El
componente
de Política
Institucional
apoya a
la Corte en
Pleno en la
coordinación
de una
política
judicial
nacional.

El
componente
de actividad
judicial
tiene como
objetivo la
reingeniería
de las Salas
de la Corte
Suprema
de Justicia.

El componente
de Divulgación
de Sentencias
apoyará la
publicación
y divulgación
de la
jurisprudencia
de la Corte.

I. Estudio Estratégico Global

La Corte Suprema de Justicia inició en 1997 el proceso de licitación para la contratación del Estudio Estratégico Global, que constituye uno de los elementos claves de su modernización. Para la evaluación de las propuestas y ofertas de las firmas consultoras y para la selección de la firma mejor calificada, la Corte Suprema de Justicia constituyó una Comisión Técnica. Esta Comisión estuvo integrada por los siguientes miembros: María Luisa Acuña, Juez de Sustanciación de la Sala Político Administrativa; Anaís Mejías, Secretario de la Sala Político-Administrativa; Birma Isabel Infante, Secretario de la Sala de Casación Civil; José Leonardo Requena, Secretario de la Sala de Casación Penal. La Comisión Técnica fue coordinada por el Director General de Administración y Servicios de la Corte y participaron como observadores el Contralor Interno de la Corte y los consultores del Proyecto de Modernización, Alvaro Leal y Guillermo Salas.

Luego de un acucioso estudio, la Comisión Técnica seleccionó al consorcio constituido por las empresas Consultoría IESA y DPK Consulting, y recomendó su contratación a las más altas autoridades de la Corte. La recomendación de la Comisión Técnica fue aceptada por la Corte en Pleno y en fecha 21 de abril de 1998 el consorcio inició la preparación del Estudio Estratégico Global.

La duración del Estudio Estratégico Global es de dieciocho meses, distribuidos así: seis meses, para la realización del diagnóstico, y la elaboración y presentación de propuestas de reforma, con la correspondiente validación por la Corte, y doce meses para la implantación de las mismas.

El 18 de noviembre de 1998 fueron entregados los informes correspondientes a la primera etapa. Se espera que a comienzos de diciembre de 1998 rendirá su informe un panel de tres expertos independientes, quienes evaluarán el producto de esta primera etapa. En caso de ser aprobado el estudio, se iniciará la fase de implantación de las recomendaciones.

Alcance de los componentes del Proyecto de Modernización y de las propuestas del Estudio Global

Política institucional

Concepto: El componente de Política Institucional tiene como meta crear las disposiciones necesarias para apoyar a la Corte en Pleno en la coordinación de una política judicial nacional. Esto incluye la investigación, evaluación del desempeño del sistema judicial, iniciativa legislativa, e información a la sociedad civil.

Diagnóstico: En el componente de Política Institucional se identificaron tres ámbitos de acción: la coordinación de una política judicial nacional, el apoyo jurisprudencial, y las relaciones externas de la Corte.

– La coordinación de una política judicial nacional: En Venezuela, existen distintos organismos del Estado con competencias en el área judicial. Sin embargo, no hay un órgano que lleve a cabo investigaciones permanentes sobre la administración de justicia. Por otra parte, en la estructura actual de la Corte Suprema de Justicia no existe una dependencia que se encargue de coordinar o consolidar desde una perspectiva integral, los lineamientos, políticas y estrategias a seguir por la institución en su rol de máxima autoridad del poder judicial.

– Apoyo jurisprudencial: Las amplias competencias de la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional le permiten evaluar la labor de interpretación del derecho que desempeña el resto del Poder Judicial. No obstante, la carga de trabajo de la Corte y su preocupación por ser eficiente, le ha reducido la capacidad de reflexionar sobre los principios establecidos en su propia jurisprudencia, de manera de evaluar de una manera integral la calidad del trabajo del resto del Poder Judicial, y servir de verdadera guía de la interpretación del derecho.

– Relaciones externas: Actualmente, en la estructura formal de la Corte existen dos dependencias que tienen a su cargo las relaciones externas de la Corte: la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas y la Oficina de Prensa. Sin embargo, estas oficinas tienen un rol limitado a funciones operativas sin un plan general que oriente sus acciones en torno a una estrategia de comunicación general. Para la preparación de este plan estratégico de comunicación la Corte contrató este año la realización de un estudio de opinión sobre el Poder Judicial venezolano.

Acciones propuestas: Se propone la creación de la Gerencia General Judicial, la cual coordinará la realización de las actividades identificadas en el componente de Política Institucional, reportando, junto con el Gerente General de Administración, a la Junta Directiva de la Corte: La Gerencia General Judicial tendrá a su cargo las siguiente unidades:

– Planificación: Esta dependencia se ocupará de establecer los objetivos organizacionales de la Corte Suprema de Justicia, fijar sus metas según los análisis estratégicos y de entorno, y coordinar, desde una perspectiva integral, los elementos de la plataforma estratégica de la organización, que permitan hacer el seguimiento de la gestión institucional con base en los indicadores de desempeño fijados en el plan elaborado.

– Investigaciones sobre la Justicia: Esta dependencia se ocupará de mantener las estadísticas nacionales del Poder Judicial venezolano, y hacer los estudios necesarios que permitan a la Corte la coordinación de la política judicial nacional.

– Análisis Cualitativo: La función general de esta Unidad es la de colaborar con la Corte en analizar la calidad del desempeño de los demás tribunales, a la luz de la jurisprudencia de la Corte. Con esto se pretende desarrollar políticas que promuevan la calidad de decidir de los jueces y de esa manera optimizar el desempeño del Poder Judicial venezolano.

– Servicios de Información: En esta gerencia se coordinará la divulgación de la jurisprudencia de la Corte, tanto por medios electrónicos, como por medio de la publicación de volúmenes impresos. También se desarrollará la política de información al público, y se gerenciará el sistema de bibliotecas de la Corte.

