El Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala de Casación Social declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad presentado por la representación judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra una sentencia dictada el 20 de noviembre del año 2013 por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

Este caso se refiere a un juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales seguido por la ciudadana Ivonne Ojeda Arroyo contra dicha alcaldía, que el juzgado superior laboral declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, y modificó la sentencia dictada por el Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la misma circunscripción judicial, que había declarado sin lugar la defensa de prescripción de la acción y parcialmente con lugar la demanda.

Contra el fallo del Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas la alcaldía interpuso un recurso de control de la legalidad, el cual fue declarado inadmisible por la Sala del Máximo Juzgado, con ponencia de la magistrada Carmen Esther Gómez Cabrera.

Concluyó la Sala del TSJ que "(...) la decisión sujeta a revisión no denota violación de normas informadas por el orden público, en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, es por lo que, resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para su conocimiento, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación".