Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, el buen funcionamiento del Poder Judicial asegura la vigencia de todos y cada uno de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal, firmada en París, el 10 de diciembre de 1948.

La afirmación de la Magistrado Sosa Gómez se produjo hoy en Nueva York, adonde asistió para participar como oradora en las Naciones Unidas en calidad de Presidenta Pro Tempore de las Cortes Supremas de las Américas. La delegación venezolana la integran además, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, Gisela Parra, así como el Director General de Administración y Servicios del Máximo Tribunal, Cándido Pérez Contreras.

Los actos programados por las Naciones Unidas guardan relación con la celebración del 50 Aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto que ha sido traducido en 250 idiomas y ha servido de guía para la firma de diferentes tratados sobre esta materia en todo el mundo. Personalidades como Mahatma Gandhi y Eleanor Roosevelt, estuvieron entre quienes firmaron el histórico documento, que fue denominado: "La Carta Magna de la Humanidad".

Sosa Gómez al iniciar su exposición agradeció la invitación hecha por el Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fernando Zumbado. Resaltó la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela la trascendencia del texto "cuyo quincuagésimo aniversario estamos celebrando. En segundo término, porque estoy plenamente convencida de la relevancia que tiene el Poder Judicial, en asegurar la vigencia de todos y cada uno de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal".

Como se recordará en el texto quedó asentado que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, la libertad, la justicia y la propiedad.

"Un breve balance de estos cincuenta años nos confronta con una realidad ambigua y hasta contradictoria, tanto en el campo normativo como en el de los hechos.

El sistema universal de protección y promoción de derechos humanos desarrollado en el marco de las Naciones Unidas cuenta hoy con más de medio centenar de declaraciones, convenciones y pactos en esta materia, alguno de los cuales disfrutan de un respaldo virtualmente universal, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas", dijo.

- No obstante - afirmó - , en contraste con estos logros, la comunidad internacional ha sido testigo de casos en la presente década, frente a los cuales la maquinaria existente en materia de derecho humanos y de derecho internacional humanitario pareció impotente.

Precisa, Sosa Gómez, que la violación de los derechos humanos se produce con tanta o mayor intensidad en los países desarrollados en los cuales hay discriminaciones y tratos contrarios a la dignidad humana sobre quienes son percibidos como débiles sociales: inmigrantes, indocumentados, etnias minoritarias, mujeres y niños.

Se refirió la Presidente de la Corte Suprema venezolana a la situación de Europa central y de la ex Unión Soviética, "especialmente preocupante para países como los nuestros, que son particularmente sensibles a la influencia nociva proveniente de esos lugares, que se manifiestan en la impunidad de conductas atentatorias a la vida, dignidad y libertad de personas, en la falta de acción eficaz por parte de los países desarrollados para detener lo que allí sucede y, lo que es más grave, la recepción de grupos especializados en acciones terroristas, de tráfico de drogas, de armas y de otras conductas y actividades igualmente repugnantes a la condición humana. Grave también nos parece la confirmación de sospechas que durante años se había tenido, sobre la participación de algunos gobiernos, a través de agencias especializadas, en la promoción, financiamiento y adiestramiento de gobernantes, funcionarios públicos y personas naturales de otros países, en lo que fue la elaboración y aplicación de una doctrina sub regional de defensa y seguridad continental, que se materializó en una política de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro continente en la década de los años 70 y muy entrados los años 80".

LOS RETOS FUTUROS

La Magistrado Sosa Gómez aprovechó la trascendental ocasión para señalar algunas reflexiones, que a su juicio, constituyen los principales retos que se presentan para los años futuros.

