Antecedentes

En la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada los días 8 y 9 de noviembre de 1997 en la Isla de Margarita, los dignatarios participantes en ella suscribieron la Declaración de Margarita cuyo capítulo III está referido a la "administración de justicia" y en ella señalaron que "la administración de justicia en su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y equitativa en sus decisiones."

Esta referencia de carácter principista de la administración de justicia por parte de los Estados allí representados, impulsó a la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela a convocar la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada los días 5 y 6 de marzo de 1998, con el fin de hacer ejecutables los principios contenidos, tanto en la Declaración de Margarita como en las demás declaraciones suscritas por los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en lo que respecta a administración de justicia, y así establecer mecanismos que permitan fortalecer el Poder Judicial de los Estados Iberoamericanos.

Esta iniciativa fue acogida favorablemente por los 22 países convocados, y 18 representantes reunidos en la capital venezolana, produjeron importantes conclusiones traducidas en las políticas y acciones contenidas en la Declaración de Caracas, las cuales fueron aceptadas posteriormente por las Cortes de los países que no asistieron a este trascendental evento.

En la Cumbre, el Poder Judicial de los Estados promovió el fortalecimiento de su independencia ante las otras ramas del Poder Público e insistió en la necesidad de ser más eficaces, a la par que reafirmó los principios fundamentales que rigen la actividad jurisdiccional, como instrumentos indispensables para mantener los valores inherentes al Poder Judicial.

Una de las decisiones fundamentales de la Declaración de Caracas, lo constituye la creación de la Unidad Técnica de Seguimiento, integrada por delegados de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y cuyo propósito es:

• Recabar y procesar de manera estadística la información relacionada con la ejecución por parte de los países participantes en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, de las políticas y acciones contenidas en la Declaración de Caracas.

• Recabar y fungir como centro de consulta e intercambio de la legislación iberoamericana que regula la materia discutida durante la realización de la Cumbre, así como las normas de Derecho Internacional que les sean aplicables.

• Preparar los elementos necesarios para la elaboración de una base de datos, con la finalidad de establecer un estándar internacional de justicia, para determinar con claridad y en forma expedita, tanto los avances como las fortalezas y debilidades de las acciones acordadas en la Declaración de Caracas.

• Ejecutar y hacer seguimiento a las reuniones técnicas que se realicen para evaluar las acciones emprendidas y fijar los correctivos necesarios. Así como desarrollar cualquier otra actividad que pueda fortalecer la labor de la Unidad Técnica de Seguimiento de la Declaración de Caracas.

El 3 de octubre de 1998, se realizó la primera reunión de la Unidad Técnica de Seguimiento de la Declaración de Caracas, cuyo objetivo general fue fijar su posición en relación con los temas prioritarios, así como revisar y establecer las acciones a emprender por los países miembros, con el propósito de convocar a un nuevo encuentro entre Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.

Documentos

• Declaración de Caracas
• Acta de la Reunión de la II Comisión de Planificación - OCSA
• Acuerdo General de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Organización de Cortes Supremas de las Américas