (sic) AMERICANOS
($. 1.200.000,00), por concepto de honorarios profesionales de
abogados, calculados en un 30 % del monto condenado a pagar por el tema
arbitral, queriendo llevar el alcance del (sic) de su contratación única
al beneficio de de (sic) la conclusión final obtenida. En primera línea,
se desnaturaliza el principio de autonomía de la voluntad de las partes
expresada en el aludido Contrato (sic) de Prestación (sic) de
Servicios (sic) Profesionales (sic), suscrito en fecha 28 de
enero de 2016, donde se estableció como pago de honorarios profesionales un
monto del 20 % sobre la cantidad reclamada mediante el ya tantas veces referido
pronunciamiento arbitral; es decir, el 20 % de la suma de $ 681.943,74…’.
En caso de marras, según
consta tanto del escrito libelar como en la contestación a la demanda, los intimantes reclaman el pago de los honorarios profesionales
generados en un juicio arbitral en representación de la sociedad mercantil hoy
intimada, el cual concluyó con un laudo arbitral definitivo, lo cual no fue
contradicho por la intimada sino que su disconformidad con la pretensión de los
actores se circunscribe principalmente respecto al monto de lo que pretenden
sea cancelado, admitiendo asimismo que ‘…dicha decisión favoreció en su
totalidad a la pretensión arbitral habida en ese procesos (sic) y que fuera
llevada judicialmente por el colega contratado para tal fin, Ramón Rojas Carrasquel y su equipo…’, de esta manera puede observar
esta Sala que efectivamente se constata en el caso de marras que los intimantes se afirman como los titulares del derecho de
cobro de unos honorarios profesionales adeudados, lo cual indudablemente fue
admitido por la intimada, configurándose su legitimación activa, asimismo la
intimada corresponde con la persona contra la cual se ejerce la pretensión para
la constitución; en virtud de lo anteriormente reseñado se debe declarar la
improcedencia de la defensa perentoria de falta de cualidad, realizada por la
representación judicial de la intimada. Así se decide.
DEL FONDO DE LA CAUSA
ALEGATOS DE LAS PARTES:
En su libelo de la
demanda los intimantes expresaron lo siguiente:
1.- Primeramente
señalaron que son acreedores de unos honorarios profesionales de abogados
derivados de sus actuaciones como apoderados de la sociedad mercantil
CONSULTEL, C.A., por ante el tribunal arbitral constituido en el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC) (sic), en específico en el expediente llevado
ante ese órgano arbitral, identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004,
correspondiente a la causa seguida por la referida empresa en contra de la
sociedad mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A.
2.- Indicaron que no
tuvieron éxito en haber obtenido el pago voluntario por parte de la intimada
desde el momento en que obtuvieron el laudo arbitral final y el addendum del mismo, a favor de su entonces
representada.
3.- Alegaron que
lograron la victoria para la intimada mediante una condenatoria a su favor no
solamente ‘…del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto demandado en moneda
extranjera (Dólares de los Estados Unidos de América) señalados
en los puntos CUARTO y QUINTO de la PARTE DISPOSITIVA DEL LAUDO ARBITRAL FINAL, que
alcanzó un total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (US$
681.943,74); sino que también se condenó a (…) pagar los respectivos
intereses moratorios indicados en el punto SÉPTIMO del referido Laudo (sic), para lo
cual se ordenó la práctica de una ‘Experticia Complementaria (sic) del
Fallo (sic)…’.
4.- Que respecto a los
intereses moratorios fue acordada entre las partes del proceso arbitral una
transacción para lograr el cumplimiento voluntario del laudo arbitral final,
obteniendo la intimada con la misma ‘…un pago total de CUATRO MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 4.000.00,00)…’.
5.- Precisaron que
estimaron en (sic)
sus honorarios profesionales en un treinta por ciento (30 %) sobre el valor de
lo litigado ‘…QUE EN ESTE CASO NO SOLO INCLUYE EL MONTO ORDENADO A PAGAR
POR EL TRIBUNAL ARBITRAL A ‘TDEC’, SINO TAMBIÉN LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA
DEL FALLO, LA CUAL COMO YA SE DIJO NO SE ´PRACTICÓ AL SER SUSTITUIDA
VOLUNTARIAMENTE POR LAS PARTES) ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE CUATRO MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 4.000.00,00)…’.
6.- Solicitan que sus
honorarios profesionales ‘…sean condenados a pagar y así sean debidamente
cancelados por ‘LA INTIMADA’ en dólares de los Estados Unidos de América, toda
vez que el Contrato (sic) de Obra (sic) que dio origen al
Arbitraje (sic) fue pactado en esa moneda, e igualmente los pagos
recibidos por ‘LA INTIMADA’ de parte de ‘TEDC’ fueron en dólares americanos…’.
7.- Indicaron que el
procedimiento arbitral que siguieron inició en fecha 18 de abril de 2016,
mediante la presentación de la solicitud de arbitraje en contra de la sociedad
mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A.
8.- Señalaron las
actuaciones arbitrales de las cuales solicitan su intimación conjuntamente con
su valor, correspondiendo a las siguientes:
‘…1. Por el
estudio del caso, específicamente de la revisión de la extensa
totalidad de los recaudos que serían consignados por nuestra representación
como documentos fundamentales del Escrito Libelar (sic), con la
intención de emitir una opinión preliminar encaminada a determinar la
estrategia procesal a seguir, la cual como hemos indicado y se demuestra de las
copias certificadas nos permitió lograr el objetivo de ganar la demanda
arbitral, esta representación judicial estima e intima sus
honorarios en la cantidad de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CON 00/100 (US$ 100.000,00).
2. De igual modo,
nuestras actuaciones reposan en el Expediente (sic) número CA01-A-2016-000004 de
la nomenclatura del CENTRO DE ARBITRAJE LA CÁMARA DE CARACAS (C.A.C.C.),
discriminadas así:
Pieza I del Expediente (sic)
(Identificada como Pieza (sic) I de las Copias (sic) Certificadas
(sic) Solicitadas) (sic), marcado como Anexo (sic)
‘F’:
●
Libelo contentivo de la Solicitud (sic) de Arbitraje (sic): (Folios del 1
al 13 del expediente), marcado como Anexo (sic) ‘F1’,
por el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 250.000,00).
Piezas IV y V del
Expediente (sic) (Identificada como Pieza (sic) X de las
Copias (sic) Certificadas (sic) Solicitadas) (sic),
marcado como Anexo (sic) ‘G’:
●
Diligencia suscrita por la abogado Tatiana Laguado
solicitando prórroga de tres (3) días hábiles para consignar juegos de copias (Folio 1445),
marcado como Anexo (sic) ‘G1’, por la cual esta representación estima los
honorarios profesionales en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 10.000,00), lo cual fue acordado
mediante correo del CACC otorgando prórroga (Folios (sic) 1446 al 1448).
●
Diligencia suscrita por la abogado Tatiana Laguado
solicitando copia certificada de todo el expediente: (Folios 1449 al 1451),
marcado como Anexo (sic) ‘G2’, por la cual esta representación estima los
honorarios profesionales en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 10.000,00).
●
Primer Escrito (sic) de Reforma (sic) de la Solicitud
(sic) de Arbitraje (sic) (Folios 1452 al 1467), marcado como Anexo (sic)
‘G3’, por el cual esta representación estima los honorarios
profesionales en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 250.000,00), lo cual fue acordado
y se evidencia de la comunicación del CACC aceptando la Reforma (sic) (Folios
(sic) del 1468 al 1470); de la
constancia y notificaciones del CACC (Folios (sic) 1471 al 1473) y (Folio 1476); y de la Notificación (sic)
del CACC (Folios (sic) del 1520 al
1526).
●
Correo enviado por el abogado Ramón Rojas al CACC, mediante el
cual anexa depósito bancario correspondientes (sic) a los
honorarios de los árbitros en nombre de ‘CONSULTEL’, y pide igualmente,
aclaratoria sobre la discrepancia que existe entere (sic) letras y
números, en el renglón ‘Total de honorarios del Presidente (sic)
Tribunal (sic) Arbitral (sic)’ (Folios (sic) 1540 al 1543), marcado
como Anexo (sic) ‘G4’; por el cual esta
representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de DIEZ
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 10.000,00).
●
Actuación del abogado Ramón Rojas al Árbitro (sic) seleccionado ((sic) 1555 al 1561),
marcado como Anexo (sic) ‘G5’, por el
cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
10.000,00).
Pieza V del Expediente (sic)
(Continuación) (Identificada (sic) como Pieza (sic) XII de las Copias (sic)
Certificadas (sic) Solicitadas) (sic), marcado como
Anexo (sic) ‘H’:
●
Segunda Reforma (sic) de la Solicitud (sic) de
Arbitraje (sic) (Folios (sic) del
1799 al 1824), marcado como Anexo (sic) ‘H1’, por la
cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100
(US$ 200.000,00). Al respecto dicha aceptación de la Segunda (sic) Reforma (sic) a la Solicitud (sic)
de Arbitraje (sic) consta de los (sic) (Folios (sic) del (sic) 2691,
2695 y 2696 y sus vueltos).
Pieza VIII del
Expediente (sic) (Identificada como Pieza (sic) XX de las
Copias (sic) Certificadas (sic) Solicitadas) (sic),
marcado como Anexo (sic) ‘I’:
●
Correo del abogado Ramón Rojas (Folios (sic) del 2849 al 2852),
marcado como Anexo (sic) ‘I1’; por
el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
10.000,00).
●
Réplica a la Impugnación (sic) de ‘TDEC’ (Cursante a los
folios del 2855 al 2863), marcado como Anexo (sic) ‘I2’;
por el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la
cantidad de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
00/100 (US$ 50.000,00).
Pieza XII del Expediente
(sic)
(Identificada como Pieza (sic) XXI de las Copias (sic)
Certificadas (sic) Solicitadas) (sic), marcado como
Anexo (sic) ‘J’:
●
Acta de Misión (sic) emanada del Tribunal (sic)
Arbitral (sic), de fecha 05-12-2016 (Folios del 3639 al 4381), marcado (sic) como Anexo
(sic) ‘J1’; de la cual se evidencia la firma estampada de
puño y letra de la abogado Tatiana Laguado, quedando
demostrada su asistencia presencial a dicho acto, por el cual esta
representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de DIEZ
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 10.000,00).
●
Escrito de Promoción (sic) de Pruebas (sic) de Consultel (Folios del 4338 al 4377) y Copia (sic) del poder
(Folios (sic) 4378 (sic) 4381 y sus vueltos si los hubiere),
marcados como Anexos (sic) ‘J2’ y ‘J3’; por
el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
100.000,00).
Pieza XIV del Expediente
(sic)
(Identificada como Pieza (sic) XXII de las Copias (sic) Certificadas
(sic) Solicitadas) (sic), marcado como Anexo (sic)
‘K’:
●
Escrito suscrito por los abogados Ramón Rojas y Tatiana Laguado ratificando el Escrito (sic) de Pruebas (sic) (Folios del
5375 al 5380), marcado como Anexo (sic) ‘K1’, por
el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
30.000,00).
●
Acta de Audiencia (sic) de Designación (sic) de Expertos (sic) (Folios 5.422 (sic)
y 5.423 (sic)), de la cual se evidencia la firma estampada de puño y
letra de la abogado Tatiana Laguado, quedadnos (sic)
demostrada su asistencia presecial (sic) a
dicho acto, marcada como Anexo (sic) ‘K2’; por
el cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
10.000,00).
●
Escrito suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón Rojas, mediante el cual ratifican al experto WILLIAN ALFONSO COVA y se
oponen a la designación del experto OSCAR JOSÉ LOVERA PEÑALOSA, promovido por
TDEC (Folios
(sic) 5484 al 5486),
marcado como Anexo (sic) ‘K3’; por el cual
esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de VEINTE
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 20.000,00).
Pieza XVII del
Expediente (sic) (Identificada como Pieza (sic) XXIII de
las Copias (sic) Certificadas (sic)
Solicitadas) (sic), marcado como Anexo (sic)
‘L’:
●
Acta de Inspección (sic) Ocular (sic) suscrita por la
abogado Tatiana Laguado, de fecha 23 de Febrero (sic) de 2017,
(Folios (sic) 5499 al 5505) y Escrito (sic) de
Observaciones (sic) a la Inspección (sic) Judicial (sic)
promovida por TDEC (Folios (sic) 5511 al 5513), marcados
como Anexos (sic) ‘L1’ y ‘L2’; por la
cual esta representación estima los honorarios profesionales en la cantidad
de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$
20.000,00).
Pieza XVII del
Expediente (sic) (Identificada como Pieza (sic) XXIV de
las Copias (sic) Certificadas (sic) Solicitadas) (sic),
marcado como Anexo (sic) ‘M’:
Acto de Juramentación (sic) de los Expertos
(sic) al cual asistió la abogado Tatiana Laguado (Folio (sic) 6380 del
expediente y 1014 de las Copias (sic) certificadas); por el cual esta
representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de CINCO
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 5.000,00).
●
Diligencia suscrita por la Abogado (sic) Tatiana Laguado (Folio 6387 y su vuelto al 6388 del expediente y 1016 de las
Copias (sic) Certificadas) (sic), Acto
(sic) de Evacuación (sic) de la Prueba (sic) de
Experticia (sic) al cual asistió la Abg. Tatiana Laguado
(Folios del 6398 al 6399 del Expediente (sic) y 1021 al 1023 de las
copias certificadas), y Escrito (sic) de Consideraciones (sic)
Previas (sic) a la Práctica (sic) de dicha Experticia (sic)
Informática (sic) realizada y suscrita por la abogada Tatiana Laguado (Folio 6401 del expediente y 1025
de la copia certificada); actuaciones estas por las cuales esta representación
estima los honorarios profesionales en la cantidad de QUINCE MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 15.000,00).
Pieza XXI del Expediente
(sic)
(Identificada como Anexo (sic) ‘N’ de las Copias (sic)
Certificadas (sic) Solicitadas) (sic):
●
Audiencia de Conclusiones (sic) a la cual asistió la abogado Tatiana Laguado (Folios (sic) 7417 al 7419 del expediente y del
1079 al 1081 de las Copias (sic) certificadas ambas inclusive) y
Escrito (sic) de Conclusiones (sic) e Informes (sic)
realizado y suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón Rojas (Folios del 1084 al 1131 de las Copias (sic)
Certificadas) (sic); por la cual esta representación estima los
honorarios profesionales en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 10.000,00).
Pieza XXII del
Expediente (sic) (Identificada como Pieza (sic) XXVII de
las Copias (sic) Certificadas (sic)
Solicitadas (sic) y Anexo (sic) ‘C’):
●
Acuerdo entre Consultel y TDEC (Folios 8703 al
8706 del expediente y 164 al 167 de las Copias (sic) Certificadas (sic) al 8769 (sic))
para dar cumplimiento al LAUDO ARBITRAL FINAL del Quince (sic) (15) de
Enero (sic) de 2018 y su ADDENDUM del Ocho (sic) (08) de Marzo (sic)
de 2018, donde ‘TDEC’ resultó perdidosa gracias a nuestra actividad probatoria
como apoderados judiciales de ‘CONSULTEL’; actuaciones nuestras sin las cuales
habría sido imposible concluir la demanda arbitral mediante un acto de
autocomposición procesal entre las partes como lo fue la TRANSACCIÓN que
sustituyó a la Experticia (sic) Complementaria (sic) del Laudo (sic)
ordenada por el Tribunal (sic) Arbitral (sic); por el cual esta
representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de OCHENTA
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 80.000,00), lo
cual consta por notificación del CACC (Folios del 8770 al 8777), y por
Comunicación (sic) del CACC a Consultel
(Folios (sic) 8776 al 8777) y (8778)…’. (Destacados de lo transcrito).
