Fuente: El Globo

Suscribieron Declaración de Caracas

Cortes acordaron fortalecer administración de Justicia

Por Milena Vera Romero

Los 18 Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de países de Iberomérica aprobaron ayer la Declaración de Caracas, documento en el cual se comprometieron al gran reto de “fortalecer la administración de justicia como pieza de equilibrio social y garante del Estado de Derecho” así como acometer las grandes reformas en el Poder Judicial de estos países.

Caracas, 07 de marzo de 1998.- En el acto de clausura de esta Cumbre celebrada anoche en la sede del máximo tribunal venezolano, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez dijo que no creará falsas ilusiones en hacer pensar que luego de este evento, a partir del lunes, “la administración de justicia en nuestros países habrá cambiado. Pero sí puedo afirmar sin vacilación, que iniciaremos un activa dinámica de intercambio para fortalecernos mutuamente y enfrentar con mayor solidez los compromisos que nos esperan”.

Una de las previsiones que se tomaron para que las propuestas formuladas en este evento no sean letra muerta es la designación de una Unidad Técnica de Seguimiento, con sede en nuestra Corte, que velará en el cumplimiento de los postulados expresados por los Magistrados de varios países.

A tal efecto, cada Corte y Tribunal Supremo de los países asistentes designará un funcionario encargado de mantener una “fluída comunicación entre las Cortes y Altos Tribunales de los países aquí presentes”.

La Unidad Técnica de Segumiento funcionará como Centro de Información y como catalizador de procesos, y será responsable del segumiento de los acuerdos asumidos “en esta fructífera y provechosa reunión”.

Declaran narcotráfico delito contra la humanidad

La Declaración de Caracas contiene lo siguiente:

1- Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberomérica representados en este Cumbre, declaran al narcotráfico como un delito contra la Humanidad, por cuanto trasciende el ámbito jurisdicional de cada Corte.

2- Propiciarán un Tribunal Penal Supranacional para que conozca de las causas que excedan la competencia de los tribunales locales.

3- Establecer mecanismos de protección para los jueces que sancionan el delito de narcotráfico.

Para ejecutar las políticas arriba enunciadas se compromenten a realizar las siguientes acciones:

- Incentivar la contínua especialización de los funcionarios judiciales con relación al tratamiento que debe darse a los delitos de narcotráfico.

- Propender a la estandarización de los procesos judiciales y la compatibilidad en los tipos y sanciones penales en la comunidad iberomericana.

- Establecer una red iberomericana de información sobre procesos, setencias y personas relacionadas con este delito y sus variantes.

- Apoyar a los jueces que conocen de los delitos de narcotráfico, con objeto de que se logre aumentar la calidad y la cantidad de decisiones en esta materia.

Convocarán a otra Cumbre

En sus palabras de clausura la magistrada Cecilia Sosa anunció que transcurrido un tiempo “prudencial” en el cual se esperan obtener resultados “tangibles” de este evento se convocará una nueva reunión, con las mismas características a objeto de evaluar lo realizado y revisar las causas que hayan impedido otros logros.

Una de los aspectos que recalcó la presidenta de la Corte, es que el contenido discutido en estas jornadas y el aprendizaje mutuo alcanzado en las Mesas de Trabajo dejará “una huella imborrable” en todos nosotros, “en aquellas personas que estuvieron presentes y en quienes ha seguido la Cumbre a través de la información que ha venido circulando nacional e internacionalmente durante estos días”.

“El ciclón de las ocupaciones cotidianas nos hace pensar, erradamente que nuestros problemas son entre comillas distintos, pero en oportunidades como éste recordamos que no solamente nos une el Derecho sino también la inmensa responsabilidad institucional que detentamos. Nuestros problemas no son distintos”.

Fuente: El Nacional

Tribunal Supranacional

Por Adela Leal

Caracas.- Las Cortes y Tribunales Supremos reunidos en la Cumbre Iberoamericana propiciarán la creación de un tribunal penal supranacional para que conozcan de las causas de narcotráfico que excedan la competencia de los tribunales locales, y establecerán mecanismos de protección para los jueces que sancionen ese delito.

En la "Declaración de Caracas" se acordó promover la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico mediante políticas en las que ratifican a ese flagelo como un delito contra la humanidad, por cuanto trasciende al ámbito jurisdiccional de las cortes nacionales.

