jueves, 22 de enero de 2009
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
Sin lugar oposición a la medida cautelar que ordenó desincorporación del Secretario de La Universidad del Zulia Ramón Arrieta
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            La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado vicepresidente Luis Martínez Hernández, declaró sin lugar la oposición al amparo cautelar acordado en la sentencia número 185, dictada en noviembre del año pasado, en la que se ordenó "la desincorporación inmediata del ciudadano Ramón Arrieta del cargo de Secretario de La Universidad del Zulia" y que el Consejo Universitario de esa Casa de Estudios "designe a quien habrá de cubrir la falta temporal del Secretario, con la advertencia de que el escogido deberá reunir los requisitos exigidos por la ley para ocupar ese cargo", por lo que se mantiene la vigencia de dicha medida cautelar hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en la presente causa.

 

            Como se recordará el abogado Esteban Sánchez Barboza, actuando con el carácter de apoderado judicial de La Universidad del Zulia, presentó escrito de oposición a la medida cautelar acordada por la Sala Electoral en la sentencia antes mencionada,  dictada en virtud del recurso contencioso electoral interpuesto, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, en fecha 22 de octubre de 2008, por la abogada Silvia Cecilia Marín, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Marlene Coromoto Primera Galué, contra el acto identificado CE.469-2008, dictado en fecha 8 de octubre de 2008 por la Comisión Electoral de La Universidad del Zulia, en el que se declaró improcedente el recurso administrativo interpuesto contra el acto de totalización y adjudicación de votos del candidato a Secretario, en el proceso de elecciones celebrado en la referida casa de estudios los días 10 y 17 de julio de 2008, así como del acto de proclamación del Secretario, llevado a cabo el día 22 de julio de 2008.

 

DE LA MEDIDA CAUTELAR

            En la sentencia que declaró procedente la medida cautelar objeto de este procedimiento, la Sala concluyó, como punto previo, que la solicitud de tutela cautelar se correspondía con una medida cautelar innominada, y por tanto, el tratamiento procesal que se le daría a la misma sería el acorde con su naturaleza.

 

            Así mismo, que en cuanto al fumus boni iuris, observó la Sala que la aparente desaplicación de la normativa electoral establecida en el Reglamento de Elecciones de La Universidad del Zulia, tomado en el curso de un proceso electoral, pareciera contravenir el principio de inderogabilidad singular de los actos administrativos de efectos generales, en tanto que se estaría derogando un acto de efectos generales mediante un acto administrativo que resuelve un recurso administrativo. Ello, al margen de la falta de cumplimiento de los requisitos formales de publicidad que deben tener los actos administrativos de efectos generales, concluyendo que existían indicios suficientes para presumir el buen derecho de la parte recurrente, toda vez que el cambio hecho al Reglamento Electoral de La Universidad del Zulia habría a su vez incidido en los resultados del proceso de elección del cargo de Secretario de dicha casa de estudios.

 

            En vista de lo anterior " así como de otros criterios doctrinales explicados en el texto del fallo-  la Sala Electoral declaró "procedente la solicitud de medida cautelar innominada formulada por la parte recurrente y, en consecuencia, se ordena la desincorporación del ciudadano Ramón Arrieta del cargo de Secretario de La Universidad del Zulia. Por tal razón, esta Sala ordena al Consejo Universitario de esa Casa de Estudios que, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 numeral 15 de la Ley de Universidades, designe a quien habrá de cubrir la falta temporal, con la advertencia de que el escogido deberá reunir los requisitos exigidos por la ley para ocupar ese cargo."

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

            Le correspondió entonces a la Sala pronunciarse en cuanto a la oposición planteada a la medida cautelar acordada por esta Sala en sentencia del 11 de noviembre de 2008, observando que la parte opositora alegó que al momento de acordar la medida cautelar no se cumplió con la exigencia del requisito del periculum in mora, lo cual es cierto, ya que así mismo es reconocido en la propia sentencia. No obstante, debe señalarse que constituye un criterio pacífico y reiterado de la Sala, la posibilidad de atemperar la exigencia de concurrencia de todos los requisitos para acordar la tutela cautelar, en circunstancias en las cuales la presencia de alguno de los dos requisitos así lo amerite (véase al respecto sentencias números 60 del 6 de junio de 2005, 155 del 29 de octubre de 2001 y 114 del 3 de septiembre de 2001).