– Comunicaciones: Se propone integrar los mecanismos de comunicación institucional mediante la creación de una Gerencia que coordine las Oficinas de Prensa y de Protocolo. Desde esta Gerencia se desarrollarán programas de diálogo y acercamiento de la sociedad civil y de las demás instituciones públicas a la Corte.

Actividad judicial

Concepto: El componente de actividad judicial tiene como objetivo la reingeniería de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y por tanto, la revisión de su organización y de los procedimientos y prácticas a través de los cuales las Salas tramitan los expedientes y preparan las sentencias.

Diagnóstico: Las Salas de la Corte Suprema de Justicia constituyen entes organizativos cuyos procesos operan independientemente entre sí. Este hecho tiene su origen en que los recursos que pueden ser introducidos ante cada Sala y los procedimientos judiciales que sustancian se relacionan con las materias jurídicas de las que conocen, las cuales presentan importantes diferencias entre sí. La independencia que existe entre las Salas conlleva a que los procesos de operación difieran notablemente entre ellas. La organización interna de las Salas, tanto a nivel de la tramitación de expedientes, como de la preparación de sentencias, no ha sido producto de prácticas gerenciales planificadas sino que la organización se ha adaptado a las necesidades del momento.

En la fase de tramitación de expedientes se encuentran los siguientes rasgos comunes: las secretarías no cuentan con una organización adecuada, ya que la división del trabajo entre las diferentes personas no es clara, en muchas oportunidades, las tareas se solapan; no existen niveles intermedios de supervisión para apoyar al Secretario en su labor de gerenciar y coordinar la Secretaría; no se llevan estadísticas de desempeño en todas las Salas, las tareas asignadas no se corresponden con los procesos existentes; y, la distribución del espacio físico no siempre es adecuada. Es importante destacar que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa funciona de manera eficiente, a pesar de no disponer de los recursos necesarios para atender el número de causas que sustancia.

En la fase de preparación de sentencias, se detecta lo siguiente en todas las Salas: el numero de personas asignado a cada Despacho no es uniforme entre sí; sus labores y responsabilidades no están claramente definidas; la falta de jurisprudencia sistematizada y de fácil acceso para el personal que trabaja en los Despachos es una de las causas del retraso en la producción de sentencias; la ubicación de las oficinas de los abogados que asisten a los Magistrados se traduce en pérdida de tiempo. Por otro lado, la Corte en Pleno tiene la necesidad de apoyarse en la infraestructura de las otras Salas para la preparación de sus sentencias, las cuales, por demás, no siempre cuentan con el personal especializado para tratar las materias de que conoce esta Sala.

Acciones: Se elaboró un Manual de Procedimientos Internos, que contiene flujogramas de los procedimientos y que hace referencia a aspectos operativos y legales de los recursos y acciones de que conoce cada una de las Salas. Se elaboró además un Manual Descriptivo de Cargos en el cual se estructuran todos los cargos según la tarea a realizar por cada persona y se define el perfil de la persona requerida para el cargo. Sin embargo, a los efectos de lograr una mayor celeridad en la tramitación de los recursos que se intentan ante la Corte, es necesario que se instale en cada una de las Salas un Programa de Seguimiento de Causas para tener un control sobre cada expediente, sobre su tramitación y sobre la gestión de cada Sala. Así, se determinaron los lineamientos del Programa de Seguimiento de Causas, que debe permitir controlar automatizadamente la gestión de las salas. Por último, se preparó un plano arquitectónico que redistribuye el espacio interno de las Salas.

Divulgación de sentencias

Concepto: El componente de Divulgación de Sentencias apoyará la publicación y divulgación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Diagnóstico: Las dependencias que conforman actualmente el sistema de divulgación de sentencias en la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: la Fundación Gaceta Forense y el Centro de Información Documental. La Fundación Gaceta Forense fue creada en 1977, para que se encargara de publicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esta Fundación divulgó la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia desde 1947 hasta 1990. Actualmente, la Fundación Gaceta Forense se ocupa de suministrar información al público sobre la jurisprudencia ya publicada por la Corte. El Centro de Información Documental fue creado en 1997 con el objetivo de recuperar los archivos históricos de la Corte Suprema de Justicia e incorporarlos en una memoria electrónica.

Acciones: Se propone que la Corte Suprema de Justicia digitalice su jurisprudencia, para ofrecer una base de datos completa que contenga toda la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República. Adicionalmente, se propone el desarrollo de una política de divulgación que publique en volúmenes impresos aquellas decisiones que han establecido importantes precedentes jurisprudenciales. Se propone que la Unidad de Servicios de Información, descrita anteriormente al tratar el componente de Política Institucional, coordine la efectiva divulgación de la Jurisprudencia y de la atención al público interesado en consultar la misma.

Apoyo administrativo y gerencial

Concepto: Este componente pretende hacer más eficiente los servicios internos administrativos que apoyan la labor de los Magistrados.

Diagnóstico: La dependencia que realiza tales tareas en la Corte Suprema de Justicia es la Dirección General de Administración y Servicios, que está a cargo del Director General de Administración y Servicios, el cual reporta directamente a la Presidencia de la Corte y a su Junta Directiva. Esta dependencia está conformada por distintas unidades y oficinas. El Director General de Administración y Servicios tiene un amplio ámbito de control, ya que no existen instancias intermedias de coordinación. Además, no existe un proceso de planificación formal, salvo en lo relativo a la formulación del presupuesto, el cual no está basado en un plan estratégico. En esta área se requiere de normas y procedimientos formales, y de una estructuración de los cargos que se corresponda con las tareas existentes. Se observa una carencia importante de recursos tecnológicos.

