En la sede del Tribunal Supremo de Justicia fueron juramentados 14 nuevos Defensores Públicos con competencia nacional, en un acto que contó con la asistencia del primer vicepresidente del Máximo Tribunal, magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, así como de los magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Rafael Hernández Uzcátegui, Alejandro Angulo Fontiveros y Luis Martínez Hernández.

Sobre la importancia de la juramentación de los nuevos funcionarios, la cual estuvo a cargo del magistrado Franklin Arrieche, fue consultado el director del Sistema Autónomo Nacional de Defensa Pública, Carlos Craca, quien recordó que se trata del tercer lote de defensores que desde ahora tienen la responsabilidad de ejercer sus funciones en el ámbito nacional en el área penal ordinaria, responsabilidad penal juvenil y en el área de protección al niño y al adolescente.

Al ser consultado sobre el perfil que deben tener los abogados que asumen la responsabilidad de convertirse en defensores públicos, Carlos Craca, manifestó que “siempre hemos sostenido como tesis fundamental que más que el conocimiento que deben tener estos defensores, se requiere de mucha sensibilidad, porque en todo caso, una vez que se presenta la controversia de carácter judicial, y hay que defender a alguien, que es imputado en un delito, por supuesto que estamos en presencia de condiciones humanas que mueven la fibra de la persona. Pero nosotros estamos obligados, en lo fundamental, a defender el debido proceso, a garantizar la presunción de inocencia, a garantizar la igualdad entre las partes y además de ello, en una lucha titánica, pues el oficio de defensor público es un tanto impopular, pero nosotros le hemos hecho ver a la sociedad venezolana, que nosotros no defendemos exclusivamente personas que en un momento determinado hayan cometido un delito sino que defendemos unas normas de carácter constitucional que están contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, que garantizan la defensa de los derechos humanos de los imputados y que por lo tanto estamos sujetos al ordenamiento jurídico venezolano. De modo que no se trata de defensa a ultranza o de oponerse a las pruebas de la fiscalía por oponerse simplemente, sino de garantizar el Estado de Derecho venezolano, que se expresa en lo fundamental en el derecho al debido proceso”.

- Ya estamos en el último mes del año, ¿Qué balance hace la Defensoría Pública del trabajo desplegado hasta ahora?

- Yo creo que la expresión que resume la Defensa Pública, creada por el Tribunal Supremo de Justicia, es la siguiente: Todos los días hay que trabajar poco a poco para alcanzar grandes metas. Esta es una Defensa Pública que tiene un personal altamente calificado, comprometido con el proceso de cambio y transformación que está viviendo el Poder Judicial venezolano, y que también vive la sociedad, lo que amerita, por supuesto, no sólo una relación de pertenencia con la propia institucionalidad, con el propio Tribunal Supremo, sino que también garantiza al ciudadano una justicia imparcial, objetiva y al mismo tiempo gratuita, tal y como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

- ¿Qué metas tiene la Defensoría Pública para el año que viene?

- Ahora, en lo inmediato, ante la entrada en vigencia de la Ley de Tierras el próximo 10 de diciembre, se procederá a nombrar Defensores Públicos en esa área, sobretodo en la defensa de los intereses de los campesinos pobres, y allí también se requiere, como en el caso de todos los defensores, una alta sensibilidad y de un alto compromiso, porque creo que los campesinos tienen derecho a la tierra, al pan y al trabajo, y eso para nosotros es importante, por eso, no queremos que bajo ninguna circunstancia, el campesino que labora la tierra pueda verse en un momento determinado vulnerado en la defensa de sus derechos.

CASO JOSE MARIA BALLESTAS

En otro orden de ideas, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dio entrada en el día de hoy al expediente que guarda relación con el proceso que se le sigue al presunto aeropirata de nacionalidad colombiana, José María Ballestas. El expediente fue remitido por el Ministerio de Interior y Justicia