Luego del análisis del escrito contentivo de nulidad por inconstitucionalidad que interpuso el Fiscal General de la República, la Sala procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a la luz de los artículos 19 y 21 de la Ley Orgánica del TSJ, en cuanto a la admisibilidad y los recaudos que deben acompañar el escrito de nulidad, y al respecto observó que los mismos se han cumplido, por lo que admite el presente recurso de nulidad cuanto ha lugar en derecho. A tal advirtió la Sala que la presente causa seguirá el tramite conforme al procedimiento indicado en la sentencia N° 1645 del 19 de agosto de 2004 (caso: Constitución Federal del estado Falcón) y la N° 1795 (caso: Inversiones M7441, C.A.). Por otra parte, la Sala Constitucional, de conformidad con la citada Ley Orgánica, citó por oficio al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Delta Amacuro y al Procurador General de la Entidad Federal; asimismo ordenó notificar al Defensor del Pueblo, para que comparezcan ante el Tribunal dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del Cartel o de la notificación del último de los interesados. Luego del vencimiento del lapso de comparecencia, se informará sobre la convocatoria para un acto público y oral.

Conforme a la norma establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del TSJ, la Sala fue investida de amplias facultades para adoptar las medidas que estime necesarias, con la finalidad de garantizar la efectiva ejecución del acto de administración de justicia correspondiente al fondo de la demanda sometida a su consideración. En este sentido, la Sala tomando en consideración los argumentos expuestos por la representación del Ministerio Público, y visto que en este caso existe una presunción de buen derecho, en virtud de la existencia de normas constitucionales que de acuerdo a una interpretación prima facie, atribuyen la competencia en esta materia al Poder Público Nacional, estimó conveniente el ejercicio de los poderes antes referidos, y en tal virtud suspender los efectos del artículo 131 de la Constitución del estado Delta Amacuro, "lo cual queda reforzado con la necesidad de evitar un peligro en la mora, dada la posibilidad de que la norma cuestionada pueda ser aplicada en cualquier momento, incluso antes de la culminación del presente juicio, lo cual podría frustrar la ejecución del fallo que deba adoptar la Sala Constitucional. En virtud de lo expuesto la Sala acordó la suspensión del artículo 131 de la Constitución del estado Delta Amacuro, sancionada el 28 de julio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de dicho estado N° 016-2001 Extraordinaria, del 1 de agosto de 2001. Por otra parte, la Sala, por razones de certeza y seguridad jurídica, y en aras de garantizar el orden público constitucional, y dada la naturaleza de la medida acordada en el presente caso, que ordena la suspensión con efectos erga omnes, de la indicada disposición, ordenó su publicación inmediata en la Gaceta Oficial del estado Delta Amacuro, "en el entendió que la demora o incumplimiento por parte de los organismos competentes de su publicación, aplicación y ejecución, que atente contra la seguridad jurídica de los destinatarios de la providencia cautelar dictada por esta Sala, acarreará su responsabilidad patrimonial por los daños que su conducta omisiva causen". Con relación a los efectos en el tiempo de la decisión dictada, se observa que, la eficacia del fallo se encuentra condicionada a su publicación en el mencionado instrumento oficial; asimismo la Sala acordó la notificación, mediante edicto, de todos los interesados en la presente causa y la notificación de los ciudadanos Presidente del Consejo Legislativo del estado Delta Amacuro y del Procurador de la referida entidad, para que, si lo estiman pertinente, formulen oposición contra la medida cautelar dentro de los 3 días siguientes a su notificación, supuesto en el cual se abrirá de pleno derecho una articulación de 8 días, con el objeto que los interesados expongan sus alegatos y presenten las pruebas que consideren pertinentes, de conformidad con el procedimiento establecido en la citada sentencia número 1795 del 9 de julio de 2005, dictada por la Sala Constitucional.