9.- Fundamentaron su
acción en los artículos 22 de la Ley de Abogados y 40 del Código de Ética
Profesional del Abogado Venezolano, en virtud del cual el ejercicio de la
profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos
judiciales y extrajudiciales que realice.
10.- Por último
peticionaron que se condenara a la intimada Consultel,
C.A., a lo siguiente:
‘…para que dicha
empresa convenga en pagar voluntariamente o en su defecto sea condenada a
pagarnos la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 1.200.000,00)…’.
Por su parte la
representación judicial de la intimada CONSULTEL C.A., en su contestación,
sostuvo:
1.- Rechazó los
argumentos invocados por los intimantes para hacer
valer su pretensión al cobro de honorarios profesionales por cuanto en fecha 28
de enero de 2016, fue suscrito entre su representada y el intimante
Ramón Rojas Carrasquel, un contrato de prestación de
servicios profesionales en el cual se describieron ‘…las actuaciones, alcance y
monto de honorarios profesionales por la defensa, tramitación, preparación de
escritos y conclusión únicamente de Procedimiento (sic) Arbitral (sic) entre la
empresa ‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.’, (…) y ‘CONSULTEL,
C.A.’…’.
2.- Agregaron que
efectivamente se llegó a un acuerdo de pago con la empresa Teixeira Duarte Engenharia e Construcoes S.A.,
demandada en arbitraje, para el cumplimiento voluntario del laudo arbitral
dictado en fecha 15 de enero de 2018, y su addendum de
fecha 8 de marzo de 2018.
3.- Que el monto de
dicho acuerdo alcanzó la cantidad de seiscientos ochenta y un mil novecientos
cuarenta y tres dólares con setenta y cuatro centavos (US$ 681.943,74), más una
cantidad en moneda nacional de tres millones ciento noventa y nueve mil
trescientos dieciséis bolívares con treinta y siete céntimos (Bs.
3.199.316,37).
4.- Indicaron que es
cierto que el referido laudo favoreció en su totalidad a la pretensión arbitral
llevada por el abogado contratado Ramón Rojas Carrasquel
y su equipo de profesionales especializados en arbitraje comercial.
5.- Alegaron que su
disconformidad total de su representado con la pretensión se manifiesta cuando
la parte actora pretende cobrar la ‘…astronómica y equivocada suma de UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOLARES (sic) AMERICANOS ($. 1.200.000,00), por concepto
de honorarios profesionales de abogados, calculados en un 30 % del monto
condenado a pagar por el tema arbitral, queriendo llevar el alcance del (sic)
de su contratación única al beneficio de de (sic) la conclusión final
obtenida…’, desnaturalizándose la voluntad de las partes expresada en el
contrato de prestación de servicios profesionales del 28 de enero de 2016, en
el cual se estableció como monto para el pago de honorarios profesionales el
veinte por ciento (20 %) sobre la cantidad reclamada mediante el
pronunciamiento arbitral; es decir, la suma de seiscientos ochenta y un mil
novecientos cuarenta y tres dólares con setenta y cuatro centavos (US$
681.943,74).
6.- Señalaron que los
honorarios por servicios profesionales de los intimantes
referentes al proceso arbitral llevado por el Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas, fueron cubiertos de la manera que a continuación se describe:
‘…A) Transferencia
realizada por la cantidad de US DOLLARS (sic) (USD 228.500,00), en fecha 09 (sic)
de noviembre de 2016, debitada de la Cuenta (sic) de la Empresa (sic)
‘CONSULTEL, C.A.’ a la siguiente coordenada Bancaria (sic): Banco
Sabadell, 1111 Brickell Avenue,
Suite 3010, Miami, Fl.33131066014069, BSABUS3X, 22442. Beneficiario: Ramón
Rojas Carrasquel, Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre (sic) A, Piso (sic) 10, Ofic 101, El Rosal, Caracas-Venezuela, donde se expresó
como concepto o referencia: Cancelación de facturas varias, juicio Arbitraje (sic)
en la Cámara de Comercio de Caracas. Único juicio que tiene o tuvo la Empresa (sic)
‘CONSULTEL, C.A.’, llevado por el colega, parte actora en este proceso, Ramón
Rojas Carrasquel. Anexo comprobante marcado ‘B’.
B) Transferencia
realizada en fecha 01/02/2018. Banco Wells Fargo, por la suma de $ 34.097,19,
referencia N° FW0066755032075442, Beneficiario: Ramón Rojas Carrasquel,
Cta. 082500000022442. Ordenante: Antonio Carlo Menafra.
Anexo comprobante marcados ‘C’ y ‘C1’.
C) Transferencia
realizada por abono a mayor suma por un monto de $ 14.000,00. Beneficiario:
Ramón Rojas Carrasquel. Cta:
082500000022442. Desde el Banco Wells Fargo al Banco Sabadell-Miami Branch. Anexamos comprobante marcado ‘D’.
D) Transferencia
realizada en fecha 0871172017 (sic), desde el Banco Totalbank, por
un monto de $ 74.000,00. Beneficiario. Ramón Rojas. Últimos 4 dígitos de la
cta.: 3806. Anexamos comprobante marcado ‘E’.
E) Recibo de pago
emitido por el colega Ramón Rojas Carrasquel a
nuestro poderdante, en fecha 01/03/2016, por la suma de $ 20.000,00 americanos
(sic), por concepto
de abono a cuenta de honorarios profesionales por atención del caso de
arbitraje comercial por ante la Cámara de Comercio de Caracas. En contra de
‘Teixeira Duarte’. Comprobante (sic) anexo marcado con la letra ‘F’.
F) Recibos de pago
emitidos por el colega, parte actora, Ramón Rojas Carrasquel,
a nuestro poderdante, parte intimada, en fecha 20 de abril, 26-27 (sic) y 28 de octubre
de 2016, por las sumas de $ 30.000,00, (sic) 98.650,00, $
16.500,00 y $ 101.350,00, en ese mismo orden, todos
ellos causados con concepto de abono a cuenta de honorarios profesionales por
procedimiento de arbitraje presentado por ‘CONSULTEL, C.A.’ ante la Cámara de
Comercio de Caracas. Comprobante anexo marcado con las letras y números ‘G1’,
‘G2’, ‘G3’ y ‘G4’, respectivamente. Todo ello quiere decir que la reclamación
intentada por los colegas Tatiana Laguado y Ramón
Rojas Carrasquel, ambos plenamente identificados en
su escrito libelar, por demás equivocada fue íntegramente pagada y sobregirada
a favor de la empresa ‘CONSULTEL, C.A.’, igualmente identificada,, al abogado
Ramón Rojas Carrasquel, quien en definitiva es el
único con responsabilidad de pago frente a los asociados o miembros integrantes
de su equipo de trabajo siendo él quien debe honrar y satisfacer esas
pretensiones. (sic) Todas (sic) ajenas a
la relación profesional que por el presente proceso se demanda…’. (Destacados
de lo transcrito).
7.- Concluyeron que su
representada está en la capacidad de comprobar el hecho extintivo de su
obligación de pago por los pagos efectuados, ya que la pretensión demandada fue
pagada con quien se contrató, siendo este quien estará sujeto a repetición por
parte de quien considere que no se la ha cancelado, siempre y cuando demuestre
su condición de acreedor con la obligación exigida, no adeudando cantidad
alguna por concepto de honorarios profesionales referidos a la causa llevada
bajo en el expediente arbitral N° CA01-A-2016-000004, por ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas.
DE LAS PRUEBAS:
De las pruebas
promovidas por los intimantes, y su valoración:
Junto con el libelo de
demanda presentaron los siguientes medios probatorios:
1.- Marcado con la letra
‘F’ copia certificada de la pieza I del expediente arbitral identificado con el
alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza I de las copias certificadas solicitadas),
ver folios del 1 al 98 del cuaderno de recaudos N° 1, en el cual constan (sic) la siguiente
actuación (sic):
•
Escrito contentivo de la solicitud de arbitraje, ver folios 2 al 14 del
cuaderno de recaudos N° 1, marcado como ‘F1’, donde consta la solicitud de
arbitraje comercial realizada por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes
del presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., contra la
sociedad mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A.
Respecto al presente
instrumento, al no haber sido objeto de impugnación, se considera fidedigna, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y
por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente, se da por
reconocida y en principio se le otorga pleno valor probatorio de conformidad
con lo establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a
lo expresado en ella, en este sentido, y del mismo queda probado la
existencia de la referida actuación procesal realizada por (sic) parte intimante en representación de Consultel
C.A., en el marco del juicio arbitral. Así se decide.
2.- Marcado con la letra
‘G’ copias certificadas de las piezas IV y V del expediente arbitral
identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas (nombradas como pieza X de las copias
certificadas solicitadas), ver folios del 99 al 176 del cuaderno de recaudos N°
1, en las cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Diligencia suscrita por la abogada Tatiana Laguado
solicitando prórroga de tres (3) días hábiles para consignar juegos de copias
‘…del Escrito (sic)
y anexos de la solicitud de Arbitraje (sic)…’. (Ver folio 124 del
cuaderno de recaudos N° 1), marcado como ‘G1’.
•
Diligencia suscrita por la abogada Tatiana Laguado
solicitando copia certificada de todo el expediente, ver folio 128 del cuaderno
de recaudos N° 1, marcado como ‘G2’.
•
Escrito de reforma de la solicitud de arbitraje (ver folios 131 al 146 del
cuaderno de recaudos N° 1), marcado como ‘G3’, suscrito por los abogados
Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes del
presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., el cual fue
acordado por comunicación de fecha 27 de abril de 2016, del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Caracas (ver folios del 147 al 149 del cuaderno de recaudos N°
1); de la constancia y notificación electrónica del centro de arbitraje (ver
folios 150 al 160 del cuaderno de recaudos N° 1).
•
Correo electrónico enviado por el abogado Ramón José Rojas Carrasquel
al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, mediante el cual anexa depósito
bancario correspondiente a los honorarios de los árbitros en su condición de
apoderado de Consultel, C.A., y solicita aclaratoria
sobre la discrepancia que existe entre las letras y los números, en el renglón
‘…Total de honorarios del Presidente Tribunal Arbitral…’, marcado como ‘G4’
(ver folios 161 al 164 del cuaderno de recaudos N° 1).
•
Escrito de fecha 29 de junio de 2016, suscrito por el abogado Ramón José Rojas Carrasquel (ver folio 165 del cuaderno de recaudos N° 1),
marcado como ‘G5’, mediante la cual postulan como árbitro ‘…al abogado Jesús
Escudero Estevés…’.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tiene por reconocidas y en consecuencia se le
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y del mismo queda probado la existencia de las
referidas actuación procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel, C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
3.- Marcado con la letra
‘H’ copia certificada de la continuación de la pieza V del expediente arbitral
identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas (nombrada como pieza XII de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 177 al 292 del cuaderno de recaudos N° 1, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Escrito de segunda reforma de la solicitud de arbitraje (ver folios del 182 al
233 cuaderno de recaudos N° 1), marcado como anexo ‘H1’, suscrito por los
abogados Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes del
presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A.
Respecto a la documental
antes referida, al no haber sido objeto de impugnación, se considera fidedigna,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento
Civil; y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente,
se tiene por reconocida y en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio
de conformidad con lo establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código
Civil, respecto a lo expresado en ella, en este sentido, y de la misma
queda probada la existencia de la referida actuación procesal realizada
por la parte intimante en representación de Consultel C.A., en el marco del juicio arbitral. Así
se decide.
4.- Marcado con la letra
‘I’ copia certificada de la pieza VIII del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XX de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 293 al 394 del cuaderno de recaudos N° 1, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Correo electrónico del abogado Ramón José Rojas Carrasquel
de fecha 29 de septiembre de 2016, ver folios del 366 al 369 del cuaderno de
recaudos N° 1, marcado como ‘I1’, contentivo de consideraciones sobre la
réplica a la impugnación de la reforma de arbitraje.
•
Escrito de réplica a la impugnación de la demandada en el juicio de arbitraje
suscrito por los abogados Tatiana Laguado y Ramón
José Rojas Carrasquel, intimantes
del presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., ver folios del
370 al 378 del cuaderno de recaudos N° 1, marcado como anexo ‘I2’.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tienen por reconocidas y en consecuencia se les
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y de las mismas queda probada la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel, C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
5.- Marcado con la letra
‘J’ copia certificada de la pieza XII del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XXI de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 1 al 104 del cuaderno de recaudos N° 3, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Acta de misión emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, de
fecha 5 de diciembre de 2016, (ver folios del 25 al 33 del cuaderno de recaudos
N° 3), marcado como anexo ‘J1’; de la cual se evidencia la firma estampada de
la intimante Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia presencial a dicho acto arbitral.
•
Escrito de promoción de pruebas suscrito por los abogados Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel,
intimantes del presente juicio, en su carácter de
apoderados judiciales de la sociedad mercantil intimada Consultel,
C.A., ver folios 49 al 88 del cuaderno de recaudos N° 3, marcado ‘J2’.
•
Poder especial autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Novena de Caracas,
en fecha 2 de marzo de 2016, bajo el N° 24, tomo 23, folios 80 hasta 83,
marcado como ‘J3’, ver folios del 89 al 93 del cuaderno de recaudos N° 3, por
medio del cual la sociedad mercantil Consultel, C.A.,
les otorgó la representación a los abogados Ramón José Carrasquel
y Tatiana Laguado ‘…en el proceso de Arbitraje (sic) Comercial (sic)
que ese iniciara en el CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CARACAS en lo adelante (C.A.C.C.C.) de acuerdo con la
cláusula compromisoria o arbitral contenida en el contrato comercial suscrito
entre mi representad (sic) en lo adelante ‘CONSULTEL, C.A.’ y la
empresa ‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES, (sic) S.A…’.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tienen por reconocidas y en consecuencia se les
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, de las mismas queda probada la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel, C.A., en el marco del
juicio arbitral, así como el carácter de apoderados que ostentaban los intimantes en el juicio arbitral. Así se decide.
6.- Marcado con la letra
‘K’ copia certificada de la pieza XIV del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XXII de las copias certificadas solicitadas),
ver folios del 105 al 210 del cuaderno de recaudos N° 3, en las cuales constan
las siguientes actuaciones:
•
Escrito ratificando el escrito de pruebas, suscrito por los abogados Ramón José
Rojas Carrasquel y Tatiana Laguado,
ver folios del 156 al 161 del cuaderno de recaudos N° 3, marcado como ‘K1’.
•
Acta de audiencia de designación de expertos en el juicio arbitral, ver folios
189 y 190 del cuaderno de recaudos N° 3, marcada como ‘K2’, de la cual se
evidencia la firma estampada de la abogada Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia.