Indicó, entre otros aspectos, que se debe pasar de la proclamación de instrumentos de protección, a la puesta en práctica de éstos en cada una de nuestras realidades concretas; se debe hacer una difusión genérica de los instrumentos de protección de los derechos humanos, desarrollando herramientas específicas que faciliten al juzgador la tarea de dirimir los conflictos jurídicos que se le plantean, desde una perspectiva de derechos humanos; se debe superar -tanto en el discurso como en la práctica- la visión dicotómica de los derechos humanos según la cual se pretende ubicar en rangos diferentes a los derechos civiles y políticos, por un lado y a los económicos, sociales y culturales por el otro; se tiene que enfrentar con valentía el problema de la impunidad; se requiere el desarrollo de un diálogo en torno a la tensión no resuelta entre el relativismo cultural y su incidencia sobre la universalidad de los derechos humanos; se hace necesario pasar de una visión defensiva frente a los planteamientos de la sociedad civil en general y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en particular, a una actitud madura, que acepte la sana crítica cuando ésta se encuentra adecuadamente fundamentada y cuando viene acompañada de propuestas y por último dijo que "más allá de estos retos, en torno a los cuales el Poder Judicial tiene una función importante, aunque no exclusiva ni excluyente de la responsabilidad que le corresponde a los demás Poderes Públicos, existe un conjunto de áreas en las que el papel del Poder Judicial y, en general, del conjunto de organismos con atribuciones en el campo de la administración de justicia, resulta fundamental".

IMPLEMENTANDO EL COPP DAREMOS CUMPLIMIENTO A LA DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sosa Gómez señaló que las consideraciones antes mencionadas la llevan a subrayar la relevancia que tiene, para la vigencia de los derechos humanos, los procesos de reforma judicial que actualmente adelanta Venezuela, así como gran parte de los países de la región. "El paso del sistema inquisitivo al acusatorio en el campo penal (Código Orgánico Procesal Penal), acompañado por principios de oralidad, publicidad, innmediación y celeridad; la ampliación de los espacios de participación ciudadana, tanto en los aspectos procesales como administrativos y políticos de la justicia; la puesta en práctica de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (Ley de Arbitraje); el desarrollo de sistemas transparentes de ingreso, promoción, disciplina, capacitación y remoción de los funcionarios judiciales, constituyen pasos importantes que se orientan a dar plena vigencia a lo consagrado en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

- A mi juicio - agregó -, gran parte de las reformas judiciales actualmente en marchan apuntan a un tema que reviste una relevancia muy especial, como es el de las garantías procesales; sin debido proceso, sin respeto al juez natural, sin respeto a los recursos básicos de defensa, no es posible asegurar la vigencia de los derechos humanos en el terreno judicial, sea éste penal o de cualquier otra índole.

Recordó que en la pasada Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Caracas entre el 4 y 6 de marzo del presente año, se reconoció la necesidad de arraigar en nuestros órganos de administración de justicia una cultura institucional orientada a promover la protección judicial de los derechos humanos, haciendo un conjunto de propuestas, las cuales están siendo impulsadas a través de la Unidad Técnica de seguimiento que a tal efecto se creó por expreso acuerdo de los participantes en dicha cumbre.

En el caso de Venezuela, dijo la Magistrado Presidente Sosa Gómez, se han firmado éste año tres convenios de cooperación interinstitucional con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. "A través de estos convenios, así como mediante el uso de los instrumentos que hoy pone a nuestra disposición el PNUD, estaremos mejores dotados para brindar a nuestros jueces, fiscales y defensores la capacitación y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones desde una perspectiva fundada en el respeto de los derechos humanos".

1999 AÑO JUBILAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por último, la Magistrado Sosa Gómez, anunció que la Corte Suprema que preside, por considerar que el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe servir como un nuevo impulso para continuar avanzando en esta materia en los años por venir. "Es por ello que, por acuerdo de la Corte en Pleno, se declaró 1999 "Año Jubilar de los Derechos Humanos" en Venezuela, con una programación formativa y divulgativa que, a lo largo del próximo año, proseguirá la labor de sensibilización y capacitación del personal del sistema de administración de justicia de nuestro país, conjuntamente con miembros del sector académico, empresarial y no gubernamental. Sin duda, los documentos preparados por el PNUD serán aprovechados al máximo en las actividades programadas a los largo del próximo año", concluyó.