La Sala Político Administrativa en ponencia de su vicepresidenta, magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por Alfredo Antonio Quintana Cárdenas, en el recurso de nulidad que interpuso contra el acto administrativo S/N del 9 de marzo de 2010, dictado por el Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República.

El acto impugnado confirmó la decisión que declaró la responsabilidad administrativa y civil de Alfredo Quintana Cárdenas, en su condición de director de Bienes y Servicios Administrativos del entonces Ministerio de Finanzas (hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) y le impuso la sanción de multa por Bs. 11.470.000,00 actualmente expresados en Bs. 11.470,00.

Al pronunciarse la Sala del Máximo Tribunal sobre la medida cautelar solicitada, precisa la sentencia, entre otros elementos, que Alfredo Quintana Cárdenas se limitó a solicitar que se suspendiesen los efectos del acto impugnado, "sin invocar las razones que fundamentan su solicitud"

Agrega la Sala Político Administrativa que en el presente caso no se configura el requisito del fumus boni iuris, es decir, la presunción grave del derecho reclamado por Alfredo Quintana, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto del periculum in mora, ya que es necesaria concurrencia de ambos requisitos para otorgar la medida cautelar solicitada.