Agregó que se quiso trabajar el tema de la doctrina de los Derechos Humanos ¿porque es justamente el tema que traspasa todos los tratados internacionales que ahora son leyes de la República y forman parte del orden jurídico interno y que en el caso concreto de la Convención de los Derechos del Niño es particularmente importante, por eso definimos los Derechos Humanos como los bienes jurídicos tutelados fundamentales desde todo punto de vista y consideración, y delineamos los ochos aspectos fundamentales o características sobre los cuales se apoya la doctrina de los DDHH, como inherentes al ser humano, preeminentes frente al Estado, constitucionales, son universales, son interdependientes, progresivos, transgeneracionales e inalienables, en tal sentido, son inrenunciables, indisponibles, inviolables, inderogables e irrevocables; esto justamente ante la amenaza del egoísmo supremo, que es lo que se llamó en la Teoría de la Construcción del Estado, el derecho a todo¿. Por eso ¿ dijo Fernández -, el imperio de los DDHH implicaría el cese de la venganza tanto privada como pública. ¿Por eso quisimos dejar un mensaje a los jueces y juezas de la República. En primer lugar, al nacer un derecho humano nace un deber para el Estado y los funcionarios sin menoscabo de la responsabilidad de todos, como por ejemplo la responsabilidad que compete a las empresas, como en el caso de la empresa Statoil que asume su responsabilidad social ayudando a divulgar y a capacitar a todos los funcionarios judiciales y policiales en materia de los Derechos Humanos¿. También dijo que el Estado, así como sus funcionarios, son su principal objeto de atención, ¿excepto, por supuesto los grupos armados paraestatales que suelen ser grupos que violan los Derechos Humanos, sobre los cuales debe centrarse la atención para prevenir y reprimir, según sea el caso, cualquier posible abuso. Los DDHH pasan a ser entonces un patrimonio de las personas frente al Estado y el Poder, y por eso se justifican las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil fortalecida, como mecanismo de control social de la función pública¿. Sobre el particular, Fernando Fernández, fue categórico al afirmar que ¿le toca a los jueces, no obstante, ser los máximos garantes de los Derechos Humanos, pues tienen la última palabra¿. Al referirse, al tema de las niñas destacó cifras negativas que demuestran que son las víctimas más frecuentes en los casos de abusos, ¿se calcula que en el mundo entero, 70% de las víctimas de delitos violentos son mujeres, niños y sobretodo niñas. Y si el medio empleado para infligir violencia son armas de fuego, la cifra sube a 80%, es decir, que mientras mayor es la violencia del poderoso mayores son las víctimas; y naturalmente, podemos ver el grupo de los discapacitados niños y niñas, discapacitados ancianos y ancianas, como grupos más vulnerables¿. El representante de Amnistía Internacional señala igualmente que al proteger a la humanidad entera se protege la vida humana individual y viceversa, ¿cuando se protege la vida humana individual también se tutela la vida universal. Esto naturalmente quiere decir que hay un avance con relación a la personificación jurídica, pues no solamente se protege a las personas como concepto legal, como ficción jurídica sino como hecho biológico constatable en cada organismo humano viviente¿.

Destacó Fernández la preeminencia que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la defensa de los Derechos Humanos cuando en el artículo 2 define el estado social democrático de derecho y justicia, ¿cambiando el paradigma de forma radical, pasando del estatismo al humanismo; por supuesto, ese paradigma estatista es un remanente del absolutismo y el totalitarismo, todavía presentes en algunas partes de nuestra legislación pero en fase de eliminación total. Naturalmente el imperio de paradigma prohumano implica el cese de la preeminencia del Estado y una nueva visión del mundo. Esto nos acarrea un cambio radical de la legislación autoritaria, por ejemplo, el Código Penal, basado en los delitos de lesa majestad, el derecho de castigar en manos del Estado, y la venganza pública, también en manos del Estado, naturalmente, una legislación de esa naturaleza debe cifrarse en los Derechos Humanos para hacer valer ese principio de preeminencia, lo que acarrea una Reforma del Estado, en términos de humanización, descentralización y eficacia de la justicia¿.