La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia al redactar la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo adecuó la justicia laboral venezolana a los principios, valores y normas contenidos en la Constitución de 1999, que no son otros que la autonomía y la especialidad en la jurisdicción laboral, la gratuidad, la contradicción, la inmediación, la concentración, la publicidad, la rectoría del juez en el proceso, la sana crítica y la uniformidad procesal.

Así lo expresó el presidente del TSJ, magistrado Iván Rincón Urdaneta, al pronunciar el discurso de apertura del Primer Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, evento que contó con la asistencia del Vicepresidente de la República, Diosdado Cabello; del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín; del segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Social, magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, organizador del foro, así como de destacados expositores internacionales y nacionales.

Rincón Urdaneta señaló que el congreso es producto de la ejecución de la política institucional del Supremo Tribunal, en el sentido de promover y realizar actividades que permitan conocer, difundir y discutir los grandes temas relativos al ámbito jurídico que interesan a las ciudadanas y ciudadanos de todo el país.

Destacó igualmente la participación de ponentes internacionales de la Universidad de Salamanca, del Tribunal Supremo de Justicia de España, de la Corte de Apelaciones de Milán, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Centro Federal de Justicia de Estados Unidos de América, del Juzgado Federal del Distrito de Maryland, de la Corte Laboral Nacional de Israel y de la Universidad Ruprecht – Karis de Heidelberg de Alemania. Asimismo, resaltó la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolanos Omar Alfredo Mora Díaz; Alfonso Rafael Valbuena Cordero; Juan Rafael Perdomo y del magistrado suplente de la Sala Político Administrativa, Ricardo José Henríquez La Roche.

El magistrado Iván Rincón Urdaneta, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido el liderazgo que le corresponde y en este particular colabora con la función legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales, de acuerdo a lo establecido en el ordinal 4 del artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Potestad que ha sido desarrollada por este Alto Tribunal, estableciendo para ello, una metodología que estimula la participación de la sociedad civil, a través de la elaboración de un conjunto de proyectos de leyes en los que se ha consultado a los sectores involucrados e interesados, tal como ha sido el caso del proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo” – señaló.

Este proyecto, como se recordara fue elaborado por los magistrados integrantes de la Sala Social, Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo, Alfonzo Valbuena y el presidente de la Sala Electoral, magistrado Alberto Martini Urdaneta, y recoge las propuestas de diferentes sectores del país, así como de algunos organismos con experticia y competencia en el tema.

52% DE LA POBLACION NO ACUDE A LOS TRIBUNALES

El titular del TSJ indicó que ante el formal reconocimiento de la existencia de personas con ciertas características que las hacen sujeto de garantías adicionales por parte del Estado, se justifica la existencia de tribunales especiales, regidos por leyes también denominadas especiales, tal como lo es el caso de los tribunales laborales, en virtud de la evidente desigualdad entre patrono y trabajador.

“Sin embargo, de acuerdo a los resultados de una investigación promovida por el Poder Judicial en el año 2000, se encontró que la clase de más bajos ingresos en Caracas, que constituye 40% y 52% de la población no acuden a los tribunales para resolver sus conflictos, lo cual viene a confirmar lo que viene sosteniéndose desde hace décadas, sin que haya habido un esfuerzo real en este sentido y es que, gran parte de los ciudadanos de este país no ha tenido acceso al sistema de justicia, lo cual significa a su vez, que este alto porcentaje de la población ha visto obstaculizado su derecho a la ciudadanía, así como su derecho a no ser discriminado y en consecuencia, a ser tratados con igualdad por parte del Estado” – señaló.

Precisamente, destaca el magistrado Iván Rincón Urdaneta, una de las garantías de la autonomía y especialización de la jurisdicción laboral ha estado representada por la entrada en funcionamiento de la Sala Social del TSJ, “pues, hasta 1999, los procesos laborales tenían como destino final la Sala de Casación Civil, cuya naturaleza y principios, si bien no son contrarios a los de las causas laborales, respondían a una naturaleza diferente, y por tanto, ameritaban un trato especializado”.

Por otra parte, se refirió el magistrado a los importantes aportes jurídicos que han emanado de la Sala Social, “cuyas sentencias han venido a realizar el contenido, los términos y las condiciones de los derechos de los trabajadores establecidos en nuestra Constitución, tales como la irrenunciabilidad de los derechos, la jornada laboral, el salario suficiente, las prestaciones sociales, la convención colectiva y las condiciones y medio ambiente de trabajo, entre otros”.

LAS LEYES POR SI SOLAS NO SOLUCIONAN PROBLEMAS SOCIALES

El magistrado Iván Rincón Urdaneta, reiteró que si bien la existencia de instrumentos de protección a los derechos derivados del Derecho al Trabajo no solucionan los problemas sociales que enfrentan los ciudadanos de escasos recursos del país, y aún menos, la exclusión social en la que vive una parte importante de estos sectores, “consideramos que es imprescindible el desarrollo de una Efectiva Justicia Laboral que garantice la resolución de los conflictos en esta área”.

En definitiva, continúo Rincón Urdaneta, que corresponde a cada institución cumplir con su función, “en nuestro caso, nos corresponde ofrecer al ciudadano la posibilidad real de resolver el conflicto laboral que le afecta en una instancia adecuada para ello, nos corresponde ofrecer al ciudadano soluciones de justicia”.

Es por esta razón, que de forma paralela al proceso de elaboración y discusión del proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala Social del Alto Tribunal llevó a cabo un conjunto de medidas relativas a la implementación de dicha Ley, que van desde los estudios relativos a las demandas de justicia de la población, en esta área y la consecuente oferta de los servicios de justicia, representada por un incremento en el número de tribunales, hasta la realización de los concursos y evaluación correspondiente al ingreso y permanencia de los jueces laborales del país.

Igualmente, informó que el Servicio Autónomo de la Defensa Pública se propuso la creación de defensores en el área laboral, adscrito dicho servicio, y en consecuencia, al Poder Judicial, quienes ofrecerán asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que se hallen en la imposibilidad de contratar la asistencia de un abogado.

Para finalizar, el magistrado presidente dijo que en medio de los acelerados cambios y transformaciones de la sociedad venezolana, aflora una exigencia en la dinámica social, como lo es la de encontrar un nuevo paradigma que garantice el fortalecimiento de nuestras instituciones.

“Este nuevo paradigma debe estar sostenido por tres elementos claves, como lo son, los derechos humanos, entendidos en su acepción más amplia, la democracia como sistema capaz de generar espacios para la paz, la concertación, la coordinación y el consenso en la formulación de políticas públicas para la consecución del bien común, y finalmente: el desarrollo, visto desde su perspectiva de integración y solidaridad, capaz de responder a las necesidades prioritarias de la humanidad” – concluyó.