Indicó Iván Rincón Urdaneta durante sus palabras de instalación que el máximo tribunal ¿se ha propuesto potenciar la transparencia en los procesos de administración de justicia, así como mantener informado al usuario y crear las condiciones idóneas para la participación ciudadana y de la sociedad civil, a fin de aumentar su incidencia en el espacio de las políticas judiciales estableciendo para ello verdaderos vínculos entre los ciudadanos y el órgano de gobierno judicial que está decidido a tomar en cuenta las voces de los ciudadanos sobre sus necesidades de justicia¿. ¿Nos sentimos con la obligación de responder, desde nuestras respectivas áreas de trabajo, por cada una de las actividades realizadas durante nuestras gestiones, con el objeto de ofrecer a la ciudadanía información precisa y oportuna de cada una de las acciones aquí efectuadas, dando así cumplimiento a un mandato constitucional¿, agregó. Para el presidente del TSJ la transparencia va más allá de ser un antídoto efectivo contra la corrupción, ¿en efecto, incorpora el derecho que tiene todo ciudadano de saber lo que hacen las instituciones que conforman el Estado, de manera que puedan influir en los procesos de toma de decisión y en la formulación de las políticas públicas, mediante verdaderos sistemas de control, seguimiento y evaluación¿. Precisó que todos los órganos de administración de justicia, como garantes del mantenimiento del orden social, deben brindar un servicio de justicia transparente y accesible que sea el instrumento fundamental para el logro de una convivencia social pacífica y equilibrada, que a su vez garantice el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Entre los ejemplos que se vienen realizando en aras de brindar una justicia efectiva y transparente, destacó que el alto tribunal trabaja en la creación de espacios en los cuales se generen estadísticas, tal como la Unidad de Apoyo al Proyecto de Modernización, en la que existe un grupo de investigadoras que llevan a cabo la automatización del registro de información en el proceso penal, con el objetivo de crear vínculos interinstitucionales entre los diversos actores involucrados en la implementación del COPP que permitan unificar criterios en cuanto a su aplicación. Además trajo a colación el caso de la Sala de Casación Social que viene instalando nuevos tribunales laborales, como consecuencia de la implementación de la recién aprobada Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en la instalación del seminario, expresó que ¿el Sistema de Administración de Justicia es fundamental para la consolidación de los principios rectores del ordenamiento jurídico venezolano: libertad, justicia, igualdad, democracia, responsabilidad, corresponsabilidad social, lo que de alguna manera le exige el artículo dos de la Constitución, como un Estado democrático y social de justicia, al servicio de la ciudadanía. Para los operadores de ese Sistema de Justicia, en donde todos somos eslabones de una cadena que conducen a un mismo fin, que implica temas como el acceso a ese sistema, la participación social que es fundamental, los mecanismos de control, de gestión, la revisión de cuentas, lo cual potencializa la administración y el acceso a la justicia, además de contribuir con el concepto de transparencia y justicia, por eso la importancia de la realización de este evento en el máximo tribunal del país¿.

El tema de ¿Los Mecanismos de transparencia en la generación de las políticas judiciales¿ fue presentados por Olga Dos Santos, Secretaria de la Sala Plena del TSJ y de la Comisión Judicial y por Rafael Roversi Tomas, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Dos Santos explicó, entre otras cosas, que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, cambió el rol del Tribunal Supremo de Justicia, ¿que ahora ya no es sólo la cúspide de la actividad jurisdiccional sino que también es el órgano al que corresponde la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, para lo cual se crea la DEM. Además se crea la Comisión Judicial que está integrada por seis magistrados del Tribunal Supremo, cada uno integrante de cada una de sus Salas¿. Agregó con relación a la Comisión Judicial tiene como función ejercer el control y supervisión de la DEM, pero que además constituye el órgano ejecutor de las políticas que define la Sala Plena y además es el órgano de enlace entre los diferentes organismos que integran el Sistema de Justicia¿. Entre tanto Rafael Roversi manifestó que ¿una justicia transparente es nuestro criterio, se refiere a toda aquella actividad judicial, que concluye con la solución de la controversia mediante una sentencia con apariencia de ser justa. Así la actividad judicial debe ser transparente para, a través de ella, ver la justicia. Así las cosas, la actividad judicial debe necesariamente producir la percepción que el asunto sometido a su consideración fue resuelto de manera imparcial, oportunamente y con apariencia de estar apegada a derecho¿. A su juicio, las políticas que busquen garantizar y materializar la transparencia en la administración de justicia deben tomar en cuenta los siguientes elementos: Posición del Juez en la comunidad en la cual ejerce su función judicial; Metodología empleada para la designación del Juez y participación de la ciudadanía en la designación; Controles en el ejercicio de la actividad judicial y actividad desplegada por los demás integrantes del sistema de justicia. Posteriormente lo referente al ¿Acceso a la información y el concepto de e-gobierno judicial¿, fue expuesto por Cándido Pérez Contreras, Gerente General de Administración y Servicios del TSJ y Ricardo Jiménez, Director de Información del máximo tribunal. Cándido Pérez quien disertó sobre los objetivos, implementación y logros alcanzados con la puesta en marcha del proyecto de modernización en el alto tribunal. Entre tanto, Jiménez Dan expresó que la transparencia judicial tiene que ver con la creación de suficientes mecanismos y herramientas para poder ser revisados, escrutados y controlados, para que la comunidad se forme el mejor concepto de nuestra actividad. ¿En ese sentido la transparencia está íntimamente ligado con el concepto de acceso a la información, pero siempre buscando el equilibrio entre satisfacer la necesidad de que la información sea pública, pero respetando la privacidad, respetando el ordenamiento jurídico, la seguridad del Estado, el orden público y conservando la integridad de los procesos judiciales¿.

