La Sociedad Civil “Asamblea Popular Revolucionaria” interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de solicitud de amparo mediante el cual se busca impedir la marcha pautada para el próximo jueves 11 de julio hasta el Palacio de Miraflores, ya que según los accionantes se podrían presentar situaciones similares a las ocurridas el pasado 11 de abril en las cercanías del palacio de gobierno.

En el escrito de solicitud de amparo interpuesto ante la Secretaría de la Sala Constitucional, el grupo demandante junto a sus abogados David Pelaez y Tulio Díaz Ortega, y un grupo de personas que se adhirieron al recurso, señalan que “los llamados opositores deben deponer esa actitud provocadora, retadora, de publicidad costosa y subliminal que contribuye a la confusión del pueblo y demuestra que sólo existe un interés de tomar el poder político, aunque sea violentando la Constitución y las Leyes”.

Aclaran los accionantes que “si bien es cierto que estas personas (oposición) y organizaciones pueden solicitar permiso para realizar una marcha, incluso hasta Miraflores, no es menos cierto que aquellas personas que han asumido posiciones de defensa del Gobierno y de la Constitución tienen elementos más que suficientes para dudar de una marcha pacífica”, por todo lo ocurrido el pasado 11 de abril.

Indican que el máximo tribunal del país debe impedir que la marcha llegue hasta Miraflores para evitar que de nuevo se vulnere “el Derecho de la Soberanía que reside en el pueblo”, tal y como ocurrió el pasado 11 de abril y en los días posteriores, indican los accionantes en su escrito de acción de amparo,

Denuncian los miembros de la Sociedad Civil “Asamblea Popular Revolucionaria”, que una gran cantidad de organizadores de la marcha del pasado 11 de abril son los mismos que ahora quieren llegar al Palacio de Miraflores a solicitarle la renuncia al Presidente Hugo Chávez, lo cual constituye un apoyo a la impunidad y una discriminación para quienes –como ellos- “que consideran de suma importancia hacer presencia en Miraflores, porque les garantiza la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno legítimamente elegido y el resguardo de la vida del Presidente de la República”.

MEDIDA CAUTELAR PRECAUTELATIVA

Finalmente, solicitaron una medida precautelativa “a fin de que se suspenda la llegada a Miraflores de esa movilización para establecer un equilibrio, una seguridad, una apertura a la paz, un respeto a los derechos del ciudadano, a los derechos colectivos, a los derechos constitucionales y legales, el derecho a la paz y armonía familiar, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la soberanía, la libertad individual, debido proceso, la comunicación objetiva y veraz”, precisan.