La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

            Se trata de un juicio que por calificación de despido y pago de salarios dejados de percibir que intentara el ciudadano Juan Ramírez, contra el ente mercantil Pernod Ricard Venezuela C.A., en el cual dicho Juzgado a través de la sentencia de fecha 29 de abril de 2008, declaró "sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte accionada, dando por concluido el procedimiento en virtud de haberse celebrado una transacción entre las partes".

            Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte accionante, interpuso recurso de control de la legalidad con fundamento en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

ÚNICO

            Sobre este caso la Sala de Casación Social recordó que el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad "como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido".

            Luego de analizar el hilo argumental expuesto, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, la Sala advirtió que la decisión sujeta a revisión "no denota violación alguna de normas regidas por el orden público absoluto".

            En consecuencia, y visto que el alcance de la solicitud de control de la legalidad no se ajusta a los fines del recurso, debió necesariamente declarar su inadmisibilidad, y así lo resolvió.