La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, declaró ha lugar la solicitud de revisión de la decisión dictada por la Sala Político-Administrativa, interpuesta por la Constructora El Milenio C.A. En el caso la presidenta de la Sala, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, salvó el voto.

             El 4 de marzo de 2008, la Sala  Político-Administrativa declaró parcialmente con lugar la demanda que intentó la empresa El Milenio C.A. contra la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), debido al incumplimiento contractual.

            La Sala Constitucional para la decisión, observó que el demandante alegó la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y "a una justicia independiente e imparcial", por cuanto la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia "incurrió en incongruencia omisiva y valoró de manera parcializada con FONTUR. Aun cuando las pruebas favorecían la posición de FONTUR en su decisión de rescisión unilateral del contrato".

            "No obstante, tales alegaciones que encuentran soporte en documentos y quedaron reflejadas en la relación procesal del veredicto cuya revisión se solicitó, que la Sala Político-Administrativa omitió su valoración, con lo cual se apartó de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional en relación a los derechos a la tutela judicial eficaz, defensa y debido proceso" " precisa el fallo del TSJ.

            De tal manera, conviene señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como "incongruencia omisiva" del fallo sujeto a impugnación.

            Por los razonamientos que anteceden, la Sala Constitucional declaró ha lugar  la solicitud de revisión que planteó la empresa Constructora El Milenio C.A., de la decisión que dictó, el 4 de marzo de 2008 la Sala Político-Administrativa del TSJ. En consecuencia, se anula el fallo objeto de la revisión y se dispone que la Sala Político-Administrativo dicte nueva sentencia con acatamiento a esta decisión.