Este lunes se realizó el seminario “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia”, en el que el magistrado-presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta reiteró el compromiso del Máximo Tribunal del país en insertar a todos los sectores de la sociedad al acceso del sistema judicial, el cual en los últimos años se ha limitado, sobre todo en las clases más bajas del estrato social en el país.

El evento que se realizó a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio de Sala Plena fue moderado por la Abogada Adriana Lander Osío, Gerente del Proyecto de Modernización del Tribunal Supremo de Justicia y contó con la presencia del magistrado-presidente del Máximo Tribunal del país, Iván Rincón Urdaneta, el presidente de la Sala Penal, magistrado Jorge Rosell, el presidente de la Sala Electoral, magistrado José Peña Solís, el presidente de la Sala de Casación Social, magistrado Omar Mora Díaz y el magistrado de la última de las Salas nombradas, Alberto Martini Urdaneta.

Igualmente estuvieron presentes la Defensora del Pueblo, Dilia Parra Guillén; los miembros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), doctores Manuel Quijada, Humberto Cubillán y Blas de Lascio; La Inspectora General de Tribunales, Josefina Entrialgo Sulbarán; Secretarios de Sala del Máximo Tribunal del país; el Director General de Administración y Servicios, economista Cándido Pérez Contreras representantes del Ministerio Público, profesionales del derecho, periodistas y público en general.

TRIBUNAL SUPREMO COMPROMETIDO A INTEGRAR

AL CIUDADANO AL ACCESO DE LA JUSTICIA

El magistrado Iván Rincón, a cargo de las palabras de instalación, manifestó que en Venezuela se han creado servicios de asistencia jurídica gratuita para el ciudadano común, pero que a pesar de estos esfuerzos por parte del Estado, “la mayoría de la población venezolana no accede a los servicios que ha creado el Estado para satisfacer las necesidades de justicia de la población de escasos recursos”.

Señaló el magistrado-presidente que en vista de que gran parte de la población en el país no tiene acceso a la justicia, “le corresponde a este Alto Tribunal como máxima autoridad del sistema de justicia, formulas unas políticas y ejecutar programas que contribuyen a mejorar la situación de las personas que se encuentran excluidas de este servicio, bajo el presupuesto de que es necesario perseguir la integración e inclusión social a partir del reconocimiento de una población que es diversa y heterogénea, bajo la concepción de un Estado de justicia. No sólo se trata de mantener el orden público sino también garantizar que los ciudadanos logren hacer efectiva la solución de su conflicto”.

            Rincón aprovechó la oportunidad para agradecer a la Defensora del Pueblo, Dilia Parra y a la institución que está a su cargo, por toda la colaboración prestada para el diseño y creación de la Oficina de Orientación Ciudadana, además del aporte de personal humano calificado y que en la actualidad están al frente de la Oficina, “la creación de ésta, no viene a resolver los problemas de acceso a la justicia, que como lo dijimos anteriormente aqueja a la mayoría de nuestra población, sin embargo constituye una acción que forma parte de las políticas y programas a que está llamado a realizar el Poder Judicial y que pretendemos desarrollar a través de la recién instalada Dirección Ejecutiva de la Magistratura”.

LA JUSTICIA COMO FUNCION SOCIAL

            Por su parte, la Defensora del Pueblo, Dilia Parra y el magistrado Jorge Rosell disertaron sobre “La Justicia como Función Social”. Parra indicó que “los hombres y mujeres llamados a administrar la justicia en la Quinta República, no sólo deben determinar lo más exactamente posible la naturaleza de conflicto sobre el cual haya de recaer el juicio, sino desplegar al máximo sus facultades par analizar los hechos y sobre todo, ubicarse todo el tiempo de cara al respeto a los derechos humanos de cada una de las partes involucradas, es decir, ubicarse al lado de la persona”.

            En ese sentido agregó que las personas encargadas de administrar justicia e inclusive todo funcionario de la administración pública deben tener y practicar una serie de cualidades y valores: “honestidad, ética del servicio, trayectoria moral, sensibilidad social y responsabilidad en su ámbito familiar y local, sensatez comprobada, tolerancia, capacidad para el diálogo y respeto por la condición humana.

            Explicó Dilia Parra que “...en esta nueva sociedad que tenemos que construir por mandato constitucional, orientar hacia el bien común, la justicia social, la equidad, la felicidad y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadana, es imperativo el cambio de mentalidad”, pero advirtió que “el necesario cambio de mentalidad sólo es posible con la educación integral, la educación para la libertad y para la propia defensa de los derechos y garantías”.

Sobre el mismo tema, por su parte, el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Rosell, indicó que estamos acostumbrados a pensar en el jurista o en el abogado como un profesional que se ocupa más de la norma que de la justicia, al respecto explicó “no es únicamente teoría, sólo abstracción, sino que hay decisiones, en mi caso pues, hay múltiples decisiones en las cuales, aplicando precisamente parámetros diferentes a la Ley, a veces apartándome de la Ley, se busca la solución justa”.

            Jorge Rosell manifestó que “cuando se comience a pensar más en las consecuencias sociales, al aplicar el derecho, que en el mero formalismo comenzaremos a tener nuevos juristas, nuevos jueces y por lo tanto tendremos como referencia la justicia material y no la justicia que se contenta con llenar las formas aun cuando esté vacía de contenido. Entender que la función del juez no es defender el sistema y su formalismo, sino que debe satisfacer las necesidades de la ciudadanía y que en esta obligación la Ley no le impone límites sino que le da facultades sin fronteras...”, para así tener materializada la función formal y neutral del juez comprometido con su decisión en la función social de la ley.

            Finalmente, la investigadora Jacqueline Ritcher realizó una exposición sobre “El Acceso de la Justicia en Cifras”, se concluyó que los requisitos para al sistema de administración de justicia son: pertenecer al sector formal de la economía, abogados y percepción del ciudadano común, es decir, explicó Ritcher, “que la persona siente que no tiene nada que buscar, por lo que tiene pocas posibilidades de usar el sistema judicial”, los cuales son requisitos que las clases bajas de la sociedad no poseen, lo que trae como consecuencia que estos estratos bajos de la población venezolana no tienen acceso a la justicia en el país