La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, declaró esta mañana en el programa "En Confianza" que transmite Venezolana de Televisión, que el órgano que dirige no se va de vacaciones, "sobre todo la Sala Constitucional está trabajando todos los días. Cuando no hay actos fijados, en este momento no hay ninguna emergencia y en estas circunstancias, lo que tenemos es una guardia permanente estamos recibiendo cualquier amparo o avocamiento de emergencia y se reuniría la Sala en cualquier momento si fuese necesario".

Se le consultó sobre el debate de la semana pasada en la que estuvo imbuido el país en torno a la sentencia que involucró al artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta tras un acuerdo de la Asamblea Nacional que denunciaba usurpación de funciones por parte del TSJ y llamaron a desatender el contenido de esta sentencia "el Poder Judicial por sus características mismas y es parte de nuestra responsabilidad con el país y con el Estado venezolano, debe mantener una posición absolutamente firme y clara en esta materia de la sentencia, de una manera genérica podemos decir que toda sentencia del Poder Judicial debe ser cumplida, todas en términos generales de los jueces, de cualquier instancia y por supuesto del Tribunal Supremo de Justicia que es la cúspide del Poder Judicial, o sea que la sentencia implica cumplimiento, acatamiento" dijo.

 Explicó que en Venezuela se han visto muchos casos de sentencias también polémicas que sin embargo han sido acatadas y que en alguna oportunidad ha habido la ocasión de que el Poder Judicial pudiese dictar cualquier otro criterio. "A qué me refiero, nosotros tenemos un caso realmente muy importante como lo fue la sentencia dictada por la Sala Plena del TSJ luego de los hechos del 11 de abril, recuérdese que allí hubo una decisión en la cual se dijo que ahí no hubo golpe de Estado, que no hubo ninguna actividad que comprometiese en ese sentido, sin embargo, pasado algún tiempo la Sala Constitucional revisó la sentencia de la Sala Plena y estableció las condiciones en que se había dictado realmente esa sentencia y la anuló, eso es lo que hoy en día da origen a que el Ministerio Público pueda comenzar a establecer las responsabilidades y ya se está anunciando por parte del Fiscal General de la República del enjuiciamiento  del ciudadano Carmona Estanga de cuya extradición se está hablando, y así irá estableciendo el Ministerio Público las responsabilidades", indicó.

Manifestó la presidenta del máximo órgano judicial que si la Sala Constitucional no hubiera revisado esa decisión ese acto hubiera quedado absolutamente impune, "allí sí hubiésemos hablado de impunidad. Ahora bien en ese momento la cabeza del Poder Ejecutivo que justamente fue el agraviado directo, el presidente Hugo Chávez Frías, y después todas las consecuencias que sufrió el pueblo venezolano y que yo no debo entrara a hablar sobre eso porque es una materia que de alguna forma pudiese llegar  a la Sala Constitucional nuevamente. Lo primero que afirmó el Presidente fue su desagrado frente a esa sentencia, no estuvo de acuerdo, lo expresó claramente pero inmediatamente dijo que la acataba o sea, que esa es la justa medida que indica cuál debe ser el tratamiento frente a las sentencias emanadas del Tribunal Supremo y de cualquier Tribunal de la República", indicó.

Morales Lamuño aclaró que más que las sentencias lo que es comparable son las actitudes frente a las decisiones del Poder Judicial, se comparan las actitudes mas no el contenido de las sentencias porque sin totalmente diferentes "y lo digo por señalar algo que es muy relevante cuando ocurren unos hechos que toda Venezuela los ve y que se dicte una sentencia ajena al contexto, indudablemente que la gente piensa que eso es absurdo pero se acata esa es la justa medida institucional", señaló.

NO PUEDE DESCONOCERSE LA INSTITUCIONALIDAD  

Aclaró que la sentencia puede que no le guste a alguien y la Asamblea es un foro político que tiene toda la libertad de manifestar cualquier opinión sobre sentencias y sobre lo que ellos quieran por supuesto sin incurrir en la ofensa institucional que es lo que no es aceptable, "ellos pueden opinar y considerar que no están de acuerdo pero no puede desconocerse la institucionalidad".

Se le consultó sobre la posibilidad de revisión de la sentencia relativa a la interpretación del Art. 31 de la Ley ISLR en Sala Accidental con los magistrados suplentes, "no quisiera referirme a ese aspecto porque pudiese ser materia objeto de examen de la Sala Constitucional  y no vale la pena seguir debatiendo sobre un punto perfectamente establecido en la Constitución", señaló.

Explicó también que el derecho es técnico y es científico y en ese sentido las respuestas en derecho son científicas, podemos acometer cualquier tipo de actividad jurisdiccional si es solicitada dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del TSJ, sería la parte quien tendría que revisar qué es lo que le interesa y qué es lo que necesita. "Esa es una materia que le corresponde examinar a las personas que de alguna manera estén interesadas en revisar y yo no estoy diciendo que sea revisable sino que esas personas interesadas tendrán que examinar si pueden técnicamente hacerlo o no", dijo.

Para Morales Lamuño lo más importante es establecer los parámetros orientadores para el pueblo porque el pueblo está pendiente de lo que ocurre en sus poderes y sobre todo en los más altos niveles. "Yo quiero decirle directamente al pueblo con toda responsabilidad que  no está pasando nada, que hubo un desacuerdo político con una decisión, se manifestó de esa manera, es posible que se hayan caldeado los ánimos "en las discusiones políticas ocurre mucho- que no en las jurídicas porque en estas últimas mientras más pacíficos estemos más acertadas pueden ser nuestras decisiones es decir que vamos como en sentido inverso, nosotros debemos estar sumamente tranquilos y en paz".

