Un grupo de ciudadanos acudieron al Máximo Tribunal del país para adherirse a las acciones de nulidad por inconstitucionalidad intentadas el pasado mes de abril ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, por parte de los abogados Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García, contra unos Convenios entre los gobiernos de Estados Unidos y un Decreto que a juicio de los abogados demandantes, son inconstitucionales y amenazan la soberanía de la nación”. Para los profesionales del derecho, con las medidas judiciales introducidas pretenden reivindicar la soberanía sobre las naves venezolanas y rescatar la soberanía tributaria institucional y jurisdiccional de Venezuela.

Los actos demandados son el Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por mar; El Decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones del 22 de octubre del año pasado; El Convenio entre EEUU y Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio y un protocolo adicional, y finalmente, contra los Contratos mediante los cuales la empresa estadounidense AES Corporation compró la mayoría accionaria de la Electricidad de Caracas.

Según los demandantes, sus acciones judiciales pretenden defender la soberanía territorial, tributaria institucional y jurisdiccional del país, que se habría lesionado con los actos impugnados. En referencia al tratado para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía marítima, manifestó Britto García que el mismo permite el abordaje de naves venezolanas por parte de Estados Unidos o de países miembros de la OTAN, inclusive en nuestros mares territoriales. Mientras que en cuanto el Convenio relacionado con la doble tributación, permitirá que “empresarios de Estados Unidos van a pagar gran parte de los impuestos que deberían pagar en Venezuela al Fisco de los Estados Unidos”, según García.

En relación con el Decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones permitiría a los inversionistas extranjeros prohibirle a la Asamblea Nacional que cambien el régimen tributario, “en evidente violación de la soberanía tributaria”, opinó García. En cuanto a la compra de acciones de la Electricidad de Caracas indicó que “constituye en realidad un contrato disimulado de sesión de concesión de servicio público. Esos contratos son de interés público, deben ser autorizados por el órgano legislativo en cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Concesiones de Servicios Públicos y ninguno de esos requisitos se ha cumplido. Bajo el disfraz de una compra de acciones se traspasó una concesión de servicio público de vital importancia para la existencia de la República venezolana”

Aclaró Britto García que actúan a título particular, como venezolanos preocupados por la defensa de la soberanía nacional, pero –expresó- “solicitamos a todos los venezolanos preocupados por la soberanía del país, por el pago de los impuestos, por la propiedad de la empresa distribuidora eléctrica que se solidaricen con nosotros”