Acciones: Se propone reagrupar las distintas oficinas de la Dirección General de Administración y Servicios en las siguientes gerencias: la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Bienes y Servicios Generales y la Gerencia de Informática, las cuales deben actuar según el plan de la Oficina de Planificación. Se elaboró un Manual de Procedimientos Internos que representa en flujogramas los procedimientos de las distintas gerencias. Se elaboró además un Manual Descriptivo de Cargos en el cual se estructuran todos los cargos según la tarea a realizar por cada persona y se define el perfil de la persona requerida para el cargo. Por último, se determinaron los lineamientos de un Sistema de Información Gerencial, para la automatización de los procesos de la Dirección General de Administración y Servicios.

Actividades de Apoyo al Estudio Estratégico Global

Procesos de Licitación: Sumados a los alcances del Estudio Estratégico Global, en términos de las propuestas de reforma que ha planteado en las diferentes áreas antes descritas, el estudio, adicionalmente, proporcionó directrices que han permitido comenzar cuatro procesos públicos de licitación, los cuales fijan pasos importantes hacia la modernización de la institución. La ejecución de los procedimientos de adquisición de estos servicios están a cargo de la Gerencia de Administración y Planificación de la Unidad de Apoyo al Proyecto de Modernización, la cual somete ante la Comisión Técnica de Control y Evaluación de Licitaciones, y ante las autoridades competentes del Banco Mundial, la decisión de selección. Los servicios que se pretenden adquirir a través de estas licitaciones están enfocados a:

La Digitalización de las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia: lo que comprende verter las sentencias de cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia en medios electrónicos, para que puedan ser consultar con el uso de un software por los diferentes usuarios tantos internos como externos de la Corte Suprema de Justicia.

La Adquisición de un sistema de Manejo de Casos: donde se pueda controlar de forma eficiente la administración y seguimiento de expedientes en cada una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. El sistema a adquirir se espera que cubra el ciclo completo de los casos en cada una de las Salas, es decir, todas las etapas que van desde el ingreso del expediente hasta el cierre del caso.

La Adquisición de un Sistema Administrativo y de Control de Gestión: se aspira adquirir un software para automatizar los principales procesos administrativos internos. El sistema debe permitir el control y la evaluación permanente de las oficinas administrativas de la Corte Suprema de Justicia. La intención es agilizar y facilitar la labor de las distintas dependencias administrativas, contribuyendo a la consolidación de la información bajo una óptica integral. Se espera que la utilización de este sistema conlleve a un mayor control de los recursos y en consecuencia a un mejor desempeño administrativo.

Diseño e Instalación de una Red Informática: La intención es la interconexión de los Magistrados y los funcionarios profesionales de la Corte a través de una red, de forma tal que estos puedan compartir las aplicaciones y los servicios orientados a mejorar la labor de la Corte Suprema de Justicia.

Investigador invitado: La Corte contrató, mediante un concurso internacional, al profesor John McEldowney para realizar un estudio sobre el Gasto Judicial en Venezuela. El Dr. McEldowney es graduado en la Universidad de Cambrige, en Inglaterra, con un Doctorado en Leyes de esta misma institución académica. Ha escrito extensamente en temas sobre el Control de las Finanzas Públicas, la Administración de la Justicia Penal, la Regulación y Desregulación Ambiental, y la Administración de Gobiernos Locales, entre otros. La contratación y el trabajo del Investigador Invitado forma parte del componente de Política Institucional del Proyecto de Modernización, donde se pretende llevar a adelante, con carácter institucional y permanente, investigaciones sobre el ámbito general de la administración de justicia. El profesor McEldowney inició su estudio en septiembre de 1998 y presentará su informe final en enero de 1999. El estudio abarcará un análisis de la estructura del gasto público en justicia en Venezuela, de la dinámica del proceso de preparación presupuestaria, y de las tendencias históricas en esta materia. Con este estudio la Corte pretende iniciar las investigaciones en materia judicial que permitirán la preparación de políticas y la coordinación efectiva de la política judicial nacional. Véase en el capítulo referido a los Anexos, un primer avance de este trabajo.

II. Proyectos Especiales

III. Adiestramiento y Capacitación

La Corte Suprema de Justicia ha decidido mejorar la capacitación y formación mediante el apoyo sistematico de una serie de actividades orientadas a preparar al componente humano para que los cambios derivados una reingeniería en los procesos que se realizan en la institución, así como en la utilización masiva de instrumentos y medios, se realice con la colaboración y apoyo de la totalidad de su personal.

Programa de Capacitación

El Proyecto de Modernización tiene previsto distintas áreas de adiestramiento y capacitación para el personal, las cuales se considerarse como actividades permanentes en la institución, ya que mediante ellas su componente humano – su mayor fortaleza y esencia – deberá recibir capacitación y actualización, tanto en materia de su competencia, como en los conocimientos de medios y herramientas que faciliten su desempeño en la organización.

Se ha venido trabajando en dos áreas distintas: adiestramiento y capacitación en informática, y mejoramiento del nivel profesional de su personal.

El Proyecto de Modernización en etapa de ejecución, tiene previsto el desarrollo e implantación de programas de computación específicos (software) para atender los requerimientos que poseen las distintas dependencias de la Corte.

El adiestramiento y capacitación informática se inició en el año 1997, y durante el año 1998 se intensificó tanto en cantidad, como en diversidad de los programas.

A continuación se presenta, de una manera muy breve resumida, una tabla con cantidades que representan número de profesionales que han recibido cursos de informática durante en año 1998.

En relación al mejoramiento del nivel profesional de su personal, se ha diseñado un programa que permitirá la elevación de su desempeño. En ese sentido, durante este año 1998, se dio inicio a los cursos de idioma inglés a unos 64 funcionarios profesionales de las distintas dependencias de la Institución, igualmente dentro de los primeros acuerdos establecidos entre la Corte Suprema de Justicia y organizaciones extranjeras, se dio inicio a un intercambio de experiencias entre funcionarios de las diversas dependencias y dichas organizaciones.

