viernes, 12 de febrero de 2010
Sala de Casación Civil del TSJ
Inadmisible recurso de casación anunciado por demanda intentada contra Electricidad de Valencia
Ver Sentencia

Para decidir, la Sala tomó en consideración el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil

            La Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Antonio Ramírez Jiménez, declaró inadmisible el recurso anunciado por Elba Judith Tapia Tovar, contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, con relación a la demanda intentada por la ciudadana ya mencionada, contra la C.A. Electricidad de Valencia, Eleval, por daños y perjuicios.

 

            Indica el texto del expediente que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Carabobo, con sede en Valencia, declaró inadmisible la pretensión de la nulidad de transacción celebrada por las partes el 7 de mayo de 2007, y homologada en auto del 8 de mayo de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en el expediente N° 19.241, nomenclatura de ese tribunal.

 

            En segundo lugar, declaró improcedente la solicitud de reposición de la causa al estado de admisión de la pruebas en el juicio por daños y perjuicios incoado por la parte actora contra la empresa demandada, llevados en los expedientes acumulados signado con el N° 19.241, nomenclatura de ese tribunal. En tercer término declaró la solicitud de reposición de la causa al estado de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Bancario de la misma Circunscripción Judicial y sede, y que se admita y tramite por el procedimiento oral, la demanda incoada por la parte actora en contra de la demandada, en el expediente N° 50.548, nomenclatura de ese tribunal.

 

DECISIÓN DE LA SALA 

            Luego de efectuar la revisión de las actas del caso, la Sala tomó en consideración el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece, entre otras cosas, que "contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía".

 

            Por otra parte, la Sala creyó conveniente destacar que la hoy recurrente en casación el 19 de junio de 2008, interpuso directamente ante el Juzgado Superior en lo Civil la pretensión de nulidad de la transacción celebrada por las partes en fecha 7 de mayo de 2007, o sea, después de un año, un mes y doce días, sin que haya mediado como se dijo antes, recurso de apelación alguno en contra de la transacción homologada en sentencia definitivamente firme y con carácter de cosa juzgada.

 

            Dicho esto, se observó también que la recurrente en casación después de haber transcurrido mas de un año, pretende la reposición de la causa y la nulidad de una transacción ya homologada y pasada como sentencia definitivamente firme y con autoridad de cosa juzgada.

 

            En conclusión, la Sala consideró que el mencionado recurso de casación no cumple con los supuestos de procedencia señalados en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, y el mismo es inadmisible por no haberse ejercido ni agotado oportunamente los recursos procesales existentes en contra del auto que homologó la transacción celebrada, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo.

 

VOTO SALVADO

            En la presente decisión, el magistrado Luis Antonio Ortíz Hernández disiente de la mayoría de los integrantes de la Sala de Casación Civil, y

salva su voto en la presente decisión, advirtiendo que se debió declarar la incompetencia de la Sala de Casación Civil para conocer de este caso, y por ende de la incompetencia de la jurisdicción civil ordinaria para conocer del mismo, al ser del conocimiento de los Tribunales con competencia especializada en lo Contencioso  administrativo.

 

            En tal sentido recordó que  "según se desprende del propio fallo de la Sala Constitucional, existe un ámbito objetivo para la determinación de la competencia que establece que siempre que el ente demandado sea la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, o algún órgano desconcentrado o descentralizado, o empresa del Estado, o un particular actuando por colaboración con la Administración coadyuvando en la prestación de sus funciones, independientemente que el objeto de control sea un acto, un hecho o una omisión, la jurisdicción competente para el conocimiento de dichas demandas es la contencioso administrativa".

 

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  12/02/2010

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