Para cumplir estos propósitos las Cortes y Tribunales Supremos Iberoamericanos promoverán la especialización de los jueces sobre el tratamiento que debe dársele a los delitos de narcotráfico, y propenderán a la standarización de los procesos judiciales y la compatibilidad de los tipos y sanciones penales en la comunidad iberoamericana.

De igual forma el documento determinó el establecimiento de una red iberoamericana de información sobre procesos, sentencias y personas relacionadas con ese delito y sus variantes y apoyar a los jueces que conocen de los delitos de narcotráfico para lograr el aumento de la calidad y la cantidad de decisiones en esta materia.

Fuente: El Universal

Justicia suramericana al estilo anglosajón

Por Mariángela Lando Biord

Caracas.- Los procesos judiciales de América Latina tienden a parecerse cada día más al sistema norteamericano de administración de justicia, aseguró Peter Messitte, juez de Distrito del Estado de Maryland, quien representa al máximo tribunal estadounidense en la reunión de presidentes de Cortes Supremas iberoamericanas.

Estados Unidos fue invitado al encuentro en calidad de observador, pero el presidente de la Suprema Corte no pudo asistir.

'Estoy aprendiendo sobre esta reforma judicial que se está realizando aquí en Venezuela', explicó Messitte, para quien las modificaciones del sistema de administración de justicia que se realizan en Latinoamérica llevarán en breve plazo a 'entregar la (aplicación de la) justicia a un gran número de personas, una justicia rápida, eficaz, y a bajo costo' tanto para el Estado como para demandantes y demandados.

Considera que el único problema que enfrenta este cambio es la necesidad de 'arreglar las instituciones de justicia para tener la posibilidad de aplicar la ley fácilmente'.

'El desafío que se les presenta ahora es preparar a los jueces, implementar la nueva ley y justificar el esfuerzo' del cambio con la generación de una sociedad más justa, sentenció el magistrado.

'Ciertas personas aquí piensan que hay espacio para mejorar la situación de la administración de justicia; para que sea más rápida y menos costosa. Esto es posible, especialmente, en el sector penal, que va a acercarse más al sistema norteamericano', dijo.

Explicó que los fiscales interpretarán en el futuro un papel más independiente de los jueces que en la actualidad, con mayores oportunidades y libertades para el interrogatorio de testigos, tal y como ocurre en la sistema judicial de raíces anglosajonas.

'Es posible que en el futuro próximo el sistema judicial venezolano sea como el norteamericano' en muchos sentidos, añadió.

Señaló que Estados Unidos ha logrado dar a sus ciudadanos un sistema de justicia 'más o menos rápido, justo y sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero' para tener acceso a una Corte.

'Nosotros tenemos nuestros problemas también, pero hay una gran confianza en el sistema de justicia', agregó.

Nadie habla de Lewinsky

En relación al escándalo que involucra al presidente norteamericano, Bill Clinton, con una ex pasante de la Casa Blanca, explicó el juez de Distrito de Maryland que ningún magistrado estadounidense puede hablar sobre el tema, para no incurrir en violaciones éticas.

'Yo no toco este asunto. Nosotros tenemos un principio importante, y es que un juez nunca comenta sobre cuestiones políticas', señaló.

Explicó que por motivos diplomáticos, políticos y de jurisdicción judicial, un magistrado no debe comentar sobre casos que se ventilan o pueden llegar a ventilarse ante la justicia ordinaria. 'En caso de que se llegue a juicio, si un juez ha realizado comentarios previos en relación a un proceso, está obligado de inhibirse' y pasar la causa a otro juez, por haberse parcializado, finalizó Messitte.

Fuente: El Universal

José Fernando Ramírez: 'Ser juez en Colombia es un honor que cuesta'

Por Angel Bermúdez

Caracas.- No cualquier persona se atrevería a sentarse en la silla de José Fernando Ramírez. Las palabras que definen su existencia son sencillamente explosivas: juez, autoridad y Colombia.

No debe ser fácil ser presidente de la Corte Suprema de Colombia. Una nación cuyas estadísticas revelan como la más violenta del mundo.

Ramírez lo sabe. Ha vivido ese medio siglo de sangre. Conoce lo malo pero también ha vivido el gigantesco esfuerzo requerido para mantener en pie las instituciones y la democracia. Curioso milagro que él atribuye, entre otros factores, a la existencia de un Poder Judicial independiente y honesto, 'que se ha sacrificado porque son muchos los muertos que ha puesto esta rama en la gran tarea de sacar adelante al país'.

_¿Cuáles son los principales problemas con los cuales se enfrenta la justicia en Colombia?

