miércoles, 31 de enero de 2007
Intentada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Inadmisible acción de amparo interpuesta por aspirante a candidatura presidencial
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DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada la competencia para el conocimiento de la causa le correspondió a la Sala emitir el pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la acción propuesta. Sobre el particular observó que en el presente caso, Bernabé Antonio Castillo Márquez pretende la procedencia del amparo por la concurrencia de presuntas lesiones constitucionales, que tienen su fuente en la supuesta omisión del Consejo Nacional Electoral, con respecto a la no admisión de su postulación como candidato a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y posterior falta de respuesta sobre la impugnación planteada contra la misma, se pone de manifiesto el criterio sostenido sobre la naturaleza y finalidad de la acción de amparo. Así, la Sala ha reiterado el criterio de la inadmisibilidad de la acción de amparo cuando el quejoso haya optado por recurrir a las vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, según cada caso en particular. En el presente caso, el accionante, una vez que el Consejo Nacional Electoral dictó la decisión que inadmitió su postulación como candidato a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, ejerció el recurso de impugnación a que se contrae el artículo 11 de las Normas de Postulación de Candidatos o Candidatas a Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela para la Elección Presidencial a Celebrarse el 3 de diciembre de 2006. Ahora bien, en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 5.233 del 28 de mayo de 1998, incluyó el legislador el recurso contencioso electoral, que puede ser ejercido por quien tenga interés, según sea el caso, para impugnar actuaciones u omisiones, y que constituye el medio ordinario previsto en la Ley para la satisfacción de la pretensión hecha valer por el quejoso.


SOBRE LA VIA PROCESAL DEL AMPARO

De esta manera, juzgó la Sala que la presente petición de tutela constitucional contra la presunta omisión del Consejo Nacional Electoral, resulta inadmisible, según lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece: "Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: 5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes". Recordó la máxima instancia juzgadora de la constitucionalidad que se ha pronunciado asentando que la acción de amparo constitucional es una vía procesal dirigida a restituir al agraviado en el ejercicio de un derecho constitucional conculcado, que presupone el agotamiento de los procedimientos ordinarios establecidos para dilucidar una controversia. En abundancia, cabe señalar que esta Sala, en sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García y otros, interpretó la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, en el siguiente sentido: "(...) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo. Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales. No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad. En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)..."). En consecuencia, por cuanto el accionante disponía del recurso contencioso electoral, vía ordinaria a ser ejercida en sede judicial, la Sala reiteró que la petición de tutela constitucional bajo estudio, dirigida a cuestionar la presunta omisión en que incurrió el Consejo Nacional Electoral, resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así lo decidió.


Fecha de Publicación:
  31/01/2007

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