Este viernes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia el general (Av) Pedro Pereira Olivares así como los contralmirantes Héctor Ramírez Pérez y Daniel Comisso Urdaneta, para darse por notificados de la decisión de la plenaria del Máximo Juzgado mediante la cual se admitió la apertura de antejuicio de mérito en el marco del proceso judicial abierto en su contra por su presunta participación en los sucesos del 11 al 14 de abril.

Carlos Bastidas, abogado del contralmirante Ramírez Pérez, al ser abordado por los periodistas aprovechó la oportunidad para criticar la reciente declaración del Defensor del Pueblo, en la que éste propone una Ley de Amnistía General, “que nos parece absurda, sobre todo porque está dirigida a defender los derechos del Gobierno, pretendiendo que una vez que exista un fallo condenatorio contra los oficiales, que ni siquiera han sido juzgados, se les perdone por vía de amnistía”.

Para el abogado lo que está planteado ahora es la celebración de la audiencia oral, en la cual el Tribunal Supremo de Justicia debe decidir si admite o no el antejuicio de mérito solicitado por el Fiscal General de la República.

El representante legal del contralmirante informó a los periodistas que solicitó a la Secretaría de la Sala Plena que le faciliten copias de los videos y grabaciones que consignó la Fiscalía General de la República para sustentar su pretensión.

Sobre este particular el abogado señaló que la prisa que tuvo la Fiscalía General para solicitar el antejuicio no les permitió tener acceso a los videos y grabaciones, sin embargo destacó que en esta oportunidad el Máximo Juzgado si les permitirá tener acceso a dicho material “que nos permitirá preparar una declaración adecuada con los elementos que cursan en autos”.

Para finalizar, el abogado Carlos Bastidas indicó que los fundamentos del Ministerio Público son tan precarios que más bien “parece una reseña periodística que una querella judicial”.

Anunció que la próxima semana podría ejercer acciones legales tendentes a inhabilitar al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Iván Rincón Urdaneta; al magistrado Omar Alfredo Mora Díaz y al propio Fiscal General de la República. “Todos ellos tienen suficientes causales de inhibición en este proceso” – acotó.

EL TRIBUNAL SUPREMO HARA JUSTICIA

El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, uno de los oficiales presuntamente involucrado en los sucesos del 11-A, aseguró que no quiere que le concedan una amnistía, “pues lo que queremos es que nos lleven a juicio para que la verdad salga y que el pueblo la conozca”.

“Por esta razón acudimos hoy al Tribunal Supremo de Justicia para darnos por enterados de la decisión mediante la cual se admitió la solicitud de antejuicio presentada por el Fiscal General de la República en mí contra así como contra los generales Efraín Vásquez Velasco, Pedro Antonio Pereira Olivares y el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta”.

Aseguró que tanto él como sus colegas están confiados en que el TSJ hará justicia.

Igual criterio expresó el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, quien dijo encontrase “desconcertado” por las recientes declaraciones del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, “ya que él no se había pronunciado desde el 11 de abril y sin embargo, en el caso nuestro, ha propuesto una Ley de Amnistía una vez que se haya hecho el enjuiciamiento y nos hayan sentenciado. Con esto se percibe que él ya sabe como van a suceder las cosas. Nosotros por eso nos preguntamos por qué el nunca se había pronunciado con relación a los muertos del 11-A, por qué nunca se preocupó por saber quienes dispararon, por qué no se pronuncia sobre el Alto Mando Militar que actualmente fuerza Consejos de Investigación a diferentes oficiales fungiendo de juez y parte, por qué no se ha pronunciado sobre la actuación del Fiscal General de la República que asistió a reuniones de coordinación donde se planteaba interceptar la marcha de oposición, tampoco se ha pronunciado sobre las injusticias que se han cometido contra nosotros, y así una serie de ejemplos”.

En este particular, el oficial anunció que su abogado, Marco Antonio Rodríguez, acudirá al despacho del Defensor del Pueblo ha plantearle todas estas interrogantes por escrito para que él de alguna manera le ayude a resolver las dudas que le asaltan.

Como se recordara, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, presentó la solicitud de antejuicio de mérito contra los oficiales antes mencionados en el TSJ, querella, que consta de 89 folios y una serie de anexos, entre las cuales están documentos, entrevistas y videos. Después de interponer la solicitud, el Fiscal General declaró que a los cuatro oficiales se les imputa el delito de rebelión, específicamente en el ordinal 1º del artículo 486 del Código de Justicia Militar que consiste en un delito militar aún para los no militares, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que los rebeldes estén mandados por militares, o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas nacionales.