Los principios básicos aplicables que determinaron las características de los cursos de capacitación informática, se mantuvieron para los cursos de inglés, como son: entrenamiento en la sede de la Corte, cursos de comprobada efectividad dictados por profesores experimentados, seguimiento y apoyo continuo a los beneficiarios del entrenamiento, con el objeto de garantizar el mejor rendimiento y aplicación de los conocimientos impartidos. Los resultados de los beneficiarios de estos cursos, se presentan a continuación:

El intercambio de experiencias con organizaciones extranjeras también se consideró con la participación de 6 profesionales que viajaron en funciones de trabajo a España y Uruguay. Estos intercambios se realizarán con mayor amplitud a partir del primer trimestre del año 1999.

La Gerencia de Adiestramiento y Capacitación ha venido trabajando para la puesta en marcha del Aula Abierta, actividad que reforzará el programa para el mejoramiento del nivel profesional tanto del personal de la Corte Suprema, como del resto del sistema de administración de justicia. El Aula Abierta permitirá, mediante el uso de programas especiales de materias jurídicas que facilite el conocimiento y dominio entre los distintos actores que intervienen en cada proceso, tales como: jueces, defensores y fiscales (ejemplo el nuevo Código Orgánico Procesal Penal).

IV. Censo de Expedientes

El primer censo realizado por esta Gerencia se condujo ante la Corte en Pleno incluyendo al Juzgado de Sustanciación que en ella funciona ordinariamente. Este trabajo iniciado el 20 de Agosto de 1.997 y concluido en Abril del año en curso, sirvió como programa piloto en apoyo a las labores que han continuado sobre el resto de las Salas de la Corte (Salas Penal, Político-Administrativa y Civil). Esta primera experiencia trajo al Proyecto una aproximación sobre el alcance y limitaciones de la ejecución de algunas funciones. Esto es, el reconocimiento y evaluación de las variadas circunstancias del régimen de organización, control y seguimiento existentes y aplicadas en la dependencia censada que fueron dispuestas para el trámite administrativo de las distintas causas judiciales vigentes en su seno en orden de aportar soluciones para el manejo de situaciones específicas de aplicación general, como por ejemplo, la conveniencia de estatuir una codificación numérica sobre la nomenclatura empleada por las Salas para la identificación de los expedientes ingresados a la Institución que sea capaz de revelar información inteligente de la causa como ubicación del expediente en la Sala de la Corte, la materia sobre la cual versa esa causa y hasta el registro de la más reciente actuación diarizada en ese expediente.

Estos resultados sirvieron al estudio de los procedimientos que cada causa debía seguir en su trámite ordinario. Así, para el levantamiento de la información procesal del resto de las Salas de la C.S.J. se configuró un formulario específico para cada una de ellas cuyo contenido resumía el detalle de la información puntual de cada procedimiento contenido en cada expediente de la Sala examinada en consonancia con el Sistema de Información Automatizado diseñado para el registro, procesamiento y suministro de la información requerida por el resto de las gerencias y consultorías externas para el proceso individual y global de toma de decisiones.

De hecho, para la debida construcción del formulario de levantamiento de información que se empleó para el Censo de la Sala Penal cuya actividad registra inicio de labores en la 2da. quincena del mes de abril del 98, se crearon 6 ejemplares de estos formularios propios a las materias y procedimientos de los Recursos de Casación, Conflictos de Competencia, Extradiciones, Recursos de Hecho, Salvaguarda y los Recursos de Amparo tramitados en esa Sala cuya metodología requirió visitas y entrevistas entre personal de la Gerencia y funcionarios de la Sala, así como realizar estudios sobre la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, Códigos de Enjuiciamiento Criminal y Procesal Civil para la elaboración de flujogramas de todos los procesos inherentes a las causas llevadas por esa Dependencia. Idéntica metodología fue empleada para el Censo de las Salas Político-Administrativa y de Casación Civil que siguieron a la Sala Penal en forma sucesiva y con resultados verdaderamente satisfactorios.

De acuerdo a los preceptos que anteceden se puede concluir en que el sistema de procesamiento de datos para el manejo de resultados arrojados por el levantamiento de la información extraída de los expedientes proporciona información confiable y pertinente sobre el comportamiento de la dependencia procesada, a tal magnitud, que sea capaz de generar información básica y complementaria útil para diversos tópicos del proyecto tales como análisis estadístico, evaluación sobre el desempeño y rendimiento de ciertas áreas o dependencias, así como para la racionalización de procesos existentes o informales detectados por el sistema.

Resultados del Censo de Expedientes

La labor integral del Censo de expedientes de la Corte Suprema de Justicia ha proporcionado para este mes de diciembre la conclusión de las labores de Levantamiento de la Información encontrada en todas las dependencias de la Institución hasta el pasado 15 de septiembre del año en curso asi como el registro de esa información judicial al Sistema de Información Automatizado del Censo de Expedientes con la sola excepción de la Sala Político-Administrativa cuya información no ha sido registrada completamente debido al alto volumen y diversidad de procedimientos existentes en esta materia pero sin que ello impida presentar el cuadro demostrativo de todas las citadas dependencias en resumen de estas labores:

SALA DE CASACION PENAL:

SALA DE CASACION CIVIL

SALA POLITICO ADMINISTRATIVA:

CORTE EN PLENO:

Se hace
necesario
sistematizar
las
comunicaciones
entre la
Sociedad Civil
y la Corte
Suprema de Justicia.

V. Participación de la Sociedad Civil

1. Identificar y sistematizar los mecanismos, espacios y oportunidades de participación de la sociedad civil en el proyecto de modernización de la Corte Suprema de Justicia en particular y en los proyectos y actividades de la Corte Suprema de Justicia en general, incluyendo los mecanismos de información existentes sobre la actividad jurisdiccional y programática de la Corte Suprema de Justicia.

