La Sala Político Administrativa, en ponencia del magistrado Emiro García Rosas, declaro improcedente la medida cautelar innominada "de suspensión de efectos" solicitada por las asociaciones civiles Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Cámara del Urbanismo y de la Construcción del estado Mérida, y la sociedad mercantil Promotora Parque La Vega C.A., contra una Resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular Para las Obras Públicas y Vivienda.

En el presente caso el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa remitió a la Sala el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional y, subsidiariamente, "medida cautelar innominada de suspensión de efectos", por la CVC, Promotora Parque La Vega C.A. y, la Cámara del Urbanismo y de la Construcción del estado Mérida.

El recurso fue interpuesto contra la Resolución N° 110 del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 del 10 de junio de 2009, que prohibió el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria, en los contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

Al pronunciarse sobre la medida cautelar innominada, constató la Sala del Alto Tribunal del país que se solicitó la medida cautelar innominada a los fines de que se suspendan los efectos del acto impugnado.