_El principal escollo ha sido la amenaza permanente de los grupos terroristas del narcotráfico. Ellos a toda costa han tratado de evitar el juzgamiento al interior del país, no obstante, que también rechazan cualquier intento de extradición. De allí que, desde la Constituyente de 1991 hasta hace poco, esta figura estuvo abolida de la normatividad.

_¿En su país un juez arriesga permanentemente la vida?

_Ser juez en Colombia es un honor que cuesta... porque se corren riesgos. Los jueces allá están bien pagados. Precisamente entre las medidas adoptadas para mantener incólume la institución judicial en 1991 se hizo un incremento importante en los sueldos de los jueces, pero realmente es una tarea difícil porque ofrece muchos peligros.

_¿Cuáles otras medidas o figuras excepcionales ha debido adoptar el Poder Judicial de Colombia para enfrentar al narcotráfico?

_Hubo necesidad de crear la figura de los jueces sin rostro, como los llama la ciudadanía. Es la llamada justicia regional en cabeza de los jueces regionales y del Tribunal Nacional. Además, hubo necesidad de introducir algunos cambios en los procedimientos para garantizar la reserva de la identidad de los testigos en muchos de esos procesos.

_¿Cuál es el balance de la actividad de los jueces sin rostro?

_Creo que ha sido positivo porque si recordamos esa figura tiene su razón de ser en un momento coyuntural, cuando la mafia estába matando a los jueces se encuentra que un mecanismo para protegerlos está en mantener reservada su identidad. Ha sido eficaz porque realmente, y a Dios gracias, después de que se adoptaron las medidas son pocos los jueces de este tipo que han sido sacrificados. Otra medida que se tomó fue concentrar en un número limitado de personas el conocimiento de ese tipo de procesos que antes estaban diseminados en todo el país, por lo cual al Estado se le hacía muy difícil darles asistencia y protección.

'En este momento se discute en el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se pretende superar esta etapa'.

_¿Usted es partidario de eliminar los jueces sin rostro?

_Yo lo que he dicho es que esa es una figura no deseable, porque lo ideal es que el procesado sepa quien lo está juzgando y quienes lo están acusando...

_Para garantizar el debido proceso...

_Por garantías al derecho a la defensa y al debido proceso. Eso fue una defensa que se tuvo que crear para la judicatura. Son las autoridades encargadas de examinar el estado de seguridad de los jueces, quienes deben definir si es o no procedente mantener esa figura.

_En Colombia hubo un gran debate ahora en torno al reestablecimiento de la extradición, pues no se le dio un carácter retroactivo...

_El Congreso no aprobó, sino una extradición con efectos hacia el futuro, de manera que por los delitos cometidos antes de la consagración constitucional de la figura no es posible extraditar. En Colombia hubo un debate sobre si la extradición debía tener efectos retroactivos, como debe tener cualquier norma de tipo constitucional, o apenas efectos al futuro. Esa discusión está superada, pues ya la figura está inscrita en esos términos. Esperemos ahora que sea eficaz.

_¿Cómo evalúa la actuación del Poder Judicial en procesos como el 8000, vistas las críticas formuladas en contra del ex fiscal Valdivieso por haberse convertido aparentemente en una especie de vedette para la prensa y usar ese juicio con intereses políticos?

_Sobre el proceso 8000 hay que dejar en claro algunas cosas: en primer lugar, gran parte de ese juicio lo ha adelantado la Corte Suprema de Justicia, por ser el tribunal competente para el juzgamiento de los congresistas. Lo que ocurre es que ellos cuando la Corte los aprehende, renuncian a su investidura y entonces pasan a la Fiscalía, al perder el fuero. En la mayor parte de los casos quien ha ordenado la detención ha sido la Corte. Las críticas en contra de la Fiscalía son esas que usted plantea y no sé hasta dónde se pudiera haber utilizado el proceso 8000 para los efectos políticos...

_Sobre todo ahora que Valdivieso es candidato a la Presidencia de la República...

_Esa es una crítica que se le ha hecho. A mí me parece que el señor Valdivieso cumplió su tarea y cuando creyó que había hecho algo concreto se retiró.

_¿Cuál consejo puede ofrecerle a Venezuela frente a los riesgos del narcotráfico?

