Fuente: Prensa CSJ

Cumbre Iberoamericana evaluó proceso alternos de solución de conflictos

Justicia Alternativa para evitar Altos Costos y Retardos Procesales

Por Jesús Ramírez

En Puerto Rico, la experiencia de negociación extrajudicial ha sido exitosa: se han solucionado 600 mil conflictos en los últimos doce años.

Caracas, 06 de marzo de 1998.- Los ciudadanos se han alejado relativamente del sistema judicial ordinario y emplean mecanismos alternos de solución a los conflictos judiciales -llámese arbitrajes, negociación, etc.- en sustitución de los tribunales ordinarios debido a la lentitud de la maquinaria judicial y al gran congestionamiento de expedientes que se acumulan en los tribunales.

Por esta razón, los Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales de Justicia congregados en Caracas entre el 4 y 6 de marzo evaluaron en la Tercera Plenaria de este jueves las razones por las cuales , en algunos países, se han desarrollado estos mecanismos alternos de solución de litigios así como el verdadero costo económico de los mismos, la satisfacción que logran las partes en conflicto así como también la eficiencia de estos procedimientos de arreglos extrajudiciales.

El representante de Portugal, Alberto Carlos Antunes Ferreira adujo que "el número creciente de conflictos sometidos a los tribunales así como la lentitud de la maquinaria judicial, han desarrollado cierto alejamiento de los ciudadanos y una cierta pérdida de confianza en la eficacia de los procedimientos judiciales y su resolución temprana".

Con respecto a estos esquemas alternos al sistema judicial de solución de controversias, dijo que en Portugal se creó un sistema de conciliación de conflictos laborales -con representación de trabajadores y patronos, pero no fue eficaz. Y por ende, se extinguió.

Otros países asistentes a la Cumbre como Venezuela, representado por la magistrada Cecilia Sosa Gómez, son partidarios de que los mecanismos alternos de solución de conflictos no deben ser empleados con el propósito de "que el Poder Judicial disminuya el volumen de sus expedientes" aunque si se mostró a favor de evaluar los costos económicos de los mecanismos alternos de solución de controversias.

En el caso venezolano, la experiencia en mecanismos alternos de controversias se circunscriben al Arbitraje Judicial, sin embargo, la experiencia demuestra que la solución del litigio ha demorado mucho más de lo que hubiera sido por la vía judicial ordinaria. Por lo tanto, Venezuela propuso en esta Cumbre estudiar antes los requisitos necesarios para la solución alterna de conflictos, antes de ocurrir a la vía judicial. La Dra. Sosa Gómez considera que las Cortes Supremas deben fijar criterios con respecto a la búsqueda intensa de los países iberoamericanos por promulgar leyes de arbitraje las cuales son empleadas por los ciudadanos para dirimir sus conflictos sin llegar al Poder Judicial.

PUERTO RICO: 600 MIL CASOS RESUELTOS EN DOCE AÑOS

La experiencia de Puerto Rico ha sido exitosa en materia de solución de conflictos mediante mecanismos alternos al sistema judicial. José Andréu García, delegado de ese país en esta Cumbre Iberoamericana, existe un centro de mediación de conflictos que lleva operando doce años y ha resuelto más de 600.000 casos desde entonces. Estos mediadores ponen a las partes a buscar, entre ellos, una solución a su conflicto. La experiencia demuestra que al lograr ellos una solución, la misma tiene más permanencia y legitimidad porque es una solución entre ellos y no fue impuesta por nadie- indicó.

En cuanto a Chile, el Dr. Roberto Dávila Díaz indicó que los procesos de negociación se han establecido como obligatorios en la instancia judicial, es decir que, un juez antes de decidir, debe llamar a las partes a hacer convenimientos.

-En Chile- dijo Dávila Díaz- están funcionando estos procesos de conciliación , de manera efectiva, en los últimos cinco años.

Recalcó, sin embargo que el arbitraje en Chile es obligatorio en los casos de orden laboral. Comentó asimismo que muchos abogados se resisten a los procesos de arbitraje porque, desde el punto de vista económico, no les resulta satisfactorio.

La experiencia de Costa Rica en materia de mediación de conflictos se demarcó al ámbito de la familia -divorcios, pensión de alimentos,etc- a través de los "juzgados de familia" los cuales han tenido gran acogida. Sin embargo, a partir de 1998, se promulgó una Ley de Conciliación o Arbitraje que ha tenido gran aceptación.

En Ecuador, los mecanismos de arbitraje funcionan fundamentalmente en el área laboral, tal como lo indicó el Presidente de la Corte de ese país, Héctor Romero Parducci. La mediación ni es obligatoria ni compulsiva. Aunque la transacción es el mecanismo , por excelencia, que funciona en ese país. La propuesta de este país es que la mediación sea de carácter obligatorio antes de dar inicio a cualquier proceso judicial.

En cuanto a Brasil, el Dr. Carlos Mario Da Silva refirió que la experiencia se ha concentrado en la conciliación.

- Las leyes brasileñas establecen la obligatoriedad de la conciliación antes de comenzar un juicio. Si los jueces no convocan a una conciliación entre las partes, se considera nulo y acarrea nulidad del proceso. En Brasil, cerca del 80% de las demandas laborales terminan en acuerdos, transacciones mediante la conciliación. Aunque no ocurre lo mismo en la justicia penal.