 

            En el caso particular del periculum in mora, puede atemperarse su exigencia, en casos en los cuales exista una presunción de violación de derechos constitucionales. Al respecto ha señalado esta Sala en sentencia Nº 114 del 3 de septiembre de 2001, lo siguiente:         "Por último, considera necesario reiterar esta Sala que, si bien en el presente caso el incumplimiento del requisito del periculum in mora determina la improcedencia de la declaratoria de la medida cautelar innominada solicitada por los accionantes sin necesidad de entrar en mayores consideraciones, ello no menoscaba que en otros casos, ante las circunstancias peculiares de las controversias planteadas y la necesidad de acordar protecciones cautelares en sede constitucional, este órgano judicial considere conveniente atemperar la exigencia de la concurrencia de todos los requisitos exigidos para ello, siempre y cuando el interés público o la presunción de violación de derechos constitucionales así lo exija para una adecuada tutela judicial efectiva, como lo ha venido señalando en reiterada jurisprudencia".

 

            Más recientemente, la Sala ha señalado en sentencia Nº 211 del 19 de diciembre de 2006, lo siguiente:            "Además de lo anterior, es necesario señalar que para el otorgamiento del amparo cautelar debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación, que emana de los argumentos de inconstitucionalidad formulados; mientras que el periculum in mora, se traduce en un elemento determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la lesión. (Véase a este respecto sentencia de la Sala Constitucional signada con el N° 2315 del 22 de agosto de 2003, en la que dicha Sala acoge criterios previos de la Sala Político Administrativa, expresados en el fallo N° 402 del 20 de marzo de 2001)" (Criterio reiterado por esta Sala, en sentencias Nº 33 y 35 del 29 de marzo de 2007).

 

            Siguiendo los anteriores lineamientos jurisprudenciales, que se ratifican en el presente fallo, la Sala concluye que carece de fundamento el alegato aquí analizado, ya que si bien en la mayoría de los casos este criterio ha sido aplicado en casos de solicitudes de amparo cautelar, "esta Sala ha reconocido expresamente la posibilidad de atemperar en circunstancias especiales la verificación del requisito de periculum in mora en casos de solicitudes de medidas cautelares innominadas, sin que nada impida la aplicación de este criterio en la tramitación de los recursos contencioso electorales, en los supuestos que así lo ameriten, razón por la cual debe desestimarse la oposición a la medida cautelar formulada en ese sentido. Así se decide".

 

            En otro orden de ideas, alegó la parte opositora a la medida cautelar, que no está comprobado el fumus boni iuris en la presente causa, ya que, sostiene que no sería cierto que el Consejo Universitario de La Universidad del Zulia hubiese violado el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, sino que habría adaptado el reglamento de elecciones de autoridades universitarias a lo previsto en la Ley de Universidades.

 

            En este sentido, apreció la Sala que la razón por la que se haya modificado el reglamento no fue tomada en cuenta al momento de otorgar la medida cautelar en la presente causa, por cuanto dicho asunto corresponde, en todo caso, ser analizado en el fallo que resuelva el mérito de ésta, ya que dicha medida cautelar se otorgó en virtud de la aparente derogación singular de un acto administrativo de efectos generales a través de un acto administrativo de efectos particulares, sin que ello signifique que no puedan ser modificados los reglamentos, pero esto debe hacerse en el marco de los procedimientos para el cambio de dichos actos de efectos generales y no a través de la aplicación o desaplicación de las normas generales a un caso concreto.

           

            Ahora bien, precisó la Sala que no demuestra la parte opositora que el cambio al Reglamento de Elecciones universitarias haya sido hecho de forma que no afectase el principio de inderogabilidad singular de los actos administrativos de efectos generales, sino que, por el contrario, prevalece la apariencia de que se modificó el Reglamento de Elecciones universitarias mediante un acto administrativo de efectos particulares, razón por la cual no encontró la Sala elementos de juicio suficientes para revocar la medida cautelar otorgada, por lo que declaró sin lugar la oposición a dicha medida cautelar.

 

 

Fecha de Publicación:
  22/01/2009

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