El vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan Rafael Perdomo, , aseguró durante un taller realizado los días 6 y 7 de julio en el Colegio de Abogados de Valencia, estado Carabobo, que en la nueva ley se le otorga al niño, niña y adolescente el derecho a emitir su opinión o denunciar en caso de que sienta que una situación irregular pone en riesgo su integridad física y psicológica y destacó que la puesta en vigencia de esta ley tiene por objeto cumplir con el artículo Nro. 12 aprobado el mes de abril por la Sala Plena del Tribunal de Justicia.

El Taller "La garantía del derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los procedimientos judiciales ante los Tribunales de Protección", contó con la presencia de Juan Rafael Perdomo, vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; Nadia Vázquez, en representación de Unicef; Hilen Daher, Juez Rectora de Carabobo; Marcela García Curch, de la Comisión para la reforma e implementación de la Lopna y María Auxiliadora Cortez, experta en la materia, entre otros.

Con los conocimientos adquiridos en este evento, los abogados, jueces y comunidad, deberán regirse por los lineamientos que rezan que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de expresar libremente sus inquietudes. En este sentido, el Magistrado resaltó que los jueces deben saber, al momento de realizar el interrogatorio, cómo formular las preguntas, bajo qué ambiente y evitar la manipulación de las respuestas.

ACUERDO DE SALA PLENA

El vicepresidente de la Sala de Casación Social, indicó que la finalidad de la jornada es difundir y dar conocer a jueces y abogados, el contenido del acuerdo emitido en el mes de abril por la Sala Plena del TSJ, mediante el cual entra en vigencia el artículo 12 de la "Convención sobre los derechos del niño" y los artículos 5, 13 y 80 de la Lopna, que se refieren a los derechos del niño a expresar libremente sus opiniones en el ámbito jurisdiccional.

Por su parte representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), manifestaron que se mantendrán vigilantes del cumplimento de esta ley ya que, aseguraron, en Venezuela los niños, niñas y adolescentes son los menos respetados y los más burlados.

Es así como manifestó que "en determinados momentos es necesario que el niño o el adolescente exprese su opinión, por lo cual el acuerdo del Máximo Tribunal está creando un procedimiento para determinar cuándo y cómo se debe realizar el proceso, para garantía y soporte del derecho del menor, dándole satisfacción al ámbito jurisdiccional", expresó.

El magistrado aseguró que la veracidad de las respuestas de los menores será determinada por expertos en psicología y psiquiatría, en conjunto con un trabajador social y un abogado, quienes conformarán un equipo multidisciplinario científicamente preparado, que será auxiliar del juez en el análisis de la evaluación de las declaraciones del niño.

Para finalizar Informó que en los próximos días se estará aplicando esta ley en los estados Aragua, Cojedes, Miranda y, por último, en la ciudad de Barquisimeto, donde participarán un total de 46 jueces que materializarán la garantía de esta normativa.