Fuente: El Universal

Acusan a medios de dañar autonomía judicial

Por Angel Bermúdez

LOS MAGISTRADOS dijeron que la prensa atenta contra la imagen del Poder Judicial y sugirieron la eventual adopción de medidas al respecto

Caracas.- Fuertes críticas al papel que desempeñan los medios de comunicación en los procesos judiciales formularon los magistrados de los tribunales más importantes de Iberoamérica, participantes en la Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.

'Estoy seguro de que en todos los países representados en esta mesa suceden cosas como en el Ecuador, en donde la prensa se convierte en una especie de árbitro de cuestiones éticas y jurídicas; y existen los llamados juicios paralelos en donde el respectivo reportero o la propia prensa a través de sus editoriales centrales ya juzga como culpable o inocente a una persona que está siendo juzgada ante el Poder Judicial.

Entonces el resultado final cuál es: que si la prensa dijo que Juan era culpable y el Poder Judicial decidió que era inocente, el Poder Judicial no vale para nada, está vendido o politizado', afirmó el presidente de la Corte Suprema del Ecuador, Héctor Romero Parducci.

Aun cuando se trataba de un elemento que no había sido tomado en cuenta en la elaboración del documento de trabajo, sobre cuya base se sustentaría la discusión de la primera plenaria del encuentro sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial; el tema fue asomado a mitad del debate y rápidamente tomó cuerpo entre los magistrados presentes. Esto no debería extrañar, toda vez que uno de los principales objetivos del encuentro es fijar la óptica jurídica sobre los acuerdos logrados en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, donde se trató el polémico asunto de la información veraz.

El representante ecuatoriano fue el primero en abrir fuegos sobre los medios de comunicación, al afirmar que la imagen que del Poder Judicial proyecta la prensa 'ataca o en algo ofende al principio de independencia' del mismo.

Políticas frente a los medios

El ministro de la Corte Suprema de Argentina, Guillermo López, se mostró preocupado por la injerencia de la prensa en las funciones propias del Poder Judicial 'y el establecimiento de decisiones anticipadas en base a encuestas, que determinan si una persona es o no culpable; y que constituyen un medio grave de presión para la independencia intelectual del Poder Judicial'.

López dijo adherirse plenamente a los razonamientos expuestos por el representante ecuatoriano 'con respecto a la necesidad de buscar mecanismos que eviten la presión de los medios'.

Esa idea de adoptar algún tipo de mecanismo o política frente a la prensa también tuvo el respaldo del presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Jorge Eduardo Tenorio, quien afirmó que 'la deformación ejercida a través de los medios de comunicación suele retorcer los fallos o al menos presionar a los jueces para inducir a que los fallos sean en determinado sentido'.

Según Tenorio, entre los efectos producidos por los medios está no sólo que se produzcan prejuicios y precondenas, sino que además en muchos casos obligan al juez a diferir el fallo indefinidamente por temor a las reacciones que se han generado en la opinión pública.

'Eso es un fenómeno común que debería motivar una política común porque los medios se han convertido en un superpoder que no es lo que les corresponde. Su función es nobilísima, es informar pero no retorcer ni conminar a que los fallos sean en tal o cual sentido. Convertir las salas de redacción en ampliaciones de los tribunales, que es lo que ha ocurrido en la práctica, creo que debería motivar serias reflexiones y, eventualmente, la adopción de políticas informativas en ese sentido'.

Partidización y presupuesto

La conclusión más inmediata que se puede sacar de la primera reunión plenaria de la Cumbre de Cortes es que la independencia y autonomía del Poder Judicial en Iberoamérica es afectada por exactamente los mismos factores en nuestros países.

Las quejas apuntaban a la inexistencia de un presupuesto autónomo, a la injerencia de la política en el nombramiento de los magistrados, a la existencia de mecanismos o instancias suprajudiciales con potestades en el área, a la falta de legislación que garantice la estabilidad de los jueces pero, sobretodo, a la falta de reconocimiento real por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Por ello, los magistrados consideraron vital que se entienda que en democracia el Poder Judicial no es menos importante que los otros dos.

abermudez@eud.com

Fuente: Prensa CSJ

Los políticos dan Indultos y Asilos que interfieren con la Justicia

La extradición no funciona y los corruptos se pasean por las calles de otros países.

Los casos más grandes de corrupción se nos han ido de las manos por indultos y asilos que dan los políticos. El 90% del lavado de dinero en este hemisferio no tiene lugar en América Latina. El secreto bancario cumple una función legítima y no hay que demonizarlo. Los países industrializados que apuntan el dedo hacia América Latina deben poner su casa en orden, afirmó Arturo Hoyos, de Panamá.

Por Jesús Ramírez

Caracas, 06 de marzo de 1998.- Jorge Subero, de República Dominicana, recordó a sus colegas que esta es la primera vez que los presidentes de cortes se reúnen para complementar lo decidido por los primeros mandatarios de los países miembros, lo cual significa que las decisiones que se tomen se van a reflejar en todos los estamentos de los estados "en razón de que ninguno de nuestros presidentes, presumo yo, se van a negar al cumplimiento de lo que ellos previamente ya habían aprobado".