El tema de la ¿Rendición de cuentas de los tribunales y de las instancias administrativas¿ fue disertado por Rogelio Pérez Perdomo, Profesor de la Universidad de Stanford y Abrahám Pineda, representante de la DEM. Rogelio Pérez manifestó en su ponencia que el tema es delicado porque está en juego la interacción de principios fundamentales en la organización del Estado y del papel de los jueces en la sociedad contemporánea. ¿El primer principio, es que todo aquel que ejerza un poder público debe dar cuenta de su gestión y debe responder por sus acciones. Los jueces integran uno de los poderes públicos fundamentales y, en consecuencia, esperamos que rindan cuenta de su gestión y que puedan ser sancionados en caso de faltas, mientras que el segundo principio es el de la independencia de los jueces, ya que para que se trate realmente de jueces los demás poderes del Estado y de la sociedad no deben interferir en sus decisiones¿. Concluyó expresando que es importante que ¿los jueces rindan cuenta y todos seamos parte de la toma de responsabilidad y a la vez es muy importante que defendamos la independencia de los jueces, porque lo que está en juego es mucho más importante que la suerte de los jueces mismos. Es la supervivencia del Estado democrático de Derecho¿. Entre tanto Abrahám Pineda expresó sobre el tema que la transparencia se vincula de manera estrecha con las instancias de control y responsabilidad, que son propias de un Estado de Derecho y que a su vez dependen cualitativa y cuantitativamente de la problemática de una ancha e intensa participación de los destinatarios del poder. Por lo que la transparencia institucional se encuentra en relación directa con el impulso y la iniciativa que los órganos estatales de control reciban de las inquietudes de la sociedad, existiendo una relación inversamente proporcional entre el deterioro de la transparencia, la confiabilidad y credibilidad en que reposa la seguridad jurídica¿.

Acerca de la ¿Introducción de los sistemas de oralidad y participación en los procesos jurisdiccionales¿, intervinieron Celina Hernández, presidenta del circuito judicial Penal de Barquisimeto, estado Lara y el magistrado de la Sala de Casación Social del TSJ, Alfonso Valbuena Cordero, éste último expresó que la oralidad es un mandato del constituyente, ¿la Constitución de 1999 nos impone que el proceso judicial debe ser breve, oral y público¿. Al referirse a los principios que deben seguir la aplicación de la justicia manifestó que ¿hay un solo principio, que es la oralidad, ya que los demás llamados principios no son más que derivaciones, consecuencias de ésta, como son la inmediación, celeridad y la concentración. Si aceptamos que el procedimiento no es otra cosa que forma, entonces tenemos que decir que en el caso de la naciente Ley Orgánica Procesal Penal adoptó y eligió la forma oral¿. Aclaró que la forma oral de los actos procesales supone, en primer término, que debe haber un predominio de la hablado sobre lo escrito, ¿fíjense que usamos en término predominio y no exclusividad, ya que un proceso totalmente o exclusivamente escrito u oral, además de ser inconveniente aplicarlo en la práctica, no sería lo más adecuado implementarlo. Así que en principio hay formas escritas que se van a guardar dentro del proceso oral, pero el elemento determinante va a ser que la mayoría de sus autos van a desarrollarse de forma oral, es decir, que la característica principal es que este proceso oral, no obstante que suele comenzar con una serie de actuaciones escritas, la característica principal es que va a terminar en un acto oral, en el que las partes en conflicto van a participar bajo la presidencia del juez del caso, es decir, el juez va a poner en relación a los sujetos que intervienen en ese procedimiento con las pruebas bajo su rectoría como juez¿.

El último tema tratado en el seminario fue el del ¿Establecimiento del Código de Ética y Disciplina Judicial¿, disertado por Adán Febres Cordero, Director de la Escuela Judicial de la DEM y por el presidente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, Levis Ignacio Zerpa, quien puntualizó una serie de observaciones a los aspectos que han sufrido alguna modificación por parte de la Asamblea Nacional del proyecto inicial del mencionado Código que preparó la Sala Plena del máximo tribunal. Entre ellas indicó que ¿una cuestión preocupante que ha ocurrido es que al proyecto se le cambia el título, porque el Parlamento en primera discusión le coloca el carácter de orgánico, lo que para alguno de nosotros dentro de las posibilidades que ofrece la Constitución de darle carácter orgánico a las leyes no es discrecional, sino que deben cumplirse cuatro posibilidades diferentes y en nuestra lectura personal que hacemos del asunto no encontramos razones para que el proyecto se denomine y se le de el carácter de orgánico¿. Para el magistrado al darle el carácter orgánico entonces la posibilidad de reformar el texto del Código de Ética se dificulta, ¿ya que un Código de Ética como cualquier regla relativa a sanción de tipo disciplinaria y a modelos de lo que debe ser una figura como el juez, deben tener en cierta manera un carácter un poco experimental, porque en materia como en un Código de este tipo, refleja de alguna manera los valores que pueden estar presentes en la sociedad y cuestiones que pueden que por la situación coyuntural que atraviese un grupo social en determinado momento, pasado el tiempo se vea en la necesidad de hacer reformas, de manera que en esta materia se debe girar sobre la noción de que las reformas deben facilitarse y no lo contrario, ese adaptarse de la legislación a la realidad social¿.