_Hay que tener ojos y oídos despiertos, pues la democracia vale en tanto sea limpia y pura. Tenemos que tomar conciencia que el narcotráfico es un delito que ya trascendió las fronteras. Antes a Colombia la base de coca llegaba de Perú y Bolivia, luego se procesaba y se enviaba a Estados Unidos y Europa; y entonces venía el retorno de la plata que era otro proceso distinto. El narcotráfico es una multinacional y, como tal, creo que hay que darle un tratamiento que comprenda a todos los países que queden comprometidos, que sean conscientes de que el problema es de todos.

_¿Respalda usted la propuesta de crear un tribunal supranacional para juzgar los delitos de narcotráfico?

_Ese punto se ha debatido mucho en Colombia porque allí entra de nuevo en discusión el asunto de la soberanía. Pero si realmente somos conscientes de que ese es un problema universal, entonces tenemos que darle un tratamiento multilateral que comprometa a todos los países y, eventualmente, la creación de ese tribunal podría ser una salida.

Fuente: El Universal

Juicios de corrupción no deben prescribir

Por Irma Alvarez

LOS MAGISTRADOS que asistieron a la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia sugirieron la construcción de cárceles con ayuda de la inversión privada, para reducir el índice de hacinamiento carcelario

Caracas.- Los juicios penales en materia de corrupción deben ser imprescriptibles, sobre todo los que involucran fondos públicos, según coincidieron varios de los participantes durante la Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia que finalizó ayer.

Este fue uno de los puntos que llamó la atención de la titular del máximo tribunal de Venezuela, Cecilia Sosa Gómez, quien también recalcó que el mismo sería incluido dentro de las conclusiones del evento, siempre que se pudieran establecer políticas y acciones para tomar en este sentido, puesto que 'no querían competir con las declaraciones de principios que se suscitaron durante la VII Cumbre de Margarita'.

'También hay que lograr una legislación que acabe con los casos de corrupción bancaria y los paraísos fiscales e incluya sanciones privativas de la libertad', dijo el magistrado ecuatoriano Héctor Romero.

José Amaro, por Cuba, sugirió sancionar el delito de tráfico de influencias, el cual consideró como 'de naturaleza distinta a la material', e instó a aplicar medidas contra los bienes del corrompido y del corruptor, 'porque eso puede doler más que la privación de la libertad'.

Carlos Da Silva, de Brasil, pidió incapacitar los condenados en casos de corrupción, para que no puedan ejercer cargos laborales por un tiempo.

Libres de tentaciones

Por otro lado, se planteó la necesidad de exigir sueldos 'dignos' para los jueces, que les otorguen una posición que los dignifique frente a la sociedad y los coloquen en una situación de prevención frente a este proceso; es decir, 'libre de tentaciones'.

Cuba y Panamá también hicieron énfasis en la necesidad de implementar un Código de Etica Iberoamericano, no sólo para el sector judicial, sino para todos los poderes públicos.

En este sentido Cuba expresó su disposición para intercambiar criterios sobre su experiencia particular, y Cecilia Sosa anunció que los mismos serán tomados en cuenta para la elaboración de un documento que regirá a nivel latinoamericano.

Políticos en acción

Sosa también resaltó la participación de Panamá, durante la cual Arturo Hoyos denunció que las decisiones de naturaleza política (amnistías, indultos, asilos) impiden, muchas veces, que se llegue al fondo de ciertos procesos, 'hecho que _según manifestó_ entorpece la acción del sector justicia'.

Así, concluyeron, no se le puede adjudicar al Poder Judicial la impunidad en materia de corrupción, y sobre esto deberán tomar medidas los presidentes que asistan a la próxima Cumbre de presidentes, agregó Hoyos. Mientras, dijo Sosa que durante el evento debían surgir medidas que normaran en este sentido.

En torno al caso de la extradición, la sesión se dividió en dos bandos, el de aquellos que exigían hacerla funcionar, porque hay corruptos que se pasean por las calles de otros países, y el de aquellos que condicionaron la solicitud al respeto de los derechos humanos. Panamá también aseveró que 90% del lavado de dinero no tiene lugar en América Latina.

Construcción privada

En materia penitenciaria, todos los presidentes que asistieron a la cumbre de tribunales reconocieron la urgencia de acelerar los procesos penales, para reducir el hacinamiento.

La principal solución en este sentido giró en torno al sistema implantado en Argentina, basado en la participación del capital privado en la construcción de nuevas cárceles, pero no bajo sistema tradicional de la obra pública porque _como explicó el magistrado Guillermo López_ esto implica alto costo y demoras.

El modelo sureño es conocido como 'entrega de llave en mano', y todo el esfuerzo financiero queda a cargo del inversor, puesto que los Estados ya no pueden manejar la situación carcelaria por falta de recursos.