El Representante de Portugal, Alberto Carlos Antunes Ferreira, se refirió a la corrupción como un verdadero flagelo universal, tal como lo llama la Declaración de Margarita. Dijo que hay tres vertientes de la moderna corrupción: la pública que incluye la administración central y local, así como los organismos de representación democrática y las instituciones paraestatales; la vertiente privada, no sólo en los negocios sino en la actividad bancaria y en el sistema fiscal; y la vertiente internacional con la multiplicación del poder económico y la aparición de organizaciones financieras, el narcotráfico y los abultadísimos capitales que mueve, el lavado de dinero y otros fenómenos de tráfico internacional de piedras preciosas, de mujeres y de niños.

También mencionó el gigantismo de las administraciones públicas, la crisis de confianza en la Ley y la desadecuación del sistema y los procedimientos judiciales. Subrayó que los mecanismos de intercambio internacional son decisivos y condicionantes del éxito en la lucha contra la corrupción, especialmente el intercambio de informaciones judiciales, administrativas y policiales, así como la uniformización de procedimientos derivados de la celebración de acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales.

Jorge Eduardo Tenorio, de El Salvador, se refirió a la poca difusión de valores éticos y a la creencia de que los cargos públicos son una posibilidad de enriquecimiento rápido, percepción que se repite respecto a los funcionarios judiciales, a los que incluso algunos abogados se encargan de desprestigiar haciéndoles creer a sus clientes que son susceptibles de soborno. Estima que los procesos orales potencian la transparencia de los juicios y evitan que las partes crean que el juez puede ser sobornado, además así la opinión pública puede constatar la actuación de los jueces. Añadió que el descuido en la difusión de los valores éticos ha permitido que los niños y jóvenes perciban que el poder y las funciones públicas son una posibilidad de enriquecimiento ilimitado e incorrecto y que no hay ninguna condena para los corruptos. Comentó que si bien los medios de comunicación pueden en ocasiones actuar irresponsablemente, es necesario involucrarlos pues deberían ser verdaderos contralores públicos en materia de probidad en el manejo de las funciones públicas, en particular de las jurisdiccionales.

Para el Representante de Costa Rica, Orlando Aguirre, los poderes judiciales deben ser abiertos con los medios de comunicación para evitar la percepción de que se esconde algo y porque enconcharse es evitar la labor fiscalizadora que estos medios pueden ejercer sobre los funcionarios públicos, a lo cual la sociedad tiene derecho.

La magistrada venezolana, Cecilia Sosa Gómez, puntualizó que la tarea de la Cumbre no es tanto luchar contra la corrupción sino contra la impunidad de la corrupción y que una parte de la misma la constituye la lentitud procesal, sin que esto implique que pueden ser ajenos a los problemas de corrupción fuera del Poder Judicial.

-De allí que las políticas y las acciones nos están como poniendo a trabajar, es decir, qué hacer internamente y qué difundir, de alguna manera, para también superar esta imputación que se nos hace como Poder Judicial de que la corrupción campea en nuestros países porque no es, definitivamente, sancionada ni oportuna ni con el vigor, la rudeza, la contundencia que se espera, expresó Cecilia Sosa.

Héctor Romero Parducci, de Ecuador, considera que hay que actualizar la tipificación de las conductas delictivas porque "a medida que avanza el mundo avanza también la maldad, y con el progreso de la técnica y de las ciencias, se crean de hecho figuras delictivas que tienen que ser reconocidas para de esta manera ser sancionadas". Cree que falicitaría la labor el lograr una legislación común iberoamericana que comprenda no sólo los tópicos penales sino aspectos como legislaciones bancarias y los tristemente célebres paraísos fiscales, además de que es muy importante hacer efectiva la figura de la extradición.

-No sé como funciona en los estados de ustedes mis queridos colegas, pero en el Estado Ecuatoriano el funcionario que se va con la plata, se pasea impunemente por diferentes calles de otros estados y principalmente por la ciudad de Miami, y la extradición que es una figura jurídica que la conocemos todos y que es muy antigua, pues simple y llanamente no funciona por una serie de circunstancias, acotó.

Enrique Cancer Lalanne, magistrado del Tribunal Supremo de España, señaló que para una efectiva intervención judicial en la lucha contra la corrupción es importante elaborar estadísticas de las sentencias que se aplican y de la efectividad que tiene el cumplimiento de la sentencia. El magistrado hondureño Miguel Angel Rivera Portillo destacó el papel de la prevención en la selección de los funcionarios judiciales y que en el momento del reclutamiento un examen psicométrico a los aspirantes puede detectar muchas inclinaciones a vicios, Carlos Mario Da Silva Velloso, de Brasil, estima que es hora de que este tipo de delito contra el erario público se considere inafianzable e imprescriptible.

INDULTOS, ASILOS Y PARAÍSOS FISCALES

El Presidente de la Corte panameña, Arturo Hoyos, mencionó tres cosas que los poderes judiciales pueden hacer para enfrentar la corrupción: salarios, controles y transparencia, pues salvo casos excepcionales, los salarios del sector judicial son ridículos y constituyen uno de los mejores incentivos que hay para la corrupción.

