El Inspector General de Tribunales, René Molina, pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia que ordene al presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena, abstenerse de ejercer presiones “cualesquiera que ellas sean” sobre el ejercicio de las atribuciones del organismo que él conduce.

Molina, quien interpuso el recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, informó a los periodistas que mediante una medida cautelar innominada pide a la máxima instancia judicial del país que ordene al titular del Congresillo que se abstenga de hacer declaraciones públicas valorativas por los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), sobre los procesos que se ventilan por cuenta o por ante la Inspectoría General de Tribunales; asimismo, que se abstenga de influir directa o indirectamente sobre las decisiones y procesos de la Inspectoría General de Tribunales y que se limite al ejercicio de las atribuciones que le fija el Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición del Poder Público establecido en el artículo 6 de dicho decreto, en su reimpresión del 28 de marzo de 2000, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 36.920.

“En consecuencia, no existiendo como existen en el decreto que regula la transición de los Poderes Públicos, facultades atribuidas al presidente de la Comisión Legislativa Nacional, para ejercer algún tipo de control sobre la Inspectoría General de Tribunales, Luis Miquilena deberá abstenerse de toda actuación que verse sobre las actuaciones de dicho organismo” – añadió.

Explicó el Inspector General de Tribunales, René Molina, que la acción que intenta es competencia de la Sala Político Administrativa, sobre la base de lo dispuesto en el último aparte del artículo 266, el cual preceptúa expresamente que la atribución contenida en el numeral 4 será ejercida por mencionada Sala, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42, ordinal 22 y el artículo 43, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

“Basado en esta premisa, he acudido ante este Alto Organismo Jurisdiccional para solicitar que se dirima la controversia administrativa que se ha suscitado entre la Inspectoría General de Tribunales representada por mí, y el presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena” – dijo.

ME REFIERO ESPECIFICAMENTE AL CASO LA RAZON

El doctor René Molina indicó que en su escrito – haciendo abstracción de la ofensa a su persona – “lo que es realmente importante es la actuación coactiva sobre el cargo que desempeño por el caso del periódico La Razón. La lógica indica que lo que se persigue es coaccionar al organismo que represento, coacción esta que habría podido operar mediante las siguientes consecuencias: que renunciase al cargo para debatir penalmente la ofensa que me había sido proferida y que se crease una desfavorable matriz de opinión contra la persona que tiene la facultad de control y vigilancia del Poder Judicial. Es decir señores magistrados, la conducta del Presidente de la Comisión Legislativa Nacional con respecto al caso y, en especial sus declaraciones públicas desplegadas ante el país a través de los medios de comunicación más activos, no era otra cosa que el intento de sobreponer su autoridad, a la titular de la Inspectoría General de Tribunales”