•
Escrito suscrito por los abogados Tatiana Laguado y
Ramón José Rojas Carrasquel, mediante el cual
ratifican al experto Willian Alfonso Cova y se oponen a la designación del experto Oscar José
Lovera Peñalosa, promovido por la demandada en el arbitraje, ver folios (sic) 206 al 208 del
cuaderno de recaudos N° 3, marcado como ‘K3’.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tienen por reconocidas y en consecuencia se les
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y de las mismas queda probado la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
7.- Marcado con la letra
‘L’ copia certificada de la pieza XVII del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XXIII de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 211 al 312 del cuaderno de recaudos N° 3, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Acta de inspección ocular emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Caracas, de fecha 23 de febrero de 2017, (ver folios del 216 al 226 del
cuaderno de recaudos N° 3), marcado como ‘L1’; de la cual se evidencia la firma
estampada de la intimante Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia presencial a dicho acto arbitral.
•
Escrito de observaciones a la inspección judicial promovida por la demandada en
el juicio arbitral suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, ver folios (sic) 228 al 230 del
cuaderno de recaudos N° 3, marcado como ‘L2’.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tiene por reconocidas y en consecuencia se le
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y del mismo queda probado la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel, C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
8.- Marcado con la letra
‘M’ copia certificada de la pieza XVII del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XXIV de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 313 al 395 del cuaderno de recaudos N° 3, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Acta de juramentación de los expertos emanada del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas, de fecha 17 de mayo de 2017, a la cual asistió la abogado
Tatiana Laguado, (ver folio 350 del cuaderno de
recaudos N° 3), de la cual se evidencia la firma estampada de la intimante Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia presencial a dicho acto arbitral.
•
Diligencia suscrita por la abogada Tatiana Laguado,
ver folios 352 y 353 del cuaderno de recaudos N° 3, en la cual solicitó
prórroga ‘…del lapso probatorio acordado mediante Orden (sic) Procesal (sic)
del 04/04/2017…’.
•
Acta de evacuación de prueba de experticia emanada del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Caracas, de fecha 23 de mayo de 2017, ver folios 357 y 358 del
cuaderno de recaudos N° 3, de la cual se evidencia la firma estampada de la
abogada Tatiana Laguado, quedando demostrada su
asistencia.
•
Escrito de consideraciones previas a la práctica de la experticia informática,
suscrito por la abogada Tatiana Laguado, ver folio
361 del cuaderno de recaudos N° 3.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tiene por reconocidas y en consecuencia se le
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y de las mismas queda probado la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel, C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
9.- Marcado con la letra
‘N’ copia certificada de la pieza XXI del expediente arbitral identificado con
el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas (nombrada como pieza XXV de las copias certificadas
solicitadas), ver folios del 396 al 502 del cuaderno de recaudos N° 3, en las
cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Acta de audiencia de conclusiones emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Caracas, de fecha 22 de septiembre de 2017, de la cual se evidencia la firma
estampada de la abogada Tatiana Laguado, quedando
demostrada su asistencia, ver folios 415 al 419 del cuaderno de recaudos N° 3.
•
Escrito de conclusiones e informes suscrito por los abogados Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel,
ver folios del 420 al 467 cuaderno de recaudos N° 3.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tienen por reconocidas y en consecuencia se les
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido, y de las mismas queda probado la existencia de las
referidas actuaciones procesales realizadas por la parte intimante
en representación de Consultel C.A., en el marco del
juicio arbitral. Así se decide.
10.- Marcado con la
letra ‘A’ copia certificada de la piezas XXVI y XXVII del expediente arbitral
identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas, ver folios del 1 al 175 del cuaderno de
recaudos N° 2, en las cuales constan las siguientes actuaciones:
•
Laudo final dictado en el juicio de arbitraje contenido en el expediente
identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, entre las empresas Consultel, C.A., y Teixeira Duarte Engenharia
e Construções, S.A., dictado por el tribunal
constituido por los árbitros Luis Alberto Petit
Guerra, Jesús Escudero Esteves y Eugenio Hernández-Bretón, de fecha 15 de enero
de 2018, en el cual se declaró:
‘…PRIMERO: Se
declara que la solicitud de arbitraje presentada por CONSULTEL cumple con los
requisitos de forma previstos en el artículo 40 del RGCACC. Se declara asimismo
que CONSULTEL si (sic) tiene cualidad para instaurar el presente juicio.
SEGUNDO: Se declara IMPROCEDENTE
la excepción del contrato no cumplido presentada por TDEC.
TERCERO: Se declara
parcialmente con lugar la demanda incoada por CONSULTEL en contra de ‘TDEC’,
por los diversos motivos y pretensiones, en los términos que se explican en
este laudo.
CUARTO: Se condena a la parte
demandada ‘TDEC’ a pagar a CONSULTEL los siguientes montos derivados por los
conceptos e instrumentos en la forma indicada en motiva de este laudo: (i) UN
MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.741.968,29), e igualmente, se condena a la parte
demandada a pagar la suma de (ii) QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
CINCUENTA CENTAVOS (US$ 579.890,50), correspondientes al monto reclamado por
concepto de las órdenes de compra y las correspondientes facturas, reclamadas
por la parte actora en este procedimiento arbitral; y (iii)
la suma de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON CATORCE CENTAVOS (US$ 40.177,14), correspondiente al monto
reclamado por concepto de diferencias entre el monto facturado por ‘CONSULTEL’
en la factura Nro. 57, y el monto pagado por ‘TDEC’. Dichos pagos en divisas
deberán ser realizados en la forma, lugar y condiciones indicados en las
facturas objeto del presente procedimiento arbitral.
QUINTO: Se condena a ‘TDEC’ a
reintegrar a ‘CONSULTEL’ la totalidad de los montos retenidos en dólares, es
decir la cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIEZ CENTAVOS (US$ 61.876,10), por concepto de
retenciones de las garantías de Fiel (sic) Cumplimiento (sic). Dichos pagos
en divisas deberán ser realizados en la forma, lugar y condiciones indicados en
las facturas objeto del presente procedimiento arbitral.
SEXTO: Se condena a ‘TDEC’ a
pagar a ‘CONSULTEL’ los intereses de mora causados por las sumas indicadas en
el particular primero solo con respecto de la moneda nacional de curso legal
(Bolívares), tomando en cuanto (sic) la tasa de intereses del 12% anual conforme el artículo
108 del Código de Comercio en la forma indicada en la motiva de este fallo.
Asimismo, se deberá practicar INDEXACIÓN de los montos a ser pagados por TDEC a
CONSULTEL en moneda nacional, conforme a lo ordenado en la parte dispositiva de
esta fallo, calculándose mediante experticia complementaria del fallo en la
forma descrita en este laudo, tomado como fecha de pago de las sumas adeudadas,
el quinto día siguiente a la fecha la (sic) de recepción de las facturas
que las soportan.
SÉPTIMO: Se condena a ‘TDEC’ a
pagar a ‘CONSULTEL’ respecto de las sumas indicadas en los puntos (ii) y (iii) del dispositivo
Cuarto, o denominadas en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (sic), los intereses
moratorios causados a la tasa de interés legal para operaciones activas fijada
por el Banco Central de Curazao y San Martin conforme a lo previsto en el
artículo 108 del Código de Comercio en la forma indicada en la motiva de este
fallo, para lo cual se ordena efectuar una experticia complementaria del fallo,
en la forma y términos previamente indicados en esta decisión.
OCTAVO: Se niega y por tanto
se declara SIN LUGAR, la pretensión de CONSULTEL en cuanto a la supuesta
obligación de TDEC de devolver las cantidades retenidas en Bolívares por
concepto de fianzas de fiel cumplimiento; se niega asimismo los supuestos daños
y perjuicios jamás especificados y menos probados. Asimismo se declaran
improcedentes todas las demás peticiones de las partes planteadas principal o
incidentalmente en este fallo que no hayan sido anteriormente resueltas en los
puntos anteriores de esta dispositiva…’. (Destacados de lo transcrito).
•
Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2019, suscrito entre las empresas Consultel, C.A., y Teixeira Duarte Engenharia
e Construções, S.A., para la ‘…composición
voluntaria para el cumplimiento del LAUDO…’ ver folios 164 al 167 del
cuaderno de recaudos N° 2.
Respecto a las
documentales antes referidas, al no haber sido objeto de impugnación, se
consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código
de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron tachadas de falsa en la
oportunidad correspondiente, se tiene por reconocidas y en consecuencia se le
otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a lo expresados en ella, en
este sentido queda probado el contenido del laudo final dictado en el
juicio arbitral llevado por los intimantes en su
condición de apoderados de la intimada Consultel,
C.A., así como la solicitud de ‘…composición voluntaria para el cumplimiento
del LAUDO…’ entre las partes del procedimiento arbitral. Así se
decide.
11.- Marcado con la
letra ‘B’ copia certificada del addendum de
fecha 8 de marzo de 2018, del laudo arbitral dictado en el expediente
identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas, ver folios del 176 al 201 del cuaderno de
recaudos N° 2, en el cual se declaró:
‘…59. Por todas las
razones anteriores este Tribunal (sic) Arbitral (sic) corrige y aclara el Laudo (sic)
de 15 de enero de 2018 en la forma antes indicada en este Addendum
(sic) y declara sin lugar todas y cada una de las demás solicitudes
formuladas por CONSULTEL el 1° y el 14 de febrero de 2018, respectivamente y
por TDEC en sus escritos presentados el 5 y el 8 de febrero de 2018,
respectivamente, que no han sido de corrección o aclaratoria expresa. Así
se declara.
60. Este Tribunal (sic) declarada (sic)
corregido y aclarado por medio de este Addendum (sic)
el Laudo (sic) de fecha 15 de enero de 2018 y por tanto íntegro su
contenido, con las razones jurídicas y demás argumentaciones vertidas a lo
largo del mismo contentivo en 130 páginas, cuyo original reposa en el
expediente original a disposición de las partes en la sede de la CCC. Así
se declara.
61. Dada la naturaleza
de los pedimentos hechos por las partes y de que solo han sido declaradas con
lugar una parte de los mismos, cada parte pagará los costos y los honorarios
profesionales de sus abogados y no hay lugar a la condenatoria en costas por
parte del Tribunal (sic) Arbitral (sic). Así se declara…’. (Destacado
de lo transcrito).
Respecto a la documental
antes señalada, al no haber sido objeto de impugnación, se considera fidedigna,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento
Civil; y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente,
se tiene por reconocida y en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio
de conformidad con lo establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código
Civil, respecto a lo expresado en ella, en este sentido queda
probado la corrección y aclaratoria del laudo arbitral dictado en el juicio
arbitral llevado por los intimantes en su condición
de apoderados de la intimada Consultel, C.A. Así
se decide.
12.- Copia certificada
de la pieza XVVIII del expediente arbitral identificado con el alfanumérico
CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas,
ver folios del 202 al 270 del cuaderno de recaudos N° 2, en la cual constan los
siguientes instrumentos:
•
Marcado con la letra ‘D’ transacción suscrita entre Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A., y
Consultel, C.A., por ante la Notaría Pública Cuarta
del Municipio Chacao del estado Miranda, en fecha 17 de enero de 2019, bajo el
N° 43, tomo 4, folios (sic) 138 hasta 144, a los fines de poner fin a ‘…todas y cada
una de las disputas arbitrales, judiciales y extrajudiciales que hasta la
presente fecha sostienen entre sí…’.
•
Marcado con la letra ‘E’ Addendum N° 1 a la
transacción suscrita entre Teixeira Duarte Engenharia
e Construções, S.A., y Consultel,
C.A., autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Segunda de Caracas, en
fecha 26 de abril de 2019, bajo el N° 43, tomo 38, folios 161 hasta 165.
Con respecto a las
documentales indicadas, esta Sala observa que en las mismas participó en su
formación un tercero ajeno al juicio como lo es la sociedad mercantil Teixeira
Duarte Engenharia e Construções,
S.A., demandada en el juicio de arbitraje comercial, por lo cual es conveniente
traer a colación lo previsto en sentencia de esta Sala de Casación Civil N°
RC-088 de fecha 25 de febrero de 2004, expediente N° 2001-464, caso: Eusebio
Jacinto Chaparro, contra Seguros La Seguridad, C.A., respecto al reconocimiento
de documentos privados:
‘…El mecanismo previsto
para el reconocimiento de documentos privados, sólo rige para aquellos emanados
de la parte a quien se opone, lo que encuentra justificación en su
desinterés de que se fabriquen pruebas que podrían desfavorecerle, lo que no se
cumple respecto del tercero, quien podría pretender beneficiar a alguna parte,
aún a sabiendas de que se está desfigurando la verdad de los hechos ocurridos
en el caso concreto y que conforman el tema a decidir.
Por esa razón, la Sala
expresamente abandona los expresados criterios y retoma el anterior, de
conformidad con el cual el documento emanado de tercero, formado fuera del juicio
y sin participación del juez ni de las partes procesales, no es capaz de
producir efectos probatorios. Estas declaraciones hechas por el tercero que
constan en dicho documento, solo pueden ser trasladadas al expediente mediante
la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en
el proceso, con inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y
contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido, de ser
ratificado, las declaraciones pasan a formar parte de la prueba testimonial,
las cuales deben ser apreciadas por el juez de conformidad con la regla de
valoración prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil…’. (Destacado del
original).
Asimismo y de
conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil ‘…los
documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni
causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la
prueba testimonial…’; de esta manera por cuanto la sociedad
mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A., es una persona distinta de la promovente y de la intimada, era necesario la ratificación
en juicio de la referida instrumental; sin embargo, por cuanto la misma
constituye una persona jurídica colectiva, no puede declarar bajo juramento en
juicio, pero sí podía, dar testimonios escritos o informes a la litis. (Cfr. sentencia de esta
Sala Casación Civil N° RC-769 de fecha 24 de octubre de 2007, expediente N°
2006-119, caso: Distribuidora Industrial de Materiales, C.A., (DIMCA)
contra Rockwell Automation
de Venezuela, C.A.).
En consideración a todo
lo precedentemente expuesto, se desecha las pruebas documentales
señaladas. Así se decide.
En la etapa de promoción
de pruebas ante la alzada los intimantes presentaron
los siguientes medios probatorios:
1.- Marcado como ‘Anexo
1’, copia fotostática simple de instrumento poder autenticado ante la
Notaría Pública Trigésima Novena de Caracas, en fecha 29 de noviembre de 2016,
bajo el N° 29, tomo 165, folios (sic) 187 hasta (sic) 190, mediante el cual la empresa
intimada Consultel, C.A., otorgó poder especial a un
conjunto de abogados, entre los cuales destacan los intimantes
Ramón José Rojas Carrasquel y Tatiana Melissa Laguado González, ‘…en
todo lo relacionado con la empresa ‘ESTAR SEGUROS, S.A…’. Respecto a la
presente prueba esta Sala considera, que la misma es impertinente y nada aporta
para demostrar los alegatos de los intimantes, por
cuanto escapa del conocimiento de esta Sala en la presente controversia todo lo
relacionado con la intimación de honorarios de procesos judiciales o
extrajudiciales en los cuales esté involucrada la sociedad mercantil Estar
Seguros S.A., ya que la pretensión discutida en la presente causa corresponden
a los honorarios profesionales derivados del juicio arbitral identificado
con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Caracas, aunado a lo anterior dicha documental corresponde a un
instrumento privado, el cual no podía ser promovido en segunda instancia por
disposición expresa de los artículos 893 y 520 del Código de Procedimiento
Civil, razón por la cual esta Sala la desecha y no le otorga valor
probatorio alguno. Así se decide.