-Vamos a hablar sin ambages. Los casos más grandes de corrupción que ha habido en mi país se nos han ido de las manos por indultos, por amnistías o por asilos; las tres son decisiones que toman los políticos. Entonces, yo creo que es bueno que se deje un poquito de achacar el problema de la corrupción a los órganos judiciales, porque me parece que los políticos con todas esas declaraciones que hacen en Margarita, tienen que tener un poquito más de seriedad a la hora de estar dando amnistías, de estar dando indultos y de estar consiguiendo asilos por delitos comunes, aseveró Hoyos.

-Se dice -añadió- en esa Declaración de Margarita y en algunos de los mensajes que promueven algunos países industrializados, que en ciertos centros bancarios, en ciertos paraísos fiscales como es el caso de Panamá, se lava mucho dinero. Vamos a poner las cosas como son. El gran lavado de dinero que se dá, cerca de un 90 por ciento en este hemisferio, no se dá en los países de América Latina. No voy a mencionar nombres, pero el 10 por ciento del lavado de dinero se dá en América Latina, el 90 por ciento no se dá en América Latina. Lo que tienen que hacer algunas personas de algunos países es controlar el apetito insaciable que tienen por el consumo de drogas, porque eso es lo que genera, los grandes fondos de los que disponen los narcotraficantes. Entonces, yo creo que hay que hacer un control con el lavado del dinero, pero hay que hacer un control con el consumo de drogas, y las drogas no se consumen en este continente. Las normas sobre confidencialidad bancaria, sobre secreto bancario, es bueno señalarlo, tienen un origen legítimo y cumplen una función legítima, como proteger los activos de muchas personas contra persecución política.

-Las cuentas bancarias -afirmó Hoyos- están sujetas a inspección por las autoridades judiciales siempre y cuando se trate de delitos, no sólo de lavado de dinero, sino delitos contra patrimonio, una serie amplia de delitos que pueden implicar apropiación de fondos públicos o uso de potestades públicas para enriquecimiento personal. Pero es importante que no demonicemos ciertas instituciones, que no convirtamos en demonios algunas cosas que cumplen funciones sociales legítimas y útiles pero que necesitan ser matizadas, como efectivamente lo estamos haciendo, y ciertamente que algunos países industrializados que les gustar estar apuntando el dedo hacia algunos de los países de América Latina, ponga su casa en orden también.

Fuente: Prensa CSJ

El Estado se muestra incompetente en realizar inversiones

Hacinamiento Carcelario se soluciona con Inversiones Privadas

Por Jesús Ramírez

Caracas, 06 de marzo de 1998.- El hacinamiento en las cárceles de los países iberoamericanos es un rasgo común así como el desconocimiento de la dignidad humana de millares de reos debido a la situación antes descrita. Sin embargo, para los magistrados que deliberan en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Caracas, este problema no tiene su origen únicamente en la lentitud del sistema judicial sino en factores externos entre los cuales se mencionó la nula inversión por parte de los gobiernos en la construcción de centros penitenciarios , entre otros.

Con estos comentarios, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia que se reúnen en la Cumbre Iberoamericana, puntualizaron algunos aspectos sumamente relevantes en lo concerniente a la Sexta Sesión Plenaria dedicada a establecer "Mecanismos para la Solución de la Crisis Penitenciaria" en esta región.

Resultó evidente que en buena parte de estos países - Colombia, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, etc. existe el mismo problema: los reos son mantenidos en las cárceles por largos años , sin juicios rápidos, motivo que causa alarma debido al desconocimiento de los derechos humanos de quienes son encarcelados por la comisión de delitos de distinto orden.

Si bien esta problemática pudiera encontrar solución en la eliminación de los "cuellos de botella" que se presentan en los tribunales, a juicio del Dr. José Fernando Ramírez, Presidente de la Corte Suprema de Colombia, el sistema judicial puede adoptar vías para agilizar este congestionamiento en los tribunales de "tal manera que las sentencias judiciales guarden proporción con el número de procesos penales que se inician" lo cual supone mecanismos para agilizar los procesos y capacitar a los jueces a fin de que éstos sean mas eficaces en la etapa que les corresponde dentro del proceso judicial.

Ahora bien, los magistrados asistentes a esta Cumbre coincidieron en buena medida en que sí se propicia el descongestionamiento y hacinamiento en los recintos carcelarios a través de la inversión privada y se construyeran más centros penitenciarios con recursos distintos a los del Estado que, se muestra incompetente de hacerlo, existen bastantes posibilidades de superar esta alarmante situación.

En relación a otros mecanismos alternos destinados a hacer más fluido el proceso judicial en beneficio de la descongestión carcelaria y judicial se mencionó la implantación de esquemas tales como: prisión domiciliaria, prisión por días libres e implementación de otras medidas institucionales tal fue la propuesta del Magistrado Alberto Carlos Antunes Ferreira Da Silva, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Portugal.

El sistema de "juicios rápidos" establecidos vía constitucional sería otra fórmula sumamente expedita para aligerar los retardos procesales a juicio del Dr. José Andréu García, Presidente de la Corte Suprema de Puerto Rico quien manifestó su gran sorpresa en relación a la existencia de sistemas carcelarios que mantienen a miles y miles de reos sin juicio por períodos de hasta ocho años.

