La Sala Constitucional para decidir observó, entre otros argumentos, que la referida inadmisibilidad del recurso de casación, que decretó la Sala Penal, produjo, como principal e inmediato efecto procesal, la confirmación de la decisión que, mediante el mismo, fue impugnada por el Ministerio Público y la cual, como consecuencia, adquirió la cualidad de sentencia definitivamente firme; por tanto, resulta aplicable al presente caso, el criterio que sentó la Sala Constitucional, en su decisión del 28 de noviembre de 2001 (caso George Yebaile y José Lito Loureiro). Para la Sala Constitucional con la declaratoria, la Sala Penal agotó su competencia dentro del predicho proceso penal y, adicionalmente, creó derechos subjetivos a favor de la parte actora en la presente causa, los cuales, salvo impugnación mediante el ejercicio de los recursos procesales o que se trate de alguno de los supuestos de nulidades, no son revocables, pues ello resultaría contrario a la prohibición legal de la reformatio in peius, según lo que dispone el artículo 434 (hoy, 442) del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 433 (441, en el Código vigente) del COPP. Ahora bien, para la Sala Constitucional, no obstante lo que ha quedado asentado en el aparte inmediatamente anterior, observó que el fallo, que en la presente causa ha sido sometido a revisión, contiene un segundo dispositivo por el cual, la Sala Penal, con base en las razones que antes han quedado reseñadas, anuló, de oficio, la precitada decisión de la Corte de Apelaciones y ordenó la reposición de la causa al estado de que fuera celebrada una nueva audiencia preliminar. En el presente caso, la Sala Constitucional observa que la nulidad que declaró la Sala de Casación Penal no encuadra en ninguno de los supuestos del COPP (Artículos 19, 191 y 442) ni que dicha Sala declarara fundamentarse en los mismos, para la toma de la decisión en comentario, ¿de suerte que tal pronunciamiento comporta un vicio de ultrapetita, por cuanto la misma no responde a ninguno de los pedimentos que contiene el recurso que incoó el Ministerio Público e infringió, en consecuencia, el entonces vigente artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal¿- precisa el fallo de la Sala Constitucional. En definitiva, concluye que el fallo que dictó la Sala Penal de este Máximo Tribunal obvió la interpretación de las disposiciones que contienen los artículos 26, 49, cardinales 4 y 7, y 257 de la Constitución.

En el presente fallo, los magistrados Iván Rincón Urdaneta y Jesús Eduardo Cabrera, salvaron su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, al declarar parcialmente con lugar la revisión solicitada por Eduardo Semtei Alvarado de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el 10 de agosto de 2001. En su voto disidente el magistrado Iván Rincón Urdaneta expresa que ¿la Sala Penal sí estaba plenamente autorizada para, no obstante la inadmisibilidad del recurso interpuesto, declarar la nulidad cuestionada por el solicitante de la presente revisión, pues conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha nulidad de oficio procede cuando se está en presencia de una inobservancia o violación de derechos y garantías constitucionales, lo cual en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta obligatorio para el juzgador (en este caso Sala de Casación Penal) en su función jurisdiccional, velar por el cumplimiento de los preceptos fundamentales en resguardo del supremo valor constitucional, los cuales, por ser materia de orden público, son de ineludible cumplimiento¿. Por su parte, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, considera que el juez de la casación no puede carecer de todo efecto en relación al recurso intentado, si se pretende que éste funcione como una verdadera garantía. ¿Es cierto que no se le podría permitir la revocación de una sentencia y el dictado directo de otra, por cuanto ello exigiría una completa revalorización de la prueba, para lo cual sería necesaria indefectiblemente la inmediación; pero ello no es óbice para permitirle la anulación del fallo por violación de las normas constitucionales y procesales que deben observar las otras instancias, en el curso del proceso¿- señala en su voto disidente el magistrado Jesús Eduardo Cabrera.. Para el magistrado, ¿si ello no es así, se priva de toda eficacia el control de la sentencia en sede casatoria, y condena al juez del recurso a ser un mero espectador convencido de que el fallo es violatorio de normas constitucionales, pero impotente para procurarle siquiera un camino (la casación de oficio) para su reparación. La casación de oficio, debe comprender, para este supuesto, la posibilidad de anulación, para satisfacer los derechos consagrados en la Constitución¿.