viernes, 15 de diciembre de 2006
Sala Político-Administrativa Accidental
Improcedente medida solicitada por Juez a quien se le dejó sin efecto su designación en el cargo
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Estimó la Sala de la máxima instancia judicial del país que en el presente caso "no existe presunción grave de violación de los derechos constitucionales denunciados, pues contrariamente a lo afirmado por el accionante, en virtud de la naturaleza del acto impugnado, no era necesario informar expresamente al recurrente acerca de las observaciones tomadas en cuenta para dejar sin efecto el nombramiento en cuestión"
La Sala Político-Administrativa Accidental, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, declaró improcedente una medida de suspensión de efectos solicitada por Oscar Reinaldo Rojas Mejías contra un acto dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual pretendía su reincorporación al cargo de juez del Juzgado Décimo Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El caso se inicia el 27 de julio de 2005, fecha en que Rojas Mejías, actuando en su propio nombre, interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional y subsidiariamente medida cautelar innominada, contra "el acto administrativo dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de junio de 2005, contenido en el Oficio N° CJ-05-3443, de fecha 27 de junio de 2005, suscrito por el Presidente de la Comisión (...) mediante el cual, en reunión de fecha 21 de junio de 2005, la Comisión Judicial resolvió dejar sin efecto [su] designación como Juez del Juzgado Décimo Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas".

El 9 de noviembre de 2005 el magistrado Emiro García Rosas se inhibió de conocer la presente causa, petición que se declaró con lugar el 21 de marzo de 2006, por lo que fue convocada la quinta suplente Dra. Carmen Leticia Salazar Briceño, quien aceptó la convocatoria y quedó constituida la Sala Accidental.

Al pronunciarse sobre la medida de suspensión de efectos solicitada la Sala del Máximo Tribunal recordó que la misma constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.

Entre otras cosas la Sala constató que Rojas Mejías solicitó la suspensión de efectos del acto, sustentándose en la supuesta violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, así como a la estabilidad en la carrera judicial, requiriendo en dicha medida como restitución de su situación jurídica infringida, que se ordene su reincorporación al cargo de juez del Juzgado Décimo Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Ratificó en su sentencia la Sala, "sin que ello implique un pronunciamiento respecto al fondo de la acción principal, que en el presente caso no estamos frente a la impugnación de un acto administrativo sancionatorio, sino ante la impugnación de un acto mediante el cual se revocó el nombramiento del actor en el cargo de Juez Temporal del Juzgado Décimo Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, cargo que según el criterio reiterado de esta Sala no goza de estabilidad. (En este sentido, ver entre otras, la sentencia N° 769 del 1° de julio de 2004)".

Agregó la sentencia que es menester recordar que el ingreso a la carrera judicial se encuentra sometido al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que determina una estabilidad para el funcionario judicial, limitada por el interés general en la recta administración de justicia, tal como lo dispone expresamente el artículo 2 de la Ley de Carrera Judicial.


NO EXISTE PRESUNCIÓN GRAVE DE VIOLACIÓN DE DERECHOS

"De manera, que asumiendo que el acto cuya nulidad se solicita fue dictado por la Comisión Judicial en ejercicio de las funciones administrativas que le son inherentes, sin que se trate de un acto de naturaleza sancionatoria, estima la Sala que en el presente caso no existe presunción grave de violación de los derechos constitucionales denunciados, pues contrariamente a lo afirmado por el accionante, en virtud de la naturaleza del acto impugnado, no era necesario informar expresamente al recurrente acerca de las observaciones tomadas en cuenta para dejar sin efecto el nombramiento en cuestión", precisó el fallo del Máximo Tribunal del país. En vista de lo anterior concluyó la Sala que no se ha concretado en el presente caso el requisito de procedencia del fumus boni iuris y siendo éste un requisito concurrente con el periculum in mora, "debe necesariamente desestimarse la solicitud de suspensión de efectos del acto recurrido".


Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  15/12/2006

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