Con la aplicación de este método, el inversionista no percibe la remuneración hasta que no entregue la obra al Estado, y esto permite que las empresas cumplan su compromiso en el lapso estipulado.

Colombia, donde también se está implementando este método, explica la operación diciendo que 'así como los particulares obtienen los apartamentos consiguiendo préstamos, el Estado también puede acudir al financiamiento privado'.

Finalmente, grosso modo, los magistrados concluyeron que la crisis penitenciaria afecta a 'toda Iberoamérica', sobre todo en lo que respecta al hacinamiento y la violación a los derechos y la dignidad humana; y señalaron que estos aspectos están unidos: al déficit económico de los estados, los cuales no están en condiciones de construir cárceles suficientes; y al error de que todos los delitos tienen como sanción la pena privativa de la libertad.

Por esta razón, abogaron por idear otras alternativas de punición, distintas a esta última, tales como pérdida de los bienes o penas alternativas reservadas para delincuentes menos peligrosos, tales como la revisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada.

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Algunas conclusiones del encuentro

En el documento final aprobado por los presidentes de las cortes supremas de Iberoamérica, conocido como Declaración de Caracas, los magistrados señalan que sus 'ejecutorias se dirigen a velar por la independencia y autonomía del Poder Judicial, con el propósito de garantizar la protección y respeto de los derechos humanos, apuntalar el desarrollo sostenible de nuestros países y proteger el legado ambiental de futuras generaciones'.

También acordaron darle 'especial importancia a la aplicación y revisión del régimen sancionatorio contra delitos contra la corrupción y el narcotráfico, cuya solución debe atenderse desde una perspectiva interjurisdiccional'.

Afirman que para garantizar la independencia judicial se requiere de la aplicación de normas que aseguren el autogobierno del Poder Judicial y que regulen el acceso a la administración de justicia, el respeto a la estabilidad del juez y a la carrera judicial.

En materia de derechos humanos, los magistrados acordaron instar a los jueces a que apliquen los criterios aceptados en esa área, incorporando las particularidades de los derechos de los grupos minoritarios de cada país.

Además, se pronunciaron a favor de desarrollar una política de divulgación sobre esta materia y de crear mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y las organizaciones ciudadanas.

En la declaración también se acordó promover la utilización de los mecanismos alternos de resolución de conflictos y propiciar la creación de centros de mediación.

En cuanto a la protección del medio ambiente, se acordó promover la creación de un tribunal supranacional que tutele esta materia y establecer una red de intercambio de información sobre la comisión de delitos ambientales.

Estas son sólo algunas de las conclusiones registradas en el documento.

Al final, los magistrados invitados hicieron un reconocimiento a la presidenta de la CSJ venezolana, Cecilia Sosa Gómez, por el éxito de la Cumbre.

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Respaldan Corte Internacional

Los presidentes de las cortes supremas de Justicia de Iberoamérica acordaron propiciar la creación de un tribunal penal supranacional para que conozca de las causas de narcotráfico y todas aquellas que excedan la competencia de los tribunales locales.

Durante la octava reunión plenaria de la Cumbre de Cortes que concluyó ayer, los magistrados coincidieron en la necesidad de promover la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada en materia de narcotráfico, por considerar que se trata de un delito contra la humanidad que trasciende el ámbito jurisdiccional de cada corte.

Con esa decisión los magistrados dan un espaldarazo al proyecto de las Naciones Unidas de crear una Corte Penal Internacional, para lo cual está prevista una conferencia diplomática que tendrá lugar en junio próximo donde se analizará el texto de una posible convención al respecto.

Los magistrados iberoamericanos también acordaron como política general establecer mecanismos de protección para los jueces que sancionen el narcotráfico, con la finalidad adicional de que aumenten la calidad y cantidad de decisiones sobre esta materia.

También hubo consenso sobre la necesidad de incentivar la continua especialización de los funcionarios judiciales con relación al tratamiento que debe dársele a este tipo de delitos y de propender a la estandarización de los procesos judiciales y la compatibilidad en los tipos y sanciones penales en Iberoamérica.

La ejecución de estos y otros acuerdos sobre las materias tratadas en la Cumbre será supervisada por una Unidad Técnica cuya creación fue decidida ayer, la cual tendrá sede en Caracas, estará integrada por delegados de todos los países participantes en el encuentro y se apoyará en la Organización de Cortes de las Américas.