Prueba de lo anterior son las palabras de elogio y admiración dispensadas por los ponentes internacionales, destacados profesionales en el área del derecho del trabajo, de la seguridad social, del derecho procesal así como en disciplinas afines con la materia, que participaron en el "III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", realizado en la sede del TSJ en el año 2006, el cual resultó un éxito rotundo con el concurso de 600 participantes de todo el país. Allí quedó ratificada la calidad y excelencia de la jurisdicción laboral venezolana, lo cual fue certificado por expertos en la materia de Alemania, Italia, Argentina, Cuba, España, Uruguay, Brasil y Venezuela, reconocimiento que es recogido con humildad por los magistrados que integran la Sala de Casación Social y que los motiva a mantener y seguir mejorando la productividad, transparencia y efectividad de la actuación de la Sala y del resto de la mencionada jurisdicción. El arduo trabajo desplegado por los magistrados Omar Mora Díaz (presidente), Juan Rafael Perdomo (vicepresidente), Alfonso Valbuena Cordero, Luis Franceschi Gutiérrez, Carmen Elvigia Porras y el resto del equipo que integra la Sala de Casación Social, se ve recompensado con una creciente productividad que alcanza 2.367 sentencias publicadas, más 1.337 autos de Sala y del Juzgado de Sustanciación, para un total de 3.704 decisiones en el año 2006. Visto así, en el año 2006 según se desprende del informe de la Sala de Casación Social, el ingreso de causas menos la cantidad de sentencias publicadas, la relación porcentual coloca a la Sala en el orden del 112,9% de productividad anual. Al discriminar estas cifras, se observa que el ingreso y las decisiones de expedientes de los controles de la legalidad superan por un amplio margen al resto de las causas que se ventilan en la Sala, tenido un repunte los recursos de casación, crecimiento que se ha producido desde la sentencia de la Sala Constitucional, que estableció que la cuantía para acceder al mismo debía ser determinada por el momento en que se introduce la demanda, es decir, el quantum de lo peticionado que sea necesario para acceder al recurso de casación para el momento de iniciarse el juicio, si es antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; ahora, si el juicio se inició posterior a la publicación de dichos textos normativos, se determinará con base en el valor que tengan las 3.000 unidades tributarias para el momento efectivo de la interposición de la demanda. En cuanto a la jurisdicción laboral en el país, coordinada por el magistrado Luis Franceschi Gutiérrez, se precisa que encabeza por número de sentencias dictadas la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, seguida por el estado Zulia y Carabobo.

Destaca el informe que el orgullo y uno de los puntales del derecho del trabajo en nuestro país, es el procedimiento oral, "lo que ha traído un gran beneficio a los justiciables, tanto a los trabajadores como a los patronos, que ven culminar el reconocimiento de sus derechos a través de una justicia verdadera, transparente y sin dilaciones". Al respecto en el año se realizaron 461 audiencias, de las cuales 438 pertenecen a la materia laboral y 23 a los informes del recurso de apelación agrario. Al respecto destaca el informe de 2006 que el 87% de los casos terminan en la misma audiencia, bien sea confirmando la sentencia recurrida o anulando y descendiendo, de manera excepcional, al fondo para resolver el juicio, evitando así, las reposiciones que no sean estrictamente útiles. El restante 13% está dividido entre las causas que buscan formas alternas de solución de conflictos y las que necesariamente hay que reponer. Sobre ese particular 355 casos han concluido en la misma audiencia; en 12 se han abierto procesos conciliatorios, con mediación de los Magistrados 7 han culminado en acuerdos satisfactorios; 34 han sido declarados desistidos por ausencia de los recurrentes; y lo más importante, sólo por motivos extremos insalvables jurídicamente en 37 se ha ordenado reponer la causa o reenviarlos. Esta efectividad y calidad se debe a un gran trabajo en equipo que día a día realizan todos los que integran la Sala de Casación Social, "no podemos dejar de destacar el beneplácito que día a día nos demuestran los justiciables y el usuario común por el desenvolvimiento, facilidad, rapidez y aplicación cierta de la justicia social a través de esta Sala de Casación Social, por el empeño de todo el equipo de aplicar lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las nuevas leyes sociales", subraya el informe. Cabe destacar que en la Sala aparte de la productividad en general, también se han preocupado por la calidad de las sentencias, estableciendo importantes criterios jurisprudenciales, modificando o ampliando los ya vigentes. Indica el informe que "el volumen de expedientes en esta máxima instancia, en materia de protección de niños y adolescentes ha disminuido en un alto porcentaje".

Igualmente se desprende del informe que con gran entusiasmo se han llevado a cabo infinidades de reuniones, consultas, foros y conferencias sobre la reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, liderada por el magistrado Juan Rafael Perdomo, vicepresidente de la Sala de Casación Social y coordinador de la Comisión para la Reforma e Implementación de la Lopna. Además, el Magistrado Juan Rafael Perdomo y la magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, en su afán de impartir con carácter pedagógico sus conocimientos en el derecho laboral, publicaron sendos libros, como son "Doctrina de la Sala de Casación Social" y "Políticas Públicas hacia la Eficacia del Poder Judicial en Venezuela", respectivamente. También han asistido a un sinnúmero de congresos, seminarios, conferencias, foros, cursos, etc., dentro y fuera del país.