Ante estos hechos, el 10 de octubre de 2005, el fiscal quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, presentó solicitud de sobreseimiento de la causa a favor de Rafael Sánchez en los términos siguientes: "visto y analizado las actas que conforman la presente investigación, considera este representante fiscal la existencia de un documento de opción de compra venta del vehículo cuyos datos y características rielan a las actas, el cual fue suscrito por la víctima Omaira Inés Navas como oferente y el imputado Rafael Sánchez como optante, cuya validez no ha sido cuestionada ante los Tribunales Civiles, así mismo se observa poder otorgado por Omaira Inés Navas a el imputado Rafael Sánchez, para el pleno uso del vehículo incriminado, poder que fue revocado el 29 de abril de 2005, fecha posterior a la denuncia formulada por la víctima que data del 27 de abril de 2005. En razón de lo antes expuesto, es forzoso concluir que los hechos denunciados por la víctima, Omaira Navas, no ocurrieron, ya que el imputado era poseedor legítimo del vehículo incriminado". En consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Fiscal quinto del Ministerio Público decidió solicitar, de conformidad con el Artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa, a favor del imputado Rafael Sánchez, por haber operado la causal establecida en al Artículo 318 numeral 1° eiusdem, en virtud de que el hecho objeto de la investigación, no se realizó".

El 29 de noviembre de 2005, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, celebró Audiencia Pública con la comparecencia de las partes y sus respectivos abogados, en la que se le preguntó a la afectada Omaira Inés Navas, por qué el señor Rafael Sánchez tiene en su poder el vehículo ya identificado, a lo que ella respondió que él lo tiene desde el año 2001, fecha en la que ella le hice una oferta de venta y le dio un permiso por escrito para que pudiera circular, pero no para que se apropiara del mismo. Ante este planteamiento, el juzgador infirió, el 27 de abril de 2005, que la tipificación jurídica dada por el Ministerio Público al delito de apropiación indebida calificada, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, es la adecuada, advirtiendo que existe un documento inserto al folio 35 de las actas procesales en la cual consta que entre Rafael Sánchez y Omaira Inés Navas, se realizó una opción a compra sobre el vehículo objeto de esta controversia, el cual sirve como elemento probatorio para determinar que existe un contrato entre ambas partes que no ha generado ninguna responsabilidad penal en cuanto a Sánchez, aunado a que el mismo no fue objetado por lo cual el mismo mantiene plena validez entre las partes.

Entre otros aspectos observa la Sala que los impugnantes denuncian la falta de aplicación e inobservación de ley, sin precisar concretamente cuál es al norma que resultó infringida por los motivos aducidos, lo que constituye a juicio de esta Sala una falta técnica al fundamentar el recurso de casación. Asimismo agregó la máxima instancia penal que en atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del COPP y, no obstante la indebida fundamentación del recurso, se revisó el fallo impugnado y se consideró que el mismo se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia, la Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, desestimó por manifiestamente infundada el presente recurso de casación y así se declaró.