La creación de un sistema preventivo que garantice la efectiva reinserción social y que involucre tanto a los actores tradicionales de justicia como a los consejos comunales para ser aplicado a los adolescentes infractores de la ley, propuso la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su participación en el "8vo. Foro: Derecho de la Infancia y la Adolescencia" que se celebra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ortega Díaz, que presentó la ponencia "El Rol del Ministerio Público en el  marco del Principio de Protección Integral con especial atención al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente",   expresó que es necesaria la creación de nuevos espacios para atender la situación de este sector de la población al entrar en conflicto con la ley, pues, a su juicio, el sistema de justicia no ha crecido proporcionalmente al incremento de la población y al aumento del número de infracciones.

Recordó que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) tiene como característica especial que horizontaliza a sus protagonistas, y constituye en sí misma como instrumento jurídico un salto histórico y cualitativo en la atención del Estado a este importante sector de la población.

Indicó que a los ojos de la ley el hecho penal del adolescente es concebido de manera distinta en el sistema de justicia, ya que se le resta lesividad, y por eso se establecieron sanciones y no penas en el ordenamiento jurídico. "El trato legislativo sancionador se encuentra en pertinencia con su condición de adolescente".

Precisó la titular del Ministerio Público en que la justicia penal del adolescente debe estar orientada a la paz social. "Debe tratarse de una justicia de arreglo, de conciliación, pero sobre todo de prevención de los hechos delictivos".

En este sentido, fue que ahondó en la idea de pensar en alternativas para la resocialización del adolescente infractor de la ley desde la misma sociedad y no desde la privación de libertad y, tomando como base el artículo 55 de la Constitución referido a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas de prevención, propuso que sea desde los consejos comunales que se adelante este trabajo que contribuya a sustituir el proceso penal estigmatizante por un sistema social preventivo.

Dijo que con la activa participación de los integrantes de los consejos comunales junto a equipos multidisciplinarios de asesores en los que se incluyan distintos profesionales de varias especialidades, y el permanente contacto con las familias, puede lograrse un nuevo escenario que promueva una verdadera reinserción del adolescente infractor dentro de la sociedad productiva.

"Nunca como ahora la justicia había tenido este carácter social, por eso debemos rescatar el espíritu del artículo 2 de la Constitución, que concibe a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia", expresó la Fiscal General de la República.

Intensa labor en el área penal adolescente

La máxima representante del Ministerio Público hizo un balance de la labor que vienen efectuando las 47 fiscalías en el área penal de niños y adolescentes, y resaltó que hasta septiembre del presente año se ha procesado 15 mil causas que involucran a este sector de la población, y que a la fecha han sido presentado más de 11 mil actos conclusivos, de los cuales más de cinco mil han sido acusaciones.

Refirió que la reciente inauguración de la Dirección para la Defensa de la Mujer ha permitido descongestionar el trabajo de la Dirección de Atención Integral a la Familia para volcar aún más la atención al área penal del adolescente, y que se trabaja en la creación de nuevos despachos fiscales, así como en reformas estructurales para otorgar a los fiscales y otros actores más herramientas para llevar adelante su labor.