Más de 1.400 libertades condicionales, entre revisión de la medida privativa de libertad y beneficios y fórmulas alternativas post penas, ha otorgado el Poder Judicial venezolano desde el 21 de junio al 20 de  julio del presente año a procesados y penados que se encontraban recluidos en las distintas cárceles del país, como parte de los esfuerzos que se adelantan desde esta instancia, bajo la rectoría del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para enfrentar y aportar soluciones a la problemática del sector penitenciario.

Así lo informó este jueves en rueda de prensa la presidenta del Alto Juzgado de la República, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien precisó que del total de liberados, la mayor parte (1.137) corresponde a medidas cautelares que por vía de revisión han sustituido la medida de privación judicial preventiva de libertad a procesados, mientras que 297 corresponden a beneficios y fórmulas alternativas post penas para ciudadanos ya condenados y que cumplen sentencia.

Explicó que la aplicación de estas medidas obedece a los esfuerzos conjuntos del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia (MPPRIJ) y la Defensa Pública,  entes que mediante la articulación con los presidentes de los circuitos judiciales y los fiscales superiores, analizaron diversas propuestas y estrategias para unir esfuerzos en la resolución de los principales problemas del sistema penitenciario, concretándose como lineamiento para todos los tribunales de primera instancia penal, en las fases de control y juicio, considerar medidas sustitutivas a la privación judicial de libertad en todas aquellas causas por delitos con penas iguales o menores a cinco años de prisión.

La Presidenta del TSJ indicó que dentro de las propuestas para hacer frente con eficiencia a la situación de las cárceles, se concertó con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia la designación de cinco equipos multidisciplinarios, conformados por especialistas de diversas áreas, que han venido realizando las evaluaciones psicotécnicas necesarias para que los respectivos tribunales puedan pronunciarse en torno a las solicitudes de medidas alternativas.

Beneficios procesales a presos enfermos graves

En este sentido informó que otra de las acciones que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolló esta semana ha sido la de conceder beneficios procesales a privados de libertad, tanto procesados como a quienes ya cumplen sentencia, que padecen de enfermedades graves o en etapa terminal.

Destacó que hasta este jueves, se ha otorgado beneficio procesal a 44 personas sobre quienes recaía medida de privación de libertad por estar procesados o penados, entre los cuales están los casos de Alejandro Peña Esclusa, quien recibió medica cautelar, y Lázaro Forero, sobre quien pesa condena de 30 años y fue favorecido con una medida humanitaria.

La primera autoridad del Poder Judicial venezolano dijo que todo el trabajo de análisis de las causas y la situación de los procesados y penados en el país continuará, de manera de concretando acciones en aras de seguir mejorando la situación penitenciaria nacional. Acotó que se realizarán acciones para que las personas favorecidas puedan atender su salud y en este sentido ya se estableció contacto con el Ministerio pertinente.

Revisarán caso de la tarjeta para gastos

Consultada sobre la asignación de una tarjeta de diez mil bolívares mensuales a cada Magistrado, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la legalidad de esta medida administrativa acordada por la Junta Directiva, ya que la misma está concebida como un aporte para gastos de representación sin incidencia salarial y no como bono alimentario, concepto que está establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Funcionarias del Poder Público, en su última parte.

Sin embargo precisó que conscientes de que la asignación de la referida tarjeta ha generado diversas reacciones y señalamientos a través de los medios de comunicación por parte de  diferentes sectores de la vida nacional, su uso será analizado con detenimiento por la Junta Directiva a fin de reconsiderar su aplicación.

Acotó, respecto a la propia legislación que rige los emolumentos, que la misma ya ha recibido varios recursos que solicitan su nulidad, acciones que están en fase de análisis por parte de la Sala Constitucional y que conjuntamente fueron acompañadas de solicitud de medidas cautelares, las cuales no han sido declaradas procedentes por considerar que tocaban el fondo del asunto en discusión.