martes, 02 de mayo de 2006
En juicio por conflicto entre autoridades
Procedente medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por gobernador de Cojedes
El Decreto Municipal N° 016/2005, bajo el amparo del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconoce las competencias otorgadas por la Carta Magna a los estados para la administración de las vías estadales.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala luego de declararse competente para decidir señaló que ha determinado en diversos fallos que el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiriéndose además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso.

Es así como indicó que el Alcalde del municipio Falcón no puede dictar actos administrativos de efectos generales ni particulares que incidan sobre la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales, pues ello es competencia exclusiva del Ejecutivo Regional, so pena de incurrir en usurpación de funciones.

Con relación al cumplimiento del requisito fumus boni iuris, la Sala observó que el Decreto impugnado dictado por el Alcalde del estado Cojedes en fecha 24 de noviembre de 2005 y en el cual se basa la presunción de buen derecho del accionante, tuvo como fundamento el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y subraya la instancia del Máximo Tribunal que el apartado antes mencionado no consagra la posibilidad de transgredir el orden constitucional vigente, pues precisamente en su propio texto se encuentran previstos los mecanismos judiciales para controlar cualquier acto dictado por los órganos que ejercen el poder público, a todo nivel político territorial, cuando dichos actos sean contrarios a Derecho, lo que significa que nadie puede ejercer la justicia, ni abrogarse la autoridad en el marco de un Estado de Derecho que es el resultado de un sistema democrático en el cual participa el colectivo otorgándole plena legitimidad, menos aún, como en el presente caso, donde el llamado a la aplicación del artículo 350 proviene de una autoridad electa democráticamente mediante sufragio directo, universal y secreto, es decir, del Alcalde del Municipio Falcón del estado Cojedes.

De esta manera, ante el hecho de la intervención del Peaje de Taguanes a través del Decreto N° 016/2005, teniendo como fundamento el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del análisis efectuado del expediente y de los alegatos expuestos por el accionante, la Sala sin prejuzgar sobre el fondo del conflicto planteado, ya que en el presente fallo no se determina lo relativo a la presunta usurpación o no de competencias por parte del citado Alcalde para dictar y ejecutar el Decreto en cuestión, considera con ello satisfecho el fumus boni iuris, pues del contenido mismo del acto recurrido se evidencia tal presupuesto de procedencia.


DECISIÓN

Con respecto al cumplimiento del periculum in mora, como requisito para el otorgamiento de la medida solicitada, la representante del Supremo Tribunal observó que consta en el expediente comunicación de fecha 24 de noviembre de 2005, dirigida por el Presidente de Copavin C.A., al Gobernador del estado Cojedes en la cual informa que recibieron información vía telefónica de la estación de Peaje de Taguanes, de la presencia de funcionarios de la Policía Municipal de Falcón, a fin de dejar inoperantes las barreras del sistema de recaudación, lo que constituye un impedimento para continuar con una de la actividades a cargo de dicha empresa, como es la de recaudar la tasa establecida por el Gobierno estadal como tarifa a los distintos vehículos que transitan por la Troncal T005, asegurando además que este impedimento lesiona los intereses patrimoniales del estado Cojedes, y podría encerrar la comisión de hechos delictivos a calificar por el Ministerio Público.

Finalmente la Sala Político Administrativa estimó que en el estado Cojedes existe una grave presunción de que resulten afectados los derechos de la colectividad ante la situación de anormalidad que se ha generado, dando por cumplido entonces el requisito del periculum in mora, ante el eventual daño irreparable que pudiese ocasionarse con la definitiva a los habitantes de dicha entidad político territorial, derivado de los actos presuntamente lesivos efectuados contra la parte accionante, los cuales constituyen el presupuesto del periculum in damni, como fundamento para el otorgamiento de la medida cautelar innominada.


Autor:
  PRENSA TSJ

Fecha de Publicación:
  02/05/2006

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