En Cuba, por ejemplo, se han adoptado mecanismos para solucionar este problema. José Raúl Amaro Salup, Presidente del Tribunal Supremo de ese país destacó que se han puesto en práctica penas equivalentes a subsidios a las penas privativas de la libertad hasta en períodos de tres años. De modo que los reos pueden realizar trabajos en granjas o trabajo correccional, regímenes éstos que le han dado resultados extraordinarios "porque empezó a calar en la conciencia de los jueces". De modo que este sistema de subsidios a la privación de la libertad se amplió recientemente de 3 a 5 años.

El tema de la inversión privada como fórmula para solucionar la crisis privada generó también una respuesta positiva de parte del representante de Bolivia en esta Cumbre, Dr. Hugo Dellien quien estima que es perentorio construir cada vez mas centros penitenciarios y optimizar la infraestructura existente para mejorar la situación de los derechos humanos de los reos.

Otro de los factores que ocasiona la lentitud procesal tiene también su origen en el déficit de órganos jurisdiccionales. En el caso de Bolivia existen 610 órganos jurisdiccionales, cuando se ha detectado requerimientos por unos dos mil. De manera que aquí también se localiza un entrabamiento derivado de la inversión presupuestaria la cual hay que resolver.

En este sentido, Argentina ha resuelto ese problema en la práctica promoviendo inversiones privadas para contar con nuevos y modernos establecimientos carcelarios y disminuir el hacinamiento.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela enfocó la responsabilidad del hacinamiento carcelario en el Poder Ejecutivo debido a problemas de orden administrativo. Sin embargo, instó a los magistrados que asisten a esta Cumbre Iberoamericana a emplear mecanismos jurídicos que existen en estos países con los cuales puede aligerarse el problema del retardo procesal. En el caso de Venezuela, existen una serie de leyes tales como la Ley de Libertad Provisional y la Ley de Beneficios en el Proceso.

En Costa Rica, si bien las cárceles muestran condiciones infrahumanas tal como lo admitió el Dr. Orlando Aguirre, representante de ese país ante la Cumbre, este problema se ha solucionado mediante el establecimiento de un sistema de estadística para llevar un control periódico de la situación de los tribunales lo cual ha contribuido a que los índices de presos se reduzcan en las cárceles.

Fuente: Prensa CSJ

Intereses Multilaterales caracterizan los Problemas Ambientales

Por Jesús Ramírez

Cualquier esfuerzo en este campo es mínimo ante lo fundamental de estos derechos, más áun cuando varios de los asistentes a la Cumbre pertenecen al pulmón de la Amazonia. En España el incendio de grandes masas forestales está castigado con penas que se acercan a las que se imponen por el homicidio.

Caracas, 06 de marzo de 1998.- Alberto Carlos Antunes Ferreira de Silva, de Portugal, durante la plenaria sobre "La Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo", dijo que en esta materia hace falta una "firme y sólida cooperación internacional, una carta del derecho del ambiente y sus garantías individuales y colectivas".

-La protección ambiental es uno de los desafíos fundamentales de las sociedades modernas en el tercer milenio y de las soluciones que se adopten dependerán no sólo la sobrevivencia de la especie humana, sino también las concesiones del progreso y de evolución sociales. La degradación del medio ambiente, pone la política ambiental en el primer plano de la preocupación de los ciudadanos, de lo que no pueden alejarse los sistemas jurídicos y judiciales, indicó Antunes Ferreira.

Comentó que el desarrollo no sólo significa más riqueza material, sino una mayor justicia en su repartición y mayor satisfacción de las necesidades colectivas, un proyecto de ejecución permanente a largo plazo y la responsabilidad de cada generación de transmitir un patrimonio valorizado. Señaló que la protección ambiental incluye el material biológico y cultural y que se ha creado la moderna figura del derecho a un ambiente sano y equilibrado porque, como dijo Ghandi, el mundo tiene todo para las necesidades de todos, pero no para la avidez de ninguno.

-Los conceptos jurídicos tradicionales basados en el esquema bilateral, relaciones bilaterales entre individuos o entre el Estado y los ciudadanos no es ya adecuado a la multitud de intereses cruzados, propios de las relaciones poligonales o multilaterales que caracterizan los problemas ambientales, agregó y apuntó la necesidad de fijar normas que definan el acceso al derecho y a la justicia en materia ambiental.

El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, de Costa Rica, sugirió la creación de tribunales especializados en esta materia, servidos por profesionales formados en derecho ambiental.

El representante de Colombia, José Fernando Ramírez, dijo que cualquier esfuerzo en este campo es mínimo frente a lo fundamental de este derecho, más aún cuando varios de los asistentes a la Cumbre pertenecen al pulmón de la humanidad que es la Amazonia.

El Presidente del Tribunal Supremo de España, Enrique Cancer Latanne, dijo que en su país "dentro de la tipificación del delito de incendio, existen tipos específicos cuando el incendio afecta masas forestales; por supuesto los delitos más graves de incendio son aquellos que implican riesgo inmediato para la vida de personas y que pueda tener conocimiento habitual del causante".

En España "el incendio intencionado de grandes masas forestales está castigado con penas que se acercan a las que se imponen por el homicidio y se aplican".

-También las condiciones de vida, en términos muy genéricos, están protegidas, se persiguen los vertidos industriales indiscriminados, las que destruyan las condiciones que garantizan el ecosistema, y se aplican. Hay gente cumpliendo, directivos de fábricas en Barcelona, en Cataluña, hay dos casos, con penas de dos a tres años que están cumpliendo condenas por vertidos industriales, expresó Cancer Latanne.

