A la magistrada Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, le fue consultada su opinión en el programa de Venezolana de Televisión "En Confianza", sobre la evasión de la cárcel del San Felipe del ex gobernador del estado Yaracuy, Eduardo Lapi, indicó que el hecho de que sea de Yaracuy "no me da una connotación especial, porque para nosotros todas las situaciones de los justiciables son iguales, una característica de los jueces es que en algún momento tenemos que hacer abstracción de todo tipo de  relación que pueda vincularnos para poder ser justos, y este es un caso que escapa totalmente de las previsiones legales en virtud de que las personas, los justiciables, deberían tener la confianza en el  sistema judicial y eso es justamente lo que establece y lo que caracteriza a la administración de justicia, sin embargo hay personas que en lugar de acogerse a las reglas del juego toman actitudes que pudiéramos calificar de rebeldía frente a lo que es el sistema".

Agregó que así lo ven como jueces del Poder Judicial "y ya las otras implicaciones que pueda tener escapa de nuestras apreciaciones porque no podemos hacer calificaciones políticas sino jurídicas, desde el punto de vista jurídico toda persona que esté subjudice debe someterse a las normas y a los procedimientos establecidos por la ley.

Dijo desconocer los detalles del proceso que se le sigue a Lapi en virtud de que cada una de las Salas y de los Tribunales es autónomo cuando está conociendo una causa, "por ejemplo cuando un Juez de Instancia está conociendo de un asunto, no podemos nosotros interferir en modo alguno como Tribunal Supremo, debemos esperar a que se cumplan las instancias, en Venezuela existe el principio de la doble instancia debe ir a la primera que debe sentenciar y luego acudir a la segunda instancia que es el Superior que revisa ya los puntos de derecho y si hubiese algún punto que fuera necesario revisar por una violación de derecho y no de hecho, entonces es cuando subiría a la Sala Penal del TSJ. En este caso nos e había superado todavía la primera instancia ya que en varias oportunidades había sido fijada la audiencia y por algunas razones no imputables la Poder Judicial, porque eso está claramente demostrado en las actas procesales. No es como se ha dicho que no se había fijado la audiencia, justamente una semana antes de que ocurrieran los hechos de motín en la cárcel de San Felipe estaba fijada una audiencia y el ciudadano Lapi se excusó y no quiso salir para presentarse ante el Tribunal alegando unas razones que él consideraba válidas para su defensa, pero ninguna ajustada a ninguna razón de derecho que inhabilitara a los Tribunales que estuviesen conociendo.

EL APARATO JUDICIAL ESTA EN MOVIMIENTO

Por eso no conocemos a fondo los detalles del juicio, sabemos que está establecido en una primera instancia, en un proceso de imputaciones por parte del Ministerio Público pero más allá no tenemos conocimiento. Al ser consultada sobre la evasión, afirmó que sí constituye un nuevo delito, el hecho de evadirse ya le establece una nueva responsabilidad a la persona que está sometida a un procedimiento penal. Como todo delito tiene sus nexos, puede tener algunos agravantes o complicidad.

Se le consultó sobre la sensación de impunidad que puede tener esta nueva evasión en los ciudadanos, a lo que manifestó que "es un problema que hay que sentarse a analizar porque el asunto de la impunidad no puede ser imputado a un solo organismo, por ejemplo la parte del juzgamiento corresponde al Poder Judicial pero la acusación corresponde al Ministerio Público, que es el que señala el delito, para que pueda moverse el aparato judicial. Una vez que la persona es aprehendida o la etapa de presentación voluntaria, le corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Interior y Justicia que es el que mantiene todo el sistema carcelario y es al que le corresponde la custodia, entonces vemos una gama de situaciones en las cuales se entrelazan las actividades de cada uno de los Poderes y en los que cada uno asume responsabilidad", dijo.

Agregó que cuando se habla de conceptos jurídicos se debe hablar jurídicamente, si se habla de impunidad tiene que analizarse en dónde está la impunidad, en este caso de Lapi específicamente pudiese decir que el aparato judicial está en funcionamiento desde el primer momento se han constituido los tribunales, se han establecido las audiencias, el Ministerio Público ha hecho las imputaciones y en este momento el Sr. Lapi estaba en custodia del Estado en una cárcel, si existe algún tipo de impunidad indudablemente que hay que establecer de qué parte está. No es atribuible al Poder Judicial bajo ningún respecto".