2.- Marcado como ‘Anexo
2’, copia certificada de instrumento poder autenticado ante la Notaría
Pública Trigésima Novena de Caracas, en fecha 23 de enero de 2017, bajo el N°
29, tomo 6, folios (sic) 120 hasta (sic) 122, mediante el cual la empresa
intimada Consultel, C.A., otorgó poder especial a un
conjunto de abogados, entre los cuales destacan los intimantes
Ramón José Rojas Carrasquel y Tatiana Melissa Laguado González, ‘…para
que interpongan TERCERÍA en el Procedimiento (sic)
de Ejecución (sic) de Fianza (sic) seguido por la Sociedad (sic)
Mercantil (sic) ‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.,
-Sucursal en Venezuela’, (…) contra la sociedad mercantil ‘ESTAR
SEGUROS S.A.’…’. Respecto a la presente prueba esta Sala
considera, que la misma es impertinente y nada aporta para demostrar los alegatos
de los intimantes, por cuanto escapa del conocimiento
de esta Sala en la presente controversia todo lo relacionado con el juicio de
tercería dentro de la causa seguida por la sociedad mercantil Teixeira
Duarte Engenharia e Construções,
S.A., contra Estar Seguros, S.A., ya que la pretensión discutida en la
presente causa corresponden a los honorarios profesionales derivados del
juicio arbitral identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, aunado a lo anterior dicha
documental corresponde a un instrumento privado, el cual no podía ser promovido
en segunda instancia por disposición expresa de los artículos 893 y 520 del
Código de Procedimiento Civil, razón por la cual esta Sala la desecha y no
le otorga valor probatorio alguno. Así se decide.
3.- Marcado como ‘Anexo
3’ copia certificada de instrumento poder autenticado ante la Notaría
Pública Trigésima Novena de Caracas, en fecha 23 de enero de 2017, bajo el N°
30, tomo 6, folios (sic) 123 hasta (sic) 125, mediante el cual la empresa
intimada Consultel, C.A., otorgó poder especial a un
conjunto de abogados, entre los cuales destacan los intimantes
Ramón José Rojas Carrasquel y Tatiana Melissa Laguado González, ‘…para
que interpongan DEMANDA POR DAÑO MORAL contra la Sociedad
(sic) Mercantil (sic) ‘TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, S.A.’, (…) por ante los Tribunales de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas…’. Respecto a la
presente prueba esta Sala considera, que la misma es impertinente y nada aporta
para demostrar los alegatos de los intimantes, por
cuanto escapa del conocimiento de esta Sala en la presente controversia todo lo
relacionado con el daño moral demandado contra la sociedad
mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A., ya que la pretensión discutida en
la presente causa corresponden a los honorarios profesionales
derivados del juicio arbitral identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004,
llevado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, aunado a lo
anterior dicha documental corresponde a un instrumento privado, el cual no
podía ser promovido en segunda instancia por disposición expresa de los
artículos 893 y 520 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual
esta Sala la desecha y no le otorga valor probatorio alguno. Así se
decide.
4.- Marcado como ‘Anexo
4’ copia certificada de instrumento poder autenticado ante la Notaría
Pública Trigésima Novena de Caracas, en fecha 23 de enero de 2017, bajo el N°
31, tomo 6, folios (sic) 126 hasta (sic) 128, mediante el cual la empresa
intimada Consultel, C.A., otorgó poder especial a un
conjunto de abogados, entre los cuales destacan los intimantes
Ramón José Rojas Carrasquel y Tatiana Melissa Laguado González, ‘…para
que interpongan DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS contra la
Sociedad (sic) Mercantil (sic) ‘TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.’, (…) por ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Caracas (C.A.C.C.), en virtud de la Cláusula (sic)
Compromisoria (sic) establecida en el Contrato (sic) suscrito
entre ambas partes en fecha veintiséis (26) de noviembre de 2010, por ante la
Notaría Pública Primera del Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda,
inscrito bajo el N° 20, Tomo (sic) 404…’. Respecto a la
presente prueba se observa que dicha documental corresponde a un
instrumento privado, el cual no podía ser promovido ante la alzada por
disposición expresa de los artículos 893 y 520 del Código de Procedimiento
Civil, ya que no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos
públicos, la de posiciones y el juramento decisorio, razón por la cual
esta Sala la desecha y no le otorga valor probatorio alguno. Así se
decide.
5.- Marcado como ‘Anexo
5’ original de escrito de excepciones en la causa penal identificada
con el alfanumérico 13C-S-1032-2015, nomenclatura del Juzgado Décimo Tercero en
Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, seguida en contra del ciudadano Antonio Carlo Menafra. Respecto
a la presente prueba esta Sala considera, que la misma es impertinente y nada
aporta para demostrar los alegatos de los intimantes,
por cuanto escapa del conocimiento de esta Sala en la presente controversia
todo lo relacionado con el juicio penal llevado en contra del ciudadano Antonio
Menafra, ya que la pretensión discutida en la
presente causa corresponden a los honorarios profesionales derivados del
juicio arbitral identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, razón por la cual esta
Sala la desecha y no le otorga valor probatorio alguno. Así se decide.
6.- Marcado como ‘Anexo
6’ copia fotostática simple de la sentencia dictada en fecha 7 de junio
de 2016, por el Tribunal Estadal de Primera Instancia en funciones (sic) en funciones (sic)
de Control Décimo Tercero del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana
de Caracas, en la causa penal identificada con el alfanumérico 13C-S-1032-2015,
nomenclatura del referido juzgado, seguida en contra del ciudadano Antonio
Carlo Menafra. Respecto a la presente prueba
esta Sala considera, que la misma es impertinente y nada aporta para demostrar
los alegatos de los intimantes, por cuanto escapa del
conocimiento de esta Sala en la presente controversia todo lo relacionado con
el juicio penal llevado en contra del ciudadano Antonio Menafra, ya
que la pretensión discutida en la presente causa corresponden a los honorarios
profesionales derivados del juicio arbitral identificado con el
alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas, razón por la cual esta Sala la desecha y no le otorga
valor probatorio alguno. Así se decide.
7.- Marcado como ‘Anexo
7’ copia certificada del acta notarial para la notificación del cobro
de la ‘…INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO POR ACTUACIONES
JUDICIALES EN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE…’, levantada por la Notaría
Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao del estado Miranda, en fecha 6 de
marzo de 2020. Respecto a la documental antes señalada, al no haber sido
objeto de impugnación, se considera fidedigna, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto no fue tachada de
falsa en la oportunidad correspondiente, se tiene por reconocida y en
consecuencia se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo
establecido con los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, respecto a
lo expresado en ella, en este sentido queda probada la efectiva
notificación de cobro extrajudicial realizada a la intimada Consultel,
C.A., sobre los honorarios profesionales causados por el juicio arbitral
llevado por los intimantes en su condición de
apoderados de la intimada Consultel, C.A. Así
se decide.
8.- Marcado como ‘Anexo
8’ copia fotostática simple de la comunicación dirigida por el
ciudadano Antonio Carlo Menafra Paladino a los
ciudadanos intimantes Tatiana Melissa
Laguado González y Ramón Rojas Carrasquel. Respecto
a la presente prueba se observa que dicha documental corresponde a un
instrumento privado, el cual no podía ser promovido ante la alzada por
disposición expresa de los artículos 893 y 520 del Código de Procedimiento
Civil, ya que no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos
públicos, la de posiciones y el juramento decisorio, razón por la cual
esta Sala la desecha y no le otorga valor probatorio alguno. Así se
decide.
9.- Marcado como ‘Anexo
9’ copia fotostática simple del poder especial otorgado por la intimada
Consultel, C.A., a los ciudadanos abogados Cesar (sic) Oswaldo
Quintero Mello, Néstor Gustavo Quintero Moncada y Carlos José Arocha Morean (sic),
inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 43.591,
50.879 y 46.973, respectivamente. En lo atinente a la presente prueba
se observa que dicha documental corresponde a un instrumento privado, el
cual no podía ser promovido ante la alzada por disposición expresa de los
artículos 893 y 520 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se
admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el
juramento decisorio, razón por la cual esta Sala la desecha y no le otorga
valor probatorio alguno. Así se decide.
De las pruebas
promovidas por la intimada, y su valoración:
Junto con el escrito de
contestación a la demanda presentaron los siguientes medios probatorios:
1.- Marcado con la letra
‘A’ copia simple de la comunicación de fecha 28 de enero de 2016, dirigida a la
intimada, y suscrita por el intimante Ramón Rojas Carrasquel, contentiva de una ‘…propuesta integral de
Honorarios (sic)
Profesionales (sic) por atención del caso: Activación de
Cláusula (sic) Arbitral (sic), mediante un
procedimiento de Arbitraje (sic) Comercial (sic) conforme
a lo establecido en las cláusulas Decima (sic) Tercera (sic) del
Contrato (sic) Comercial (sic) suscrito en fecha 26 de Noviembre (sic)
de 2010 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao, de Caracas en
contra de la empresa TEIXEIRA DUARTE, ENGENHARIA E CONSTRUCOES, (sic)
S.A., en adelante (TEIXEIRA), por incumplimiento
de TEIXEIRA al ocurrir un quebrantamiento del equilibrio
contractual en contra de CONSULTEL, C.A…’, (ver folios del 56
al 58 de la pieza N° 1 del expediente), a los fines de demostrar la
voluntad de las partes sobre las condiciones y efectos derivados de los
honorarios profesionales de abogados ejercidos por los intimantes.
Respecto a la presente prueba,
al no haber sido objeto de impugnación, se considera fidedigna, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto
no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente, se da por reconocida
y en principio se le otorgaría pleno valor probatorio de conformidad con lo
establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a las
condiciones estipuladas en ella; sin embargo es de hacer notar que de su
contenido resulta evidente que la misma constituye una comunicación unilateral
por parte del intimante Ramón Rojas Carrasquel, para una futura celebración del contrato de
honorarios profesionales por trabajos referidos al procedimiento arbitral que
se llevaría a cabo ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en este
sentido, no se observa que el mismo sea asimilable a un contrato bilateral por
cuanto la obligada intimada no ha firmado la misma en conformidad con lo
establecido en el artículo 1.368 del Código Civil referido a que el ‘…instrumento
privado debe estar suscrito por el obligado, y, además debe expresarse
en letras la cantidad en el cuerpo del documento, en aquéllos (sic) en que una sola
de las partes se obligue hacia otra a entregarle una cantidad de dinero u otra
cosa apreciable en dinero…’, ni tampoco que haya habido una aceptación de la
oferta y de las condiciones expresamente pactadas en ella de conformidad con el
artículo 1.137 eiusdem, ya que la ‘…aceptación
debe ser recibida por el autor de la oferta en el plazo fijado por ésta o en el
plazo normal exigido por la naturaleza del negocio…’.
De conformidad con lo
anteriormente reseñado esta Sala considera que el referido medio
probatorio tiene valor indiciario conforme a lo previsto en el artículo
510 eiusdem, limitando sus efectos para la
resolución de la causa, a una prueba documental, que comprueba las actividades
extraprocesales de las partes, necesarias para la futura existencia del juicio
arbitral y la defensa de los derechos del patrocinado. Así se establece.
2.- Marcada
‘B’ copia fotostática simple de comunicación de fecha 9 de noviembre de 2016,
dirigida a la entidad financiera extranjera Sky Bank
NV Curazao, suscrita por el ciudadano Antonio Menafra,
en su condición de presidente de la intimada Consultel,
C.A., a los fines de autorizar la realización de una transferencia por la
cantidad de doscientos veintiocho mil quinientos dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 228.500,00), por concepto de ‘…cancelación facturas varias,
juicio Arbitraje en la Cámara de Comercio de Caracas…’. (Ver folio 59 de la
pieza N° 1 del expediente). Respecto a dicho instrumento se observa,
que el mismo corresponde a un instrumento privado que emana de la intimada por
el cual pretende demostrar la realización de un pago debido a los intimantes violentándose de esta manera el principio de
alteridad de la prueba, a través del cual nadie puede fabricarse un medio
probatorio para sí mismo, razón por la cual debe ser desechada la referida
probanza. Así se decide. (Cfr. sentencia N° 641, del 9 de octubre de
2012, caso: Maritza Josefina Rincón Rivera, contra
Propietaria de Inmuebles Don Silvio, C.A., ratificada en sentencia N° 464,
de fecha 17 de octubre de 2018, caso: Telas Lisboa C.A., contra Ivana
Ruscitti del Giudice de Culmone y otro).
3.- Marcado ‘C’ copia
fotostática simple de comprobante denominado ‘…Wire
Transfer Services. Outgoing
Wire Transfer Request…’, contentivo
de una transferencia a la cuenta N° 082500000022442, del Banco de Sabadell
S.A., por la cantidad de treinta y cuatro mil noventa y siete dólares de los
Estados Unidos de América con veintisiete centavos (US$ 34.097,19) (sic), emitido por
‘…Wells Fargo…’. (Ver folios del 60 al 63 de la pieza N° 1 del expediente).
Respecto al anterior
medio probatorio esta Sala observa que el mismo está redactado en idioma
inglés, sin que conste traducción al idioma castellano realizada por intérprete
público, lo cual resulta en una inobservancia de los artículos 183 y 185 del
Código de Procedimiento Civil, por cuanto en ‘…la realización de los actos
procesales sólo podrá usarse el idioma legal que es el castellano….’, siendo
que si se deben examinar ‘…documentos que no estén extendidos en el idioma
castellano, el Juez (sic) ordenará su traducción por un intérprete público y en
defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir
con fidelidad su contenido…’, por lo que al no estar extendida en idioma
castellano, o en su defecto traducida por intérprete público, resulta imposible
para esta Sala entrar a valorar la presente documental.
Aunado a lo anterior se
observa que la misma emana de tercero ajeno al juicio como lo es la
entidad financiera Wells Fargo, con sede en los Estados Unidos de América, por
lo cual es conveniente traer a colación lo previsto en sentencia de esta Sala
N° RC-088, de fecha 25 de febrero de 2004, expediente N° 2001-464, caso:
Eusebio Jacinto Chaparro contra Seguros La Seguridad, C.A., respecto al
reconocimiento de documentos privados:
‘…El mecanismo previsto
para el reconocimiento de documentos privados, solo rige para aquellos emanados
de la parte a quien se opone, lo que encuentra justificación
en su desinterés de que se fabriquen pruebas que podrían desfavorecerle, lo que
no se cumple respecto del tercero, quien podría pretender beneficiar a alguna parte,
aún a sabiendas de que se está desfigurando la verdad de los hechos ocurridos
en el caso concreto y que conforman el tema a decidir.
