jueves, 08 de diciembre de 2005
Presentada por canal de televisión
Improcedente solicitud de amparo cautelar contra la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión
Indica la sentencia del Alto Tribunal que "de realizarse un estudio respecto a la inaplicación de las normas que han sido impugnadas, implicaría inmiscuirse en cuestiones que corresponden al análisis final que esta Sala debe hacer respecto a la solicitud de inconstitucionalidad formulada, por lo tanto, debe ser declarada la improcedencia del amparo cautelar solicitado".

ANTECEDENTES Y ALEGATOS

El pasado 8 de agosto Marcel Granier y Eduardo Sapene, directivos de la sociedad mercantil RCTV, C.A., presentaron un recurso de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar contra la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Según los accionantes, la Ley de Contenidos, viola la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y vulnera la garantía de no confiscación, la libertad económica, el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad, consagrados en los artículos 116, 317, 112, 115 y 21 de la Carta Magna, además, denunciaron que el cuerpo legal infringe el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por último señalaron que habría vulnerado la exigencia prevista en el artículo 203 de la Constitución relativa a que los derechos constitucionales deben ser regulados mediante leyes orgánicas. Para fundamentar el amparo cautelar, indicaron que la Ley de Contenidos viola los derechos y garantías constitucionales de RCTV, sus empleados y periodistas, al infringir la reserva de la ley orgánica que debe tener el desarrollo del derecho a la libertad de expresión; al imponerles, en su criterio, la obligación de transmitir información oportuna, veraz e imparcial, a transmitir mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público, así como las cadenas; al establecerles limitaciones en torno a la transmisión de mensajes publicitarios, al imponerle una regulación sobre los productores nacionales independientes y al infringir la garantía de la no confiscación, y de la libertad económica a partir de la imposición de una doble tributación.


PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA

La Sala al revisar las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, admitió en cuanto ha lugar en derecho, sin prejuicio de la potestad que asiste al Alto Tribunal de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la Ley y la jurisprudencia. En vista de la admisión se ordenó citar por oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, además, se ordenó emplazar mediante cartel, que será publicado por la parte accionante, en uno de los diarios de circulación nacional dentro del lapso de 15 días hábiles contados a partir de la expedición del mismo, para que se den por notificados en un lapso de 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. En cuanto a la acción de amparo cautelar solicitada, la Sala recordó el criterio señalado con respecto al amparo cautelar ejercido conjuntamente con la acción de nulidad por inconstitucionalidad, cuando asentó en sentencia del 9 de marzo de 2004 (caso: Carlos Baralt Morán, Mercedes Alejandra Suzzarini y Javier Gómez González) lo siguiente: "(...) por ser cautelar la naturaleza de los amparos ejercidos de forma conjunta con las acciones de inconstitucionalidad, éstos no pueden ser acordados cuando para la determinación de su procedencia o no, se tenga que realizar un examen de las normas impugnadas que, de tal modo, se esté analizando cuestiones que corresponden al fondo del asunto". Estimó la Sala, dicho lo anterior, que en el presente caso, "de realizarse un estudio respecto a la inaplicación de las normas que han sido impugnadas, implicaría inmiscuirse en cuestiones que corresponden al análisis final que esta Sala debe hacer respecto a la solicitud de inconstitucionalidad formulada, por lo tanto, debe ser declarada la improcedencia del amparo cautelar solicitado", indica la sentencia.


VOTO SALVADO

En esta decisión el Magistrado Pedro Rondón Haaz, salvó su voto al reiterar, entre otras cosas, su posición acerca de que "toda medida cautelar debe, necesariamente, estudiarse el fondo del asunto, por cuanto el propósito de toda cautela es la garantía de la eficacia del fallo definitivo". Señaló el Magistrado disidente en la presente sentencia que "si la pretensión de fondo del particular es la nulidad de una ley, la medida cautelar idónea para el aseguramiento de la eficacia del fallo sería, precisamente, su inaplicación temporal que, además, es perfectamente reversible en caso de que se desestime la pretensión de nulidad". Concluyó que "el supuesto adelantamiento de opinión de fondo no podía ser argumento para la negativa de la medida cautelar que se solicitó, en virtud de que el juicio que expide el juzgador es de verosimilitud y no de verdad".


Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  08/12/2005

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