Fuente: Prensa CSJ

En base a la “Declaración de Margarita”

Legislación Iberoamericana Común contra Delitos del Narcotráfico

Por Jesús Ramírez

Hubo un consenso bastante amplio entre los representantes de los países de la Cumbre Iberoamericana, que ayer concluyó sus deliberaciones, en el sentido de que debe incentivarse una continua especialización de los jueces en los delitos contra el narcotráfico así como estandarizar las penas y procesos en esta materia a nivel iberoamericano.

La protección de los jueces que intervienen en los delitos del narcotráfico fue otro de los planteamientos concluyentes de esta plenaria así como la creación de una red iberoamericana de información sobre los procesos y sentencias en región.

Caracas, 06 de marzo de 1998.- Una legislación iberoamericana para juzgar los delitos contra el narcotráfico se planteó ayer en la octava sesión plenaria por parte de los Presidentes de Cortes Supremas de Justicia asistentes a la Cumbre Iberoamericana que, este viernes, concluyó sus deliberaciones en Caracas.

Como parte de las disertaciones que hicieron los magistrados de Colombia , Chile Nicaragua, Argentina, Ecuador, Panamá Honduras, Cuba , Costa Rica y Venezuela éstos subrayaron algunos planteamientos centrales entre los cuales figuró declarar el narcotráfico un delito de lesa humanidad.

Esta sesión de trabajo asimismo coincidió en apoyar las acciones del documento presentado a la plenaria dedicada a analizar el tema del "Narcotráfico y sus secuelas" entre cuyas acciones prioritarias figura incentivar la continua especialización de los funcionarios judiciales con relación al tratamiento que debe darse a los delitos del narcotráfico; estandarizar los procesos judiciales así como las sanciones que deben aplicarse en la comunidad iberoamericana; el establecimiento de una red iberoamericana de información sobre procesos y sentencias y apoyar a los jueces que conocen de los delitos del narcotráfico.

La exposición del Magistrado colombiano, Dr. José Fernando Ramírez mereció una especial atención debido a la descripción que hizo, tan cruda y pormenorizada , acerca de las sangrientas secuelas que han vivido los jueces de ese país quienes han sido acribillados a manos del narcotráfico . La rama judicial colombiana ha sido literalmente sacrificada por las organizaciones de la droga. Y el saldo de varias decenas de jueces muertos, así lo demuestra. En virtud de ello, en Colombia debieron crear la figura de los denominados "jueces sin rostro" a fin de proteger la vida de éstos en los procesos judiciales.

-Quiero reivindicar la tarea de los jueces en Colombia -afirmó el Magistrado Ramírez- porque, ciertamente, el narcotráfico no ha invadido todos los sectores de la población colombiana ya que ha existido una rama judicial independiente presta a cumplir con su función y dispuesta a sacrificarse como lo demuestran esa cantidad de jueces muertos por causa del narcotráfico - indicó el magistrado colombiano.

El caso del narcotráfico en Nicaragua al igual que en Cuba es de aparición reciente . Podría decirse que surgió después de 1990, tal como lo puntualizaron los magistrados representantes asistentes a esta Cumbre Iberoamericana. En el país centroamericano , la modalidad de enjuiciar los delitos del narcotráfico se hacía a través de "jueces de conciencia", que son personas de la sociedad civil, fácilmente presionables. Por esta razón, se sustituirán por jueces de derecho que dicten las sentencias. Esta figura ha sido bien acogida en Nicaragua y, en este momento, se está discutiendo en el Parlamento el citado proyecto de ley.

En cuanto a Cuba, se ha promulgado una nueva legislación contra los delitos del narcotráfico ya que tanto el consumo de drogas como el comercio han aumentado sustancialmente en los años recientes. Asimismo, trabajan en la elaboración de una ley relacionada con el lavado de dinero. Y las sanciones se han hecho más fuertes, en especial, lo atinente al narcotráfico internacional así como al uso de niños en funciones de "mulas" del narcotráfico.

En cuanto a Costa Rica, país considerado un importante puente del tráfico de droga, su representante, Dr. Edgar Cervantes se mostró a favor de proclamar un compromiso con los jueces en cuanto a apoyar decididamente su formación y protección así como con otras acciones que sean necesarias en su sentido mas amplio.

Fuente: Prensa CSJ

Presidenta de la CSJ Dra. Cecilia Sosa Gómez

Fortalecer Administración de Justicia: Gran Reto de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia

Por Jesús Ramírez

Caracas, 06 de marzo de 1998.- La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Cecilia Sosa Gómez, en el Discurso del Acto de Clausura de la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, que se llevó a cabo en Caracas del 4 al 6 de marzo de 1998, dijo: "que el gran reto institucional de nuestras democracias es fortalecer la administración de justicia como pieza de equilibrio social, garante del Estado de Derecho".

A continuación, el Discurso de la Doctora Cecilia Sosa Gómez:

"Amigos Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos, cuando tuve al agrado de dirigirme a ustedes, el día miércoles, durante el Acto de Instalación, lo hice para darles la bienvenida en nombre del país anfitrión. Hoy me toca una tarea aún más emocionante, hablar en nombre de todos nosotros, los participantes de esta Cumbre a partir de este momento. Siento gran orgullo en dar respuesta, en nombre de los participantes de esta Cumbre, a las expectativas colocadas sobre nuestros hombros por los ciudadanos de nuestros países.

