El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala de Casación Social, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de un grupo de ciudadanos contra una sentencia dictada por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana.  

Se trata de un juicio por solicitud de beneficio de jubilación, seguido por Luis Isidro Pestana Corro, Bernardino Pérez Álvarez, Florencio Antonio Toro y otros ciudadanos contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas).

En el presente juicio el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, el 19 de octubre del año 2011, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el grupo de ciudadanos y sin lugar la demanda, por lo que se confirmó el fallo apelado.

Contra la decisión del juzgado superior la representación judicial del grupo de ciudadanos demandantes propuso recurso de control de la legalidad, sin embargo la Sala del Máximo Juzgado del país indicó que al estudiar el fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, constató que la sentencia impugnada está ajustada a derecho al no vulnerar normas de orden público laboral.

Para el TSJ, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena Cordero, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación, por lo que fue declarada inadmisible la acción judicial interpuesta.