La Sala precisó en su fallo que la situación de anormalidad denunciada en el mencionado municipio, nace con ocasión del cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades municipales, devenida de la supuesta infracción de disposiciones normativas relativas a su funcionamiento, que en modo alguno son conexas al derecho electoral, por tanto no se trata de una controversia de naturaleza electoral que corresponda conocer a la jurisdicción electoral. Tampoco se trata de una controversia de naturaleza constitucional, tal como lo prevé el articulo 336, numeral 9 de la Constitución, por cuanto el presente conflicto no se origina en virtud de un acto dictado por el Concejo Municipal en ejecución inmediata y directa de alguna atribución prevista en la Constitución. En efecto, se trata de un caso donde se le removió la investidura a un Alcalde por incumplimiento de una norma de rango legal, por lo que corresponde a esta Sala el conocimiento de la presente controversia, de conformidad con el articulo 266 numerales 4 y 9 de la Constitución. Además, observa la Sala que el conflicto planteado afecta el orden público porque según el demandante, existe incertidumbre acerca de quién es el legítimo alcalde, lo cual impide el desenvolvimiento normal de las funciones de la alcaldía en cuestión, situación de conflicto que afecta el orden público, en vista de que se trata del órgano de gobierno en el municipio. ¿Igualmente se observa, que el referido conflicto rebasa los límites de las autoridades involucradas, y perturba los intereses legítimos de la sociedad en cuanto a su derecho a la certeza del ejercicio de la función pública¿.

Concluyó la Sala Político Administrativa que la competencia para conocer del presente le corresponde, de conformidad con lo establecido en los artículos 166 de la Orgánica de Régimen Municipal y 42 ordinal 22 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de dicha Ley, además, en vista de que no se incurre en ninguno de los motivos de inadmisibilidad contemplados en el artículo 84 de dicha norma, se admitió la solicitud interpuesta por el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, para dirimir el conflicto surgido en la alcaldía del Municipio Río Negro del mismo Estado. Ordenó la Sala del máximo tribunal notificar a Pedro Zerpa, en su carácter de Alcalde electo y a Luis Evaristo, en su carácter de alcalde interino del mencionado municipio, para que en el lapso de 48 horas siguientes a su notificación, más el término de la distancia, fijado en 5 días, presente escrito de defensa; Posteriormente se establecerá la oportunidad para que tenga lugar la audiencia oral y pública, a la cual deberán concurrir las partes acompañadas de sus apoderados judiciales, en la cual podrán presentar sus escritos y probanzas para demostrar sus alegatos. Concluida la audiencia oral, la causa entrará en estado de sentencia. Finalmente, se ordenó notificar al Fiscal General de la República de la apertura del presente juicio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.