MAGISTRADOS HAN DECLARADO SUS IMPUESTOS CORRECTAMENTE

Al ser consultada sobre la especie que corrió por la prensa nacional de que los magistrados buscaban evadir impuestos con esta sentencia, la presidenta de la máxima instancia judicial del país señaló que "la cultura impositiva es algo que se ha desarrollado en el pueblo venezolano  de una manera muy positiva, antes nosotros no teníamos esa cultura y la evasión de impuestos era casi parte de esa viveza criolla, y se ha ido tomando conciencia de la necesidad del pago de impuestos yo creo que nadie está más claro en esa materia que los integrantes del Poder Judicial y los Magistrados. La declaración de impuesto es algo personal uno declara responsablemente dentro del cumplimiento de un deber ciudadano, así que cada uno de los magistrados ha declarado sus impuestos y nuestra obligación ha sido procurar hacernos eco de la publicidad que hace el Seniat para que todos declaren a tiempo, que yo sepa todos los magistrados han pagado, yo respondo de los míos lo he hecho correctamente y no tenido ningún tipo de observación, y debo hacer de buena fe que los demás magistrados han hecho lo mismo. No es verdad que pueda tener relación la declaración que hagan los magistrados con cualquier otra decisión que se haya tomado ya sea por el Poder Judicial o por cualquier otro organismo", aclaró.

De igual modo fue requerida su opinión sobre si la declaración debía ser sobre el salario  básico o sobre el integral incluyendo los bonos, después de aclarar que no desea polemizar sobre el asunto y que no es su costumbre analizar las sentencias, tampoco la es dejar las respuestas en el aire. "Nosotros tenemos toda una normativa en materia tributaria que no solamente comprende la Ley ISLR sino también el Código Orgánico Tributario, en este último está establecido cómo es la aplicación que debe hacerse de las normas tributarias  en el tiempo y en el modo, en estos casos se establece que siempre que hay cualquier variación en cualquier forma de declaración de impuestos, no se aplica inmediatamente sino en el período tributario siguiente".

Indicó que en materia de derecho cuando se habla de siguiente como en todas las materias, salvo en la penal que las normas sí tienen efecto retroactivo cuando benefician al reo, pero en las otras ramas del derecho el período siguiente no es el que ya comenzó sino del que va a comenzar luego de la publicación de la norma o disposición, en ese sentido dijo que "mal puede tener algún tipo de influencia una decisión dictada en el año 2007 del que ya habían transcurrido los dos primeros meses no puede tener efecto ni retroactivo, ni en ese período".

LOS ORGANOS DISCIPLINARIOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE

Sobre presuntas mafias en el Poder Judicial señaló la presidenta del TSJ, que "el PJ ha dado suficientes demostraciones de institucionalidad en materia de disciplina de los magistrados y de los jueces y en materia de responsabilidades, hay varios casos en los cuales se ha puesto en funcionamiento los órganos disciplinarios de los magistrados y se han aplicado las sanciones sin que exista ningún tipo de alteración e inconveniente. Las normas cuando se aplican naturalmente, indistintamente de las consecuencias que pueda tener para cada individuo pues se establece una paz y una tranquilidad de que funciona el estado de derecho".

Recordó Morales que los magistrados han pasado por procesos disciplinarios y el PJ nunca ha tenido injerencia sino que por el contrario ha acatado las decisiones de los órganos encargados de ejercer ese control como el Poder Moral y la Asamblea Nacional, eso ha pasado por un proceso de debida defensa y al final se han acatado las decisiones, eso es lo que debe ocurrir cualquier otra especulación no pasa de ser sólo eso. Agregó que ha ocurrido en estos últimos tiempos "y ha funcionado perfectamente en los órganos disciplinarios".

"El que tenga indicios y pruebas debe acudir a los canales regulares, no es necesario ir en contra de la Institución cuando se pueden establecer las responsabilidades individuales  si las hubiere".

 En cuanto a presuntas mafias indicó que "nosotros estamos trabajando dentro del PJ una revisión de todos esos señalamientos que hacen los ciudadanos no de los magistrados en sí porque eso como ya dije le corresponde a otro nivel, pero sí en materia disciplinaria de los jueces, seríamos realmente torpes si dijésemos que el PJ es impoluto y allí no se toca a nadie. Revisamos sin prejuicios a cualquier juez que sea señalado llegan miles de denuncias, también contamos con la Inspectoría de Tribunales que revisa y señala si existen indicios o culpabilidad de alguno y se toman decisiones", señaló.

También dijo que no son decisiones tomadas unilateralmente, la Comisión Judicial está integrada por representantes de cada una de las Salas, actualmente la magistrada Morales la preside pero también la integran las presidentas de las Salas Penal, Político Administrativa, Civil y el presidente de la Sala Electoral, así como un representante de la Sala Social cuyo presidente no se hizo integrante y delegó en su vicepresidente.

Recalcó que las decisiones en materia de jueces se toman en conjunto, y agregó que sí hay una actividad fuerte en el PJ en aras de autolimpieza y se han tomado decisiones importantes y los mismos justiciables han señalado que en verdad se siente que se está revisando con seriedad al Poder Judicial. Agregó que hay estados del país donde se han encontrado algunos vicios tal como se había denunciado y se han corregido. "Sabemos que hay muchos jueces que se han mantenido porque tienen amigos y eso se conoce, pero cuando se actúa con rectitud y realmente se ven faltas y no está apoyándose ni posee ningún tipo de solidaridad automática;  los que son falsamente acusados pasan a otro nivel y los que realmente tengan culpabilidad son sancionados", concluyó.