Observó la Sala Constitucional, que en el presente caso se evidencia un desacato por parte del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas, en virtud, primero por no decidir (ya que la causa estuvo más de dos años en estado de sentencia) y luego, por reponer la causa nuevamente, esta vez mediante sentencia dictada el 27 de julio de 2005, cuando lo que procedía, dada las particularidades del presente caso, era como se señaló anteriormente, decidir el fondo de la causa. "Esta situación de rebeldía, además de desconocer lo expuesto tanto en la decisión dictada el 16 de enero de 2002 por esta Sala, como en la emitida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas el 17 de junio de 2002, produce igualmente un estado de incertidumbre, pues el justiciable posee legítima expectativa - confianza legítima - de que la orden judicial emanada del órgano competente será ejecutada, de tal modo que la omisión o el desacato de aquella contraviene los principios generales del derecho, esto es, de certeza y seguridad jurídica, reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia, lo que culmina con el desconocimiento del debido proceso, recogido en el artículo 49 de la Carta Magna e impide alcanzar una tutela judicial efectiva". En consecuencia, y por ser manifiesta la dilación en la que incurrió el tribunal de la causa, la Sala Constitucional, como garante de la constitucionalidad, y por haber sido patente la violación de los artículos 26 y 257 de la Constitución, por parte de la jueza titular del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas, Angelina Margarita García Hernández, "quien con conductas como la asumida en el presente caso, evita que los justiciables obtengan con prontitud la decisión correspondiente, dejando de impartir, una justicia sin dilaciones, la Sala estimó necesario remitir copia certificada de la sentencia a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión Judicial de la División Ejecutiva de la Magistratura, a los fines de que evalúen la actuación de la mencionada juez, e imponga las sanciones a que haya lugar". De igual manera y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala ordenó la remisión de la copia certificada del fallo al Ministerio Público, a los fines de que se de inicio al procedimiento respectivo contra la abogada y juez antes mencionada

Como se mencionó anteriormente en el fallo de la Sala Constitucional (accidental), el magistrado Pedro Rondón Haaz, disiente de la mayoría sentenciadora, señalando que "la omisión cesó el 27 de julio de 2005, cuando se emitió el acto judicial definitivo formal y, para el restablecimiento de la situación que hubiere sido infringida por esa decisión, la parte actora tenía a su disposición la apelación, vía recursiva que, efectivamente, utilizó. En opinión de quien discrepa, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad del acto jurisdiccional formal estaba fuera del tema de decisión del amparo bajo análisis, razón por la cual la improcedencia de la demanda no podía fundamentarse en la inadecuación de la sentencia definitiva con el criterio de esta Sala. En conclusión, el salvante opina que debió confirmarse el fallo objeto de apelación que declaró inadmisible, sobrevenidamente, la pretensión de amparo" - concluye.