2. Facilitar espacios de intercambio de opiniones y experiencias en torno a proyectos legislativos o de otra índole que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto de modernización, mediante la identificación y sistematización de mecanismos, espacios y oportunidades de participación de la Corte Suprema de Justicia en iniciativas de la sociedad civil, relevantes al proyecto.

3. Estimular y comprometer a la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas de apoyo al proyecto de modernización de la Corte Suprema de Justicia.

4. Colaborar con las demás gerencias del Proyecto de Modernización y con las instancias permanentes relevantes de la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo de iniciativas que faciliten la participación y comunicación de la sociedad civil en los proyectos emprendidos por dichas gerencias e instancias, a fin de asegurar la continuidad de los mecanismos, espacios y oportunidades de participación e intercambio entre la sociedad civil y la Corte Suprema de Justicia, más allá del término del proyecto de modernización.

Con base a estas consideraciones y en el marco del Proyecto de Modernización, se crea, a mediados de 1998, la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil. Esta Gerencia surge para satisfacer tres necesidades sentidas:

– La necesidad de sensibilizar a la sociedad civil sobre el tema de la administración de justicia, estimulando su participación constructiva en el proceso de reforma.

– La necesidad de facilitar el acercamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la sociedad civil.

– La necesidad de construir alianzas sociales para asegurar el éxito y la continuidad del proceso de reforma en general y en el Proyecto de Modernización en particular.

Situación actual

Esta iniciativa constituye una experiencia novedosa en el marco de las instituciones públicas en general y del sector justicia en particular. Su éxito dependerá en buena medida del desarrollo de un conjunto de orientaciones generales que, más allá de los objetivos identificados, permita perfilar el marco de actuación de la misma. A tal efecto se han identificado las siguientes orientaciones:

1. Manejo de un concepto amplio de sociedad civil, lo cual incluye a organizaciones no gubernamentales (ONGs) de reforma judicial, de derechos humanos y de desarrollo social, así como a los sectores académico, empresarial, religioso y gremiales diversos.

2. Manejo de un concepto amplio de participación, la cual no puede limitarse a compartir información sobre el desarrollo del proyecto, ni a la preparación de eventos, sino que debe buscar involucrar a diversos sectores sociales, cada uno desde su especificidad, en las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de iniciativas desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proyecto de modernización. La Gerencia debe orientarse a estimular en la sociedad civil un sentido tanto de cooperación como de vigilancia y monitoreo de la gestión de la Corte Suprema de Justicia, más allá de la duración del proyecto. Igualmente, debe sensibilizar al personal de la Corte Suprema de Justicia ante las expectativas de participación de la sociedad civil. Finalmente, cabe subrayar que para que la participación tenga contenido, debe ser informada; en tal sentido se requiere un estrecho contacto de la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil y las instancias de la Corte Suprema de Justicia que generan información de interés público.

3. Relación con otros componentes del proyecto, de tal suerte que la participación toque transversalmente todos los demás aspectos del proyecto de modernización. La función de la gerencia de Participación de la Sociedad Civil debe ser interrogar(se) constantemente sobre la existencia de algún papel que la sociedad civil (o particularidades de ésta) deba jugar en los proyectos desarrollados desde las demás gerencias, así como de identificar mecanismos, espacios y oportunidades que permitan a la Corte Suprema de Justicia un mayor acercamiento con la sociedad civil.

4. Integración de logros del proyecto en dinámica regular de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de asegurar la continuidad del proyecto de modernización en su conjunto y de la participación social en éste. Igualmente la Gerencia debe estimular los mayores niveles posibles de información, participación y compromiso de todos los magistrados y del personal profesional, de apoyo técnico y administrativo de la Corte Suprema de Justicia con los objetivos de la Gerencia.

5. Presencia nacional, desarrollando iniciativas que permitan hacer presencia en las diferentes regiones, de tal forma que se acerque la Corte Suprema de Justicia a la realidad y especificidad de la diversidad geográfica del país.

6. Contribución a la generación de una cultura de lo público, mediante el estímulo de la participación de la sociedad civil desde la perspectiva de generar compromisos sociales con la agenda pública, más allá de los legítimos intereses particulares de los diversos sectores sociales.

Actividades previstas

Los términos de referencia de la gerencia detallan las siguientes actividades:

1. Coordinar todas las actividades tendentes a fortalecer las comunicaciones con los diferentes miembros y no miembros de la Alianza Social por la Justicia, y los diferentes actores de la Sociedad Civil en el ámbito académico, religioso y gremios diversos.

2. Organizar y coordinar las diferentes estrategias para la participación de la Corte Suprema de Justicia en proyectos desarrollados por los diferentes sectores de la Sociedad Civil.

3. Coordinar la formulación de propuestas de proyectos de participación ciudadana involucrando a los diversos sectores de la sociedad, desde su etapa de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto.

4. Planificar, programar, organizar, ejecutar, así como hacer seguimiento a las reuniones técnicas que se realicen para evaluar las acciones emprendidas entre la Corte Suprema de Justicia y los demás miembros de la Sociedad Civil Organizada, así como buscar implementar los correctivos necesarios.

5. Desarrollar cualquier otra actividad que pueda fortalecer la labor de la Gerencia de Participación Civil en la Corte Suprema de Justicia y apoyar las demás gerencias que integran la Unidad de Apoyo al proyecto de Modernización, en las actividades que éstas realicen.

Las actividades identificadas se traducen en las siguientes tareas inmediatas:

– Elaboración del plan de trabajo de la Gerencia en consulta con sectores de la sociedad civil y de la Corte Suprema de Justicia.

– Diseño de una base de datos que permita alimentar un directorio de organizaciones y representantes de la sociedad civil para uso de las diferentes instancias de la Corte Suprema de Justicia.

