Detalle de Nota de Prensa

El diputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, presidente de la Comisión Especial contra el Crimen y la Violencia, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir ante la Sala Constitucional un documento en el que solicita anular las negociaciones efectuadas por Custodio Correia Dorramos, a través de las cuales se habría cometido una estafa multimillonaria en perjuicio de numerosas familias del estado Aragua a través de la supuesta venta fraudulenta de unos terrenos que comprenden una extensión de 310 mil hectáreas.

"Hace unos tres meses, la Organización Comunitaria de Vivienda, OCV, Los Lirios de La Victoria y La Victoria hicieron un reclamo de unas tierras que ellos habían adquirido por más de tres mil millones de bolívares, en una negociación fraudulenta que hizo un ciudadano de nacionalidad portuguesa de nombre Custodio Correia Dorramos.

Varios diputados de la Asamblea Nacional se trasladaron hasta La Victoria y allí atendimos los reclamos e hicimos una investigación en la que participó también la Oficina de Tierras del Gobierno Nacional, el licenciado Iván Martínez, quien nos ha estado apoyando en todas estas gestiones que se han hecho", dijo el Diputado.

En este sentido García aseveró que la AN designó una comisión especial que dirigió el diputado Darío Vivas "y de la cual yo formo parte por ser el denunciante de la misma (...) así que todos hemos armado un equipo de trabajo y hemos concluido que el TSJ en la Sala Constitucional, debe pronunciarse en cuanto a que esos terrenos mediante un recurso de amparo que estamos solicitando en la tarde de hoy, que se suspendan todas las acciones legales o las decisiones que fueron tomadas por algunas notarías de Venezuela, entre ellas una de Caracas", aseguró.

Advirtió el diputado García que "Correia asegura ser el dueño de 310 mil hectáreas de terreno en los estados Vargas, Distrito Capital, Miranda y Aragua. La parte más afectada en esta decisión es el estado Aragua. Como quiera que estos dirigentes, luchadores sociales, junto con los vecinos de La Victoria, la aspiración que tienen es adquirir una vivienda, nosotros hemos decidido actuar en dos direcciones, una es esta, la de venir aquí al TSJ, la otra es actuar a través de los mecanismos que el Estado tiene, tanto el gobierno nacional, como el regional de Aragua y del municipio Rivas", señaló.

Finalmente recalcó que "queremos decir que los grupos afectados tienen nuestro apoyo a fin de que los terrenos que puedan ser recuperados y que fueron adquiridos supuestamente por este señor y que sean propiedad del Estado, sean puestos inmediatamente al servicio de estas OCV, que agrupan al menos a dos mil familias que están solicitando techo, para que ellos puedan disfrutar de los mismos. Es de destacar que hemos hablado con los organismos que tienen que ver con la construcción de vivienda del gobierno nacional y existe total disposición de los recursos de parte del gobierno, pero hacen falta los terrenos", concluyó.