La Sala de Casación Penal del alto tribunal al estudiar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante comprobó que no se señaló de manera concreta la norma que dice infringió la Corte de Apelaciones, sin embargo, pareciera ¿según se desprende del fallo de la Sala- que se refiere a la norma prevista en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, pero a la par de ésta, cita una serie de normas, tanto procedimentales como de rango constitucional, que según él fueron también violentadas. Ahora bien, del contenido del texto en cuestión, se desprende que la violación de las normas señaladas por el demandante, éste se las atribuye al Ministerio Público, pues manifiesta que ¿actúo unilateralmente¿ cuando ordenó la experticia química, sin tomar en consideración los preceptos jurídicos contenidos en el COPP, para la realización de las pruebas, sin tomar en cuenta la intervención que tenía como parte en el juicio. Al respecto la Sala recordó que el recurso de casación se ejerce contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que hayan resuelto una apelación, por lo que el recurrente debe indicar la norma o normas que han sido infringidas como consecuencia de esa resolución, y no señalar en casación, aquellas que fueron vulneradas en el proceso por las otras partes, o por la sentencia de la primera instancia, pues el artículo 459 del COPP es muy claro cuando señala que el recurso de casación se interpondrá en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones que hayan resuelto una apelación sometida a su consideración, en razón a ello, y al no cumplir el presente escrito de fundamentación del recurso de casación con lo preceptuado en el artículo 465 del mencionado Código, se desestimó por manifiestamente infundado. No obstante de ser desestimado por manifiestamente infundado el recurso interpuesto, la Sala revisó la sentencia impugnada constatándose que su contenido coincide con la realización de la justicia por sobre formalidades superfluas, y que, por otra parte, satisface la aplicación del derecho en el establecimiento de un fallo justo, todo de conformidad con los artículos 257 de la Constitución de la República y 13 del COPP.