Como dije al inicio de esta Cumbre, para muchas personas era inusitado que los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos se reunieran para algo distinto que la discusión sobre los avances de la ciencia jurídica. Para ellas, era difícil imaginar a las Cortes formulando conjuntamente una política judicial que atendiera al creciente clamor de nuestros pueblos por una mejor administración de justicia. Hoy hemos extinguido estas dudas.

Hemos tocado muy variados temas en las reuniones de trabajo, pero en todos hemos asumido sin vacilar la responsabilidad que nos corresponde ante la historia; desde reafirmar la importancia de la autonomía del Poder Judicial, pasando por discutir las posibles soluciones para la administración penitenciaria, hasta reiterar nuestro férreo compromiso en la lucha contra la corrupción.

Así, lo dinámico de las sesiones de trabajo, la riqueza del aprendizaje mutuo producto del intercambio de experiencias, y la solidez del consenso que hemos alcanzado, dejará una huella imborrable en todos nosotros, en aquellas otras personas que estuvieron presentes, y en quienes han seguido la Cumbre a través de la información, que ha venido circulando nacional e internacionalmente durante estos dos días.

Muchas veces olvidamos todas aquellas cosas que nos han unido a través de la historia. El ciclón de las ocupaciones cotidianas nos hace pensar, erradamente, que nuestros problemas son, entre comillas, "distintos", pero en oportunidades como ésta recordamos que no solamente nos une el derecho, sino también la inmensa responsabilidad institucional que detentamos. Nuestros problemas NO son distintos. Hay variantes, por supuesto, pero la esencia del llamado que hemos recibido de nuestros pueblos también la compartimos.

No creo que nos corresponda repetir en este momento lo que ha quedado plasmado en el documento de conclusiones que produjo esta Cumbre, el cual pasará a ser conocido, como la Declaración de Caracas de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos. En nombre de todos los que aprobamos esta declaración, quisiera ratificar nuestro profundo compromiso con los acuerdos que hemos alcanzado y que quedaron plasmados en aquel documento.

Ahora bien, creo que es imprescindible responder a la principal inquietud expresada por muchos de los observadores de esta Cumbre: ¿Cuál será el seguimiento de estos acuerdos?. Expreso gran optimismo en anunciar que hemos dibujado un Plan de Acción dirigido hacia dos frentes: por un lado convinimos en que aquellos países que somos miembros, apoyarnos en la Organización de Cortes Supremas de Justicia de las Américas. Por otro lado, se decidió la creación de la Unidad Técnica de Seguimiento, con sede en esta Corte, para responsabilizarnos de cooperar con la ejecución del resultado de esta Cumbre. No se trata de crear un nuevo Comité. A tal efecto, cada Corte y Tribunal Supremo designará un funcionario encargado de mantener una fluida comunicación entre las Cortes y Altos Tribunales de los países aquí presentes. La Unidad Técnica de Seguimiento, funcionará como centro de información, y como catalizador de procesos, y será responsable del seguimiento de los acuerdos asumidos en esta fructífera y provechosa reunión.

Hemos visualizado, que transcurrido un tiempo prudencial, y obtenidos resultados tangibles, se podrá convocar a una nueva reunión, con estas mismas características, a objeto de evaluar lo realizado y revisar las causas que hayan impedido otros logros.

Insisto, la ejecución la hemos asumido todos los aquí presentes, y cada uno se hará responsable de hacer estos acuerdos una realidad.

No es mi intención crear la falsa ilusión, propia de discursos retóricos, de que a partir del lunes la administración de justicia en nuestros países habrá cambiado. Pero sí puedo afirmar sin vacilación, que iniciaremos una activa dinámica de intercambio para fortalecernos mutuamente y enfrentar con mayor solidez los compromisos que nos esperan.

El gran reto institucional de nuestras democracias es fortalecer la administración de justicia como pieza de equilibrio social, y garante del Estado de Derecho. Para esto, hemos reconocido una vez mas que justicia, probidad y eficiencia son los principios que guían los procesos de reforma que estamos liderando.

Estos días han sido de angustia, por la responsabilidad que tenemos por delante, pero también han sido días llenos de esperanza. Quizás es porque la angustia es la expresión dinámica de la esperanza. Quisiera terminar estas palabras con una adaptación libre de unas palabras del ilustre poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, para dejar encendida la llama del compromiso que nos une: La hora de la Justicia está esperándose a sí misma, entre un minutero de angustia y un horario de esperanza, es una hora que suena con periodicidad en la conciencia de nuestros pueblos, y que estamos llamados a impedir que se pierda, en el remolino de las pasiones, como la mirada de un niño, detrás de la mariposa escapada."

Fuente: Prensa CSJ

Cumbre Iberoamericana de Cortes: Declaración de Caracas

Por Jesús Ramírez

Entre las políticas y acciones acordadas en la Cumbre que finalizó este viernes 6 en Caracas, figuran: crear una Unidad Técnica para seguir el desarrollo de las acciones propuestas, la cual tendrá su sede en Caracas; propiciar la creación de un Tribunal Supranacional en materia de narcotráfico y establecer una red iberoamericana de información sobre estos procesos, las sentencias y personas relacionadas con ellos; y crear el Código de Ética del funcionario iberoamericano.

