Los magistrados que conforman la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sostuvieron una reunión en horas de la tarde en la que se designó al magistrado José Rafael Tinoco para conocer de la admisión del recurso interpuesto por el Inspector General de Tribunales, René Molina, con el objeto de poder dirimir la controversia administrativa que se ha suscitado entre la Inspectoría de Tribunales y el presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Sr. Luis Miquilena Hernández.
Como se recordará René Molina acudió la semana pasada al Tribunal Supremo del país para solicitar a la Sala Político-Administrativa, entre otras cosas, ordenar a Miquilena abstenerse de hacer declaraciones públicas valorativas por los medios de comunicación social, sobre los procesos que se ventilan en la Inspectoría General de Tribunales y abstenerse de influir sobre las decisiones de esa inspectoría. Asimismo limitarse al ejercicio de las atribuciones del Decreto mediante el cual se dictó el régimen de Transición del Poder Público, establecido en el artículo 6 de dicho Decreto, en su reimpresión del 28 de marzo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
En su pedimento, el Inspector de Tribunales expresaba que el Presidente de la Comisión Legislativa Nacional de acuerdo con el Decreto, no tenía ningún tipo de facultades para ejercer algún tipo de control sobre la Inspectoría de Tribunales.
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