Los representantes de las asociaciones civiles Cofavic (que agrupa a familiares de las víctimas y desaparecidos en los sucesos del Caracazo) y Queremos Elegir, Liliana Ortega y Elías Santana, respectivamente, asistidos por el abogado Alonso Domínguez, utilizaron este lunes la vía prevista en la Constitución vigente del Amparo Oral, para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia el aplazamiento de las elecciones hasta que puedan realizarse con calidad y transparencia.

Utilizando el novedoso recurso, las dos agrupaciones ciudadanas se entrevistaron previamente con los miembros de la Sala Constitucional, presididos por el magistrado Iván Rincón Urdaneta. Inmediatamente – acompañados de los medios de comunicación social que reseñaban el acto -, se dirigieron a la Secretaría de la Sala Constitucional donde de forma oral expusieron sus demandas, entre ellas la necesidad que la Sala se constituya de inmediato para considerar sus pedimentos debido “a la urgencia de la lesión que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está causando a la ciudadanía”.

Liliana Ortega, abogada, ejecutiva de la Comisión de Familiares Víctimas del Caracazo y una de las personas escogidas por la revista TIME como líderes del nuevo milenio, explicó a los periodistas de la fuente judicial que “la acción está fundamentada en los artículos 26 y 27 de la Constitución, los artículos 1 y 2 de la Ley de Amparo y en la reciente sentencia del TSJ, del 1 de febrero, que ofrecen la posibilidad de un procedimiento rápido, sin formalismos. El apropiado para enfrentar una situación como la incapacidad del CNE para garantizar la realización del proceso electoral”.

EL CNE NO PUEDE GARANTIZAR TRANSPARENCIA DE LAS ELECCIONES

Para los demandantes, Liliana Ortega y Elías Santana, las empresas contratistas no están en capacidad de enfrentar aspectos “como el cierre de las postulaciones, impresión y distribución de las boletas, programación y revisión de las tarjetas flash card, impresión y distribución de las gacetas informativas, adiestramiento de los miembros de mesa, limpieza del Registro Electoral, realización de las pruebas y simulacros en los lapsos previstos y necesarios”.

Santana, en este particular, precisó que “el Comité de Auditoria acaba de anunciar que es imposible auditar las elecciones si se celebran el 28 de mayo. A ellos se suma la inquietud expresada por los organismos internacionales”. Como refuerzo de este planteamiento los accionantes consignaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional un extenso grupo de pruebas fundamentadas en las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

En su exposición los representantes de la sociedad civil solicitaron, además de la celeridad del caso, la admisión de las pruebas que consignaron y que la Sala se declare en sesión permanente, convocado a una audiencia constitucional, a menos de 24 horas, para que se produzca una decisión a la brevedad.

Ante una consulta de los reporteros, en el sentido de que si con esta acción pretenden suspender las megaelecciones, Santana y Ortega fueron enfáticos al decir que “la pretensión de las dos asociaciones civiles es el diferimiento completo del proceso en todas sus partes, mientras se subsanen todos los hechos denunciados, y que configuran una lesión y una amenaza de lesión a los derechos constitucionales; deseamos que las elecciones se realicen a la brevedad, pero con calidad y transparencia dignas de su importancia y de los recursos invertidos”.

Por último, los representantes de la sociedad civil anunciaron que “en las próximas horas, otras asociaciones civiles podrán hacerse parte de esta solicitud de amparo y promoverán acciones ciudadanas, sin violencia y en el marco de la ley, para sensibilizar a la opinión pública sobre la grave situación que puede vivirse si se realizan las elecciones con la enorme cantidad de imperfecciones y desinformación que los medios han registrado”.