En el día de hoy se efectuó la audiencia oral sobre el caso, a la que acudieron, entre otros, Juan Garantón y Milagros Rodríguez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la parte accionante; Vladimir Falcón, apoderado judicial de la alcaldía del Municipio Baruta, y los ciudadanos accionantes. Luego de concluida la audiencia, en la que las partes expusieron sus alegatos, los magistrados después de deliberar, indicaron en el dispositivo de la sentencia, leído por el magistrado Iván Rincón Urdaneta, que ¿(...) tal como se ha alegado en la audiencia por el representante judicial del Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y de los autos que conforman el expediente, la Sala ha podido constatar (folio 39 de la pieza principal) que sólo María de Jesús Rodríguez Canelón, quien no es accionante en este amparo ni recurrente en el juicio de nulidad contra la Resolución n° 2535 del 5 de noviembre de 2001, agotó los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, y que dicha ciudadana actuó en nombre propio; por lo que efectivamente ha quedado demostrado la falta de agotamiento de la vía administrativa por parte de los recurrentes en el juicio de nulidad, hoy accionantes en este amparo; y con ello también desvirtuado lo afirmado por el abogado Juan Garantón, apoderado judicial de la parte actora¿. En vista de la situación, la Sala Constitucional, declaró sin lugar la pretensión de amparo interpuesta, contra la sentencia dictada, el 8 de octubre de 2003, por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativa, en el expediente n° AB01-A-2003-001333, según numeración de la referida Corte.

A pesar de lo anterior, la Sala indicó ¿por orden público constitucional y en atención a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exhorta al Municipio Baruta del Estado Miranda a que, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por la Constitución y las leyes en materia de protección y garantía del derecho a la vivienda y tutela de la familia, efectúe los trámites necesarios para gestionar y lograr la reubicación de los ciudadanos que solicitaron la tutela constitucional en esta causa, circunstancia que hará saber a la Sala en el término de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo definitivo, sin perjuicio de que los afectados ejerzan sus derechos ante los tribunales competentes para demandar la responsabilidad patrimonial del Municipio Baruta del Estado Miranda¿. Se anunció el voto salvado del magistrado Iván Rincón Urdaneta.