Por esa razón, la Sala
expresamente abandona los expresados criterios y retoma el anterior, de
conformidad con el cual el documento emanado de tercero, formado fuera del
juicio y sin participación del juez ni de las partes procesales, no es capaz de
producir efectos probatorios. Estas declaraciones hechas por el tercero que
constan en dicho documento, sólo pueden ser trasladadas al expediente mediante
la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en
el proceso, con inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y
contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido, de ser
ratificado, las declaraciones pasan a formar parte de la prueba testimonial,
las cuales deben ser apreciadas por el juez de conformidad con la regla de
valoración prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil…’. (Destacado del
original).
Asimismo y de
conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil ‘…los
documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni
causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba
testimonial…’; de esta manera, por cuanto la entidad financiera Wells Fargo
forma una persona jurídica distinta de los intimantes
y de la demandada, era necesario la ratificación en juicio de la referida
instrumental; sin embargo, por cuanto la misma constituye una persona jurídica
colectiva, no puede declarar bajo juramento en juicio, pero sí puede, dar
testimonios escritos o informes a la litis.
(Cfr. sentencia de esta Sala Casación Civil N°
RC-769 de fecha 24 de octubre de 2007, expediente N° 2006-119,
caso: Distribuidora Industrial de Materiales, C.A., (DIMCA), contra Rockwell Automation de Venezuela,
C.A.).
En consideración a todo
lo precedentemente expuesto, considera la Sala que efectivamente, mal se podría
otorgar valor probatorio a dicho comprobante, por cuanto el mismos (sic) no fue
producido en idioma castellano, ni tampoco por alguna de las partes en juicio,
ni fueron ratificados mediante la correspondiente prueba de informes por dicha
entidad financiera extranjera, esto de conformidad con los artículos 431 y 433
del Código de Procedimiento Civil, por lo que se desecha la prueba documental
señalada. Así se establece.
4.- Marcado ‘C1’ copia
fotostática simple de comprobante manuscrito contentivo de coordenadas
bancarias, ver folio 69 de la pieza N° 1 del expediente, sin embargo del mismo
no se observa quien (sic) es su emisor ni a quien (sic) está dirigido,
asimismo se encuentra escrito a mano ‘…USD 681.943,74 x 5% = 34.079,19
Cancelado (sic) por WF…’ y ‘…Bs. 1.741.968,29 x 5% = 87.098,42 Cancelado
(sic) por BNC…’, de esta manera se observa, que el mismo
corresponde a un instrumento privado que emanó de la propia intimada por lo que
se violentaría el principio de alteridad de la prueba, a través del cual
nadie puede fabricarse un medio probatorio para sí mismo, razón por la cual
debe ser desechada la referida probanza. Así se establece. (Cfr. sentencia
N° 641, del 9 de octubre de 2012, caso: Maritza
Josefina Rincón Rivera, contra Propietaria de Inmuebles Don Silvio,
C.A., ratificada en sentencia N° 464, de fecha 17 de octubre de 2018,
caso: Telas Lisboa C.A., contra Ivana Ruscitti
del Giudice de Culmone y otro).
5.- Marcado ‘D’ copia
fotostática simple de comprobante manuscrito contentivo de coordenadas
bancarias, ver folio 65 de la pieza N° 1 del expediente, sin embargo del mismo
no se observa quien (sic) es su emisor ni a quien (sic) está dirigido,
asimismo el monto de ‘…USD: 14.000…’ y la referencia ‘…170405088354…’, fueron
escritos a mano, de esta manera se observa, que el mismo corresponde a un
instrumento privado que emanó de la propia intimada por lo que se violentaría
el principio de alteridad de la prueba, a través del cual nadie
puede fabricarse un medio probatorio para sí mismo, razón por la cual debe ser
desechada la referida probanza. Así se establece. (Cfr. sentencia N°
641, del 9 de octubre de 2012, caso: Maritza Josefina
Rincón Rivera, contra Propietaria de Inmuebles Don Silvio,
C.A., ratificada en sentencia N° 464, de fecha 17 de octubre de 2018,
caso: Telas Lisboa C.A., contra Ivana Ruscitti
del Giudice de Culmone y
otro).
6.- Marcado
‘E’ copia fotostática simple de comprobante de depósito, con membrete
de ‘…TOTALBANK…’ ver folio 66 de la pieza N° 1 del expediente, el cual está
redactado en idioma inglés, sin que conste traducción al idioma castellano
realizada por intérprete público, lo cual resulta en una inobservancia de los
artículos 183 y 185 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta
imposible para esta Sala entrar a valorar la presente documental. Así se
establece.
De igual manera del
mismo no se observa quien (sic) es su emisor ni a quien (sic) está dirigido,
asimismo el nombre Ramón Rojas se encuentra escritos a mano, de esta
manera se observa, que el mismo corresponde a un instrumento privado que
emanó de la propia demandante por lo que se violentaría el principio de
alteridad de la prueba, a través del cual nadie puede fabricarse un medio
probatorio para sí mismo, razón por la cual debe ser desechada la referida
probanza. Así se decide. (Cfr. sentencia N° 641, del 9 de
octubre de 2012, caso: Maritza Josefina Rincón
Rivera, contra Propietaria de Inmuebles Don Silvio, C.A., ratificada en
sentencia N° 464, de fecha 17 de octubre de 2018, caso: Telas Lisboa C.A.,
contra Ivana Ruscitti del Giudice
de Culmone y otro).
7.- Marcado con la letra
‘F’ copia fotostática simple del ‘RECIBO’ de fecha 1 de marzo de 2016, emitido
por ‘…RAMON (sic)
ROJAS & ASOCIADOS…’ al cliente Antonio Menafra,
por concepto de ‘…Atención del caso de Arbitraje (sic) Comercial (sic)
por ante la Cámara de Comercio de Caracas en contra de la empresa TEIXEIRA
DUARTE ENGENHARA (sic) E CONSTRUCOES (sic) S.A. por
incumplimiento de Teixeira al ocurrir un quebrantamiento del equilibrio
contractual en contra de CONSULTEL, C.A…’, en el cual se señala como total a
cancelar la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
20.000,00), ver folio 67 la pieza N° 1 del expediente.
Respecto a la presente
prueba, al no haber sido objeto de impugnación, se considera fidedigna, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y
por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente, se da por
reconocida y en principio se le otorgaría pleno valor probatorio de conformidad
con lo establecido con los artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, respecto a
lo expresado en ella, en este sentido, se observa que en la misma consta escrito
a mano la palabra ‘Pagado’ y una media firma sin identificación de quien (sic) la estampó, de
esta forma esta Sala considera que el referido medio probatorio tiene
valor probatorio para determinar la existencia de una deuda por el concepto
indicado en la misma, sin embargo no se constata la efectiva cancelación de la
misma, ni sello húmedo estampado que permita verificar la efectiva cancelación
del recibo. Así se establece.
8.- Marcado con la letra
‘G1’ copia fotostática simple del ‘RECIBO’ de fecha 20 de abril de 2016,
emitido por ‘…RAMON (sic) ROJAS & ASOCIADOS…’ al cliente Antonio Menafra, por concepto de ‘…Atención integral del
procedimiento de Arbitraje (sic) presentado por Consultel por ante la Cámara de Caracas,
a través de la constitución de un Tribunal (sic) Arbitral (sic)
conforme a lo establecido en la cláusula Décima (sic) Tercera (sic)
del Contrato (sic) Comercial (sic) en fecha 26 de noviembre de
2010 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao, de Caracas en contra
de la empresa TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES (sic) S.A.
por incumplimiento de TEIXEIRA al ocurrir un quebrantamiento del equilibrio
contractual en contra de CONSULTEL, C.A…’, en el cual se señala como
total a cancelar la suma de treinta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 30.000,00), ver folio 68 la pieza N° 1 del expediente.
9.- Marcado ‘G2’ copia
fotostática simple del ‘RECIBO’ de fecha 26 de octubre de 2016, emitido por
‘…RAMON (sic) ROJAS &
ASOCIADOS…’ al cliente Antonio Menafra, por concepto
de ‘…Atención integral del procedimiento de Arbitraje (sic)
presentado por Consultel por ante la Cámara
de Caracas, a través de la constitución de un Tribunal (sic) Arbitral (sic)
conforme a lo establecido en la cláusula Décima (sic) Tercera (sic)
del Contrato (sic) Comercial (sic) en fecha 26 de noviembre de
2010 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao, de Caracas en contra
de la empresa TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES (sic)
S.A. por incumplimiento de TEIXEIRA al ocurrir un
quebrantamiento del equilibrio contractual en contra de CONSULTEL, C.A…’,
en el cual se señala como total a cancelar la suma de noventa y ocho mil
seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US$ 98.650,00),
ver folio 69 la pieza N° 1 del expediente.
10.- Marcado
‘G3’ copia fotostática simple del ‘RECIBO’ de fecha 27 de octubre de 2016,
emitido por ‘…RAMON (sic) ROJAS & ASOCIADOS…’ al cliente Antonio Menafra, por concepto de ‘…Fee
mensual por seguimiento del caso y actuaciones por ante el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Caracas: Expediente N° CA01-A-2016-00004…’,
correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
‘…Mitad de Diciembre (sic)…’, en el cual se señala como total a cancelar
la suma de dieciséis mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 16.500,00), ver folio 70 (sic) la pieza N° 1 del expediente.
11.- Marcado ‘G4’ copia
fotostática simple del ‘RECIBO’ de fecha 28 de octubre de 2016, emitido por
‘…RAMON (sic) ROJAS &
ASOCIADOS…’ al cliente Antonio Menafra, por concepto
de ‘…Atención integral del procedimiento de Arbitraje (sic)
presentado por Consultel por ante
la Cámara de Caracas, a través de la constitución de un Tribunal (sic)
Arbitral (sic) conforme a lo establecido en la cláusula Décima (sic)
Tercera (sic) del Contrato (sic) Comercial (sic) en fecha
26 de noviembre de 2010 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao,
de Caracas en contra de la empresa TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES (sic)
S.A. por incumplimiento de de (sic) TEIXEIRA al
ocurrir un quebrantamiento del equilibrio contractual en contra de CONSULTEL,
C.A…’, en el cual se señala como total a cancelar la suma de ciento un mil
trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US$
101.350,00), ver folio 71 pieza N° 1 del expediente.
Respecto a las pruebas
identificadas de los Nros. 8 al 11, al no haber sido
objetos de impugnación, se consideran fidedignas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto no fueron
tachadas de falsa en la oportunidad correspondiente, se dan por reconocidas,
otorgándoseles pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los
artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, al respecto se observa que las mismas
corresponden a un conjunto de recibos o facturas emitidos por la parte intimante para el cobro de los trabajos en ella indicados,
sin embargo, no se observa de las mismas que conste la cancelación o pagos de
las mismas por parte de la intimada, sino que expresan las cantidades adeudadas
por los trabajos en ellas señaladas, de esta forma esta Sala considera que
los referidos medios instrumentales tienen valor probatorio para
determinar la existencia de un conjunto de deudas por los trabajos
realizados por los intimantes en el juicio arbitral
llevado a cabo por ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, no
constatándose, como ya se señaló, la efectiva cancelación de las
mismas. Así se decide.
En el escrito de promoción
de pruebas de la intimada:
En fecha 27 de
septiembre de 2022, en la oportunidad de presentar escrito de promoción de
pruebas, la representación judicial de la intimada, ratificó todas las pruebas
promovidas en su escrito de contestación.
DEL MÉRITO DE LA
CONTROVERSIA:
De la trabazón de la litis
Una vez examinados los
alegatos de las partes así como valorado el acervo probatorio traído a los
autos, esta Sala observa que en el presente caso la representación judicial de
la intimada únicamente circunscribe su contestación a la disconformidad con el monto
de lo peticionado por los intimantes, por cuanto
resulta un hecho admitido la existencia de la relación cliente-patrocinado tal
como se deduce de su escrito de contestación en el cual señalaron su
desacuerdo con la ‘…astronómica y equivocada suma de UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL DOLARES (sic) AMERICANOS ($. 1.200.000,00), por concepto de
honorarios profesionales de abogados, calculados en un 30 % del monto condenado
a pagar por el tema arbitral, queriendo llevar el alcance del (sic) de
su contratación única al beneficio de de (sic) la conclusión final
obtenida…’, desnaturalizándose la voluntad de las partes expresada en el contrato
de prestación de servicios profesionales del 28 de enero de 2016, en el cual se
estableció como monto para el pago de honorarios profesionales el veinte por
ciento (20 %) sobre la cantidad reclamada mediante el pronunciamiento arbitral;
es decir, la suma de seiscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y tres
dólares con setenta y cuatro centavos (US$ 681.943,74).
Asimismo es de hacer
notar que, en el presente caso, tal como se observa del análisis de las
pruebas, la intimada no pudo demostrar el hecho modificativo de la pretensión
de los intimantes referente a la existencia de una
convención celebrada entre los mismos que fue opuesta por la misma en su
contestación, dado que solo existió una comunicación unilateral por parte
del intimante Ramón Rojas Carrasquel,
para una futura celebración del contrato de honorarios profesionales por
trabajos referidos al procedimiento arbitral que se llevaría a cabo ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, a favor de Consultel,
C.A.; en este sentido, teniendo en consideración todo lo antes expuesto, esta
Sala observa que la presente controversia quedó delimitada a la disconformidad que
alega la intimada respecto al monto demandado y la excepción de cumplimiento
por pago que invocó para declarar cumplida su obligación respecto de los
abogados intimantes en el proceso arbitral llevado
ante el señalado Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Así se
establece.
Del mérito
Efectuado el análisis
que antecede y delimitado el litigio, esta Sala de Casación Civil, pasa a
decidir la presente controversia a fondo, en los términos siguientes:
Primeramente conviene
trae a colación lo señalado por el artículo 22 de la Ley de Abogados respecto
al derecho a percibir honorarios por parte de los abogados respecto a los
trabajos judiciales y extrajudiciales por ellos realizados, el cual estipula:
‘…El ejercicio de
la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos
judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las
leyes.
Cuando exista
inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios
por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por
la vía del juicio breve y ante el tribunal civil competente por la cuantía. La
parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la
contestación de la demanda.
La reclamación que surja
en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del
abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el
artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia,
si surgiere, no excederá de diez audiencias…’. (Destacado de la Sala).
En este sentido la Sala
ha señalado respecto a la naturaleza de la acción mediante la cual el abogado
estima e intima sus honorarios, que la misma constituye una acción de condena,
en la que través de su ejercicio el abogado puede pretender tutela
jurisdiccional para que le sean pagados por el respectivo deudor el monto
correspondiente a los honorarios o emolumentos que se causaron en su favor por
la actividad profesional que ha cumplido en juicio o fuera del mismo. Tal es la
acción específicamente establecida como hipótesis en el artículo 22 de Ley de
Abogados, cuya norma no da lugar a dudas de que el legislador ha dispuesto
otorgar al abogado, acción en derecho para exigir a su cliente el cumplimiento
de la prestación de pago de la suma en que estima el valor de sus honorarios.
(Cfr. sentencia de esta Sala N° RC-235, del 1 de junio de 2011, Exp. N° 2010-0204, Caso: Javier Ernesto Colmenares
Calderón, contra Carolina Uribe Vanegas).
