El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió admitir la demanda que, el 13 de octubre de 2009, interpuso el representante legal de los ciudadanos Diego Rafael Marrero y Richard Jesús González, contra la República Bolivariana de Venezuela por indemnización de daños y perjuicios.

La Sala aceptó la competencia para conocer y decidir sobre la causa mediante sentencia N°00267 del 23 de febrero de 2011, y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de decidir su admisión, lo que se materializó luego de que dicho tribunal constatara que no se observó ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por tal razón, y en atención a lo contemplado en los artículos 57 y 61 de la misma ley, el Juzgado ordenó emplazar a la República Bolivariana de Venezuela, en la persona de la ciudadana Procuradora General de la República, a comparecer para la audiencia preliminar y a contestar la demanda interpuesta.

Asimismo, dejó establecido que conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la contestación de la demanda deberá realizarse por escrito dentro de los 10 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar.