Ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia concurrieron el presidente de la Federación Venezolana de Maestros y el presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada (CAVEP), para interponer el segundo recurso de nulidad que se intenta contra el decreto presidencial 1.011, instrumento jurídico que según los demandantes viola derechos constitucionales y atenta contra la carrera docente.

La información la ofreció, Jaime Manzo, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, quien estuvo acompañado por el titular de CAVEP, Octavio De Lamo, accionante del presente recurso, conjuntamente con una representación de Supervisores Docentes en ejercicio.

Explicó Manzo a los periodistas de la fuente judicial que el escrito que se consigna es el segundo recurso contra dicho decreto y que el mismo tiene carácter complementario.  "Esperamos que se anexe al expediente que introducimos el pasado 17 de enero. Hoy tenemos una posición muy entusiasta" - acotó.

Al ser consultado sobre los términos en que se plantean los recursos de nulidad, Manzo señaló que vienen planteando que el decreto presidencial 1.011, que reforma el reglamento del ejercicio de la profesión docente, es inconstitucional porque toma elementos que son propios de la Asamblea Nacional y el Ministro de Educación los asume como el funcionario que puede determinarlos. "Esto, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución Nacional no puede ser, ya que la materia de educación pública es de reserva legal de la Asamblea Nacional y así lo establece, ¿Esto que significa?: Significa que solamente la Asamblea Nacional, a través de una Ley puede legislar sobre el hecho educativo y las funciones de los supervisores son materia de ley y el Ministro de Educación no la puede interponer a través de un reglamento" - añadió.

            De su parte, el titular de CAVEP, Octavio De Lamo, informó que en los próximos días 'blindarán' los recursos de nulidad que ya cursan ante el TSJ, con firmas de adhesión de los padres y representantes que según dijo, también cuestionan y se oponen al decreto 1.011.