Del mismo modo y con la
misma naturaleza y alcance, ha acogido el legislador en el artículo 23 eiusdem, una acción mediante la cual el abogado de la parte
vencedora en juicio, puede reclamar sus honorarios ‘al respectivo obligado’
que, como señala expresamente el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, no es
otro que la parte ‘condenada en costas’, adicionando así el legislador la
llamada ‘…acción directa del abogado contra el condenado en costas...’.
Ahora bien, tales
acciones, como se ha dicho, son acciones de condena y así se desprende del
contenido y propósito que emerge evidente en las mismas, dirigidas por el actor
a reclamar el cumplimiento de una prestación de dar, representada en el pago de
sus honorarios, pretensión que encierra la de que se lleve a cabo
jurisdiccionalmente la satisfacción coactiva o ejecutiva del derecho deducido
en juicio.
(…Omissis…)
Ahora bien del análisis
de los alegatos expuestos por los abogados intimantes
y de las defensas opuestas por la intimada, así como del material probatorio
traído a los autos por las partes, esta Sala observa que el thema decidendum se
circunscribe a determinar si efectivamente procede o no el derecho al
cobro de honorarios profesionales originados ‘…en virtud de las
actuaciones jurídicas que llevamos a cabo en nuestro carácter de apoderados
de ‘CONSULTEL’, tal como se demuestra de los Instrumentos (sic) Fundamentales (sic) de
la demanda que anexamos al presente escrito en copias
certificadas, (…) y cuya acreditación se deriva del Instrumento (sic)
Poder (sic) que nos fuera otorgado por ‘LA INTIMADA’, (…) que
corresponden a las actuaciones que reposan en el Procedimiento (sic) de
Arbitraje (sic) que iniciamos el día Dieciocho (sic) (18) de
Abril (sic) de 2016, y que cursó por ante el Tribunal (sic)
Arbitral (sic) constituido en el ‘Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas’, (…) signado bajo el No. de Expediente (sic) Nro.
CA01-A-2016-000004…’, por un conjunto de actuaciones arbitrales de las
cuales exigen su pago.
De esta manera en su
contestación a la demanda la intimada indicó que es cierto que el (sic) fue llevada (sic)
a cabo el procedimiento arbitral y que el laudo final favoreció en su
totalidad la pretensión arbitral la cual fue llevada ‘…por el abogado
contratado Ramón Rojas Carrasquel y su equipo de
profesionales especializados en arbitraje comercial…’; sin embargo manifestaron
su disconformidad con el monto que los intimantes
pretenden cobrar, conformado por la ‘…astronómica y equivocada suma de UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOLARES (sic) AMERICANOS ($. 1.200.000,00),
por concepto de honorarios profesionales de abogados, calculados en un 30 % del
monto condenado a pagar por el tema arbitral, queriendo llevar el alcance del (sic)
de su contratación única al beneficio de de (sic) la conclusión final
obtenida…’, desnaturalizándose, en su opinión, la voluntad de las partes
expresada en el contrato de prestación de servicios profesionales del 28 de
enero de 2016, en el cual se estableció como monto para el pago de honorarios
profesionales el veinte por ciento (20 %) sobre la cantidad reclamada mediante
el pronunciamiento arbitral; es decir, la suma de seiscientos ochenta y un mil
novecientos cuarenta y tres dólares con setenta y cuatro centavos (US$
681.943,74).
Ahora bien, referente a
las defensas realizada (sic) por la parte demandada respecto a la existencia de un
contrato de prestación de servicios profesionales, esta Sala observa que tal
como fue dilucidado en acápites anteriores la ‘…propuesta integral de
Honorarios (sic) Profesionales (sic) por atención del caso…’,
consignada por la intimada, constituye una comunicación unilateral por parte
del intimante Ramón Rojas Carrasquel,
para una futura celebración del contrato de honorarios profesionales por
trabajos referidos al procedimiento arbitral que se llevaría a cabo ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, sin que se observara del que haya
estado suscrito por ambas partes o que constara la aceptación de la oferta
realizada por la intimada, por lo que no puede considerarse como un instrumento
válido para la determinación de las condiciones en las cuales fue pactada la
prestación de servicios profesionales de abogados de los hoy intimantes.
En este sentido y por
cuanto de los alegatos expresados por la intimada se observa que constituye un
hecho admitido la representación que ostentaban los intimantes
de la sociedad mercantil Consultel, C.A., en el
juicio arbitral identificado con el alfanumérico CA01-A-2016-000004, llevado
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, pasa esta Sala a examinar
las actuaciones intimadas por los ciudadanos Tatiana Melissa
Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel, y se tiene que las mismas se circunscriben a:
1.- El estudio del caso
y revisión de la totalidad de los recaudos que serían consignados en el juicio
arbitral, dicha representación judicial lo estima en la cantidad de cien mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
2.- Escrito
contentivo de la solicitud de arbitraje, realizada (sic) por los abogados Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel,
intimantes del presente juicio, en su carácter de
apoderados judiciales de la sociedad mercantil intimada Consultel,
C.A., contra la sociedad mercantil Teixeira Duarte Engenharia
e Construções, S.A., valorada en la cantidad de
doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
250.000,00).
3.- Diligencia suscrita
por la abogada Tatiana Laguado solicitando prórroga
de tres (3) días hábiles para consignar juegos de copias ‘…del Escrito (sic) y anexos de la
solicitud de Arbitraje (sic), valorada en la cantidad de diez mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10,000.00)’.
4.- Diligencia
suscrita por la abogada Tatiana Laguado solicitando
copia certificada de todo el expediente, ver folio 128 del cuaderno de recaudos
N° 1, marcado como ‘G2’, valorada en la cantidad de diez mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 10.000,00).
5.- Escrito de
reforma de la solicitud de arbitraje (ver folios (sic) 131 al 146 del cuaderno de recaudos N°
1), marcado como ‘G3’, suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes
del presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., valorado en
la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 250.000,00).
6.- Correo
electrónico enviado por el abogado Ramón José Rojas Carrasquel
al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, mediante el cual anexa depósito
bancario correspondientes a los honorarios de los árbitros en su condición de
apoderado de Consultel, C.A., y solicita aclaratoria
sobre la discrepancia que existe entre las letras y los números, en el renglón
‘…Total de honorarios del Presidente (sic) Tribunal (sic) Arbitral (sic)…’,
marcado como ‘G4’ (ver folios (sic) 161 al 164 del cuaderno de recaudos
N° 1), valorado en la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 10.000,00).
7.- Escrito de
fecha 29 de junio de 2016, suscrito por el abogado Ramón José Rojas Carrasquel (ver folio 165 del cuaderno de recaudos N° 1),
marcado como ‘G5’, mediante la cual postulan como árbitro ‘…al abogado Jesús
Escudero Estevés…’, valorado en la cantidad de
diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00).
8.- Escrito de
segunda reforma de la solicitud de arbitraje (ver folios del 182 al 233
cuaderno de recaudos N° 1), marcado como anexo ‘H1’, suscrito por los abogados
Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes del
presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., valorado en
la cantidad de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
200.000,00).
9.- Correo
electrónico del abogado Ramón José Rojas Carrasquel
de fecha 29 de septiembre de 2016, ver folios del 366 al 369 del cuaderno de
recaudos N° 1, marcado como ‘I1’, contentivo de consideraciones sobre la
réplica a la impugnación de la reforma de arbitraje, valorado en la
cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00).
10.- Escrito de
réplica a la impugnación de la demandada en el juicio de arbitraje suscrito por
los abogados Tatiana Laguado y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes del
presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., ver folios del
370 al 378 del cuaderno de recaudos N° 1, marcado como anexo ‘I2’,
valorado en la cantidad de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 50.000,00).
11.- Acta de misión
emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, de fecha 5 de
diciembre de 2016, (ver folios del 25 al 33 del cuaderno de recaudos N° 3),
marcado como anexo ‘J1’; de la cual se evidencia la firma estampada de la intimante Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia presencial a dicho acto arbitral, valorada en
la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
10.000,00).
12.- Escrito de
promoción de pruebas suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, intimantes
del presente juicio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad
mercantil intimada Consultel, C.A., ver folios (sic) 49 al 88 del
cuaderno de recaudos N° 3, marcado ‘J2’, valorado en la cantidad de cien
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
13.- Escrito ratificando
el escrito de pruebas, suscrito por los abogados Ramón José Rojas Carrasquel y Tatiana Laguado, ver
folios del 156 al 161 del cuaderno de recaudos N° 3, marcado como ‘K1’,
valorado en la cantidad de treinta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 30.000,00).
14.- Acta de
audiencia de designación de expertos en el juicio arbitral, ver folios 189 y
190 del cuaderno de recaudos N° 3, marcada como ‘K2’, de la cual se evidencia
la firma estampada de la abogada Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia, valorada en la cantidad de diez mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00).
15.- Escrito
suscrito por los abogados Tatiana Laguado y Ramón
José Rojas Carrasquel, mediante el cual ratifican al
experto Willian Alfonso Cova
y se oponen a la designación del experto Oscar José Lovera Peñalosa, promovido
por la demandada en el arbitraje, ver folios 206 al 208 del cuaderno de
recaudos N° 3, marcado como ‘K3’, valorado en la cantidad de veinte mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00).
16.- Acta de
inspección ocular emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, de
fecha 23 de febrero de 2017, (ver folios del 216 al 226 del cuaderno de
recaudos N° 3), marcado como ‘L1’; de la cual se evidencia la firma estampada
de la intimante Tatiana Laguado,
quedando demostrada su asistencia presencial a dicho acto arbitral, y escrito
de observaciones a la inspección judicial promovida por la demandada en el
juicio arbitral suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, ver folios (sic) 228 al 230 del
cuaderno de recaudos N° 3, marcado como ‘L2’, valoradas ambas en la
cantidad de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
20.000,00).
17.- Acta de
juramentación de los expertos emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Caracas, de fecha 17 de mayo de 2017, a la cual asistió la abogado Tatiana Laguado, (ver folio 350 del cuaderno de recaudos N° 3), de
la cual se evidencia la firma estampada de la intimante
Tatiana Laguado, quedando demostrada su asistencia
presencial a dicho acto arbitral, valorada en la cantidad de cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00).
18.- Diligencia
suscrita por la abogada Tatiana Laguado, ver folios
352 y 353 del cuaderno de recaudos N° 3, en la cual solicitó prórroga ‘…del
lapso probatorio acordado mediante Orden (sic) Procesal (sic) del 04/04/2017…’;
acta de evacuación de prueba de experticia emanada del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Caracas, de fecha 23 de mayo de 2017, ver folios 357 y 358 del
cuaderno de recaudos N° 3, de la cual se evidencia la firma estampada de la
abogada Tatiana Laguado, quedando demostrada su
asistencia y escrito de consideraciones previas a la práctica de la experticia
informática, suscrito por la abogada Tatiana Laguado,
ver folio 361 del cuaderno de recaudos N° 3, valorados en la cantidad de
quince mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 15.000,00).
19.- Acta de audiencia
de conclusiones emanada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, de
fecha 22 de septiembre de 2017, de la cual se evidencia la firma estampada de
la abogada Tatiana Laguado, quedando demostrada su
asistencia, ver folios 415 al 419 del cuaderno de recaudos N° 3, y escrito de
conclusiones e informes suscrito por los abogados Tatiana Laguado
y Ramón José Rojas Carrasquel, ver folios del 420 al
467 cuaderno de recaudos N° 3, valorados en la cantidad de diez mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00).
20.- Acuerdo de fecha 20
de septiembre de 2019, suscrito entre las empresas Consultel,
C.A., y Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A., para la ‘…composición voluntaria para
el cumplimiento del LAUDO…’ ver folios 164 al 167 del cuaderno de recaudos
N° 2, que los intimantes indican que sin sus
actuaciones ‘…habría sido imposible concluir la demanda arbitral mediante un
acto de autocomposición procesal entre las partes como lo fue la TRANSACCIÓN
que sustituyó a la Experticia (sic) Complementaria (sic) del Laudo (sic)
ordenada por el Tribunal (sic) Arbitral (sic); por el cual esta
representación estima los honorarios profesionales en la cantidad de OCHENTA
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 80.000,00)…’.
Ahora bien dado que la
intimada admitió la representación que ostentaban los intimantes
respecto de su pretensión arbitral seguida en el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas, así como tampoco impugnó ninguno de los medios probatorios
en los cuales se dejó constancia de los mismos, esta Sala determina que dichas
actuaciones se tienen como válidas a los efectos de la estimación e intimación
de cobro de honorarios profesionales; sin embargo respecto del acuerdo de fecha
20 de septiembre de 2019, celebrado entre las empresas Consultel,
C.A., y Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A., para la ‘…composición voluntaria para
el cumplimiento del LAUDO…’, presentado ante el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas, se observa que en el mismo se deja constancia que la
intimada Consultel, C.A., se encontraba representada
en dicho acto por ‘…sus apoderados, ciudadanos César Oswaldo Quintero M. y
Néstor Gustavo Quintero M., (…) abogados en ejercicio, inscritos debidamente en
el IPSA bajo los N°s. 43.591 y 50.879…’, sin que
efectivamente se pueda determinar que en el referido acto hayan actuado los intimantes como apoderados de la hoy accionada, en
consecuencia dicha actuación arbitral debe ser excluida del cálculo de los
honorarios profesionales demandados. Así se establece.
Asimismo observa esta
Sala, que la parte intimada alegó como hecho extintivo de su obligación de
pago, un conjunto de pagos efectuados acompañados en su escrito de
contestación, señalando que no adeuda cantidad alguna por concepto de honorarios
profesionales referidos a la causa llevada bajo en el expediente arbitral N°
CA01-A-2016-000004, por ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas.
En este sentido cabe
destacar, que de acuerdo al análisis realizado por esta Sala de los medios
probatorios traídos a la presente causa, no se pudo efectivamente verificar que
la intimada haya demostrado positivamente la realización de pago alguno a favor
de los intimantes por concepto de los honorarios
adeudados en el juicio arbitral llevado ante el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas en el expediente N° CA01-A-2016-000004, en razón de ello, se
declara improcedente el alegato de la parte intimada. Así se establece.
Asimismo, que tal y como
fue indicado al momento de analizar los medios presentados en el presente
juicio, la intimada falló en traer algún medio probatorio que permitiera probar
la existencia de una convención que regulara la condiciones de pago de los
honorarios profesionales a percibir por parte de los abogados intimantes, por lo que a criterio de este juzgador las
obligaciones surgidas entre la sociedad mercantil Consultel,
C.A., y los intimantes, estuvo originada por el
instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Novena de
Caracas, en fecha 2 de marzo de 2016, bajo el N° 24, tomo 23, folios 80 hasta
83, por medio del cual la intimada les otorgó la representación a los abogados
Ramón José Carrasquel y Tatiana Laguado
‘…en el proceso de Arbitraje (sic) Comercial (sic) que ese (sic) iniciara en
el CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARACAS en
lo adelante (C.A.C.C.C.) de acuerdo con la cláusula
compromisoria o arbitral contenida en el contrato comercial suscrito entre mi
representado en lo adelante ‘CONSULTEL, C.A.’ y la empresa ‘TEIXEIRA
DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES, (sic) S.A…’, y en
consecuencia de cada una de las actuaciones reseñadas y estimadas por los
actores intimantes, los cuales se constituyen en
los instrumentos mediante los cuales los intimantes
hacen valer su derecho a percibir honorarios profesionales, razón por la cual
se desecha el presente alegato. Así se establece.