Caracas, 06 de marzo de 1998.- Las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, reunidos en Caracas para diseñar las políticas y ejecutorias orientadas a desarrollar los principios contenidos en la Declaración de Margarita, dieron a conocer la Declaración de Caracas sobre las políticas y acciones a seguir para lograr los objetivos planteados en cada una de las ocho sesiones realizadas en la sede del Máximo Tribunal de Venezuela.

En cuanto a la autonomía e independencia del Poder Judicial acordaron siete políticas, entre las que destacan la creación y aplicación de normas que aseguren el autogobierno del Poder Judicial, que regulen el acceso a la administración de justicia, la estabilidad del juez y la formación del personal.

Un presupuesto ajustado a las necesidades de la administración de justicia es un elemento fundamental para el ejercicio de una autonomía real.

Entre las acciones a seguir destacan: determinar la eficiencia del gasto en materia de administración de justicia, cuantificar el número de procedimientos pendientes y realizar un estudio comparado sobre los esquemas de cooperación entre los Poderes Públicos.

Respecto a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos acordaron cuatro políticas y otras tantas acciones, como garantizar la protección de estos derechos, promover el pleno ejercicio de los mismos, garantizar la divulgación de los tratados internacionales y reconocer que las poblaciones indígenas y demás grupos minoritarios son destinatarios de los derechos humanos.

Para ejecutar estas acciones decidieron: intercambiar jurisprudencia, desarrollar políticas de divulgación e instar a los jueces para que apliquen los criterios de protección de estos derechos, incorporando las particularidades de los derechos minoritarios de cada país.

Sobre formación y capacitación judicial propusieron siete políticas entre ellas promover que la selección de jueces atienda el aspecto vocacional, reforzar la capacitación especializada, promover la participación de las universidades y el uso de la informática, así como la formación gerencial del juez.

Para lograr estos objetivos definieron las siguientes acciones: identificar fortalezas y debilidades de los países participantes, promover acuerdos de intercambio para formar funcionarios judiciales iberoamericanos y promover la creación de la escuela de capacitación de funcionarios judiciales a nivel iberoamericano.

Acerca de la resolución alterna de conflictos acordaron promover la utilización de mecanismos alternos y establecer el ámbito de aplicación de los mismos. Ello requiere de seis acciones: tipificar los asuntos a someter a dichos mecanismos, elaborar un estudio de costos económicos, evaluar la eficiencia de la conciliación, crear un sistema de conciliación y arbitraje iberoamericano, educar para la negociación de conflictos, promover la creación de Centros de Mediación.

Sobre la lucha contra la corrupción decidieron tres políticas: adoptar un rol activo en esta lucha en la actividad pública y privada, concientizar los valores éticos dentro del sistema judicial y fortalecer el proceso de selección de funcionarios judiciales. Esto requiere de siete acciones, entre las cuales destacan: crear un Código de Ética del Funcionario Judicial de Iberoamérica, constitución de cortes para juicios simulados, elaboración e intercambio de estadísticas de sentencias y las penas impuestas, promover la simplificación de la tramitación de las causas judiciales y examinar la adecuación de la legislación anti-corrupción.

Para la solución de la crisis penitenciaria resolvieron que las cortes deben contribuir con la responsabilidad que tienen con el régimen penitenciario en cuanto a la actividad jurisdiccional se refiere, y que es fundamental tutelar los derechos humanos de los reclusos.

De las cinco acciones que deben seguirse en este aspecto resaltan la de disponer de un censo de procesados que determine el número de causas pendientes, elaborar estudios jurimétricos de costos y tiempos procesales, incorporar jueces especiales (itinerantes) y establecer criterios para evitar los reiterados retardos procesales.

A fin de proteger el medio ambiente diseñaron tres políticas: comprometerse conjuntamente con el Ministerio Público en la protección del ambiente e incentivar a la administración de justicia a ejercer la tutela jurisdiccional del derecho al medio ambiente, reconocer el derecho individual de gozar de un ambiente adecuado para el óptimo desarrollo y adoptar políticas de divulgación.

De las cinco acciones a implementar para lograr estos propósitos destacan: apoyar la formación de jueces en materia ambiental, analizar e intercambiar decisiones en esta materia, promover la creación de tribunales supranacionales y establecer una red de intercambio de información sobre la comisión de este tipo de delitos.

En cuanto al narcotráfico plantearon tres políticas: declarar al narcotráfico como delito contra la humanidad puesto que trasciende el ámbito de cada corte, propiciar la creación de un Tribunal Supranacional, establecer mecanismos de protección para los jueces que sancionan estos delitos.

Resolvieron adoptar las siguientes acciones: incentivar la especialización de los funcionarios judiciales, estandarizar los procesos judiciales y la compatibilidad en los tipos y sanciones penales en Iberoamérica, establecer una Red Iberoamericana de Información sobre los procesos, sentencias y personas relacionadas con este delito, y apoyar a los jueces que conozcan estos casos.

Como conclusión final decidieron crear una Unidad Técnica con el objeto de hacer el seguimiento al desarrollo de las acciones cuya ejecución acordaron. Este organismo tendrá como sede Caracas y estará integrado por delegados de los países presentes en la Cumbre.