– Realización, difusión y actualización periódica de un inventario de mecanismos, espacios y oportunidades de participación social en el proyecto de modernización y de participación de la Corte Suprema de Justicia en iniciativas de la sociedad civil relevantes al proyecto.

– Identificación, sistematización y difusión de los mecanismos de información existentes sobre la actividad jurisdiccional y programática de la Corte Suprema de Justicia.

– Participación en espacios regulares o especiales de encuentro de las organizaciones sociales y propiciar encuentros directos entre dichas organizaciones y representantes de la Corte Suprema de Justicia para estimular la participación en los esfuerzos de reforma judicial impulsados desde la Corte Suprema de Justicia.

Primeras acciones

La socióloga Ligia Bolívar Osuna, gerente a cargo de esta labor que se incorporó el 15 de junio de 1998, para la fecha ha participado en diversos encuentros con representantes de la sociedad civil venezolana en temas relacionados a la administración de justicia y reforma judicial, y ha coordinado y participado en la organización de 5 eventos co-patrocinados por la Corte Suprema de Justicia en diferentes ciudades de Venezuela. Igualmente ha participado en eventos internacionales sobre esta materia y ha iniciado el desarrollo de relaciones con organizaciones de diversos países de América Latina y Norteamérica, destacándose especialmente la firma de un convenio de cooperación institucional con el Instituto Interamericano de derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Estas primeras actividades han servido para impulsar el conocimiento del proyecto de modernización más allá de los actores con los que tradicionalmente se relaciona la Corte Suprema de Justicia, así como para intercambiar experiencias con otras instancias oficiales y no gubernamentales de la región que han manifestado un interés teórico o práctico en el tema de la participación social en procesos de reforma judicial.

La Gerencia desarrolló un proceso de consulta para la elaboración del Proyecto y Plan de Trabajo sobre Participación de la Sociedad Civil. Una vez incorporadas las observaciones recibidas, se distribuyó la versión definitiva de este documento a personalidades y organizaciones de la sociedad civil tanto en Venezuela como en el exterior. Actualmente se está preparando una versión electrónica de este documento para incluirlo en la Página Web de la Corte Suprema de Justicia.

Se inició el diseño de la base de datos sobre organizaciones y personalidades de la sociedad civil que tienen relación con la Corte Suprema de Justicia, alimentándola con información proveniente de directorios producidos por diversas organizaciones sociales y con data emanada de las actividades programadas por la misma Corte con otras organizaciones a lo largo del país.

Se ha brindado apoyo a otras gerencias de la Unidad de Apoyo al Proyecto de Modernización en cuanto a la incorporación de representantes de la sociedad civil en diversas actividades programadas o copatrocinadas por la Corte Suprema de Justicia. Dichos representantes han actuado bien como participantes o como coorganizadores de varios eventos, ampliando de esta forma el espectro de relaciones del máximo Tribunal. Igualmente se ha brindado apoyo para determinar niveles y mecanismos de consulta sobre la percepción que tiene la sociedad civil en torno a la labor del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular.

Por otra parte, se ha brindado opinión a entidades privadas sobre propuestas orientadas al impulso del proceso de reforma judicial y se ha asistido a la Presidencia en la organización de visitas de representantes de organizaciones sociales de otros países, concretamente del Center for Court Excellence (Estados Unidos) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica). Este tipo de iniciativas han contribuido a ampliar la visión de la Corte en general y de la Gerencia en particular sobre mecanismos y oportunidades de participación social en el proceso de reforma judicial.

La Corte
prepara una
estrategia de
comunicación
para
“educar a
los individuos
sobre la
administración
de justicia”.

La más alta
confiabilidad
en la justicia
se encontró
en los
encuestados
del occidente
y los de
desconfianza
en el centro
del país.

VI. Imagen y Comunicaciones

A través de ese ciclo de talleres y consultas con diferentes representantes de la sociedad, el Banco Mundial y los asesores del Proyecto de Modernización de la CSJ identificaron una visible falta de información entre la sociedad civil organizada (ONGs) y la ciudadanía en general, sobre temas esenciales del sistema judicial venezolano. De la constatación de esa carencia, se determinó la necesidad de preparar una estrategia de comunicación que se concentrara en “educar a los individuos sobre la administración de justicia, de forma de acercar al ciudadano al sistema judicial”, a la par que familiarizar a la opinión pública sobre los pasos cumplidos en torno a la Reforma del Poder Judicial, y la contribución que se espera de la ciudadanía en esos cambios. El mismo equipo asesor concluyó que para la preparación de esa estrategia de divulgación masiva sobre el Sistema Judicial, se requería de la realización de una serie de estudios de opinión pública a través de los cuales se midiera el nivel de información y confianza sobre nuestro sistema judicial, sobre las diferentes instituciones relacionadas directa o indirectamente con la administración de justicia y, en particular, de la Corte Suprema de Justicia.

En febrero de 1998 se iniciaron varias pruebas piloto aplicadas a diferentes estratos de la población cuyos resultados permitieron al equipo asesor determinar la naturaleza y alcance de los estudios de opinión pública necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos. Fruto de esas pruebas preliminares fue la decisión de diseñar dos encuesta distintas: una dirigida a la población en general y la segunda encaminada a pulsar la opinión de jueces, abogados y ONGs sobre diferentes aspectos de la administración de justicia en Venezuela, en parte de los cuales ellos son sujetos activos. Como se observará en las páginas siguientes en las que se analizan someramente los resultados de ambos estudios, los dos tienen temas de consulta en común, aunque en el de los jueces, abogados y ONGs aparecen temas específicos de su ejercicio profesional o institucional.