Por último respecto a lo
peticionado por los intimantes de que la cantidad
demandada sea cancelada en dólares de los Estados Unidos de América ‘…en
virtud que tanto el contrato de obras como los pagos efectuados por ‘TDEC’ a
‘CONSULTEL’ fueron pactados y se hicieron en Dólares (sic) de los Estados
Unidos de América…’, debe esta Sala traer a colación sentencia N° 106, de fecha 29
de abril de 2021, caso: Gabriela Coromoto
Infante Gravina y otro, contra Alexander Santa María
Ávila y otra, Exp. N° 2020-164, en la que se
reitera decisión N° 633 de fecha 29 de octubre de 2015 caso: Advanced Media Technologies Inc
(AMT), contra la sociedad mercantil Supercable ALK
Internacional S.A. (SUPERCABLE), que señaló respecto al supuesto de
obligaciones pecuniarias pactadas en moneda extranjera y su pago, lo siguiente:
‘…En cuanto a la moneda
de curso legal, se estima oportuno reiterar lo establecido en el fallo antes
señalado, que esta se refiere a aquella que en un determinado país, al ser
emitida por el órgano oficial, tiene en principio poder liberatorio de
obligaciones válidamente contraídas, es decir, esa moneda dispuesta como
de ‘curso legal’ tendría que ser aceptada por el acreedor de toda
obligación pecuniaria, pues precisamente una de sus funciones es poder liberar
al deudor de sus obligaciones, y en este sentido, el artículo 318 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que la unidad
monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar.
En cuanto a las
obligaciones, la Sala ha establecido que debe distinguirse cuando la obligación
en divisas está expresada en moneda de cuenta (moneda alternativa) o como
moneda de pago stricto sensu. En el primer caso, la Sala ha establecido
que la moneda extranjera funciona como una moneda de cuenta, es decir, de modo
referencial del valor de las obligaciones asumidas en un momento determinado,
en el segundo caso, la moneda extranjera se fija como moneda efectiva y
exclusiva de pago.
En este sentido, cuando
la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, implica que las partes la
emplean como una fórmula de reajuste o estabilización de la obligación
pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor interno de la moneda de
curso legal, que en nuestro caso es el Bolívar. Así, el deudor de una
obligación estipulada en moneda extranjera, en principio, se liberará
entregando su equivalente en bolívares a la tasa corriente a la fecha de pago,
precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda de curso legal
están in obligationem, pero una sola de ellas
está in solutionem, en consecuencia salvo
que exista pacto especial o cláusula de pago efectivo en moneda extranjera,
conforme lo dispone el artículo 128 de la mencionada Ley del Banco Central, el
deudor se liberará de la obligación nominada en moneda extranjera mediante la
entrega de su equivalente en bolívares a la tasa de cambio corriente en el
lugar de la fecha de pago…’.
De esta manera se tiene
que de conformidad con el artículo 128 de la Ley del Banco Central, salvo
que exista pacto especial o cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, el
deudor se liberará de la obligación nominada en moneda extranjera mediante la
entrega de su equivalente en bolívares a la tasa de cambio corriente en el
lugar de la fecha de pago, siendo que en el caso de marras tal como ha sido
indicado supra, no consta en el acervo probatorio del expediente,
contrato alguno que regule las condiciones y los modos de pago respecto de la
prestación de servicios profesionales de abogados entre los intimantes
y la accionada, por lo que el presente pedimento resulta improcedente. Así
se establece.
En virtud de lo
anteriormente analizado y visto que las actuaciones que sirven de
fundamentación del derecho al cobro de honorarios profesionales, son
extrajudiciales, las cuales quedaron plenamente probadas en el presente juicio,
esta Sala, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Abogados, considera
que los abogados Tatiana Melissa Laguado
González y Ramón José Rojas Carrasquel, abogados en
ejercicio, tienen derecho a percibir los honorarios profesionales intimados,
tal como ha sido indicado supra; en este sentido como quiera que la (sic) no se verificó
que la parte intimante haya realizado actuaciones
fuera de los límites del mandato otorgado, ni la parte intimada demostrara que
hubiera pagado dichos honorarios, la presente demanda de intimación de honorarios
profesionales se declara procedente. Así se decide.
(…Omissis…)
En virtud de todo lo
antes expuesto concluye esta Sala, que al haber sido declarada la procedencia
en derecho de la pretensión de estimación e intimación de honorarios
profesionales de los ciudadanos abogados Tatiana Melissa
Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel, en contra de la sociedad mercantil Consultel, C.A., se debe condenar a la intimada a pagar la
suma equivalente en bolívares de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1.120.000,00), constituida por las diecinueve
(19) actuaciones arbitrales ejercidas por los intimantes
para la hoy intimada, siendo esta la base de cálculo, según sea su valor
para el momento del pago efectivo que realice la intimada, o la cantidad que
determine el tribunal de retasa, en caso de ser constituido. Así se establece.
Con base en los
anteriores razonamientos se declara sin lugar el recurso de apelación
ejercido por la representación judicial de la intimada contra la sentencia
dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, en fecha 20 de octubre de 2022, la cual se confirma en los
términos señalados en la presente decisión. Así se decide”.
III
DE
LA COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la solicitud
de revisión planteada, y al respecto observa que conforme con lo establecido en
el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “…[r]evisar las sentencias definitivamente firmes de
amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos
establecidos por la ley orgánica respectiva…”.
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes,
abarca los fallos que hayan sido dictados por los tribunales de la República,
cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional,
efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional, o
producido un error grave en su interpretación, o por falta de aplicación de
algún principio o normas constitucionales, tal como lo prevé el artículo 25,
numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y
el fallo N° 93, del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”),
en el cual esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional,
restringida y discrecional, de revisión.
Ahora bien, dado que en el caso de autos se solicitó la revisión
de la decisión N° 670 dictada, el 3 de noviembre de 2023, por la Sala de
Casación Civil de este Máximo Tribunal, declara su competencia para el
conocimiento de la misma. Así se decide.
IV
MOTIVACIONES
PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia para conocer de la
presente revisión, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la misma no sin antes
reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en
sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”),
ratificado en el fallo N° 714 del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de
Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), conforme al cual la
discrecionalidad que se le atribuye a la Sala en el ejercicio de la facultad de
revisión constitucional, no debe ser entendida como posibilidad para intentar
una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo con
el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios
constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese
rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de
ésta, su procedencia.
Asimismo, esta Sala asentó en
sentencia Nº 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”) que existe la posibilidad de revisar la sentencias
dictadas por las demás Salas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia
cuando se denuncien: i) violación de principios jurídicos fundamentales
contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados
válidamente por la República (artículo 25, cardinales 10 y 11 de la nueva Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y, ii) cuando estas sentencias se hayan dictado
con ocasión de: a) error inexcusable, b) dolo, c) cohecho o d) prevaricación y,
el último supuesto legal (artículo 25, numeral 12 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia), que se limitó a reproducir lo establecido en el
artículo 336, numeral 10, el cual ha sido objeto de un desarrollo exhaustivo
por esta Sala en la referida sentencia Nº 93/2001, entre otras. (Cfr., sentencia
de esta Sala N° 1535 del 11 de noviembre de 2013, caso: “Antonio Claret Bretón Flores”).
Ahora bien, esta Sala actuando
como máxima garante de la Constitución, en defensa y resguardo del orden
público e incolumidad del Texto Fundamental, y ejerciendo la atribución
prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Carta Magna, en concordancia
con el numeral 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, procede a revisar la sentencia N° 670 dictada por la Sala de Casación
Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 3 de noviembre de 2023, por las
siguientes razones:
Observa esta Sala que la
sentencia objeto de revisión fue dictada en el marco de un juicio por
estimación e intimación de honorarios profesionales que se inició por demanda
interpuesta por los abogados Tatiana Melissa Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel,
contra la sociedad mercantil Consultel, C.A., con el
objeto de “interrumpir la prescripción”,
ante el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual admitió la misma “por no
ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición
expresa de la Ley”, siendo posteriormente remitido el expediente por
distribución al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial, el cual admitió
nuevamente la demanda, “por cuanto de una lectura del libelo (…) se
evidencia que el mismo no es contrario al orden público, a las buenas
costumbres o a alguna disposición expresa de la ley”.
Ahora bien, de las actas
procesales que conforman el expediente original requerido por esta Sala al
Tribunal de la causa se comprueba que los abogados demandantes Tatiana Melissa Laguado González y Ramón
José Rojas Carrasquel, estimaron la referida demanda
en la cantidad de “UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 1.200.000,00) (…) en virtud de que
tanto el Contrato de Obras (sic) como los pagos efectuados por
‘TDEC’ a ‘CONSUTEL’ fueron pactados y se hicieron en Dólares de los Estados
Unidos de América…”, calculados en un 30% del monto condenado en
el laudo arbitral, con una oferta no firmada, sin embargo, no consta en autos
que hayan acompañado como instrumento fundamental de la misma algún contrato o
cualquier otro medio de prueba que acredite las condiciones y los modos de pago
respecto de la prestación de servicios profesionales de abogados entre los
demandantes y la demandada en la causa principal, en dicha moneda extranjera.
En este sentido, resulta necesario traer a colación el contenido
de los artículos 340 ordinal 6°, y 434 del Código de Procedimiento Civil, los
cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 340.- El libelo de la demanda deberá expresar:
(…Omissis…)
6º Los instrumentos en
que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente
el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo”.
“Artículo 434.- Si el
demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la
fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo
la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que
aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de
excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de
esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de
promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no
se le admitirán otros”.
En relación con el contenido y alcance de tales normas, esta Sala
en sentencia N° 900 de fecha 13 de diciembre de 2018, caso: “Wilmer Antonio González Mendoza”, estableció
lo siguiente:
“De las normas
transcritas no se deduce que le esté permitido al juez la posibilidad de negar
la admisión de una demanda por no haberse acompañado junto con la misma el
instrumento fundamental, puesto que la sanción que impone el artículo 434 del
Código de Procedimiento Civil es que el o los instrumentos fundamentales no
puedan ser admitidos después, de allí que la decisión cuestionada se basa en un
criterio erróneo del sentenciador que viola el derecho a la tutela judicial
efectiva del demandante, aquí solicitante de revisión”.
Del fallo anteriormente transcrito, se tiene que
de conformidad con el principio pro actione vinculado
al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y al tema de la
admisibilidad de la pretensión, no se deduce, prima facie que
le esté permitido a los jueces la posibilidad de negar la admisión de una
demanda por no haberse acompañado junto con la misma el instrumento fundamental,
por cuanto la sanción que impone el artículo 434 del Código de Procedimiento
Civil, resulta en la prohibición de admisión de los instrumentos fundamentales
luego de ser presentada la demanda.
No obstante, juzga esta Sala que ello no siempre
es así, puesto que existen categorías de juicios en los que no son aplicables
las excepciones que contempla el artículo 434 del Código de Procedimiento
Civil, cuando los documentos fundamentales y fehacientes no son consignados
conjuntamente con el escrito libelar, por cuanto dichos instrumentos en estos
supuestos forman parte indivisible de la causa petendi,
pasando a ser considerados como requisitos de forma del acto de admisión de la
demanda, cuya falta de acompañamiento junto con la misma apareja como consecuencia
su declaratoria de inadmisibilidad, como por ejemplo, en el caso de los
procedimientos especiales contenciosos de vía ejecutiva, de intimación o
monitorio, la ejecución de créditos fiscales, la ejecución de hipoteca y de
prenda, el juicio de cuentas, los juicios de prescripción, la tercería
voluntaria de dominio en el supuesto del artículo 376 del Código de
Procedimiento Civil, cuando la misma fuere propuesta antes de haberse ejecutado
la sentencia, del tercero adhesivo conforme al artículo 379 eiusdem, y en los casos de terceros forzosos, según
dispone el artículo 382 del referido código adjetivo, así como de los juicios
de partición conforme lo establecen los artículos 777 y 778 del Código de
Procedimiento Civil y del exequátur de sentencias extranjeras de conformidad
con el artículo 852 del Código de Procedimiento Civil (Cfr. RIVERA MORALES,
Rodrigo (2013). Las Pruebas en el Derecho Venezolano, 7ma edición
aumentada y corregida, Librería J. Rincón G., Barquisimeto, pp. 823 y 824).
Ello es aplicable también a los juicios de
estimación e intimación de honorarios en los que se pretende el pago de los
mismos en moneda extranjera, por cuanto es un requisito formal y esencial que
se consigne junto con el libelo de la demanda como instrumento fundamental el respectivo
contrato de servicios profesionales, en original o copia certificada, donde
conste de forma cierta las condiciones y los modos de pago respecto de la
prestación de servicios profesionales de abogados pactados en una moneda
distinta al Bolívar, ya que, en los juicios de esta naturaleza, el instrumento
fundamental forma parte de la causa petendi y
debe ser considerado como un requisito de forma del acto de admisión de la
demanda, no siendo posible su consignación posterior bajo ningún supuesto (Cfr.
Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 434 del 25 de julio de 2024, caso: “América
Rendón Mata, contra Servicios Incorporados, C.A.”).
De tal forma que, la demanda de estimación e
intimación de honorarios antes mencionada, no debió ser admitida a trámite por
los Tribunales de instancia al no haberse acompañado contrato alguno u otro
documento o prueba que demuestre la estipulación de pago de los mismos en
dólares de los Estados Unidos de América.
En este sentido, considera esta Sala necesario
reiterar el criterio sentado en fallo N° 1618 del 18 de agosto de 2004, caso: “Industria
Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A.”, según el cual deben estar dados
todos los presupuestos procesales para que nazca la obligación del juez de
ejercer su función jurisdiccional y para que pueda resolver el caso planteado,
estando tanto las partes como el juez debidamente autorizados para controlar el
cumplimiento de los llamados presupuestos procesales con la advertencia de los
vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los
mismos y, la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a
que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, o de
cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que
el sentenciador verifique en cualquier estado y grado de la causa o
en la alzada el cumplimiento de los aludidos presupuestos procesales, aunque al
momento en que fue admitida la demanda por el juez de la causa, no se hubiere
advertido vicio alguno para la instauración del proceso, de tal forma que “…el
rol del juez como director del proceso no se agota con este pronunciamiento,
porque de existir circunstancias que hagan presumir la
inadmisibilidad de la pretensión, como la misma está estrechamente vinculada
con la constitución válida del proceso, debe ser analizada, incluso en
la fase ejecutiva…” (Resaltado añadido).
En este sentido, juzga esta
Sala que la Sala de Casación Civil se apartó del criterio vinculante de esta
Sala antes citado, infringiendo además principios constitucionales como los de
expectativa plausible, confianza legítima y seguridad jurídica, al dejar de
aplicar sus propios criterios jurisprudenciales establecidos en la materia, a
saber:
El sentado en la sentencia N° 464 del 29 de septiembre
de 2021, caso: “Philippe Gautier Ramia, contra Promotora Key Point, C.A., y otra”,
en el que sobre el tema de la demanda por estimación e intimación de honorarios
profesionales en moneda extranjera, dicha Sala señaló lo siguiente:
“…se observa que
el demandante reclama el pago de honorarios profesionales, costos y costas del
proceso alegando que se trata de obligaciones dinerarias en moneda extranjera.
