Al presentar su ponencia titulada "Los mecanismos de participación en el nuevo constitucionalismo latinoamericano", la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oriente, Josefina Méndez, aseguró que el nuevo constitucionalismo ha de ser una teoría jurídica que se tiene que construir, haciendo mención a las constituciones de América Latina, entre ellas la de Venezuela.

            En este orden de ideas,  inició su intervención haciendo referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e indicó que hace una década siguió de cerca con mucha atención los acontecimientos y eventos que desembocaron el nacimiento, con marcado sabor bolivariano, de la Constitución venezolana de 1999, luego de un proceso constitucional genuinamente democrático.

            "La Constitución venezolana venía a mostrar que se gestaba un nuevo constitucionalismo latinoamericano, distinto del neoconstitucionalismo de visión europea que hunde sus raíces a partir del fin de la segunda confederación mundial, pero que no puede desconocerlo, marcando esta Constitución venezolana un hito en la que considero una de sus cédulas de identidad de este nuevo paradigma. El involucrar el ciudadano de manera individual o colectivo en la toma de las decisiones; en la fiscalización en el control y ejecución del proyecto social que subyace en la Carta Magna", dijo la jurista cubana.

            La especialista en Derecho Constitucional aseveró que el constitucionalismo "es un nuevo modo de pensar, pero afincado en lo mejor de la herencia constitucional que hasta aquí ha llegado, vinculado con el presente y con la mirada al futuro, aceptando los retos y desafíos que impone, pero también  es práctica social cotidiana que pone los derechos fundamentales en el vórtice del sistema jurídico".

            Insistió en que "es también el constitucionalismo de contenido que se traduce en perfeccionar el Estado para convertirlo en un Estado de Derecho, según reza el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, donde sus órganos y todas sus estructuras se subordinan  a la Constitución, a la vez que se transforma la relación entre el Estado y la sociedad".

            Por otra parte recordó que han sucedido otros procesos, que han dado vida a nuevos textos constitucionales que llevan en su seno la impronta participativa y yo les propongo un ejercicio de evaluación de esta participación  popular a través de los derechos, en lo que he dado a llamar el sistema de dimensiones o requisitos y exigencias para un clima real de disfrute de los derechos humanos.

            "La ciudadanía cambia el papel frente al texto constitucional; las personas se han de transformar de simples espectadores en actores protagonistas del día a día constitucional. De ahí la afirmación de que la participación popular es también columna vertebral de este nuevo constitucionalismo latinoamericano que va acompañado del rescate de la soberanía popular (") es en Latinoamérica donde se ha producido este giro constitucional, marcando pasos hacia un nuevo constitucionalismo con nombre propio, con más praxis que teoría y con los pies bien puestos en este continente", aseguró.  

            Consideró que existen dimensiones fundamentales dentro del nuevo constitucionalismo, partiendo del reconocimiento de los derechos que tiene como núcleo principal la dignidad humana, sin ningún tipo de discriminación; la participación en los procesos electorales y la creación y fomento de una cultura integral a través de los procesos que abarquen todos los sectores de la sociedad.    

            También se refirió, entre otros tantos puntos, a los procesos constitucionales de Ecuador, Bolivia y Venezuela, en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, advirtiendo que se hace necesario seguir de cerca su real efecto democrático, ya que considera que "no basta sólo su reconocimiento constitucional; se hace necesario la intervención del legislativo para instrumentalizar el mecanismo y  lograr su viabilidad jurídica plena, sin limitaciones de contenido, como puede ser la inclusión de determinadas materias en la iniciativa legislativa; eliminar formas discriminatorias de participación; establecer foros para la consulta y sobretodo, la posibilidad de activar estos mecanismos desde abajo, es decir, directamente desde la ciudadanía".