La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, manifestó que la Resolución dictada el pasado 14 de enero por la Comisión Judicial, que instruye a todas las juezas y jueces del país sobre la limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga  sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación, es un mensaje claro de que el Poder Judicial no es nada más normativista, vacío, sino que busca desarrollar cada vez con más profundidad los derechos humanos, dar respuesta a la progresividad de esos derechos.    

Las declaraciones las ofreció durante una entrevista que concedida vía telefónica al programa "Háblame Cloro" de la emisora Activa 103.9 FM, en el que aseguró que el Poder Judicial venezolano no puede estar de espalda a lo que es la realidad del país, "ya existía y para nosotros viene siendo una preocupación la situación de los desalojos que se viene haciendo cada vez más grave en virtud del déficit histórico de vivienda familiar que veníamos arrastrando desde hace décadas y el crecimiento poblacional iba acrecentando y agravando la necesidad de las familias venezolanas de asegurar una vivienda para el desarrollo normal de la familia".

            En vista del anterior escenario el Máximo Tribunal venía asistiendo a las reuniones que se efectuaban entre inquilinos, propietarios, arrendadores y el propio Gobierno Nacional, pero la situación se agravó con las lluvias que afectaron el territorio venezolano a finales del año pasado, por lo que -señaló la Magistrada- el Poder Judicial no puede actuar de una manera fría, sin considerar lo que ocurre en su entorno, "resulta absurdo pensar que mientras exista esta emergencia se iba a continuar el desalojo de familias, de viviendas familiares por parte de los jueces, con esta motivación que se discutió ampliamente en el seno de la Comisión Judicial es que se dicta la Resolución".

            Para la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, el Poder Judicial está en la obligación de extender su protección en el sentido de evitar que cualquier jueza o jueza pueda vulnerar los derechos fundamentales de la familia venezolana. "Sabemos que existe un derecho por parte de las personas propietarias de esos inmuebles pero es un asunto de ponderación, en estos momentos los propietarios deben comprender que entre dos derechos, el de la familia a permanecer en la vivienda y el de recibir un canon de arrendamiento, sin duda pesa mucho más aquel que tiene que ver con el desarrollo mismo de la persona humana, del grupo familiar", expresó.

            Finalmente la Presidenta del TSJ aclaró que lo anterior "no significa que quede desasistido el propietario, no, nosotros mientras la ley así lo establezca estamos obligados a proteger ese derecho que tiene el propietario y ese derecho a relación jurídica que se establece a través de la figura de arrendamiento, según la cual se presta un inmueble mediante el pago de un canon para que unas personas puedan habitarlo, pero se trata de ponderar los derechos".