El fundamento jurídico
alegado consiste básicamente en que, la obligación sobre la cual versó el
litigio en el cual se generaron las actuaciones que constituyen el título de la
pretensión de honorarios profesionales, era una obligación dineraria en moneda
extranjera, y que de acuerdo con el artículo 128 de la Ley del Banco Central de
Venezuela, la estipulación de obligaciones en moneda extranjera es válida tanto
si se toma como moneda de cuenta, como en el caso de que se establezca como
moneda de pago efectivo.
Al respecto, debe
advertirse que la obligación que dio origen al litigio en que el abogado prestó
sus servicios, tiene una fuente distinta de la que da origen a las obligaciones
de pagar honorarios, costos y costas procesales.
En efecto, la
obligación discutida en el juicio que da origen a la pretensión de honorarios,
fue creada por la voluntad de las partes mediante un contrato en el cual se
incorporó una estipulación especial que transformó el régimen jurídico de la
obligación dineraria para que la misma se expresara en unidades de un signo
monetario distinto de la moneda de curso legal en la República Bolivariana de
Venezuela, lo cual excepcionalmente puede pactarse en aquellos contratos en que
no está expresamente prohibido por la ley, a la luz del artículo 128 de la Ley
del Banco Central de Venezuela.
En consecuencia, el
ámbito de aplicación del referido artículo 128 de la Ley del Banco Central de
Venezuela está restringido a las obligaciones nacidas de un acto jurídico en
que se incluya una estipulación por virtud de la cual el obligado
previamente acepte la modalidad de pago en una moneda extranjera (como
unidad de cuenta o como cláusula de pago efectivo), y además es indispensable
que se determine cuál será la divisa utilizada, todo lo cual debe ser
pactado por las partes antes o en el momento del nacimiento de la obligación.
Por el contrario, no
resulta aplicable el referido artículo a las obligaciones no contractuales,
donde el nacimiento de la obligación dineraria deriva de un hecho jurídico al
que la ley asigna directamente esta consecuencia, como es el caso de las
indemnizaciones por hechos ilícitos, gestión de negocios, enriquecimiento sin
causa, contribución a los gastos de conservación de cosas comunes, reembolso de
gastos efectuados por mandatarios y administradores, y especialmente, para el
caso de autos, el pago de costos y costas procesales.
Esto porque en tal
género de obligaciones, el deudor queda obligado al pago de una cantidad de
dinero por disposición de la ley una vez que se ha verificado el hecho
jurídico, sin que haya estipulación especial que modifique el régimen jurídico
de la obligación dineraria, por lo que esta será indefectiblemente denominada y
pagadera en la moneda de curso legal al momento del nacimiento de la
obligación.
En este último caso, la
pretensión de cobro judicial o extrajudicial de tales obligaciones como deudas
en moneda extranjera, no solo es improcedente por carecer de base legal, sino
que podría configurar el delito de usura, en caso de que el diferencial
cambiario exceda los límites legales de las tasas de interés que sean
aplicables a la respectiva obligación.
En consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones dinerarias no nacidas de una estipulación
contractual que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley del Banco
Central de Venezuela, se rigen por las normas que regulan el cumplimiento de
las obligaciones dinerarias en moneda de curso legal, especialmente observando
las limitaciones que resultan del principio nominalístico
(artículo 1737 del Código Civil) y las normas que prohíben la obtención, por
cualquier medio o bajo cualquier denominación, de intereses superiores a los
límites legales (Véase al respecto sentencia de la Sala Constitucional del 24
de enero de 2002, caso: créditos indexados).
En esta clase de
obligaciones, el reajuste nominal de la expresión monetaria de la prestación
debida solo procede mediante la indexación judicial en los términos en que ha
sido reconocida por la jurisprudencia, es decir, calculada desde la fecha de
admisión de la demanda hasta la fecha del pago efectivo y tomando como factor
el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de
Venezuela.
En el caso de autos, el
demandante pretende el pago de honorarios profesionales bajo el régimen de una
obligación en moneda extranjera, sin que exista un contrato de servicios
profesionales en el cual el demandado haya aceptado previamente esta modalidad,
lo que hace inaplicable el artículo 128 de la Ley del Banco Central de
Venezuela para el regir cumplimiento de la obligación…”. (Destacados de la
Sala).
De igual manera, dicha Sala
en sentencia N° 599, del 7
de noviembre de 2022, caso: “Eladio Enrique Gutiérrez Gutiérrez
contra Jaris Wilmer
Guillén”, indicó lo siguiente:
“…respecto de la
inadmisibilidad de la demanda y los motivos por los cuales está dado a los
jueces su declaratoria, no puede la Sala pasar por alto que estamos en
presencia de una demanda de cobro de honorarios profesionales de carácter
extrajudicial, estimados en moneda extranjera.
A este respecto, la Sala
en Sentencia Nro. 464 dictada en fecha 29 de septiembre de 2021, caso Philippe Gautier Ramia,
estableció lo siguiente:
(…Omissis…)
De tal modo que, la
exigencia de pago respecto de servicios profesionales debe encontrarse
sustentada en algún instrumento físico donde previamente se halla (sic) determinado
que, ha sido pactada la ejecución de ciertas actividades profesionales a favor
del cliente, y que dichas actividades, generan un costo exigible en moneda
extranjera.
En el caso de estudio, luce
evidente la inexistencia de instrumento donde previamente se haya estipulado
con claridad, de una forma específica y detallada la existencia de un vínculo
contractual entre las partes; en otras palabras, la Sala observa que estamos en
presencia de una acción por cobro de honorarios profesionales extrajudiciales
que no se encuentra sustentada en un documento previo, por lo que no se da
cumplimiento a lo indicado en la doctrina jurisprudencial supra transcrita.
Los honorarios
profesionales constituyen la remuneración que se concede por la ejecución de
ciertos trabajos por los expertos en una materia. Es innegable que los abogados
tienen derecho a percibirlos, ello porque, las actuaciones que despliegan y los
conocimientos aplicados para favorecer a su cliente obedecen al hecho de que
éste lo contrató a tales fines. En otras palabras, el cliente contrata los
servicios judiciales o extrajudiciales del profesional del derecho a cambio de
una justa remuneración.
Como se advierte y sin
duda alguna, el despliegue de cualquier actividad a favor de los intereses
propios del cliente, que implique la aplicación de conocimientos adquiridos con
ocasión de la obtención del título de abogado, deviene en la necesaria
retribución económica a favor del profesional del derecho.
Este derecho de cobro
además, se encuentra consagrado en nuestra legislación, en el artículo 22 de la
Ley de Abogados, el cual dispone:
(…Omissis…)
Tal como se desprende de
la norma citada supra, el ejercicio de la profesión hace nacer el derecho a
percibir honorarios profesionales, con base en la naturaleza de las actuaciones
realizadas, y el mismo se ventilará judicial o extrajudicialmente. Sin
embargo, cuando lo pretendido es el cobro de honorarios en una moneda distinta
a la de curso legal en el territorio de la República, por cuanto se trata de
una obligación pecuniaria, la Ley del Banco Central de Venezuela exige una
estipulación contractual especial.
Ello encuentra además
sustento en el hecho que, en la República Bolivariana de Venezuela, la moneda
de curso legal es el Bolívar, por lo que si eventualmente el profesional
del derecho, como en el caso que se analiza, opta por estimar el cobro de sus
honorarios profesionales en una moneda distinta, debe acreditarlo previamente
en la letra de algún instrumento que a posteriori le permita hacer exigible la
satisfacción de la deuda.
Ahora bien, delimitado
el punto controvertido, resulta imperioso para la Sala, en sintonía con las
normas y los criterios jurisprudenciales traídos a colación, insistir en la
necesidad que, si bien la regla general es que toda pretensión judicial pueda ser
admitida, sustanciada y debatida ante el tribunal competente, por medio de
acudir a la jurisdicción para dilucidar el derecho reclamado y ejercer el
derechos a la defensa y al debido proceso, en los casos donde se demande el
cobro de obligaciones dinerarias en moneda extranjera, se requiere instrumento
en el que se plasme una cláusula expresa…”. (Destacados de esta Sala).
En este sentido, de los criterios jurisprudenciales antes citados
-los cuales comparte esta Sala- se tiene que cuando el profesional del derecho
exige el cobro de sus honorarios profesionales en moneda extranjera el mismo
debe encontrarse sustentado en un contrato de servicios u otros documentos
donde previamente se haya determinado que, ha sido pactada la ejecución de
ciertas actividades profesionales a favor del cliente, y que dichas
actividades, generan un pago exigible en moneda extranjera.
De esta forma, debe ser acreditado previamente en la letra de
algún instrumento que a posteriori le permita hacer exigible la satisfacción de
la deuda, siendo que, si bien la regla general es que toda pretensión judicial
pueda ser admitida, sustanciada y debatida ante el tribunal competente, por
medio de acudir a la jurisdicción para dilucidar el derecho reclamado y ejercer
el derecho a la defensa y al debido proceso, en los casos donde se demande el
cobro de obligaciones profesionales dinerarias en moneda extranjera, se
requiere que se acompañe como instrumento fundamental el respectivo contrato de
servicios en el que se plasme una cláusula expresa en ese sentido o
cualesquiera otras probanzas que demuestren plenamente la existencia de tal
pacto, caso contrario la demanda ha de ser declarada inadmisible por ser
contraria al orden público, en tanto que se hace inaplicable el artículo 128 de
la Ley del Banco Central de Venezuela para regir el cumplimiento de la
obligación, por cuanto es esencial que previamente el obligado acepte la
modalidad de pago en una moneda extranjera (ya sea como unidad de cuenta o como
cláusula de pago efectivo).
Al respecto, considera propicia esta Sala la oportunidad para
reiterar su criterio de que el ejercicio de la acción judicial está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, algunos de
ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios
generales del derecho, y al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable,
lo que no constituye una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es
el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre
la existencia del derecho de acción. (Vid. sentencia de esta Sala N° 776,
del 18 de mayo de 2001).
En este sentido sólo en aquellos casos en los que el requisito o
la exigencia sustancial o procesal sea demasiado complicado, imposible o
difícil de cumplir, y no tenga una razón valedera o justificada, podría
considerarse que se estaría imposibilitando o frustrando infundadamente el
acceso a la justicia, con la consecuente violación del principio pro actione.
Ahora bien, a juicio de esta Sala la exigencia del acompañamiento
de un contrato de servicios o cualesquiera otras probanzas que
demuestren plenamente la existencia de un pacto de honorarios en moneda
extranjera como instrumento fundamental para la admisibilidad de este tipo de
demandas en modo alguno puede ser concebido como irracional, arbitraria o
injustificada, ya que lo que se persigue, en principio, es garantizar el
derecho a la defensa del demandado, toda vez que, la ausencia de presentación
junto con el libelo del aludido contrato o cualquier otro medio de prueba que
acredite su obligación de pago en divisas dificulta verificar los términos y
condiciones del mismo, entre ellos la moneda pactada.
De tal forma que, la prueba documental requerida como requisito de
admisibilidad en este tipo de demandas no es baladí, por el contrario, reviste
una importancia capital para la resolución de la controversia. No en vano el artículo
43 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano establece de
manera clara que: “[e]l abogado deberá celebrar con su patrocinado un
contrato por escrito, en el cual especificará las condiciones de los servicios
y todo lo relativo al pago de los honorarios y gastos, que será firmado por
ambas partes, conservando cada una un ejemplar del mismo”. (Destacado
de la Sala).
En este sentido, la presentación del contrato de
servicios o de cualquier otro medio de prueba del pacto de honorarios en moneda
extranjera como requisito de admisibilidad en estos casos aporta mayor
seguridad jurídica al proceso ya que le permite al juez tener una base
documental clara para evaluar la pretensión del demandante y la oposición del
demandado, al tiempo que le proporciona un mayor control y transparencia en la
decisión de estos asuntos, además de que con tal exigencia se pudiesen evitar
demandas infundadas o con montos arbitrarios (Vid. Sentencia de esta Sala N°
1317 del 6 de agosto de 2025, caso: “Anarelys
Del Valle Rodríguez Díaz y otro”).
De tal forma, que al no haber acompañado los abogados demandantes
en el juicio primigenio por estimación e intimación de honorarios profesionales
como instrumento fundamental un contrato de servicios u otro medio probatorio
del que pudiera evidenciarse plenamente el pacto de los mismos en la moneda
extranjera en la que estimaron su demanda, instrumento este que forma parte
indivisible de la causa petendi y siendo que
el mismo no podía ser acompañado con posterioridad de conformidad con lo
establecido en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, resulta
evidente que se incurrió en un quebrantamiento de formas sustanciales del
proceso, lo cual degeneró en indefensión de la demandada, aquí solicitante de
revisión, al no ser decretada la inadmisibilidad de la demanda de conformidad
con el artículo 341 eiusdem, motivos por los
cuales resulta ha lugar la presente solicitud de revisión.
En consecuencia, se declara la nulidad de la sentencia n° 670
dictada, el 3 de noviembre de 2023, por la Sala de Casación Civil de este
máximo tribunal y todos los actos procesales subsiguientes y con fundamento en
lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia se declara inadmisible la demanda de estimación e intimación de
honorarios profesionales interpuesta por los abogados Tatiana Melissa Laguado González y Ramón José Rojas Carrasquel
en contra de la sociedad mercantil Consultel, C.A.
Finalmente, y tomando en consideración que, en materia
constitucional, no rige netamente el principio dispositivo, estando plenamente
facultada esta Sala para decidir el caso en atención a las infracciones
detectadas con prescindencia de las delaciones planteadas por la representación
judicial de la solicitante, esta Sala juzga inoficioso emitir pronunciamiento
sobre las mismas, así como con respecto a la medida cautelar solicitada. Así se decide.
V
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en
nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1.- COMPETENTE para conocer la revisión constitucional
solicitada por los abogados Blanca Rosa Mármol de León, Mariana León Marmol y Alberto Roz Romano, en
representación de la sociedad mercantil CONSULTEL, C.A., ya
identificados, de la decisión N° 670 dictada, el 3 de noviembre de 2023, por la
Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal.
2.- HA LUGAR la
revisión constitucional interpuesta. En consecuencia, se declara la NULIDAD
de la sentencia N° 670 dictada, el 3 de noviembre de 2023, por la Sala de
Casación Civil de este Máximo Tribunal y de todos los actos procesales
subsiguientes.
3.- INADMISIBLE la demanda de estimación e intimación de
honorarios profesionales interpuesta por los abogados TATIANA MELISSA LAGUADO GONZÁLEZ y
RAMÓN JOSÉ ROJAS CARRASQUEL, en contra de la sociedad mercantil CONSULTEL,
C.A., ya identificados.
4.- INOFICIOSO pronunciarse con respecto a la medida cautelar
solicitada.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente
decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y al
Tribunal de la causa, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, junto con el expediente original contentivo de la
causa primigenia, previo el desglose correspondiente. Archívese el expediente.
Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en
el Sala de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en Caracas, a los 2 días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026). Años: 215º
de la Independencia y 167º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
TANIA D’AMELIO CARDIET
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
El Magistrado y las Magistradas,
LUIS
FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Ponente
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA
CASTRO
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
24-0048
LFDB