Percepción de los venezolanos sobre la justicia
Para conocer la opinión de la población venezolana en torno a la justicia, se diseñó un estudio cuantitativo a través de la técnica de entrevista personal y directa que abordó a 1500 personas en muestra polietápica, estratificada, con selección aleatoria en todas las etapas, recogida en las principales regiones del país (capital: 400; oriental: 180; zuliana: 300; occidental: 200; andina: 200 y sur: 220). Dicha muestra tiene un error máximo admisible del 2,6% y grado de confianza del 95,5%. La fecha de las recolección de la investigación de campo correspondió al mes de septiembre de 1998 y la distribución de la muestra es equivalente a la composición del universo estudiado.

Del estudio realizado se desprende que uno de cada dos venezolanos piensa que el sistema judicial no funciona bien, el 34% le aplica el calificativo de “regular” y no llega al 10% el promedio de quienes afirman que la justicia funciona bien. Caracas es la ciudad en la que aparecen índices más altos de visión negativa. Cuando se les pide comparar el funcionamiento actual de la justicia con el de hace dos años, las calificaciones positivas suben ligeramente.

Como resultado de esa visión crítica que los encuestados muestran respecto a la justicia, el 85% aboga por una reforma completa de sistema judicial y el 70% por el cese de la influencia política en el nombramiento de los jueces. “A pesar de la buena voluntad de algunos funcionarios, el sistema judicial es corrupto” es opinión de dos de cada tres venezolanos y alto es también el número de quienes se expresan críticamente de los trabajadores tribunalicios.

Existen, sin embargo, apreciaciones positivas sobre la justicia: el 57% de la muestra nacional dice que “hay jueces honestos” ; el 42% afirma que la Corte Suprema de Justicia “toma siempre decisiones imparciales”, 31% piensa que “la justicia es igual para todos”, 28% que “las instituciones del Estado garantizan los derechos humanos” y 18% que “el sistema de administración de justicia ha logrado disminuir la violencia en las ciudades”.

El nivel de conocimiento de las instituciones de justicia es más alto en las ciudades grandes que en los pequeños poblados y entre las más conocidas están la Corte Suprema de Justicia y los tribunales. El nivel de información disminuye cuando se pregunta sobre las funciones de cada uno de los organismos nombrados: El 42% de los venezolanos reconoce a la CSJ como el “más alto tribunal de la República”–la categoría más nombrada– mientras que el 27% de la muestra asigna a la CSJ la función de “adelantar todos los procesos administrativos de la distribución de justicia”, el 21% “velar por la justa aplicación de las leyes” y el 23% “asegurar la eficiencia y buena conducta de los tribunales y jueces”. El 23% le asigna al Congreso la misión de “hacer las leyes y controlar la administración pública”.

Uno de cada tres venezolanos tiene confianza en la administración de justicia contra dos de cada tres que manifiestan desconfianza. La más alta confiabilidad en la justicia se encontró en los encuestados del occidente del país y los de desconfianza en el centro del país. Los más altos índices de confianza fueron registrados por la CSJ, la Contraloría General de la República y la Fiscalía y los más bajos por el Congreso, los tribunales y el Ministerio de Justicia.

Los venezolanos recuerdan con facilidad los nombres de las autoridades de las principales instituciones públicas (índice de recordación superior al 70%) y de los casos ventilados por la CSJ el más recordado es el del expresidente Carlos Andrés Pérez (39%).

El 26% de la muestra considera “apegadas a la ley” “imparciales” y “serias” las decisiones juidiciales, mientras que el 36% considera que “contienen fallas” y el 35% que”están influídas por intereses políticos”.

El 35% de la muestra juzga a los magistrados de la CSJ “calificados y y un 45% “preparados, con estudio y años de experiencia”. Las consideraciones negativas apelan a la corrupción, irresponsabilidad o influencia política.

Las decisiones que en materia electoral ha tomado la CSJ son consideradas acertadas por el 42% de los encuestados y desacertadas por el 23% (el 35% no supo o no respondió). Los índices más altos de reconocimiento a la Corte por sus decisiones en materia electoral están en el occidente del país (57%) y en los Andes (57%).

De lo realizado en materia de reforma al Poder Judicial, el Código Orgánico Procesal Penal es el más citado, aunque no recuerdan aspectos particulares del mismo.

El 62% de los venezolanos reconoce en los medios de comunicación interés en cubrir las noticias sobre los temas de la justicia contra un 31% que respondió negativamente. Ven a la televisión (57%) y a la prensa (31%) como los medios que publican más informaciones relacionadas con el sistema judicial. Las opiniones de los venezolanos sobre el impacto que tales informaciones tienen sobre la imagen del poder judicial, están divididas: 42% dice que dañan la imagen de la justicia y el 41% que la favorece.

Jueces, abogados y ONGs
La muestra (de 452 personas) estuvo integrada por un 44% de jueces, 20% abogados, 12% defensores públicos, 20% ONGs y 4% Otros, entrevistados en las principales regiones del país: Capital (142). Oriental (122), Zuliana (88) Occidental (61) Andina (39).

La percepción sobre el sistema judicial venezolano mejora ligeramente en relación a la población general aunque la tendencia es a considerar su funcionamiento “regular” (47%) . Uno de cada tres entrevistados considera que la justicia está funcionando ahora mejor que hace dos años, 44% piensa que está igual y un 21%, peor. Los jueces y abogados expresan mayor confianza en el poder judicial (52%) que las ONGs (32%), pero en general, la confianza es mayor que en el de la población en su conjunto.

Los siguientes problemas del sector son sentidos como “muy graves” por los encuestados: “presupuesto insuficiente” (89%), “ausencia de carrera judicial” (63%), “infraestructura deficiente” (81%), “duplicidad de leyes y procedimientos” (52%). Los entrevistados tienen una visión autocrítica respecto a su formación profesional y la del personal auxiliar que interviene en el proceso de administración de justicia: así el 63% considera como un grave problema “la baja calidad profesional de los jueces” y afirmación similar expresa el 59% en relación a los fiscales, un altísimo 74% sobre el personal auxiliar y el 77%, respecto a la policía judicial.

