La Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Emiro García Rosas, declaró improcedente la medida cautelar solicitada en la controversia administrativa  surgida entre la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y el municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico. 

La demanda fue interpuesta por el Síndico Procurador del referido municipio, con el fin de solicitar la protección de los intereses de la comunidad de San Juan de los Morros, "contra las recientes intervenciones de la autoridad nacional que impiden el fortalecimiento de las procedimientos de afectación y desafectación de los terrenos adyacentes a la Penitenciaria General de Venezuela, inherentes al Plan Especial de Expansión Urbanística de San Juan de los Morros". 

Del análisis de la presente acción, la Sala advirtió que la parte accionante pretendía que con la medida cautelar se instara al referido Ministerio "a permitir a los órganos del Ejecutivo Municipal cumplir con la función constitucional de la ordenación territorial y urbanística que se encuentre practicando, facilitar la información que le sea requerida por las distintas dependencias de la mencionada Alcaldía, y a respetar el ejercicio de las competencias en materia de desarrollo urbano".

En este sentido, la Sala observó que ello exigiría "un análisis que pudiese eventualmente vaciar de contenido el fallo definitivo al estudiar las competencias de los órganos involucrados, aunado a que lo solicitado no pudiese revertirse en la oportunidad de dictarse la sentencia de mérito".

De tal manera que, para la Sala, lo solicitado "no puede ser objeto de una medida cautelar, por lo que debe declararse improcedente la petición cautelar de autos", y así lo determinó.