El tema de la corrupción de los jueces, fiscales y personal auxiliar está presente como problema, pero con menores niveles de crítica que los existente en la muestra de la población general, al igual que con el reconocimiento de la influencia política en el nombramiento de los jueces.

Entre los efectos que anotan como resultado de una mala administración de justicia está el del “desestímulo a las inversiones” y “la inseguridad jurídica”. Al evaluar las instituciones encargadas de administrar justicia, las que les suscitan más confianza son la CSJ, la Contraloría General de República y la Fiscalía. Las de menor confianza: el Ministerio de Justicia y el Congreso. El 49% se muestra satisfecho con la actuación de la CSJ. Contra un 20% que dice estar insatisfecho. De los casos ventilados por la CSJ el más recordado, al igual que ocurrió en la encuesta anterior, fue el del expresidente Pérez (52%).

Mientras un 39% afirma que las decisiones de la Corte han sido “imparciales”, “apegadas a la ley”, “serias” o” responsables”, un 35% piensa que “contienen “fallas” o “son irresponsables”. La queja fundamental de los jueces en torno a las actuaciones de la CSJ es que “se demora demasiado en emitir sentencia”.

La CSJ recibe una amplia aprobación de jueces, abogados y ONGs respecto a las decisiones tomadas en materia electoral: el 61% piensa que las intervenciones de la Corte en los casos de denuncias o fraudes electorales han sido “buenas” o “muy buenas” contra solo un 12% que afirman ser “malas” o “muy malas”. Como consecuencia de esa evaluación positiva de las actuaciones de la Corte en materia electoral, el 72% de esta muestra calificada afirma que el Máximo Tribunal está “totalmente preparado para decidir oportunamente en materia de denuncias o impugnaciones electorales”.

El nivel de información de los encuestados sobre los diferentes aspectos de la reforma Judicial varía de acuerdo a las normas. El 50% dice que hay “ información insuficiente” en torno a la “Ley de Arbitraje comercial” y apenas un 13% dice haber recibido suficiente información al respecto. Siguen altos porcentajes de “información insuficiente” sobre “Reforma Legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Presupuesto Judicial” (43%), sobre la “Reforma Legislativa de la Ley Orgánica del Ministerio Público” (52%), “Reforma Legislativa de la Ley de Carrera Judicial” (47%) y más alto aún el desconocimiento de la “Reforma del Código de Justicia Militar” (63%). Mayor equilibrio entre información y desinformación existe respecto al Proyecto de Infraestructura de apoyo al Poder Judicial (Consejo de la Judicatura)” del que un 41% dice tener suficiente información y un 34%, insuficiente y del “Proyecto de Modernización de la CSJ” del que un 37% afirma tener bastante información y un 34, insuficiente.

El Código Orgánico Procesal Penal es el más conocido por los entrevistados quienes declaran en un 72% “tener información suficiente”, contra apenas el 12% de insuficiente.

La visión de jueces, abogados, fiscales y ONGs sobre el interés de los medios en la cobertura de las noticias judiciales se torna más crítica que entre la población en general: 55% de la muestra dice que los medios no muestran interés informativo en los asuntos judiciales y a la hora de analizar el tratamiento dado por los medios a los temas de la justicia, el 60% los acusa de “parciales”. Como consecuencia de esa visión crítica un 58% de la muestra piensa que el tratamiento que los medios dan al Poder Judicial daña la imagen de la institución. A la hora de calificar la cobertura de cada medio, el 41% afirma que la TV favorece la actuación de la CSJ y el 31% atribuye el mismo fin a la prensa.

Conclusiones
En general ambas encuestas revelan una visión crítica de los poderes públicos, a la cual no escapa la justicia, particularmente vulnerada y vulnerable. Dos conclusiones surgen del análisis preliminar de ambos estudios: la primera es que sólo con una reforma a fondo de la administración de justicia –iniciada formalmente a través del conjunto de leyes sancionadas en el año que concluye– puede cambiarse la imagen que la población tiene sobre la Justicia. La segunda es que debe emprenderse una campaña de difusión masiva sobre aquellos aspectos de la Reforma Judicial que más relación tienen con el ciudadano común y que apelen a su participación. La divulgación de los aspectos más resaltantes del Código Orgánico Procesal Penal, debería ser el punto de partida.

Ambas encuestas –que permiten un análisis más exhaustivo que el resumen aquí presentado por razones de espacio– ofrecen un material en extremo valioso para entender las razonables quejas tanto del ciudadano común, como de quien tiene la misión de administrar justicia en los más apartados lugares del país. Las insuficiencias presupuestarias, locales inhóspitos, personal auxiliar, baja autoestima y prácticas poco éticas, abonan el terreno para la negativa percepción colectiva sobre la justicia en Venezuela. Estos estudios hechos por la Corte para tener una respuesta sistemática y creíble de quienes tienen el derecho a exigir justicia, constituyen la prueba de que el Máximo Tribunal, lejos de ocultar o cercenar las críticas, las reconoce, las estudia y está dispuesta a corregir aquellas fallas que, surgidas de su seno, puedan haber contribuído a generar esa imagen. En ese sentido, los estudios de opinión pública aquí resumidos, constituyen la materia prima de la futura campaña de comunicación que se sustente en una información veraz, cuyo objetivo sea el de educar a los ciudadanos sobre los alcances de las reformas judiciales y, en particular, de las actividades de la Corte Suprema de Justicia Por otra parte, la tarea sistemática llevada a cabo por la CSJ durante dos años para modernizar sus estructuras y dinamizar sus procedimientos, son testimonio de los cambios que pronto podrán ser percibidos por la población.